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Richad Martínez, ministro de Finanzas explicó en el Pleno los alcances de la Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 2019 y la Programación Cuatrianual 2019 - 2022. Enfatizó que es una proforma equilibrada que busca garantizar los derechos sin generar un dispendio de recursos y corregir el desequilibrio fiscal sin medidas extremistas de shock que pueden fracturar al tejido social.
Martínez explicó que nuestro país vive un momento extremadamente complejo. Enfrenta una situación fiscal insostenible, derivada de la implementación de un modelo de desarrollo que inevitablemente llevó al Estado a gastar más allá de sus posibilidades, sin responsabilidad, sin pensar en las próximas generaciones.
Dijo que revertir esa tendencia no tiene otro camino que un esfuerzo de toda la sociedad, un esfuerzo que debe empezar por el gobierno nacional y que debe ser acompañado por las demás funciones del Estado.
Cuatro pilares
Explicó que la construcción de la Pro forma 2019 se sostiene en cuatro pilares: técnica, económica y presupuestaria; sensatez; transparencia; y, eficiencia. Se estructuró una Proforma presupuestaria que primero proteja a los más necesitados, garantizando el acceso pleno a sus derechos, lo cual no implica gastar más sino gastar mejor… No siempre se refleja en satisfacer las necesidades de la burocracia, sino en ser más eficientes con los recursos disponibles, enfatizó.
Explicó que el monto de la Proforma del 2019, es de USD 31.318 millones, sin la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, representa un 27,7 % del PIB, mientras que la proforma de 2018 representaba un 29 % del PIB. Distinto habría sido plantear una Proforma sobredimensionada que no se pueda ejecutar.
Indicó que la proforma permite cumplir las metas establecidas en el Plan de Prosperidad para continuar en la trayectoria del equilibrio fiscal. Para el año 2019 alcanzaremos un déficit global de 3,2 % del PIB y un déficit primario del 0,26 %, a pesar de los esfuerzos adicionales que se deben emprender.
Expresó que un elemento esencial es la eficiencia en el gasto. Por eso, las directrices presupuestarias establecieron la reducción de un 10 % en todo el ítem de bienes y servicios de consumo del Gobierno Central, criterio que se aplica en todas las instituciones.
Incremento 2019
Explicó que para el 2019 se incorporarán aproximadamente USD 1.240 millones para dar cumplimiento a la disposición legal de retomar el pago del 40 % a las pensiones del IESS, con esto se totaliza una asignación de recursos al Sistema de Seguridad Social por USD 1.995 millones.
“La Proforma es Constitucional”. Es nuestra obligación, como Ejecutivo, cumplir la Carta Magna, incrementando el 0,5 % del PIB para educación básica y bachillerato, y para el Sistema Nacional de Salud, con un total de USD 1.130 millones adicionales.
El Secretario de Estado afirmó que no faltará la provisión ni de medicamentos, ni de servicios en el sector salud, como se ha intentado hacer creer a la ciudadanía. El presupuesto asignado al Sistema Nacional de Salud pasa de USD 3.402 millones del codificado para 2018 a USD 3.968 millones, lo que implica un incremento de USD 566 millones.
Tampoco faltarán los recursos para alimentación escolar ni para infraestructura educativa. Las malintencionadas acusaciones son falsas. En el caso de educación inicial, básica y bachillerato incrementamos el presupuesto codificado 2018 de USD 3.536 millones a USD 4.102 millones, lo que significa un aumento de USD 566 millones, cumpliendo lo que dicta la Constitución.
Manifestó que finalmente se aclaró el nivel real de endeudamiento del Ecuador, se devolvió la independencia del Banco Central. Como Ministerio de Economía y Finanzas, adoptamos la certificación internacional ISO 37.001 que nos llevará a liberarnos de posibles actos de soborno, resaltó.
El rol de la Asamblea Nacional es trascendental no solo en la aprobación del Presupuesto, sino en la construcción del futuro, finalizó.
RSA/pv
Temas nuevos se plantearon durante el Foro “Eficiencia Energética y Legislación para el Desarrollo”, en donde se analizó el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, de autoría de Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico.
Acudieron académicos, investigadores, representantes de organismos internacionales, instituciones estatales, entidades privadas, legisladores, emprendedores y ciudadanía.
