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Las principales autoridades del sector eléctrico serán llamadas a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, para que expliquen las razones por las cuales se han cobrado valores excesivos por consumo de energía eléctrica en la ciudad de Guayaquil.
A pedido del asambleísta Guillermo Celi, el organismo legislativo decidió llamar al ministro de Energía, Carlos Pérez; al gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Wilfrido Veintimilla; al director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), Bolívar Lucio , así como al defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
El legislador expresó que no se justifica que los errores cometidos por una empresa en el proceso de facturación tengan que ser asumidos por la ciudadanía, que recibió con preocupación un incremento en sus planillas.
De su lado, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, afirmó que frente a estos problemas la Arconel debió intervenir a la Corporación de Electricidad, pero que, lamentablemente, no ocurrió así.
Esta víspera, el gobierno pidió la renuncia del gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Wilfrido Veintimilla y, a la vez, dispuso la devolución de los valores del servicio de luz cobrados en exceso a los ciudadanos de Guayaquil, a través de créditos a las planillas de los abonados.
PV/eg
Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, a través del cual se elimina el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, conocido como impuesto verde.
Los parlamentarios enfatizaron que la finalidad de un tributo ambiental es incentivar a las personas a asumir conductas ecológicas, sociales y económicas responsables, pero que en el presente caso, el impuesto verde no cumplió su objetivo y parte de la recaudación ha servido para financiar gasto corriente, en lugar de políticas ambientales.
Según información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, el subsector transporte representa el 21 % y genera 16.87 millones de toneladas de dióxido de carbono de las emisiones nacionales, evidenciando que la contaminación es generada por todo el sector de transporte.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación porque, de acuerdo con los reclamos presentados por varios propietarios de vehículos, priorizar el pago de los valores de este impuesto limita el acceso a otro tipo de derechos económicos, sociales y culturales, como trabajo, salud, educación, vivienda, entre otros.
Los legisladores advirtieron que se trata de un impuesto confiscatorio, pues hay casos de vehículos modelo 1978 y 1979, que son utilizados como herramienta de trabajo, deben pagar entre 1.200 y 1.500 dólares por el impuesto verde, por lo que han optado por no pagar, por falta de recursos económicos.
También sostuvieron que es inconstitucional e ilegítimo, considerando que forma parte de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, misma que entró en vigencia sin el pronunciamiento ni discusión de la Asamblea Nacional.
Así mismo, señalaron que el impuesto verde no ha cumplido su objetivo, esto es desincentivar prácticas contaminantes del ambiente, ya que esos recursos han servido incluso para financiar gasto corriente, criterio que fue corroborado por el Subsecretario de Ambiente, Ángel Onofa.
El viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, ratificó el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de eliminar este impuesto, ya que tal como está concebido presenta algunas distorsiones.
Llamó a conformar una mesa de diálogo, con el fin de buscar medidas alternativas para no abandonar la defensa del ambiente, al tiempo que informó que junto al Servicio de Rentas Internas (SRI) trabaja en una reforma tributaria integral, la misma que estará lista en junio próximo, criterio que fue respaldado por los representantes de Rentas Internas y de la Agencia Nacional de Tránsito.
El proyecto de reformas fue presentado por los asambleístas Fabricio Villamar y Homero Castanier.
PV/eg
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Homero Castanier, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que el organismo legislativo, en los próximos días, aprobará el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (Impuesto Verde) por el cual se eliminaría el artículo 13, referente al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, así como los 11 artículos innumerados agregados a continuación del Título Tercero de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Es bueno que el Presidente de la República se sintonice con el trabajo que desarrolla la Asamblea Nacional para derogar el impuesto verde, conforme lo anunció en su Informe a la Nación, el pasado 24 de mayo, subrayó.
Recordó que, en enero de 2019, los legisladores Fabricio Villamar y Homero Castanier, presentaron un proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que fue calificado a trámite en la Comisión de Desarrollo Económico.
Homero Castanier recordó que, en 2011, se estableció el denominado Impuesto Verde que, lamentablemente, no tuvo un análisis técnico, ni jurídico, tampoco social. Hoy por hoy, el ciudadano paga por triplicado para circular en las vías: una tasa de matriculación vehicular, el impuesto al rodaje y el Impuesto Verde. Moreno Garcés reconoció que el tributo no cumplió los objetivos: planes de remediación ambiental, forestal, de chatarrización, entre otros, además, es antitécnico y, de cierta forma, confiscatorio.
