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Elaborar una propuesta que contemple reformas en materia tributaria, a pesar que estas son competencias exclusivas del Ejecutivo, planteó el legislador Guillermo Celi, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, en el marco de la agenda de trabajo prevista para el periodo 2019-2021. La idea surge porque está próxima a llegar la Ley de Fomento Productivo II a la Asamblea Nacional.
Durante la reunión, el asambleísta indicó que la mesa legislativa debe tomar una acción proactiva y presentar iniciativas. “No significa que desde una Comisión como la de Desarrollo Económico no podamos dar sugerencias al Gobierno”, opinó. Al mismo tiempo, dijo que sería provechoso entablar diálogos con los Ministros de Estado para establecer mecanismos que favorezcan a los sectores: turístico, artesanal, productivo, entre otros.
Hizo un llamado a los miembros del ente legislativo para que esta sea una de sus funciones prioritarias, recalcó que para la construcción de la propuesta se necesita la cooperación de actores sociales y gremiales.
La Ley de Fomento Productivo II tiene el propósito de incluir reformas que modifiquen el marco legal e institucional para fomentar el crecimiento económico y el empleo.
SV
La Comisión de Desarrollo Económico planificó el trabajo que realizará en el periodo 2019-2021. Su prioridad es promover iniciativas parlamentarias encaminadas al desarrollo económico, el cambio de la matriz productiva y la generación de empleo, para lo cual se mantendrá una línea de trabajo abierta al diálogo y acercamiento con los diferentes actores del sector productivo como empresarios, academia, gremios de profesionales, sociedad civil, y las distintas entidades y Funciones del Estado.
Durante la reunión se analizaron los proyectos de Ley de Desarrollo Artesanal; los legisladores coincidieron que el propósito es proteger al gremio por medio de incentivos, estabilidad y la culminación de monopolios existentes en varias ciudades. Mencionaron que hay grupos u organizaciones que se disputan la cabeza de los artesanos, por lo tanto, su responsabilidad es eliminar las diferencias y que todos tengan las mismas condiciones.
La asambleísta María Mercedes Cuesta solicitó invitar a la comisión a la presidenta de la Asociación de Artesanos del Guayas quien ha denunciado monopolios en los colectivos artesanales. “Debemos eliminar esas mafias que perjudican a los artesanos y fortalecer su participación”, agregó Cuesta.
El legislador Guillermo Celi, en el marco del cronograma del trabajo, mencionó que es necesario dar seguimiento a la Ley de Solidaridad porque, según indicó, quedó en letra muerta. Asimismo, pidió la eliminación del copago. Destacó que no es posible que a quienes les entregaron una vivienda tras el terremoto del 16 de abril deban pagar $1000, pidió que se le invite a comparecer al Ministro de Vivienda.
Otros proyectos
La mesa legislativa también trabajará en los proyectos de Ley Orgánica de Turismo, Ley para reducir el uso de Plásticos, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación, Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil, entre otros.
SV
A la Asamblea Nacional llegó la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta normativa busca que las empresas eléctricas del país realicen cobros de la tasa de recolección de basura municipal, con factura separada al servicio de energía. El veto contiene tres observaciones.
El Mandatario cree que es necesario mejorar la redacción del segundo inciso del artículo 1 para que no se preste a erróneas interpretaciones, es decir, aclara a quién se debe entregar el estudio técnico de fijación de tasas por el servicio de recolección de basura, así como a quién se socializa dicho estudio técnico.
Propone que el gobierno autónomo descentralizado deberá entregar a la empresa eléctrica el estudio técnico de fijación de tasas debidamente socializado con los usuarios, junto con el listado de los abonados que reciben el servicio de recolección de basura debidamente certificado por el funcionario municipal competente. En ningún caso las tasas por el servicio de recolección de basura podrán estar indexadas directa ni indirectamente a las tarifas del servicio público de energía eléctrica.
