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Varios proyectos de ley que tienen que ver con el fomento artesanal se analizarán este miércoles, 6 de febrero, a las 17:00, en la Comisión del Desarrollo Económico. Este es un tema fundamental dentro de la Agenda Legislativa Priorizada.
En la mesa reposan iniciativas de los parlamentarios Marcelo Simbaña y Soledad Buendía, así como de los exlegisladores Wilson Chicaiza y Vanesa Fajardo. Estas propuestas buscan unificar en un solo cuerpo legal las normas dispersas sobre la materia, a fin de establecer con claridad las instancias responsables del diseño de las políticas públicas para el sector.
Por ejemplo, establecer incentivos para quienes se dedican a la actividad artesanal, es otro de los temas que impulsan los proponentes, así como la capacitación, formación, uso de medios tecnológicos, acceso a líneas de crédito, fomento a la asociatividad e incentivar las exportaciones de sus productos.
En días pasados, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas Guerrero, convocó a los integrantes de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales que se involucren en la construcción de la normativa a favor de este sector productivo, a fin de alcanzar nuevos retos encaminados a su fomento. Además, resaltó la riqueza artesanal que tiene el país.
Más temprano, a las 15:00, la Comisión continuará con el tratamiento del proyecto de Ley que busca reducir el consumo de plásticos y conocerá el proyecto de Ley para el Emprendimiento e Innovación.
LILA/eg
Tanto el sector público como la academia felicitaron la iniciativa que se tramita en la Comisión del Desarrollo Económico para reducir el consumo de plásticos y contribuir con el medio ambiente, pero también presentaron algunos criterios para mejorar la propuesta.
Ante la mesa, acudió Yuri Parreño, viceministro de Comercio Exterior, quien aseguró que, incluso, existe interés de algunos países para invertir en proyectos de gestión de residuos, por lo que se debería pensar en incluir incentivos para atraer a los empresarios. Recomendó que se incluya mecanismos de control para la aplicación de la norma.
En la Comisión reflexionaron que existen esfuerzos de los gobiernos autónomos descentralizados para reducir el consumo de este material, pero que se requiere una Ley marco para que las ordenanzas locales tengan orden y coherencia.
Lo que solicitó la representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Karín Jaramillo, es que en la norma no se duplique competencias con otras que ya están vigentes, como el Código del Ambiente.
En tanto, desde el Ministerio del Ambiente, Fernando Granizo, recomendó que se definan con algunos conceptos como plástico de un solo uso y vajillas de un solo uso para que la Ley tenga claridad. Además, pidió que en la socialización se incluya a todos los sectores como productores y recicladores.
En cambio, la inclusión de la academia y la industria en los debates la solicitó Pablo Bonilla, docente de la Universidad Central del Ecuador, para quien es importante la educación en la lucha frente a esta problemática.
LILA
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Los legisladores están de acuerdo en que es necesario un estudio técnico para verificar si se ha cumplido el objetivo de reducir la contaminación generada por los vehículos; esto, en el marco del debate de la Comisión de Desarrollo Económico sobre la implementación del Impuesto Verde.
Según José Almeida, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI) subrogante, desde la aplicación de la Ley Ambiental, en 2012, se ha evidenciado un cambio de comportamiento en los automóviles, es decir, ha disminuido en el mercado la participación de los de menor cilindraje (tamaño del motor). Pero, no ha sucedido lo mismo con las camionetas y jeeps.
Para Pablo Jerves, del Colectivo Fuera Impuesto Verde, este tributo debe desaparecer. De acuerdo con su versión no se ha cumplido con la meta, pues el 75% de la contaminación es causada por buses, transporte pesado y taxis, que no pagan el impuesto y, además, reciben subvención en el combustible. Sostuvo que la ciudadanía está indignada porque es impagable e injustificable.