Es bueno escuchar el clamor de millones de ecuatorianos, quienes arrastran deudas por años y afrontan juicios de coactiva en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Bajo este lineamiento, formuló un llamado al Presidente de la República y a su frente económico para que el proyecto de ley que ingresaría al Parlamento, con carácter de urgente en materia económica, incluya la remisión de deudas y multas.
Aseguró que el año pasado en la Ley de Fomento Productivo se condonaron los recargos y multas a empresas grandes, multinacionales, por un monto cercano a 100 millones de dólares, por qué ahora no se piensa en las familias que tienen deudas impagables en el SRI, porque no pueden pagar el impuesto ambiental a la contaminación, se preguntó, al subrayar que la Asamblea no puede incluir este tema en el proyecto que se debate en el Parlamento.
Si bien la ley establece que solo el Ejecutivo puede presentar proyectos de creación o derogación de impuestos, también la Constitución determina que si un proyecto económico urgente no ha sido debatido y entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, la Asamblea en cualquier momento, puede reformarlo, modificarlo o derogarlo y eso es lo que estamos haciendo al momento, concluyó.
JLVN/eg
Elaborar una propuesta que contemple reformas en materia tributaria, a pesar que estas son competencias exclusivas del Ejecutivo, planteó el legislador Guillermo Celi, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, en el marco de la agenda de trabajo prevista para el periodo 2019-2021. La idea surge porque está próxima a llegar la Ley de Fomento Productivo II a la Asamblea Nacional.
Durante la reunión, el asambleísta indicó que la mesa legislativa debe tomar una acción proactiva y presentar iniciativas. “No significa que desde una Comisión como la de Desarrollo Económico no podamos dar sugerencias al Gobierno”, opinó. Al mismo tiempo, dijo que sería provechoso entablar diálogos con los Ministros de Estado para establecer mecanismos que favorezcan a los sectores: turístico, artesanal, productivo, entre otros.
Hizo un llamado a los miembros del ente legislativo para que esta sea una de sus funciones prioritarias, recalcó que para la construcción de la propuesta se necesita la cooperación de actores sociales y gremiales.
La Ley de Fomento Productivo II tiene el propósito de incluir reformas que modifiquen el marco legal e institucional para fomentar el crecimiento económico y el empleo.
SV
La Comisión de Desarrollo Económico planificó el trabajo que realizará en el periodo 2019-2021. Su prioridad es promover iniciativas parlamentarias encaminadas al desarrollo económico, el cambio de la matriz productiva y la generación de empleo, para lo cual se mantendrá una línea de trabajo abierta al diálogo y acercamiento con los diferentes actores del sector productivo como empresarios, academia, gremios de profesionales, sociedad civil, y las distintas entidades y Funciones del Estado.
Durante la reunión se analizaron los proyectos de Ley de Desarrollo Artesanal; los legisladores coincidieron que el propósito es proteger al gremio por medio de incentivos, estabilidad y la culminación de monopolios existentes en varias ciudades. Mencionaron que hay grupos u organizaciones que se disputan la cabeza de los artesanos, por lo tanto, su responsabilidad es eliminar las diferencias y que todos tengan las mismas condiciones.
La asambleísta María Mercedes Cuesta solicitó invitar a la comisión a la presidenta de la Asociación de Artesanos del Guayas quien ha denunciado monopolios en los colectivos artesanales. “Debemos eliminar esas mafias que perjudican a los artesanos y fortalecer su participación”, agregó Cuesta.
El legislador Guillermo Celi, en el marco del cronograma del trabajo, mencionó que es necesario dar seguimiento a la Ley de Solidaridad porque, según indicó, quedó en letra muerta. Asimismo, pidió la eliminación del copago. Destacó que no es posible que a quienes les entregaron una vivienda tras el terremoto del 16 de abril deban pagar $1000, pidió que se le invite a comparecer al Ministro de Vivienda.
Otros proyectos
La mesa legislativa también trabajará en los proyectos de Ley Orgánica de Turismo, Ley para reducir el uso de Plásticos, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación, Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil, entre otros.
SV
A la Asamblea Nacional llegó la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta normativa busca que las empresas eléctricas del país realicen cobros de la tasa de recolección de basura municipal, con factura separada al servicio de energía. El veto contiene tres observaciones.
