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El 26 de febrero de 2016, la asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, Johanna Cedeño, fue posesionada como Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. El 16 de marzo, la asambleísta por Guayas, Mónica Brito fue electa vicepresidenta de esta mesa legislativa. Esta semana se cumplen los primeros 100 días de trabajo de las nuevas titulares de la Comisión. Haremos un recuento de las actividades realizadas hasta la fecha.
TRÁMITE DE LEYES
Ley de Declaraciones Patrimoniales Juradas. El 16 de marzo la Comisión se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, que fue aprobado en segundo debate por el Pleno el 11 de febrero. El Presidente de la República realizó las siguientes modificaciones: a partir del 1 de enero de 2017 la declaración de bienes se hará de manera gratuita vía electrónica directamente ante el Contralor General del Estado y ya no ante notario, los funcionarios declararán el valor nominal y de mercado de acciones y participaciones (artículos 10 y 11 unificados), y se debe declarar todo tipo de usufructos sin importar la relación de parentesco o afinidad.
La Ley, entre sus reformas más importantes, permite hacer pública la información patrimonial de los funcionarios públicos. El 29 de marzo, el Pleno de la Asamblea, con 67 votos a favor, y una vez conocido el informe de la Comisión, se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo. El 8 de abril, la Ley fue publicada en el Registro Oficial.
Reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Desde finales de marzo, la Comisión ha venido trabajando semana a semana en el análisis de los proyectos de reformas y observaciones a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El 11 de mayo, recibió a un primer grupo de asambleístas quienes explicaron el carácter de las reformas que proponen. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y los asambleístas Raúl Auquilla, Wilson Chicaiza, Henry Cucalón, Marisol Peñafiel y Mae Montaño expusieron uno a uno los temas en los que consideran deben realizarse reformas: fiscalización, trabajo de unidades, organización del trabajo legislativo, entre otros.
Un segundo grupo de legisladores fue recibido el 16 de junio: Soledad Buendía, María José Carrión, Miguel Carvajal e Irma Gómez dieron a conocer sus propuestas de reformas relacionadas con temas de participación como la silla vacía, la consulta prelegislativa, el quehacer de la Comisión de Fiscalización y los beneficios a los que pueden acceder los asambleístas alternos. En la sesión del 23 de junio, se recibirá a la asambleísta Liliana Guzmán.
Como parte de las reformas, se busca normar el proceso de consulta prelegislativa. Sobre este tema, entre mayo y junio, la Comisión organizó cuatro talleres para recabar insumos de los ciudadanos que ya participaron en este proceso previo a la aprobación de las leyes de Tierras o de Aguas, y los códigos Ingenios y del Ambiente. En Quito, Playas, Santo Domingo e Ibarra, los titulares de los derechos colectivos coincidieron en la importancia de que su voz sea escuchada para la toma de decisiones y en la necesidad de que el proceso de consulta prelegislativa esté muy bien definido.
El informe para primer debate estará listo a mediados de julio.
ASAMBLEA DE PUERTAS ABIERTAS
Comerciantes Autónomos de Santo Domingo. El 16 de marzo, se recibió en Comisión General al Frente de Defensa por el Derecho Constitucional al Trabajo Autónomo y Comercio Minorista de Santo Domingo. Los comerciantes afirmaron que su derecho a la participación no fue tomado en cuenta por el Municipio porque no fueron invitados a formar parte del proyecto de reubicación del mercado minorista que planea trasladarlos fuera de Santo Domingo. Para ellos, es fundamental mantenerse dentro de la urbe y con una infraestructura adecuada.
Los asambleístas miembros de la Comisión de Participación Ciudadana pidieron la comparecencia del alcalde Víctor Manuel Quirola para que explique el proyecto y las bases sobre las que se tomaron resoluciones. El alcalde fue recibido el 30 de marzo. La presidenta de la Comisión, Johanna Cedeño Zambrano, le pidió al alcalde un compromiso firme para desarrollar un proceso de participación activo en Santo Domingo. Los comerciantes, por su parte, recordaron su apertura al diálogo y a la participación con el GAD de Santo Domingo. El alcalde se comprometió a un diálogo abierto y garantizó la estabilidad y la seguridad para los comerciantes.
El deporte llegó a la Comisión. El 23 de marzo, se recibió en comisión general al dirigente de LDU-Q, Diego Castro, quien –junto al asambleísta Agustín Delgado, miembro de la Comisión- dio a conocer los problemas del fútbol nacional, la necesidad de profesionalizar a los deportistas y la importancia de que el tema entre al debate legislativo.
La sesión contó también con la presencia de atletas paralímpicos que propusieron reformar la Ley del Deporte para que las escuelas formativas incluyan a personas con discapacidad. La presidenta de la Comisión reconoció que “aunque el deporte es una causa que aglutina a millones, el juego limpio fue iniciado por Loretta Lynch y no por las federaciones.” La sesión, que contó con la presencia de un equipo de la BBC de Londres, terminó con el compromiso de apoyar la reforma a la Ley.
Firma del convenio con el CPCCS. El 18 de mayo, por iniciativa de la Comisión, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social firmaron un convenio para incentivar el ejercicio de los derechos de participación y los procesos de debate público, a más de establecer mecanismos de difusión que propicien el protagonismo ciudadano en la construcción y socialización de leyes.
Rendición de cuentas. El 22 de marzo, la Comisión rindió cuentas de lo actuado durante el año 2015. Durante la presentación del acto, la presidenta de la Comisión, Johanna Cedeño, recordó que “el derecho a la participación es una realidad que permite el empoderamiento ciudadano. Participar en la toma de decisiones es vital para la democracia porque la socialización no basta”, dijo. De ahí, partió el compromiso para normar el proceso de consulta prelegislativa, que ha sido tratado durante los últimos cuatro meses en el Comisión, con la mayor participación ciudadana posible.