Se organizaron dos mesas de discusión. En la una, liderada por Mauricio Proaño, se abordó el tema de cómo se puede aportar a la eficiencia energética desde la institucionalidad y el financiamiento. Aquí surgió un asunto recurrente: se requieren incentivos económicos y tributarios para migrar del transporte tradicional a uno energético, construir viviendas sustentables y fortalecer el reciclaje.
En esta temática, los expositores de varias entidades estatales y organismos internacionales pusieron al debate la necesidad de desarrollar alianzas público-privadas, a fin de fomentar el transporte alternativo, tanto público, cuanto privado, para la instalación, por ejemplo, de electrolineras.
La segunda mesa, que la dirigió Fernando Burbano, centró su análisis en el cambio climático, la regulación, investigación y desarrollo. En este tema, Gioconda Benavídez, del Ministerio de Vivienda, consideró que debe haber una alianza que se extienda más allá de lo público y privado, sino que incluya a la academia.
Habló de crear un Fondo Público para que los profesionales en estas ramas que no puedan insertarse en el mercado laboral puedan promover sus consultorios o desarrollen bancos de ideas. Además, que las prácticas preprofesionales puedan financiarse con estos fondos.
En cambio, Miguel Camino, de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí pidió que la norma tenga un enfoque territorial, que busque un equilibrio entre lo urbano y rural. Además, que los beneficios lleguen a los actores en las diferentes circunscripciones.
Pidió que desde las diferentes instancias se empiece a aportar con propuestas claras y pragmáticas, puesto que el diagnóstico ya existe. Cree también que no se debe importar tecnología, sino crearla, pues la primera es cara y está diseñada para otras realidades y que se debe premiar a quienes contribuyen a disminuir el cambio climático.
“Estamos claros que la Asamblea Nacional debe tener más cercanía con la comunidad científica y académica y estos, a su vez, con los requerimientos de la sociedad, así como de las instituciones”, agregó el asambleísta Burbano.
La Comisión del Desarrollo Económico lleva adelante un proceso de socialización del proyecto de ley para construir el informe para segundo debate.
LILA/pv
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La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, convocó a los parlamentarios a la sesión 557 del Pleno, para este jueves, a las 10:35, para conocer y resolver sobre el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, referente a la Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 2019 y la Programación Cuatrianual 2019-2022.
La proforma tiene una estructura enfocada en la austeridad, el manejo responsable de los recursos y el control de gastos. Se basó en los supuestos macroeconómicos, que estiman un precio promedio del barril de petróleo de 58,29 dólares, un crecimiento del PIB de 1,43%, una inflación de 1,07% y un volumen de producción del petróleo de 206,21 millones de barriles.
En el informe de la Comisión de Desarrollo Económico se registran 11 conclusiones y 17 recomendaciones.
Conclusiones
Se precisa que en caso que se produzcan cambios en los supuestos macroeconómicos y, por tanto, variaciones en los ingresos, estos deberán ajustarse en la ejecución, sin afectar la regla fiscal, ni las preasignaciones constitucionales y debe informarse a la Asamblea.
Se determina que la recaudación por impuestos se incrementa en 1.06%, respecto de la codificada del 2018 y una reducción del 0,7 de lo estimado, puesto que incluye los ingresos generados por la remisión de la Ley de Fomento Productivo. Entre los ingresos permanentes constan los 1.000 millones de concesiones.
Según el informe, se cumple la regla fiscal de gastos e ingresos permanentes y en la diferencia se genera un superávit de 690,27 millones de dólares. Se señala que en las preasignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados se destina 3.163, 03 millones de dólares, que incluye las transferencias por la Ley Amazónica. Incrementa en 1.08 % con respecto a lo presupuestado en 2018.
Recomendaciones
Los parlamentarios sugieren que la Función Ejecutiva continúe los procesos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia en el buen uso de los recursos públicos.
Recomienda que la Secretaría de Planificación presente a la Asamblea un informe sobre la ejecución de proyectos que se podrían afectar por la disminución de los recursos asignados al Plan Anual de Inversiones y que el Ministerio de Economía presente un informe sobre el estado actual de la deuda pública.
Sobre la asignación y ejecución de recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES) es necesario que la Función Ejecutiva realice la asignación por concepto de gratuidad, a fin de mantener, al menos, lo presupuestado en 2018.
Para mejorar la gestión presupuestaria de las IES es necesario fortalecer el conocimiento en técnicas de programación, formulación y ejecución presupuestaria. Además, incorporar un sistema de seguimiento con metas e indicadores, así como de evaluación del gasto.