El Mandatario cree que es necesario mejorar la redacción del segundo inciso del artículo 1 para que no se preste a erróneas interpretaciones, es decir, aclara a quién se debe entregar el estudio técnico de fijación de tasas por el servicio de recolección de basura, así como a quién se socializa dicho estudio técnico.
Propone que el gobierno autónomo descentralizado deberá entregar a la empresa eléctrica el estudio técnico de fijación de tasas debidamente socializado con los usuarios, junto con el listado de los abonados que reciben el servicio de recolección de basura debidamente certificado por el funcionario municipal competente. En ningún caso las tasas por el servicio de recolección de basura podrán estar indexadas directa ni indirectamente a las tarifas del servicio público de energía eléctrica.
Para facilitar la comprensión del artículo 2 plantea que el Estado promoverá y financiará, de manera prioritaria, los proyectos de desarrollo de la electrificación rural(…)” y antes de la frase “(…), específicamente en zonas aisladas de los sistemas de distribución. “(…) y el tratamiento preferencial por el servicio público de energía eléctrica para estos sectores.
Así mismo, objeta la Disposición Derogatoria. Según el Presidente de la República, la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente, fue sustituida mediante la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, con la cual se estableció la posibilidad de que las entidades del sector financiero público realicen la recaudación de pagos para amortizar obligaciones crediticias, a través de las empresas de energía eléctrica, así como que los gobiernos autónomos descentralizados acuerden la recaudación de tasas por el servicio de recolección de basura. Lo primero permite garantizar el acceso a micro créditos para sectores poblacionales marginados. Sin embargo, la Disposición Derogatoria elimina toda la Disposición General Tercera.
En tal virtud plantea que en la Disposición General Tercera se elimine la frase: " y los gobiernos autónomos descentralizados”, y la expresión: “y de tasas por el servicio de recolección de basura”.
JLVN
De conformidad con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno con 91 votos conformó las 12 comisiones legislativas permanentes y la de Fiscalización y Control Político para el período 2019-2021.
Según la normativa todos los asambleístas pertenecen a una comisión especializada permanente, a excepción del Presidente de la Asamblea Nacional.
La legisladora Ana Belén Marín fue la encargada de informar los consensos a los que se llegó para la integración de las comisiones legislativas que contiene 10 acuerdos pragmáticos que permitirán crecer a la Asamblea Nacional y sobre todo el desarrollo del país con leyes orientadas a impulsar lo económico, social, productivo, trabajadores, salud, etc.
Conformación
Justicia y Estructura del Estado: Ximena Peña (Presidenta), Kharla Chávez (Vicepresidenta), José Serrano, Henry Cucalón, Esteban Torres, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Viviana Bonilla, Rosa Orellana, Héctor Muñoz, Franklin Samaniego y Karla Cadena.
Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social: Vicente Taiano (Presidente), María José Carrión, Karina Arteaga, Fausto Terán, Alberto Arias, Roberto Gómez, Cristina Reyes, Rina Campain, Bairon Valle, Marcela Holguín, Johanna Cedeño y Verónica Arias.
Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control: Daniel Mendoza (Presidente), Franco Romero (Vicepresidente), Juan Carlos Yar, Ana Belén Marín, Patricio Donoso, Luis Pachala, Henry Kronfle, Vicente Almeyda, César Solórzano, Gabriela Larreátegui, Esteban Melo, Hermuy Calle y Lira Villalva.
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa: Esteban Albornoz (Presidente), Homero Castanier (Vicepresidente), Elizabeth Cabezas, Mariano Zambrano, Rubén Bustamante, Fernando Callejas, María Mercedes Cuesta, Fernando Burbano, Carmen Rivadeneira, Doris Soliz, Mauricio Zambrano, Guillermo Celi y César Rohon.
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral: Fernando Flores (Presidente), René Yandún (Vicepresidente), Fafo Gavilánez, María Encarnación Duchi, Dennis Marín, César Carrión, Fabricio Villamar, Pedro Curichumbi, Augusto Espinosa, Esther Cuesta, Yofre Poma y Lexi Loor.
Biodiversidad y Recursos Naturales: Alberto Zambrano (Presidente), Fredy Alarcón (Vicepresidente), Soledad Buendía, Gabriela Cerda, Brenda Flor, Juan Pablo Velín, Edy Peñafiel, Absalón Campoverde, Henry Moreno, Liliana Durán y Juan Cárdenas.