Para facilitar la comprensión del artículo 2 plantea que el Estado promoverá y financiará, de manera prioritaria, los proyectos de desarrollo de la electrificación rural(…)” y antes de la frase “(…), específicamente en zonas aisladas de los sistemas de distribución. “(…) y el tratamiento preferencial por el servicio público de energía eléctrica para estos sectores.
Así mismo, objeta la Disposición Derogatoria. Según el Presidente de la República, la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente, fue sustituida mediante la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, con la cual se estableció la posibilidad de que las entidades del sector financiero público realicen la recaudación de pagos para amortizar obligaciones crediticias, a través de las empresas de energía eléctrica, así como que los gobiernos autónomos descentralizados acuerden la recaudación de tasas por el servicio de recolección de basura. Lo primero permite garantizar el acceso a micro créditos para sectores poblacionales marginados. Sin embargo, la Disposición Derogatoria elimina toda la Disposición General Tercera.
En tal virtud plantea que en la Disposición General Tercera se elimine la frase: " y los gobiernos autónomos descentralizados”, y la expresión: “y de tasas por el servicio de recolección de basura”.
JLVN
De conformidad con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno con 91 votos conformó las 12 comisiones legislativas permanentes y la de Fiscalización y Control Político para el período 2019-2021.
Según la normativa todos los asambleístas pertenecen a una comisión especializada permanente, a excepción del Presidente de la Asamblea Nacional.
La legisladora Ana Belén Marín fue la encargada de informar los consensos a los que se llegó para la integración de las comisiones legislativas que contiene 10 acuerdos pragmáticos que permitirán crecer a la Asamblea Nacional y sobre todo el desarrollo del país con leyes orientadas a impulsar lo económico, social, productivo, trabajadores, salud, etc.
Conformación
Justicia y Estructura del Estado: Ximena Peña (Presidenta), Kharla Chávez (Vicepresidenta), José Serrano, Henry Cucalón, Esteban Torres, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Viviana Bonilla, Rosa Orellana, Héctor Muñoz, Franklin Samaniego y Karla Cadena.
Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social: Vicente Taiano (Presidente), María José Carrión, Karina Arteaga, Fausto Terán, Alberto Arias, Roberto Gómez, Cristina Reyes, Rina Campain, Bairon Valle, Marcela Holguín, Johanna Cedeño y Verónica Arias.
Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control: Daniel Mendoza (Presidente), Franco Romero (Vicepresidente), Juan Carlos Yar, Ana Belén Marín, Patricio Donoso, Luis Pachala, Henry Kronfle, Vicente Almeyda, César Solórzano, Gabriela Larreátegui, Esteban Melo, Hermuy Calle y Lira Villalva.
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa: Esteban Albornoz (Presidente), Homero Castanier (Vicepresidente), Elizabeth Cabezas, Mariano Zambrano, Rubén Bustamante, Fernando Callejas, María Mercedes Cuesta, Fernando Burbano, Carmen Rivadeneira, Doris Soliz, Mauricio Zambrano, Guillermo Celi y César Rohon.
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral: Fernando Flores (Presidente), René Yandún (Vicepresidente), Fafo Gavilánez, María Encarnación Duchi, Dennis Marín, César Carrión, Fabricio Villamar, Pedro Curichumbi, Augusto Espinosa, Esther Cuesta, Yofre Poma y Lexi Loor.
Biodiversidad y Recursos Naturales: Alberto Zambrano (Presidente), Fredy Alarcón (Vicepresidente), Soledad Buendía, Gabriela Cerda, Brenda Flor, Juan Pablo Velín, Edy Peñafiel, Absalón Campoverde, Henry Moreno, Liliana Durán y Juan Cárdenas.
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero: Lenin Plaza, Tanlly Vera, Liuba Cuesta, Marcia Arregui, Juan Bustamante, Mercedes Serrano, Boris Estupiñán, Diana Saltos, Verónica Guevara, Mauricio Proaño y Carlos Bergmann.
Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio: Héctor Yépez, Wilma Andrade, Byron Suquilanda, Andrea Yaguana, Raúl Auquilla, Magda Zambrano, Javier Cadena, Diego García, Mónica Alemán y Washington Paredes.
Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología: Jeannine Cruz, Noralma Zambrano, Silvia Salgado, Teresa Benavides, Rafael Quijije, Jimmy Candell, Israel Cruz, Dayana Passailaigue, Silvia Vera, Marcelo Simbaña, Amapola Naranjo y Carmen García.
Derecho a la Salud: William Garzón (Presidente), Michell Doumet (Vicepresidente) Manuel Ochoa, Carlos Vera, Guadalupe Salazar, Ángel Sinmaleza, Rosa Verdezoto, Sebastián Palacios, Patricia Henríquez, Nancy Guamba, Gabriela Rivadeneira y Wendy Vera.
Participación Ciudadana y Control Social: Raúl Tello (Presidente), Ramón Terán (Vicepresidente) Julio César Quiñónez, Gloria Astudillo, Raúl Campoverde, Eliseo Azuero, Pabel Muñoz, Ronny Aleaga y Mae Montaño.
Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad: Jaime Olivo (Presidente), Jorge Corozo (Vicepresidente), Carlos Cambala, Tito Puanchir, Ángel Gende, Juan Lloret, José Chalá, Marcela Aguiñaga y Carlos Viteri.
Fiscalización y Control Político: Johanna Cedeño (Presidenta), Eliseo Azuero (Vicepresidente), Ramón Terán, Luis Pachala, Alberto Arias, Fausto Terán, Silvia Vera, Jimmy Candell, Karina Arteaga, Carmen Rivadeneira, Daniel Mendoza, Ángel Gende y Michel Doumet.
JLVN
Fotografías: https://www.flickr.com/photos/asambleanacional/albums/72157707132467161
En la gestión 2017-2019, la Comisión del Desarrollo Económico cumplió con su plan de trabajo y con los objetivos propuestos en la Agenda Legislativa Priorizada. De los proyectos tratados en esta mesa, cuatro se convirtieron en leyes, que se encuentran vigentes. Además, deja listos dos informes para segundo debate y tres para primer debate.
Este organismo tiene por objetivo tramitar iniciativas encaminadas al desarrollo económico y productivo y la generación de empleo. En ese sentido, el 7 de agosto de 2018, aprobó la Ley de Fomento Productivo, que brinda facilidades para promover el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, así como de la economía popular y solidaria y los emprendedores.
La Ley de reformas a la Ley de Aviación Civil, que se aprobó por unanimidad el 3 de mayo de 2018, busca la seguridad de las personas que usan el transporte aéreo. La norma fija plazos para las investigaciones de accidentes o incidentes aéreos: 60 días para que se presente un Plan de Investigación y un año para que se entregue el informe final.
El cambio de la matriz productiva es otro de los objetivos que persigue esta mesa. En enero de este año aprobó la Ley de Eficiencia Energética. La norma busca impulsar el uso de energía limpia, que es una de las principales fuentes de ahorro y elemento clave en la lucha contra los impactos del cambio climático. Con la Ley se declara a este tema de interés nacional.
Otro de los asuntos que se tramitaron en esta Comisión fue la aprobación del informe de la pro forma presupuestaria 2019, que incluyó la participación de varios actores públicos y privados y recomendaciones, que no perjudiquen a varios segmentos importantes, como la educación superior.
Para segundo debate deja listo otro proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, relacionado con las competencias de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos y las reformas a la Ley de Energía Eléctrica, que mejora el mecanismo de recaudación de la tasa de basura y los recursos para los municipios, sobre todo, pequeños.
En cambio, los informes para primer debate tiene que ver con las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, reformas a la Ley de Compañías y reformar al artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Priorización
Para este año, la Comisión priorizó y están en trámite los proyectos de Desarrollo Artesanal; Racionalización, Reutilización y Reciclaje de Plásticos de un solo uso; de Emprendimiento e Innovación; y, reformatoria a la Ley de Aviación Civil, sobre la regulación de vuelos chárter.