También sugiere revisar la asignación para los Consejos Nacionales para la Igualdad, evitando el impacto negativo, en el objetivo de avanzar en la reducción de brechas de desigualdad y no discriminación; mantener las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud como las del ejercicio fiscal 2018 destinadas al tratamiento de las adicciones; así como las asignaciones para asegurar la cobertura de la atención médica en general y para la provisión de medicamentos, entre otras.
JLVN/pv
Este miércoles, 28 de noviembre, a partir de las 08:30, se desarrollará el Foro “Eficiencia Energética y Legislación para el Desarrollo”, en el Salón de Uso Múltiple, de la Asamblea Nacional.
El evento es organizado por la Comisión del Desarrollo Económico y el Grupo Parlamentario de Energía, Desarrollo y Medioambiente, presididos por Esteban Albornoz. Allí se analizará el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, que se tramita en esa mesa parlamentaria.
La iniciativa legal la presentó Albornoz el pasado 5 de marzo y calificado por le Consejo de Administración Legislativa el 23 de abril. Le correspondió a Desarrollo Económico su estudio, cuya socialización arrancó el 9 de mayo.
En cuerpo legal se orienta a brindar mecanismos para impulsar la eficiencia energética, considerada como una de las principales fuentes de ahorro de energía y elemento clave en la lucha contra los impactos del cambio climático. Con este proyecto, el país contaría con una norma específica sobre el tema.
La norma plantea objetivos concretos, define un marco institucional adecuado y establece mecanismos apropiados para la planificación, establecimiento de políticas públicas y metas en la materia.
Propone la constitución de un Sistema Nacional de Eficiencia Energética para promover el uso eficiente, racional y sustentable de la energía en todas sus formas. Además, busca fomentar la competitividad de la economía nacional, garantizando el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano.
En el primer debate en el Pleno, los parlamentarios ratificaron la necesidad de declarar la eficiencia energética como una política de Estado y actividad de interés nacional.
LILA/pv
Conformar un comité técnico entre varias entidades del gobierno y la Asamblea es lo que planteó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, para intercambiar criterios y mejorar el proyecto de Ley de Eficiencia Energética. Además, se refirió a los proyectos de inversión ligados a este tema.
El Secretario de Estado fue invitado a la Comisión del Desarrollo Económico, para que presente sus apreciaciones a esta iniciativa de Esteban Albornoz, presidente la mesa.
La sugerencia del comité fue bien vista por los legisladores. Ese es el camino, dijo Fernando Burbano, tras plantear que el comité sea tripartito, que incluya al Estado, la academia y el sector privado. Patricio Donoso también apoyó el planteamiento.
Campana aseguró que el proyecto es positivo, pero que es necesario ampliar su socialización con sectores como el transporte, la construcción, artesanos, pequeñas y medianas empresas, la banca, entre otras áreas, a fin de no dejar brechas que conlleven a errores, al momento de su aplicación.
Además, se refirió al rol de la sociedad, en lo concerniente a la concientización de la importancia de la eficiencia energética.
Proyectos de inversión
Pablo Campaña informó sobre los proyectos de inversión del gobierno, que tengan que ver con la eficiencia energética. Aseguró que el Ministerio de Hidrocarburos está evaluando sacar a licitación la construcción de dos hidroléctricas, Cardenillo y Río Santiago, por 4.500 millones de dólares.
Asimismo, que está trabajando en proyectos de gas natural y sacar a licitación 300 megavatios de energía renovable.
En otros temas, se refirió, además, a la Refinería de Manabí (Pacífico). Explicó que existe una alista de 19 inversionistas interesados en el proyecto, pero que el gobierno espera resolver el problema que existe con Pdvsa.
En cuanto a la Ley de Fomento Productivo, anunció que la próxima semana estará listo el reglamento, con el se ampliarán las posibilidades de inversión, sobre todo, por la seguridad jurídica que brinda la norma, con los arbitrajes internacionales y los incentivos para nuevas inversiones.
LILA/pv
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La Comisión de Desarrollo Económico entregó este sábado el informe de la Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 2019, la Programación Cuatrianual 2019-2022 y el límite de endeudamiento público, mismo que será puesto a consideración del Pleno en los próximos días.
