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Martín Páez, experto en Derecho Deportivo, sobre el Proyecto de Ley de Fútbol en Ecuador
En un reciente análisis, Martín Páez destacó la importancia de crear un régimen laboral específico para los deportistas en Ecuador, especialmente para los futbolistas profesionales. A pesar de las dificultades para modificar los derechos laborales en el país, Páez señala que es necesario garantizar seguridad jurídica en este ámbito.
Uno de los puntos clave mencionados fue la remuneración de los futbolistas. En su opinión, la inclusión de un porcentaje de los ingresos generados por los clubes a nombre de los jugadores no refleja la realidad económica actual del fútbol ecuatoriano. Explicó que los clubes atraviesan una crisis económica debido a los bajos ingresos por derechos audiovisuales, los cuales pasaron de 30 millones de USD a solo 12 millones de USD, lo que complica la viabilidad de aumentar los salarios.
Páez enfatizó que, si bien la ley busca mejorar las condiciones de los deportistas, es crucial tener en cuenta la situación real de los clubes y la industria para evitar normativas que no se ajusten a la realidad económica del fútbol profesional.
Intervensión Edison Vladimir Lima Iglesias en apoyo a los jubilados y trabajadores
En su intervención, Edison Lima Iglesias, representante de los jubilados, pensionistas y adultos mayores del Ecuador, destacó la importancia de la reliquidación de jubilaciones para los trabajadores del sector público y privado. Agradeció el apoyo de varias autoridades que han acompañado este proceso, como el presidente Kronfle y el Fondo de Solidaridad. Afirmó que los cálculos actuales de jubilación no son justos, pues el cálculo se realiza sobre un porcentaje muy bajo del salario mínimo, perjudicando a quienes trabajaron durante años al servicio del país.
Lima Iglesias también mencionó la necesidad de un estudio técnico para recalcular correctamente las pensiones de jubilación, utilizando una fórmula aprobada por la Defensoría del Pueblo y por expertos en el área. Pidió que se haga justicia para los adultos mayores que han dedicado su vida al servicio de Ecuador, a menudo en condiciones difíciles y arriesgadas, como en las zonas de frontera, defendiendo la seguridad del país.
Finalmente, subrayó la grave situación económica que viven los jubilados, quienes a menudo no tienen acceso a medicinas o servicios básicos, y denunciaron la corrupción que ha desviado los recursos destinados a pensiones y seguridad social. Hizo un llamado urgente para que se destinen recursos a lo esencial: salud, educación y bienestar de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, como los jubilados.
Se ha recibido el Memorando Nro. AN-SG-2024-4670-M, suscrito por el Mgs. Alejandro Muñoz, Secretario General de la Asamblea Nacional, con la notificación de la Resolución CAL-RVVR-2023-2025-0052 del Consejo de Administración Legislativa. Esta resolución califica el Proyecto de Ley Reformatoria a los artículos 89, 93 y 100 de la Ley de Seguridad Social, con el fin de garantizar los derechos de las y los trabajadores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Este proyecto fue presentado por el Asambleísta Jaminton Enrique Intriago Alcívar.
Asimismo, se ha recibido el Memorando Nro. AN-SG-2024-5065-M, suscrito por la Abg. María Soledad Rocha Díaz, Prosecretaria General de la Asamblea Nacional, con la notificación de la Resolución CAL-RVVR-2023-2025-0071. La resolución califica el Proyecto de Ley Reformatoria a varias leyes, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores autónomos que laboran en las calles, conocido como Ley María. Este proyecto fue presentado por el Asambleísta Jonathan Emanuel Parra Villacís.
Finalmente, se ha recibido el Memorando Nro. AN-SG-2024-5534-M, suscrito nuevamente por el Mgs. Alejandro Muñoz, Secretario General de la Asamblea Nacional, con la notificación de la Resolución CAL-RVVR-2023-2025-0121. Esta resolución califica el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Defensa del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista, presentado por el Asambleísta Franklin Omar Samaniego Maigua.