El representante del SRI explicó que en este año los ciudadanos perciben un incremento porque ya no existe ninguna rebaja, como sucedió en los años anteriores. Entre el 2012 y 2014 fue del 80%, mientras que entre el 2015 y 2018 fue del 50%.
De acuerdo con el funcionario, el SRI recaudó el año pasado, por el Impuesto a la Contaminación, $119 millones, pagado por 2 millones 700 mil vehículos. En tanto, por el Impuesto a la propiedad recibió $191 millones y por el Impuesto a la Transferencia de Vehículos $23 millones. Almeida afirmó que trasladarán las inquietudes a las autoridades, puesto que esta institución se encarga de aplicar la normativa.
Después de escuchar las exposiciones, los legisladores afirmaron que no debe haber privilegios y el impuesto lo deben pagar todos, sobre todo, quienes más contaminan, caso contrario se convierte en discriminatoria, confiscatoria y regresiva de derechos.
LILA/ds
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La Comisión del Desarrollo Económico llamará a los ministros de Hidrocarburos, Carlos Pérez, y al de Economía, Richard Martínez, para que informen los motivos que impulsaron la elevación de los precios de los combustibles. La petición la realizaron varios legisladores después de escuchar la exposición de Luigi Benincasa, de la Asociación de Atuneros del Ecuador, quien sostuvo que se está afectando al sector.
La solicitud la plantearon no solo asambleístas de la Comisión, sino también parlamentarios de Esmeraldas y Guayas, quienes acudieron a la mesa. Indicaron que la industria pesquera genera empleo, ingresos de dólares por las exportaciones y desarrollo.
Benincasa sostuvo que con el Acuerdo Ejecutivo 0001, emitido este 15 de enero, el precio de diésel (1.054 dólares) se mantiene elevado para quienes se dedican a la pesca atunera. Indicó que quitándoles los subsidios perderán competitividad con otros países, pues en todo el mundo existe este tipo compensación, que llega a 35 mil millones de dólares, de los cuales el 22% está dirigido al sector de la pesca.
Explicó que la industria a la que representa exporta 1.200 millones de dólares anuales, genera 108 mil empleos directos y produce beneficios a la cadena productiva, como la fabricación de latas, aceites, transporte y otros insumos. Además, señaló que el 69% del consumo de diésel está en el sector automotriz y solo el 5% en el pesquero.
LILA/ds
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La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, ratificó que el Parlamento ha avanzado en alrededor del 50% de la Agenda Legislativa Priorizada. Para cumplir con el otro 50%, hasta mayo de este año, cuando concluye sus funciones, se analizaría la posibilidad de desarrollar cuatro sesiones en la semana: dos los martes y dos los jueves, en horarios matutinos y vespertinos.
Lo dijo una vez que concluyó la sesión del Consejo de Administración Legislativa, con los presidentes de las comisiones, quienes informaron los avances de los diferentes proyectos de ley, así como los que han tramitado.
Entre las iniciativas que están pendientes para discusión en el Pleno se encuentran las reformas al Código Penal; proyecto para la Prevención de la Violencia en los Escenarios Deportivos, Código de Comercio, Código de Salud, entre otros temas, que, según la Presidenta, son de interés nacional.
Los ejes que planteó la Asamblea, a través de su hoja de ruta, tienen que ver con la producción y empleo; sociedad y democracias; así como seguridad y defensa.
El proyecto de Recuperación de Capitales, de autoría de Elizabeth Cabezas, es otra de las normas pendientes. La entrega de 13,5 millones de dólares por parte de un empresario al Estado, mediante acuerdo voluntario, evidencia que su propuesta es viable, por lo que es vital continuar con el primer debate, sostuvo.
Otros temas como el fortalecimiento de la agricultura, pesca, ambiente, participación ciudadana, movilidad humana, discapacidades, seguridad ciudadana, gestión de riesgos, deportes, justicia continúan en trámite en las comisiones, tal como informaron los parlamentarios, durante la segunda jornada de la sesión.