Luego del análisis pertinente la Comisión de Desarrollo Económico recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional, para su consideración, lo siguiente:
1. En cuanto al uso y gestión en el manejo de los recursos públicos y la información, la Función Ejecutiva deberá continuar los procesos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia en el uso y gestión de los recursos públicos.
2. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo presentará a la Asamblea Nacional un informe sobre la ejecución de los distintos programas o proyectos que podrían verse afectados por la disminución de los recursos asignados en el Plan Anual de Inversiones 2019.
3. El Ministerio de Economía y Finanzas presentará a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa un informe sobre el estado actual del saldo de la deuda pública, en relación con lo dispuesto por la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
4. El Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con el Ministerio de Trabajo elaborará un plan de pago de la totalidad de los haberes pendientes por incentivo a la jubilación de los servidores públicos. La ejecución del referido plan debe ser comunicada a la Asamblea Nacional de manera semestral mediante un informe emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
5. Sobre la asignación y ejecución de recursos asignados a las Instituciones de Educación Superior (IES), es necesario que la Función Ejecutiva realice la reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad a favor de las IES a fin de, al menos, mantener la asignación del Presupuesto 2018, en este marco debe considerarse las necesidades específicas para cubrir la demanda de cupos proyectados y aquellas que tienen las instituciones de educación superior intervenidas.
6. Se debe observar la urgente necesidad de que la Función Ejecutiva cumpla lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reformas en lo referente a la creación de cuentas corrientes recolectoras para el uso de los recursos propios, y así mismo, que se implemente el régimen especial de compras públicas establecido en el artículo 23.1 del referido cuerpo legal.
7. En atención a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Ejecutivo deberá garantizar la provisión de recursos suficientes para la ejecución de los servicios previstos en dicha Ley.
8. Es necesario que se revise la asignación presupuestaria 2019 para los Consejos Nacionales para la Igualdad, evitando el impacto negativo que tendría la disminución en el objetivo de avanzar en la reducción de brechas de desigualdad y no discriminación. Particular atención debe brindarse al Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, que es el Consejo Nacional que menor asignación ha recibido cuyo funcionamiento y cumplimiento de sus atribuciones se vería seriamente comprometido en el año 2019 en un contexto de emergencia migratoria. Debe considerarse que los 354.547 dólares de la proforma para este consejo representa tan solo el 5.5% del monto asignado a los consejos.
9. El Ministerio de Economía y Finanzas debe revisar la clasificación de los ingresos de 1.000 millones esperados por nuevas concesiones en cuanto a su condición de permanentes o no permanentes en el Presupuesto General del Estado.
10. La inversión en el sector educación debe contemplar la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa que a nivel nacional se encuentra deteriorada. La problemática en el proceso de ejecución y gestión de las partidas presupuestarias de la proforma vigente no pueden ser la referencia para disminuir los valores presupuestarios, cuando las necesidades especialmente en el área rural no son resueltas, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá realizar las asignaciones de recursos necesarias para el cumplimiento de estas necesidades.
11. En la proforma de 2019 se debe al menos mantener las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud Pública como para el ejercicio fiscal 2018 destinadas al tratamiento de las adicciones; así también deberán realizarse las asignaciones necesarias para asegurar la cobertura de la atención médica en general y para la provisión de medicamentos.
12. Ante la compleja situación del sector agrícola, ganadero, acuícola y de pesca del país, se evidencia la falta de políticas públicas en estos sectores que son importantes en la generación de empleo y desarrollo económico del país, lo que fue expresado por el Ministro de Agricultura en su comparecencia ante la Comisión, en tal sentido es preocupante el recorte en la asignación de recursos para estos importantes sectores el país. Al respecto el Ministerio de Economía y Finanzas, debería asignar al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, inversiones y Pesca en la proforma 2019, al menos aquellos recursos que fueron asignados para el ejercicio 2018, lo mismo para el INIAP en materia de investigación e innovación, privilegiando los sectores de la pequeña y mediana producción, y de la economía popular y solidaria que garantizan la soberanía alimentaria.
13. El Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio Nacional de Aduanas realizarán un informe semestral sobre el comportamiento de la balanza comercial, el mismo que debe ser presentado a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, para dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de la Programación Cuatrianual 2019-2022.
14. Es importante que el Ejecutivo presente un plan de contingencia respecto de la previsión establecida en la Proforma Presupuestaria 2019 con relación al precio del petróleo (USD 58.29), donde además se revisen los montos asignados para subsidios de combustible, con una nueva estimación.