El Dr. José Vásconez, Asesor de la Comisión de Estudio de Proyectos de Ley de Seguridad Social (CEPDTSS), presentó un informe respecto a los proyectos de ley del ISSFA e ISSPOL tras un requerimiento de la Corte Constitucional. Explicó que, debido a la muerte cruzada y los plazos establecidos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el tratamiento de estos proyectos fue interrumpido. A pesar de que la Corte Constitucional no detectó avances en la página web de la Asamblea, la Comisión ha estado trabajando en las propuestas, pero algunos informes necesarios, como los informes actuariales, aún no han sido entregados por las instituciones correspondientes.
El informe también destacó que, debido a la falta de facilidades por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no se ha logrado la comparecencia de los miembros del servicio pasivo, situación que está documentada. Vásconez subrayó que esta información será enviada a la Corte Constitucional y será expuesta en la audiencia correspondiente. El informe fue enviado a los correos electrónicos de los miembros de la comisión para su conocimiento.
El Dr. José Vásconez, Asesor de la Comisión, explicó los avances del proyecto de ley que busca garantizar la estabilidad laboral para personas mayores de 40 años, tras las correcciones realizadas luego del segundo debate en el Pleno. En una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, SERCOP y CACES, se aclararon dudas sobre la edad mínima de protección, destacando que el objetivo es fortalecer la estabilidad laboral, no confundir con los grupos vulnerables establecidos en la Constitución.
Vásconez explicó que la imposición de un porcentaje de trabajadores contratados no viola la libertad de contratación, ya que la Constitución establece que ningún derecho es absoluto. También aclaró que las sanciones corresponden al Ministerio de Trabajo, y en cuanto a la prioridad de mano de obra local, no hubo observaciones por parte del SERCOP.
Finalmente, detalló que no hubo observaciones de CACES sobre la Ley Orgánica de Educación Superior y reafirmó que el proyecto de ley busca eliminar la discriminación por edad y promover la estabilidad laboral para personas mayores de 40 años, con algunos ajustes técnicos en el artículo 9.
Jorge Villarroel, Subsecretario de Relacionamiento Fiscal, compartió un saludo de parte del Ministro Vega y el Viceministro, quienes no pudieron asistir. Destacó que el Ministerio de Finanzas está comprometido con la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente en el sector de la seguridad social, donde el impacto de nuevas prestaciones y beneficiarios puede afectar las finanzas del gobierno central.
Villarroel explicó que el seguro campesino incluye contribuciones del gobierno, tanto para pensiones como para prestaciones de salud. Sin embargo, la falta de información actualizada sobre los beneficiarios y prestaciones dificulta la proyección de los impactos en el presupuesto del gobierno. Resaltó la importancia de contar con los informes actuariales actualizados (2021) que garanticen la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social.
Finalmente, el Subsecretario reiteró el compromiso del Ministerio de Finanzas de continuar participando en reuniones técnicas con la Comisión para revisar y evaluar las propuestas de reforma, asegurando que se evalúe adecuadamente su impacto en las finanzas públicas.
El Asambleísta John Polanco destacó la importancia de abordar la discriminación por edad en el ámbito laboral, un tema crucial para el presente y futuro del país. Señaló que esta discriminación excluye a personas altamente capacitadas y con valiosa experiencia, lo que limita el desarrollo del país al renunciar a su talento y conocimientos.
Polanco enfatizó que todos los ciudadanos tienen derecho a trabajar y desarrollarse profesionalmente sin importar su edad, y combatir esta discriminación es fundamental para alcanzar un crecimiento económico más justo y equitativo. Resaltó las propuestas presentadas en el informe, como fortalecer el marco legal, promover la capacitación continua y fomentar una cultura de diversidad en el ámbito laboral.