LILA/RSA
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL), dirigido por Elizabeth Cabezas Guerrero, conoció el estado en que se encuentran los diferentes proyectos de ley. Los presidentes de las comisiones legislativas expusieron su informe de trabajo, con el afán de dar continuidad a la agenda legislativa priorizada para el 2019.
Asimismo, conoció y aprobó la resolución por la cual solicita a la Comisión de Gobiernos Autónomos designar a su presidente y vicepresidente, en virtud de quienes ostentaban tales dignidades han renunciado a su calidad de asambleístas. Dichas autoridades ejercerán sus funciones hasta mayo de 2019.
La sesión se desarrolló con la presencia de Carlos Bergmann, Patricio Donoso, Soledad Buendía. La primera vicepresidenta Viviana Bonilla y la vocal del CAL Cristina Reyes no participaron de la reunión.
El primero en intervenir fue Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico. Informó que trabajan en 25 leyes agrupadas en 10 bloques. Planteó dar prioridad a la aprobación del Código de Comercio por parte del Pleno, pues es una ley que data desde hace 100 años, con 1.400 artículos. De igual forma a los proyectos de Ley de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que buscan restituir los cobros indebidos a los usuarios.
También manifestó que la Comisión tuvo una votación unánime para mantener el Código Aeronáutico en el Código de Comercio.
La Comisión de Fiscalización presidida por María José Carrión ha recibido nueve solicitudes de juicio político. Estos han sido tramitados respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, dijo la legisladora. En este punto, solicitó, en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se fortalezcan las atribuciones de la Comisión.
Por su lado, Liliana Durán se refirió a nueve proyectos de Ley que se encuentran listos para ser debatidos dentro del Pleno. Entre ellos, la unificación de varias iniciativas legislativas que reforman el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social y que guardan relación con la conformación del Consejo Directivo del IESS.
Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación manifestó que trabajan en 32 iniciativas legislativas que reforman a la Ley de Educación Superior; y, 18 reformas a la Ley de Educación Intercultural que han sido unificadas y están listas para ser discutidas en primer debate en el Pleno.
Por su lado, Absalón Campoverde sostuvo que el tratamiento de normativas a favor de los desaparecidos ha sido socializado con más de 10 autoridades de diferentes instituciones y estima que hasta los primeros días de marzo estaría concluyendo la elaboración del informe para primer debate, cuyo proyecto contiene más de 50 artículos. Tema social que ha involucrado a gran parte del país, dijo.
Encarnación Duchi, presidenta de la Comisión que trabaja en las reformas a las leyes de la niñez, después de hablar del plan de trabajo, comentó que tienen 13 leyes relacionadas con los derechos de la niñez y adolescencia que tiene que ver con la tenencia y patria potestad, de los cuales cinco han dado trámites.
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, recordó que han sido 5 proyectos de Ley los aprobados, además de la Proforma 2019. Han recibido 33 proyectos de Ley. Actualmente trabajan en normas relacionadas con temas de emprendimiento e innovación, desarrollo artesanal, defensa del consumidor, plástico, turismo, entre otros. Además, tres proyectos unificados sobre energía eléctrica (tarifarios, consumidor); tres reformas a la servicio público; planificación y finanzas públicas que se encuentra para primer debate.
La primera jornada de esta sesión se suspendió a las 12:00 y se retomará a las 14:30 de hoy.
RSA/ds
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La Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, que fomenta el ahorro de energía y la competitividad y contribuye a la lucha contra el cambio climático y a vivir en un ambiente sano y fomenta la competitividad.
La propuesta, que fue aprobada con 115 votos de todas las bancadas y movimientos políticos, incentiva el ahorro de energía y, por tanto, favorecerá el bolsillo de los ciudadanos. También promueve el uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias para reducir el impacto ambiental y evitar que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria.
También crea mecanismos para promover la optimización de los recursos del país, puesto que se reducirá el uso de combustibles no renovables, como gasolina y diésel, considerando que en Ecuador, de toda la energía que se consume, el 67% corresponde a diésel, gasolina y gas licuado.