15. En los casos de transferencias de competencias el Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de manera oportuna los recursos necesarios para asumir dichas competencias, valores por devolución del IVA y los valores correspondientes a la venta de acciones de las empresas eléctricas.
16. En cuanto a la transferencia de recursos por el 40 % del monto de pensiones a cargo del IESS, el Ejecutivo, en coordinación con el IESS, deberá establecer un mecanismo ágil y transparente, durante el primer trimestre de 2019, para la determinación del monto anual correspondiente a dicha asignación. El Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad de Social deben emitir un informe a esta Comisión con el detalle de los recursos asignados por parte del Gobierno Central al IESS para los fondos de salud y jubilación.
17. En agosto de 2018 entró en vigencia la Ley Orgánica de Fomento Productivo Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la cual contempla un plan de estabilidad económica a largo plazo, así también plantea incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto internas como externas, fomentando el empleo y dinamizando la producción y la economía. Es necesario que la Función Ejecutiva emita dentro del plazo dispuesto en la ley el reglamento a dicha ley para agilitar los incentivos a la producción e inversiones.
RSA/pv
Una vez que la Comisión de Desarrollo Económico entregó el informe de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019 que asciende a 31.318,8 millones de dólares y su programación cuatrianual, el tema será tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La proforma prevé un precio promedio del barril de petróleo de 58,29 dólares; un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.43 %; una inflación de 1.07% y un volumen de producción del petróleo de 206,21 millones de barriles.
Jornada cultural
En otro orden, la próxima semana se inaugurará el Bulevar Cívico y las jornadas culturales. La Asamblea Nacional entrega a la ciudadanía los nuevos espacios públicos con una agenda cultural que permitirá disfrutar y compartir del arte y la cultura este miércoles 21 de noviembre, desde las 16h30 hasta 21:00.
Otros temas
La Comisión de Derechos Colectivos recibirá la comparecencia de nuevas voces para que den aportes al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Mediante video conferencia escuchará a Lorena Abad, ex servidora de Radio Pública. También escucharán a Juan Alberto Salazar, jefe de editores de Linstín Diario y al asambleísta Pedro Curuchumbi. La actividad está prevista para el miércoles 21 de noviembre.
La Comisión Ocasional encargada de atender temas y normas sobre Niñez y Adolescencia, se reunirá el martes 20 de noviembre, para estructurar su cronograma de trabajo que les permitirá elaborar un proyecto de reforma integral al Código de la Niñez. Para este trabajo se contempla dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Aampetra y dar seguimiento al cumplimiento de los derechos de este sector. El organismo legislativo procesará 27 proyectos de ley.
A su vez, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibirá el lunes a las 16h30 a José Redrován, Johanna Ortega, Carlos Larco, representantes de la Organización Cuenca Escoge la Vida, para que exponga sus comentarios y observaciones a la propuesta de despenalizar el aborto en casos de violación. Con este mismo fin, el miércoles, en doble jornada recibirá a organizaciones sociales de Guayaquil.
En cambio, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores convocará cuatro sesiones. Analizará las reformas a la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; a la Ley de Seguridad Social que establece la jubilación especial de los trabajadores del sector petrolero, a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tiene previsto que comparezca el Ministro de Trabajo, para que informe la situación en la que se encuentra el pago de las liquidaciones de los trabajadores desvinculados de los medios públicos incautados, la situación de los trabajadores del transporte.
Mientras que Relaciones Internacionales recibirá el miércoles 21 a Rosa Azúa, decana de la Universidad San Francisco para hablar de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; luego acudirán autoridades de la Cancillería, del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, para presentar sus observaciones al Convenio en contra de la Discriminación Racial. De inmediato avocarán conocimiento de la Ley de Navegación y el proyecto de Código de Seguridad Integral.
La Comisión de Régimen Económico iniciará el estudio de los proyectos de reformas al Código Monetario y Financiero, de iniciativa de los legisladores César Carrión y César Rohón. Este último propone establecer los límites bajo los cuales el Banco Central podrá adquirir títulos de deuda emitidos por el Gobierno, establecer la prohibición expresa de que el repago de tales obligaciones se haga mediante donaciones en pago o cualquier otro mecanismo que desmejore la posición de liquidez del Banco.