Hasta el momento, la mesa tiene en trámite 33 proyectos, 20 presentados en el actual periodo legislativo y 13 en períodos anteriores. En estos dos años realizó 196 sesiones y recibió a 106 actores públicos, así como 64 actores privados y ciudadanía.
LILA/eg
Dos nuevas visiones recibió la Comisión del Desarrollo Económico, en el tratamiento del proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación. La mesa recepta aportes de los diferentes sectores, a fin de construir el informe para primer debate, de esta iniciativa presentada por Esteban Albornoz y César Rohon, que tiene como fin fomentar estas actividades en Ecuador, como fuente de desarrollo y generación de empleo.
Juan Carlos Díaz, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aseguró que el país y estos segmentos de la producción requieren mayor flexibilidad laboral, a través de más modalidades de contratación, como la que se realiza por horas.
Otra de las dificultades con las que se encuentran los emprendedores es la larga tramitología. Explicó que se necesita 49 días para abrir un negocio, mientras que en Colombia se lo hace en 11, en Chile en una semana y en el Reino Unido en una hora. Acotó que se debería recurrir a experiencias positivas, que las instituciones requieren una mayor coordinación y que los trámites se deben ejecutar por Internet.
Recordó que otro de los obstáculos se encuentra en los reglamentos que tienen varias instituciones, que no son eficientes, sobre todo para la importación de productos e insumos. Pidió que estos instrumentos se los homologue, según los existentes a nivel internacional. Además, dijo, se debería analizar la vigencia de algunos impuestos, que no rinden como espera el Servicio de Rentas Internas (SRI), pues más cuesta su recaudación que los recursos que ingresan.
Destacó que la propuesta legal tiene elementos importantes y positivos, como la regulación del capital semilla, de riesgo, de inversión ángel y el impulso a la educación para emprender.
Nathalie Cely, del Centro de Emprendimiento e Innovación de Guayaquil, indicó que Ecuador no tiene capacidad competitiva, ni acceso a crédito para impulsar estas actividades. Por ello, mientras no haya apertura de parte de la banca pública y privada, habrá menos oportunidad del desarrollo de estas dos importantes áreas productivas.
LILA/eg
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En junio se devolverán a los usuarios los valores correspondientes al cobro excesivo por servicio de alumbrado público, una vez que el Gobierno dejó sin efecto la resolución 051, que establecía un pliego tarifario único en 2019 y no por porcentaje según el cantón, como se recaudaba antes del presente año. Así lo anunció el ministro de Energía, Carlos Pérez, durante su comparecencia en la Comisión del Desarrollo Económico.
La mesa parlamentaria convocó al funcionario para que explique sobre las tarifas que se aplican en Galápagos, según la resolución 050, de diciembre de 2018, que también se dejó sin efecto. Sin embargo, fue consultado, además, por la resolución 051, que se aplicaba en todo el país. Pérez aseguró que las decisiones se tomaron con sustentos técnicos y que no iban a afectar a los que menos tienen.
En cambio, los parlamentarios resaltaron que si Ecuador ha aumentado su nivel de producción eléctrica, con capacidad para exportar, los costos, por el contrario, se deberían reducir. El Ministro explicó que Ecuador es el tercer país más barato en América Latina y que la tarifa no toma en cuenta la amortización de los activos, que no la pagan los usuarios, sino el Ministerio de Economía.
En cuanto a Galápagos, indicó que se está aplicando un plan. Se trata de una conversión a energía renovable, mediante las modalidades solar, eólica y geotermal. Lo que han pedido, dijo, es que aceleren los procesos y plazos.
A nivel nacional, acotó, se está promoviendo que las empresas que usan sistemas de combustión se cambien a sistemas eléctricos. Comentó que ya hay experiencias en camaroneras y bananeras, donde se ha mejorado la producción en un 50 %. A nivel residencial, en cambio, se impulsan sistemas de microgeneración, con paneles solares.
Hasta el fin de año, el Gobierno espera contar con algunos proyectos de energía limpia. Pérez informó que en Loja está listo otro proyecto eólico, que en el sector el Aromo (Manabí) se licitará una planta solar y que se espera que el proyecto Toachi-Pilatón, en dos años, empiece a producir energía.
