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En cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2020 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Presidente de la Comisión pone a disposición de la ciudadanía su Informe Preliminar de rendición de Cuentas.
Las principales autoridades del sector eléctrico serán llamadas a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, para que expliquen las razones por las cuales se han cobrado valores excesivos por consumo de energía eléctrica en la ciudad de Guayaquil.
A pedido del asambleísta Guillermo Celi, el organismo legislativo decidió llamar al ministro de Energía, Carlos Pérez; al gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Wilfrido Veintimilla; al director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), Bolívar Lucio , así como al defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
El legislador expresó que no se justifica que los errores cometidos por una empresa en el proceso de facturación tengan que ser asumidos por la ciudadanía, que recibió con preocupación un incremento en sus planillas.
De su lado, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, afirmó que frente a estos problemas la Arconel debió intervenir a la Corporación de Electricidad, pero que, lamentablemente, no ocurrió así.
Esta víspera, el gobierno pidió la renuncia del gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Wilfrido Veintimilla y, a la vez, dispuso la devolución de los valores del servicio de luz cobrados en exceso a los ciudadanos de Guayaquil, a través de créditos a las planillas de los abonados.
PV/eg
Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, a través del cual se elimina el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, conocido como impuesto verde.
Los parlamentarios enfatizaron que la finalidad de un tributo ambiental es incentivar a las personas a asumir conductas ecológicas, sociales y económicas responsables, pero que en el presente caso, el impuesto verde no cumplió su objetivo y parte de la recaudación ha servido para financiar gasto corriente, en lugar de políticas ambientales.
Según información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, el subsector transporte representa el 21 % y genera 16.87 millones de toneladas de dióxido de carbono de las emisiones nacionales, evidenciando que la contaminación es generada por todo el sector de transporte.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación porque, de acuerdo con los reclamos presentados por varios propietarios de vehículos, priorizar el pago de los valores de este impuesto limita el acceso a otro tipo de derechos económicos, sociales y culturales, como trabajo, salud, educación, vivienda, entre otros.
Los legisladores advirtieron que se trata de un impuesto confiscatorio, pues hay casos de vehículos modelo 1978 y 1979, que son utilizados como herramienta de trabajo, deben pagar entre 1.200 y 1.500 dólares por el impuesto verde, por lo que han optado por no pagar, por falta de recursos económicos.
También sostuvieron que es inconstitucional e ilegítimo, considerando que forma parte de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, misma que entró en vigencia sin el pronunciamiento ni discusión de la Asamblea Nacional.
Así mismo, señalaron que el impuesto verde no ha cumplido su objetivo, esto es desincentivar prácticas contaminantes del ambiente, ya que esos recursos han servido incluso para financiar gasto corriente, criterio que fue corroborado por el Subsecretario de Ambiente, Ángel Onofa.
El viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, ratificó el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de eliminar este impuesto, ya que tal como está concebido presenta algunas distorsiones.
Llamó a conformar una mesa de diálogo, con el fin de buscar medidas alternativas para no abandonar la defensa del ambiente, al tiempo que informó que junto al Servicio de Rentas Internas (SRI) trabaja en una reforma tributaria integral, la misma que estará lista en junio próximo, criterio que fue respaldado por los representantes de Rentas Internas y de la Agencia Nacional de Tránsito.
El proyecto de reformas fue presentado por los asambleístas Fabricio Villamar y Homero Castanier.
PV/eg
Más fotografías: https://www.flickr.com/photos/asambleanacional/albums/72157708823436553/with/47959803677/
Homero Castanier, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que el organismo legislativo, en los próximos días, aprobará el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (Impuesto Verde) por el cual se eliminaría el artículo 13, referente al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, así como los 11 artículos innumerados agregados a continuación del Título Tercero de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Es bueno que el Presidente de la República se sintonice con el trabajo que desarrolla la Asamblea Nacional para derogar el impuesto verde, conforme lo anunció en su Informe a la Nación, el pasado 24 de mayo, subrayó.
Recordó que, en enero de 2019, los legisladores Fabricio Villamar y Homero Castanier, presentaron un proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que fue calificado a trámite en la Comisión de Desarrollo Económico.
Homero Castanier recordó que, en 2011, se estableció el denominado Impuesto Verde que, lamentablemente, no tuvo un análisis técnico, ni jurídico, tampoco social. Hoy por hoy, el ciudadano paga por triplicado para circular en las vías: una tasa de matriculación vehicular, el impuesto al rodaje y el Impuesto Verde. Moreno Garcés reconoció que el tributo no cumplió los objetivos: planes de remediación ambiental, forestal, de chatarrización, entre otros, además, es antitécnico y, de cierta forma, confiscatorio.
Es bueno escuchar el clamor de millones de ecuatorianos, quienes arrastran deudas por años y afrontan juicios de coactiva en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Bajo este lineamiento, formuló un llamado al Presidente de la República y a su frente económico para que el proyecto de ley que ingresaría al Parlamento, con carácter de urgente en materia económica, incluya la remisión de deudas y multas.
Aseguró que el año pasado en la Ley de Fomento Productivo se condonaron los recargos y multas a empresas grandes, multinacionales, por un monto cercano a 100 millones de dólares, por qué ahora no se piensa en las familias que tienen deudas impagables en el SRI, porque no pueden pagar el impuesto ambiental a la contaminación, se preguntó, al subrayar que la Asamblea no puede incluir este tema en el proyecto que se debate en el Parlamento.
Si bien la ley establece que solo el Ejecutivo puede presentar proyectos de creación o derogación de impuestos, también la Constitución determina que si un proyecto económico urgente no ha sido debatido y entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, la Asamblea en cualquier momento, puede reformarlo, modificarlo o derogarlo y eso es lo que estamos haciendo al momento, concluyó.
JLVN/eg