Además incentiva la proliferación de la movilidad eléctrica.
De conformidad con la normativa constitucional y legal vigente, el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene plazo hasta el 9 de febrero para sancionar u objetar este proyecto.
Unas 2.500 operaciones, que ascienden a 14 millones de dólares, podrán acceder a los beneficios de la Ley de Fomento Productivo, en los próximos días. Esto, después de que el presidente del directorio del BanEcuador, Jorge Watted, y el liquidador del Banco Nacional de Fomento (BNF), Francisco Gamboa, se comprometieran a finiquitar el proceso de compra venta de la cartera vencida la próxima semana.
Lo hicieron en la Comisión del Desarrollo Económico, cuyos asambleístas los convocaron ante la preocupación de que las fechas que se establecen en la norma venzan y los deudores de la banca pública no puedan acceder a la remisión de intereses, reestructuración y condonación de deudas.
A estos beneficios pueden acceder los deudores del BNF en liquidación y de otras entidades financieras públicas que hayan vendido su cartera al BNF, pero la fecha máxima para ejecutar este proceso vence el 21 de agosto.
Según la norma, estos ciudadanos pueden acogerse a la remisión de intereses, intereses por mora y costas judiciales, siempre y cuando paguen al menos el 1% del saldo del capital, dentro de un año. Además, estas operaciones, que son objeto de este beneficio, podrán ser reestructuradas hasta por el doble del plazo pactado originalmente a una tasa del 5%. Una vez que se realice el trámite de la reestructuración se archivan los procesos coactivos.
Por su parte, las deudas registradas en el BNF en liquidación de hasta 50 mil dólares, adquiridas por en sociedad conyugal o sociedad de bienes legalmente constituidas, en la que uno de los cónyuges o conviviente en unión de hecho haya fallecido quedarán extinguidas.
La Ley beneficia de la misma condonación a los clientes que hayan sobrevivido a una discapacidad posterior a la época en la que contrajo la deuda. En cambio, los créditos de personas de la tercera edad podrán ser perdonados hasta el 50%.
Otra de las operaciones que tiene que desarrollar el BNF en liquidación es que, en un año, extinga las operaciones de crédito vencidas que se hubieran generado por la venta de maquinaria agrícola realizada por la misma entidad, mediante la entrega en dación de pago, es decir, el agricultor entrega el bien, a cambio de saldar la deuda.
LILA/ds
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El Pleno con 115 votos afirmativos aprobó el proyecto de Eficiencia Energética que contribuirá al ahorro de energía, la lucha contra el cambio climático y a vivir en un ambiente sano. La normativa promueve el uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias que ayudarán a no poner en riesgo la soberanía alimentaria.
Ponencia
El futuro de los ecuatorianos para mejorar la calidad de vida se sustenta en el uso adecuado de la energía, mencionó Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto de ley al destacar la necesidad de promover el uso eficiente, racional y sostenible de la energía en todas sus formas, aumentar la productividad energética, fomentar la competitividad de la economía nacional y garantizar los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano.
Es necesario fortalecer la institucionalidad, promoviendo la participación de todos los sectores, sin incrementar la burocracia; romper barreras de inversión con incentivos que no afecten al Presupuesto General del Estado; mejorar los indicadores de eficiencia energética y competitividad en sectores productivos, así como el consumo energético y reducción de costos de producción, sostuvo Albornoz.
También enfatizó que la eficiencia energética, elemento clave en el desarrollo de una sociedad solidaria, competitiva en lo productivo, debe ser tratada como tema de interés nacional y política de Estado para ayudar a mitigar el cambio climático.
Debate
Los parlamentarios resaltaron la importancia de la racionalización del consumo de energía eléctrica que irá en beneficio de las familias, empresas y sectores productivos. Sostienen que la eficiencia energética debe ser una política de Estado que busque impulsar la producción del país y poner una mirada a la mitigación del cambio climático.