Tres temas concitan el interés en la Comisión de Desarrollo Económico. El uno, relacionado con la proforma que se discutirá en el Pleno; los otros dos están orientados a proseguir el tratamiento de las reformas a la Ley de Aviación Civil y Ley de Eficiencia Energética.
En la Comisión de Biodiversidad el miércoles 21 de noviembre a las 10:00 comparecerá el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez quien expondrá sobre la explotación del bloque Ishpingo.
Estructurar el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley que Regula la Producción y Comercio del Banano, Plátano Barraganete y otras Musáceas, está en la agenda de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Con este fin los parlamentarios se reunirán el martes 20 de noviembre.
Luego de amplios debates y mesas de trabajo con la participación activa de estudiantes de diversos centros educativos, la Comisión de Educación prepara el informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Gobiernos Autónomos centra su atención en las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, mientras que la Comisión de Salud avanza en el análisis del Código de Salud, así como en el tratamiento de las reformas a la Ley de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte.
A Participación Ciudadana acudirán autoridades de los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Inclusión Económica y Social a informar las acciones emprendidas por estas instituciones por el sismo de 6,5 grados, que se registró la noche del jueves 6 de septiembre último en Chillanes, al sur de Bolívar, que afectó a más de 241 viviendas.
Los comisionados también recibirán a las autoridades de la Agencia de Regulación y Control Minero, para que expliquen las concesiones y catastros mineros a nivel nacional.
JLVN/pv
La proforma presupuestaria asciende a 31.318 millones de dólares, que se alimentará con 24.386 millones de ingresos permanentes y 2.835 millones de dólares de ingresos no permanentes. A ello se suma el déficit de ingresos y gastos que es de 3.655 millones.
Sin embargo, el gobierno prevé un monto de financiamiento público de 8.937 millones, que se irá consiguiendo con el tiempo. Esos recursos servirán para cubrir el déficit y el resto será para pago de deuda y otras obligaciones. La Comisión del Desarrollo Económico analizó el documento y aprobó el informe con 6 votos.
El hueco financiero se llenará con deuda externa por 7.403 millones de dólares, que se pedirá a organismos como los bancos de Desarrollo de China e Interamericano de Desarrollo, así como deuda interna por 762 millones. Esta última, principalmente, a través de bonos y préstamos al Banco del Estado.
Ingresos y gastos
El total de ingresos, que es de 27.222 millones, es gracias a la suma de los recursos permanentes (24.386) y los no permanentes (2.806). En los ingresos permanentes, la recaudación por impuestos es la que más aporta, con 15.223 millones, es decir, el 42 %, seguido de transferencias y donaciones, que contribuyen con 5.453 millones. También suma a este ingreso las tasas y contribuciones, por 2.953 millones, cuyo rubro principal proviene de la recaudación esperada por concepto de concesiones (1.000).
En cuanto a los gastos totales se dividen en permanentes, para la provisión de bienes y servicios, y no permanentes, que son para cubrir requerimientos de carácter temporal. Los permanentes alcanzan los 23.706 millones de dólares, de estos, el egreso por personal es de 9.498, que representa el 26%, y el rubro por bienes y servicios de consumo es 7.172, es decir, el 20%.
También en los egresos permanentes las transferencias y donaciones suman 3.777 millones de dólares, que incluye pagos al Sistema de Seguridad Social (1.995 millones), universidades (993 millones) y Plan Toda una Vida.
Los gastos no permanentes llegan a 12.600 millones de dólares. En este ítem entra la asignación a los gobiernos autónomos descentralizados, a los que se les entregará 3.163 millones, y los egresos para amortización de deuda pública, que se mantiene en 3.851 millones.
Otros datos
Más de cuatro mil millones de dólares se destinarán a subsidio en hidrocarburos, de ellos, 1.923 será para diésel importado y 1.311 para importación de nafta.
Las asignaciones para la protección social se distribuirán en 251 millones para el Bono de Desarrollo Humano, 312 millones para pensiones de adultos mayores, 84 millones para pensiones de personas con discapacidad, 93 millones para el bono Joaquín Gallegos Lara y 27 millones para la Misión Ternura. En tanto, para la inversión pública se prevé 3.314 millones de dólares.
LILA/pv
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La Comisión de Desarrollo Económico continuó este viernes el análisis de la pro forma presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2019. Para el efecto escuchó los puntos de vista del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), del Comité Empresarial Ecuatoriano y del Centro de Competitividad e Innovación.