En la mesa, a la cual asistieron legisladores de otras comisiones: Guillermo Celi, Karla Cadena (Manabí) y Washington Pareces (Galápagos), creen que fue acertada la decisión de archivar las resoluciones, sobre todo, por la situación económica que atraviesa el país.
LILA/eg
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El proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación continuará recibiendo observaciones y criterios de varios sectores, la próxima semana. El presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, convocó a los miembros de esta mesa para el miércoles, 8 de mayo, a las 09:00, a fin de tratar este y otros tres temas.
La iniciativa, de Esteban Albornoz y César Rohon, pretende eliminar las barreras que existen para impulsar estas actividades y fomentarlas para generar empleo pleno. Indicó que plantean mecanismos más eficaces para que los ciudadanos puedan constituir sus negocios desde sus casas, a través de Internet.
También, buscan romper con otras dificultades para la conformación de compañías, en cuanto al número mínimo que se requiere, y que tengan acceso a varías líneas de crédito, como los capitales semilla, de riesgo y financiamiento colectivo. Además, proponen la obligatoriedad de generar un catálogo de emprendedores que se encuentren en etapa de comercialización para promover el acceso a mercados nacionales e internacionales.
A este organismo ya han acudido representantes del sector público, privado, la academia y emprendedores.
De acuerdo con el orden del día, la mesa también iniciará el tratamiento de un nuevo proyecto de reformas la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica, así como el proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Turismo. Además, se tomará resolución respecto de la reforma al artículo 3, numeral 2, de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que relacionado con el alumbrado público en escenarios deportivos.
LILA/eg
La jornada de la Comisión del Desarrollo Económico, del martes 7 de mayo, iniciará a las 08:00, con la comparecencia del ministro de Energía y presidente de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel), Carlos Pérez. Las tarifas que se aplican en la región insular de Galápagos preocupan a los legisladores y, sobre este tema, tendrá que responder.
Durante la sesión del Pleno, del 18 de abril, la Asamblea rechazó cualquier tipo de incremento tarifario del servicio eléctrico, no solo en la isla, sino en todo el país, en particular, si no es previamente socializado y justificado de manera técnica.
Se refirieron a dos resoluciones emitidas en diciembre de 2018 y enero de 2019, por medio de las cuales se establece un aumento del costo del servicio en Galápagos y, por ello, aprobaron una resolución para que se llame al ministro Pérez a la Comisión del Desarrollo Económico, a fin de que explique la aplicación y alcance de esas disposiciones.
También pidieron al organismo estudie la procedencia y legalidad de la aplicación de las resoluciones y que se solicite al Ministro de Energía y al Titular del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos que fortalezcan las políticas y planes para el uso de energías alternativas y sustentables.
Reactivación de Esmeraldas
En segunda instancia, la Comisión analizará el proyecto de Ley para la Reactivación Económica de Esmeraldas, propuesto por la asambleísta Mae Montaño, quien argumenta que esta provincia se encuentra en una situación de extrema gravedad y requiere impulso para salir adelante.
Según su iniciativa se pretende generar estímulos para la reactivación económica e impulsar la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como estímulos no fiscales para el desarrollo social.
LILA/eg
Con la presencia de representantes del ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas (SRI), Defensoría del Pueblo delegados de las universidad Internacional y Andina, así como de miembros del colectivo “fuera impuesto verde”, se analizó el foro: “qué tan verde es el impuesto verde”, organizado por el bloque del Movimiento Creando Oportunidades (CREO).
El legislador Homero Castanier, al dar la bienvenida a los asistentes, recordó que en 2011, se estableció el denominado impuesto verde que, lamentablemente, no tuvo un análisis técnico, ni jurídico, tampoco social. Hoy por hoy, el ciudadano paga por triplicado para circular en las vías, dijo.