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero: Lenin Plaza, Tanlly Vera, Liuba Cuesta, Marcia Arregui, Juan Bustamante, Mercedes Serrano, Boris Estupiñán, Diana Saltos, Verónica Guevara, Mauricio Proaño y Carlos Bergmann.
Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio: Héctor Yépez, Wilma Andrade, Byron Suquilanda, Andrea Yaguana, Raúl Auquilla, Magda Zambrano, Javier Cadena, Diego García, Mónica Alemán y Washington Paredes.
Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología: Jeannine Cruz, Noralma Zambrano, Silvia Salgado, Teresa Benavides, Rafael Quijije, Jimmy Candell, Israel Cruz, Dayana Passailaigue, Silvia Vera, Marcelo Simbaña, Amapola Naranjo y Carmen García.
Derecho a la Salud: William Garzón (Presidente), Michell Doumet (Vicepresidente) Manuel Ochoa, Carlos Vera, Guadalupe Salazar, Ángel Sinmaleza, Rosa Verdezoto, Sebastián Palacios, Patricia Henríquez, Nancy Guamba, Gabriela Rivadeneira y Wendy Vera.
Participación Ciudadana y Control Social: Raúl Tello (Presidente), Ramón Terán (Vicepresidente) Julio César Quiñónez, Gloria Astudillo, Raúl Campoverde, Eliseo Azuero, Pabel Muñoz, Ronny Aleaga y Mae Montaño.
Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad: Jaime Olivo (Presidente), Jorge Corozo (Vicepresidente), Carlos Cambala, Tito Puanchir, Ángel Gende, Juan Lloret, José Chalá, Marcela Aguiñaga y Carlos Viteri.
Fiscalización y Control Político: Johanna Cedeño (Presidenta), Eliseo Azuero (Vicepresidente), Ramón Terán, Luis Pachala, Alberto Arias, Fausto Terán, Silvia Vera, Jimmy Candell, Karina Arteaga, Carmen Rivadeneira, Daniel Mendoza, Ángel Gende y Michel Doumet.
JLVN
Fotografías: https://www.flickr.com/photos/asambleanacional/albums/72157707132467161
En la gestión 2017-2019, la Comisión del Desarrollo Económico cumplió con su plan de trabajo y con los objetivos propuestos en la Agenda Legislativa Priorizada. De los proyectos tratados en esta mesa, cuatro se convirtieron en leyes, que se encuentran vigentes. Además, deja listos dos informes para segundo debate y tres para primer debate.
Este organismo tiene por objetivo tramitar iniciativas encaminadas al desarrollo económico y productivo y la generación de empleo. En ese sentido, el 7 de agosto de 2018, aprobó la Ley de Fomento Productivo, que brinda facilidades para promover el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, así como de la economía popular y solidaria y los emprendedores.
La Ley de reformas a la Ley de Aviación Civil, que se aprobó por unanimidad el 3 de mayo de 2018, busca la seguridad de las personas que usan el transporte aéreo. La norma fija plazos para las investigaciones de accidentes o incidentes aéreos: 60 días para que se presente un Plan de Investigación y un año para que se entregue el informe final.
El cambio de la matriz productiva es otro de los objetivos que persigue esta mesa. En enero de este año aprobó la Ley de Eficiencia Energética. La norma busca impulsar el uso de energía limpia, que es una de las principales fuentes de ahorro y elemento clave en la lucha contra los impactos del cambio climático. Con la Ley se declara a este tema de interés nacional.
Otro de los asuntos que se tramitaron en esta Comisión fue la aprobación del informe de la pro forma presupuestaria 2019, que incluyó la participación de varios actores públicos y privados y recomendaciones, que no perjudiquen a varios segmentos importantes, como la educación superior.
Para segundo debate deja listo otro proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, relacionado con las competencias de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos y las reformas a la Ley de Energía Eléctrica, que mejora el mecanismo de recaudación de la tasa de basura y los recursos para los municipios, sobre todo, pequeños.
En cambio, los informes para primer debate tiene que ver con las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, reformas a la Ley de Compañías y reformar al artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Priorización
Para este año, la Comisión priorizó y están en trámite los proyectos de Desarrollo Artesanal; Racionalización, Reutilización y Reciclaje de Plásticos de un solo uso; de Emprendimiento e Innovación; y, reformatoria a la Ley de Aviación Civil, sobre la regulación de vuelos chárter.