El Asambleísta concluyó haciendo un llamado a los legisladores para trabajar juntos en la construcción de un país donde experiencia y juventud se complementen, garantizando oportunidades para todos los ciudadanos, sin barreras de edad. Aseguró que, con el trabajo conjunto, se puede avanzar hacia un futuro donde todos podamos alcanzar nuestro máximo potencial.
Marialaura Fino, Especialista en Normas Internacionales del Trabajo, destacó la importancia del Convenio 189 de la OIT, que reconoce a las trabajadoras y trabajadores del hogar como empleados con los mismos derechos laborales que otros sectores. A nivel mundial, más de 74 millones de personas desempeñan este trabajo, el 93% mujeres, pero con condiciones de vulnerabilidad y abuso debido a su invisibilidad.
Fino subrayó que el trabajo doméstico debe ser tratado como una relación de empleo formal, con derechos fundamentales como la libertad sindical, negociación colectiva, protección contra abusos y seguridad social. También destacó la necesidad de formalizar el empleo doméstico, garantizar vacaciones remuneradas y proteger a los trabajadores migrantes.
Finalmente, recordó que Ecuador ha ratificado el Convenio 189 y debe implementar acciones concretas para proteger a los trabajadores del hogar, asegurando que tengan acceso a un trabajo decente y condiciones laborales justas. Concluyó agradeciendo la invitación y reiterando su apoyo para la implementación de estas medidas.
Asambleísta Johanna Ortiz resalta la importancia de la reforma laboral juvenil
Durante su intervención en la sesión realizada en la Universidad Técnica de Babahoyo, la asambleísta Johanna Ortiz destacó la necesidad de reformar el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público para generar más oportunidades laborales para los jóvenes ecuatorianos.
Con más del 65% de jóvenes trabajando en condiciones inadecuadas y una tasa de desempleo juvenil alarmante, Ortiz enfatizó que este proyecto de ley debe garantizar un trabajo digno, protegiendo los derechos de los trabajadores sin permitir condiciones precarias por falta de experiencia.
La asambleísta propuso incluir reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, priorizando la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años, asegurando que al menos el 10% de la nómina corresponda a este sector sin aumentar la masa salarial.
Ortiz hizo un llamado a sus colegas legisladores a respaldar este proyecto, convencida de que su aprobación será un paso clave para construir un Ecuador con más oportunidades y un futuro justo para la juventud.
El General Ignacio Fiallos, Director General del ISSFA, comparece ante la Asamblea Nacional
Durante su intervención, el Gral. Fiallos resaltó la importancia de los estudios actuariales actualizados para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social militar. Estuvo acompañado por la Dra. Anabel Rubio y el Eco. Francisco Peña, expertos en la materia.
La Corte Constitucional dispuso en 2021 la presentación de un nuevo proyecto de Ley Orgánica del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En cumplimiento de esta disposición, el ISSFA presentó el proyecto dentro del plazo establecido, sustentado en estudios actuariales rigurosos.
Los estudios demostraron que, con la aprobación de la nueva ley, el sistema alcanzaría sostenibilidad financiera. Sin embargo, el retraso en su aprobación ha reducido significativamente los superávits proyectados, afectando la estabilidad del régimen especial.
A pesar del diferimiento, los estudios actuariales actualizados continúan respaldando el proyecto de ley. El ISSFA firmó un nuevo contrato de evaluación actuarial con corte al 31/12/2023, cuyo informe final se entregará en enero de 2025.
La aprobación de esta ley es crucial para garantizar el futuro de la seguridad social de los miembros de las Fuerzas Armadas. La actual normativa tiene 32 años y no refleja las nuevas condiciones demográficas y económicas del país.
El Gral. Fiallos hizo un llamado a la Asamblea Nacional para priorizar el tratamiento de la ley y brindar certezas a los afiliados del ISSFA, asegurando sus pensiones y acceso a servicios de salud en el presente y futuro.