Hay que hacer un análisis acerca de por qué Ecuador tiene la más alta carga tributaria en América Latina y saber si, verdaderamente, el impuesto verde fue dirigido hacia planes de remediación ambiental, forestal o si se hicieron efectivos los planes de chatarrización. Por ello, es esencial este diálogo con diversas visiones para llegar a un acuerdo, añadió.
De inmediato, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, subrayó que los impuestos pueden servir para desincentivar prácticas contaminantes, a fin de que “quien contamine pague” y recordó que el impuesto ambiental a la contaminación vehicular debe pagar todo propietario de vehículo motorizado de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1.500 centímetro cúbicos. Para el efecto, se toma en cuenta, tanto el cilindraje, cuanto los años de antigüedad del vehículo.
Indicó que los montos recaudados van a la Cuenta Única del Tesoro y de allí se utiliza para financiar todo el Presupuesto General del Estado. No existe una preasignación para el sector ambiental, porque el artículo 298 de la Constitución lo prohíbe. Durante los años de vigencia de este impuesto, el promedio de recaudación anual de los recursos erogados para el sector ambiental (111.3 millones de dólares) es mayor que el promedio anual de recaudación (137.2 millones de dólares), es decir, 1.23 veces más erogación en el Presupuesto General del Estado al sector ambiental que lo recaudado por el referido tributo.
En este marco, Fabián Carrillo subrayó que es fundamental este tipo de discusiones que se dan a la Legislatura y pidió a la Asamblea impulse una reforma tributaria integral.
A su turno, José Almeida, del Servicio de Rentas Internas, aseguró que la Ley de Fomento Ambiental permitió que los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 2.500 centímetros cúbicos y de una antigüedad de más de cinco años tuvieran un descuento del 80 % del valor del impuesto a la contaminación vehicular por los años 2012, 2013 y 2014. Para el 2019 no existe normativa legal que establezca la ampliación de este descuento, por lo que en este año, debe realizarse el pago del impuesto de forma integral.
Desde el 2012 al 2018 se recaudó un total de 779.398.571 millones de dólares, de ocho millones 121 mil 996 vehículos. La proyección de recaudación para 2019 alcanza los 164 millones 697 mil 677 dólares.
El problema en la gestión del impuesto verde es que la base de datos está desactualizada con cilindrajes erróneos; errores en el ingreso de datos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y compañías ensambladoras. El tributo ambiental es más alto que el Impuesto a la Propiedad de Vehículos motorizados, (en vehículos con antigüedad mayor a cinco años), agregó.
Entre tanto, Paulina Murillo de la Defensoría del Pueblo fue enfática al señalar que se incumplió la normativa constitucional y legal al establecer el impuesto verde. Por ello, exhortó al Presidente de la República modifique este impuesto, garantizando principios como quien contamina paga; la prevención y corrección en la fuente; generalidad, eficiencia, equidad y transparencia. Pidió a la Asamblea genere un proceso participativo, técnico e incluyente para contribuir al mejoramiento del ambiente y desincentive las prácticas contaminantes; y, que la Contraloría investigue el uso y destino de los fondos recaudados hasta la actualidad.
De su lado, Carlos Pérez, del Colectivo “Fuera impuesto verde” aseveró que todos estamos de acuerdo en que se pague un impuesto ambiental, pero con estudio técnico-jurídico, donde el que más contamine pague, pues existen dos millones 500 mil afectados por el pago de este impuesto y pidió su inmediata eliminación.
¡¡¡Fuera impuesto verde!!! pedían los asistentes a los legisladores Fabricio Villamar y Homero Castanier, quienes presentaron un proyecto orientado a eliminar este tributo. Según Villamar, porque la política es fallida y no cuenta con fundamento técnico. Lo recaudado, cerca de 800 millones de dólares, no fue dirigido hacia el cuidado ambiental, agregó.
Andrés Castillo, de la Universidad Internacional, enfatizó que el tamaño y año de fabricación del vehículo no son factores objetivos para el cálculo real de la contaminación. Para mejorar la calidad del aire se necesita alternativas en transporte y la movilidad, enfatizó.
JLVN/eg
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