Hasta el momento, la mesa tiene en trámite 33 proyectos, 20 presentados en el actual periodo legislativo y 13 en períodos anteriores. En estos dos años realizó 196 sesiones y recibió a 106 actores públicos, así como 64 actores privados y ciudadanía.
LILA/eg
Dos nuevas visiones recibió la Comisión del Desarrollo Económico, en el tratamiento del proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación. La mesa recepta aportes de los diferentes sectores, a fin de construir el informe para primer debate, de esta iniciativa presentada por Esteban Albornoz y César Rohon, que tiene como fin fomentar estas actividades en Ecuador, como fuente de desarrollo y generación de empleo.
Juan Carlos Díaz, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aseguró que el país y estos segmentos de la producción requieren mayor flexibilidad laboral, a través de más modalidades de contratación, como la que se realiza por horas.
Otra de las dificultades con las que se encuentran los emprendedores es la larga tramitología. Explicó que se necesita 49 días para abrir un negocio, mientras que en Colombia se lo hace en 11, en Chile en una semana y en el Reino Unido en una hora. Acotó que se debería recurrir a experiencias positivas, que las instituciones requieren una mayor coordinación y que los trámites se deben ejecutar por Internet.
Recordó que otro de los obstáculos se encuentra en los reglamentos que tienen varias instituciones, que no son eficientes, sobre todo para la importación de productos e insumos. Pidió que estos instrumentos se los homologue, según los existentes a nivel internacional. Además, dijo, se debería analizar la vigencia de algunos impuestos, que no rinden como espera el Servicio de Rentas Internas (SRI), pues más cuesta su recaudación que los recursos que ingresan.
Destacó que la propuesta legal tiene elementos importantes y positivos, como la regulación del capital semilla, de riesgo, de inversión ángel y el impulso a la educación para emprender.
Nathalie Cely, del Centro de Emprendimiento e Innovación de Guayaquil, indicó que Ecuador no tiene capacidad competitiva, ni acceso a crédito para impulsar estas actividades. Por ello, mientras no haya apertura de parte de la banca pública y privada, habrá menos oportunidad del desarrollo de estas dos importantes áreas productivas.
LILA/eg
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En junio se devolverán a los usuarios los valores correspondientes al cobro excesivo por servicio de alumbrado público, una vez que el Gobierno dejó sin efecto la resolución 051, que establecía un pliego tarifario único en 2019 y no por porcentaje según el cantón, como se recaudaba antes del presente año. Así lo anunció el ministro de Energía, Carlos Pérez, durante su comparecencia en la Comisión del Desarrollo Económico.
La mesa parlamentaria convocó al funcionario para que explique sobre las tarifas que se aplican en Galápagos, según la resolución 050, de diciembre de 2018, que también se dejó sin efecto. Sin embargo, fue consultado, además, por la resolución 051, que se aplicaba en todo el país. Pérez aseguró que las decisiones se tomaron con sustentos técnicos y que no iban a afectar a los que menos tienen.
En cambio, los parlamentarios resaltaron que si Ecuador ha aumentado su nivel de producción eléctrica, con capacidad para exportar, los costos, por el contrario, se deberían reducir. El Ministro explicó que Ecuador es el tercer país más barato en América Latina y que la tarifa no toma en cuenta la amortización de los activos, que no la pagan los usuarios, sino el Ministerio de Economía.
En cuanto a Galápagos, indicó que se está aplicando un plan. Se trata de una conversión a energía renovable, mediante las modalidades solar, eólica y geotermal. Lo que han pedido, dijo, es que aceleren los procesos y plazos.
A nivel nacional, acotó, se está promoviendo que las empresas que usan sistemas de combustión se cambien a sistemas eléctricos. Comentó que ya hay experiencias en camaroneras y bananeras, donde se ha mejorado la producción en un 50 %. A nivel residencial, en cambio, se impulsan sistemas de microgeneración, con paneles solares.
Hasta el fin de año, el Gobierno espera contar con algunos proyectos de energía limpia. Pérez informó que en Loja está listo otro proyecto eólico, que en el sector el Aromo (Manabí) se licitará una planta solar y que se espera que el proyecto Toachi-Pilatón, en dos años, empiece a producir energía.
En la mesa, a la cual asistieron legisladores de otras comisiones: Guillermo Celi, Karla Cadena (Manabí) y Washington Pareces (Galápagos), creen que fue acertada la decisión de archivar las resoluciones, sobre todo, por la situación económica que atraviesa el país.
LILA/eg
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