Ecuador debe contar con una legislación en materia de eficiencia energética como en otros países que promueven el uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias a fin de reducir el impacto ambiental, subrayaron.
El legislador Mauricio Proaño, destacó la importancia de optimizar la energía en el sector transporte. Ecuador cuenta con el 92 % de electricidad proveniente de fuentes renovables por ello, es lógico que el futuro de su movilidad sea eléctrica.
Eliminar las fuentes de energía altamente contaminantes es un desafío para el futuro de la humanidad, subrayó Ximena Peña, mientras que Patricio Donoso sostuvo que es trascendental definir la eficiencia energética como una política de Estado y garantizar la participación de los consumidores, empresas y academia en el Comité de Eficiencia Energética.
A criterio de la legisladora María Mercedes Cuesta el Estado debe crear las condiciones necesarias que permitan la sustitución de fuentes de energía. La eficiencia energética permitirá la disminución de los subsidios de los combustibles, aspecto que fue ratificado por César Rohon al precisar que es clave abrir las puertas a la energía de paneles solares, focos led.
La eficiencia energética tiene un alto impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, ya que permitirá la reducción de costos de energía, además que es la forma más rentable para la mitigación del cambio climático, sostuvo Ronny Aleaga. En cambio, Rubén Bustamante comentó que significa ahorro para el país, pues al implementar esta medida el Estado tendrá que subsidiar menos y obtendrá más recursos para invertir en obras y en sectores que más necesitan.
Tito Puanchir coincidió en la urgencia de fomentar el uso de fuentes de energía renovables provenientes del agua, el viento y el sol. Como país debemos reducir el consumo de energías que contaminan el aire y las fuentes de agua, agregó. Marcela Aguiñaga observó la falta de responsabilidad de los países desarrollados en la contaminación con gases de efecto invernadero.
El sector energético mal administrado causa perjuicios al medio ambiente, afirmó Manuel Ochoa. En cambio, Silvia Salgado propuso que en el Sistema Nacional de Eficiencia Energética se incluya a un delegado de la educación intercultural puesto que se garantizará una cultura de sustentabilidad y uso responsable de la energía.
El proyecto aprobado será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su respectiva sanción u objeción.
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Con la aprobación de dos informes para segundo debate, la Comisión del Desarrollo Económico cerró el ciclo se sesiones de 2018. En esta ocasión, dio paso a los proyectos de Ley de Eficiencia Energética y a las reformas a la Ley de Aviación Civil.
Los comisionados destacaron el espíritu democrático que primó en los análisis, pues más del 90% de documentos se aprobó por unanimidad, superando diferencias políticas, por los intereses del país. Las dos últimas iniciativas también tuvieron el respaldo de todos los parlamentarios presentes.
El proyecto de Ley de Eficiencia Energética busca que este sector se desarrolle en el país, con una norma específica y clara. Contribuirá al ahorro de energía, fomenta la competitividad, combate el cambio climático y garantiza a las personas vivir en un ambiente sano.
La norma define la institucionalidad para que establezca políticas y metas en esta materia, mediante el Sistema Nacional de Eficiencia Energética (Snee). Crea un Fondo Nacional de Fomento e Inversión y desarrollará un monitoreo de resultados de los programas para contar con estadísticas que permitan tomar futuras decisiones. Además, incentiva la proliferación de la movilidad eléctrica.
Reformas a Ley de Aviación Civil
Las reformas a la Ley de Aviación Civil, presentadas por César Rohon, fortalecen la independencia de la Junta Investigadora de Accidentes (JIA), como una unidad especializada y autónoma para el cumplimiento de sus funciones. Delimita su ámbito de competencias y pretende evitar la existencia de conflictos de intereses entre los miembros de la Junta y empresas vinculadas a los sectores aeronáuticos. Pretende además dotar de infraestructura, recursos y personal suficiente.
LILA/ds
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