Edwin Miño, director Ejecutivo del Congope, solicitó que la Comisión recomiende al Ejecutivo cumpla el pago de 317 millones de deuda con este nivel de gobierno, a fin de atender obras básicas para la población.
Explicó que la reducción del presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados es sensible, tomando en cuenta que en la actualidad el Gobierno mantiene deudas represadas y los recursos para cubrir dichas obligaciones no están provisionados en la pro forma, lo cual obligará a estas instancias a buscar otras fuentes de financiamiento.
De su lado, el vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Genaro Baldeón, propuso que se apruebe una pro forma que genere confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros, así como la necesidad de reducir el subsidio a los combustibles, que alcanza 4000 millones de dólares para el próximo año.
No se explica cómo se determina una drástica reducción para salud, para subsidios sociales y se incrementa la subvención para los combustibles que, paradójicamente, por su mala calidad, constituyen un factor de riesgo para la salud de los ecuatorianos y, finalmente, este beneficio va a personas que “sí tenemos posibilidades económicas”, añadió.
Mientras, Nathaly Celi explicó el accionar de la entidad que representa, que busca generar conocimiento prospectivo y evidencia que facilite las decisiones e influencie la definición de políticas de desarrollo productivo, innovación y competitividad y, a la vez, comentó que el presupuesto de 2019 hace prever un modelo económico recesivo, por lo que es necesario establecer algunas observaciones para el ejercicio fiscal del año entrante.
Aseguró que se debería reorientar el presupuesto hacia la reactivación económica del país, procurando que exista mayor eficiencia en la inversión, así como una reducción del gasto corriente.
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, tras agradecer las intervenciones de los invitados al organismo, calificó como altamente valiosas las observaciones formuladas, las mismas que serán consideradas en el debate previo a la aprobación del informe de la pro forma para el ejercicio económico de 2019 y la programación cuatrianual 2019-2022.
EG/pv
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La presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, entregó a la Comisión del Desarrollo Económico el informe que preparó la mesa sobre la asignación de recursos para universidades y escuelas politécnicas públicas. En un reporte comparativo analizó que, según el ejecutado hasta el 20 de septiembre de este año, se les entregó 1.443 millones de dólares, pero que en la proforma de 2019 se destina 1.297 millones, con lo que existe una variación negativa de 145 millones, es decir, el 10 %.
La Comisión de Educación concluye que es deber de la Comisión del Desarrollo Económico garantizar que todos los recursos y fuentes de financiamiento consten y se incorporen de manera obligatoria y transparente en la proforma presupuestaria y en la programación cuatrianual 2019-2022 y no se permita reducción alguna que perjudique el derecho a la educación y el normal funcionamiento del sistema.
Considera, además, que es deber de la Comisión restituir a los sistemas: Nacional de Educación, de Educación Superior y Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, los valores reducidos que por Constitución y Ley les corresponden.
En el documento de la mesa, se indica que no se han fundamentado adecuadamente las razones que explicarían esa reducción en el Reporte Consolidado Comparativo por Sector de Gasto. Considera pertinente recomendar a la Comisión del Desarrollo Económico que formule a las autoridades competentes algunos cuestionamientos.
Una de ellas tiene que ver con las rentas del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), provenientes especialmente del Impuesto a la Renta e IVA. Pide que se consulte cuál es el monto total del Fondo a ser distribuido en la proforma 2019 y cuál es la proyección de afectación, en razón de las exenciones tributarias establecidas en la Ley de Fomento Productivo.
También pide explicaciones sobre si se consideró en la proforma la participación que corresponde a las universidades: Yachay, Ikiam, UNAE, Uniartes y la recientemente reactivada Amawtay Wasi. Además, considerando el aumento de cupos generado por varias Instituciones de Educación Superior (IES) del Sistema de Educación Superior, sugiere que se consulte cuál es la variación (absoluta y relativa) de las asignaciones por gratuidad para el ejercicio fiscal 2019, en relación a las entregadas en el 2018.
Menciona que a las universidades de Guayaquil, Cuenca, Manabí, Central, Escuela Politécnica del Chimborazo se les reduce presupuesto por 20 millones; 9,4; 7,6; 19; y, 13, respectivamente. En tanto a la Politécnica del Carchi, Uniartes y Estatal de la Península de Santa Elena recibirían incrementos de 1,6; 2,4; y, 1,1 millones de dólares, en su orden.
LILA/pv
