Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
En su cuenta twitter, la Corporación Participación Ciudadana, dirigida por Ruth Hidalgo, destaca y felicita a la Asamblea Nacional, por alcanzar el 100 % de cumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip), es decir en cuanto a los parámetros relacionados con la difusión de la información pública.
La información difundida en redes sociales se respalda en el Monitoreo de Vigilancia de la Lotaip, que realiza periódicamente la referida entidad.
El artículo 7 de la Lotaip se refiere a la Difusión de la Información Pública y dispone: Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria: Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos.
También, el directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal; la remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones; texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas; se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción; información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos.
Igualmente, los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal; información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones; un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución; planes y programas de la institución en ejecución; y, el detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos, entre otros.
EG/pv
Este martes, 11 de septiembre de 2018, a partir de las 15:30, la Comisión del Desarrollo Económico se reunirá para hacer un seguimiento a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. La norma, que aprobó la Asamblea, entró en vigencia el 21 de agosto pasado.
Esteban Albornoz, presidente de la mesa, reiteró que este proyecto establece mecanismos e incentivos para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras, a fin de generar plazas de empleo y reactivar la economía, convirtiéndola en una normativa eficaz y coherente con la realidad nacional.
La norma incorporó incentivos para nuevas inversiones, como la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) y su anticipo durante 12 años en todo el país, excepto Quito y Guayaquil. En estas dos ciudades será de ocho años. En tanto, en los cantones fronterizos, este beneficio será por 15 años.
De acuerdo con Albornoz, dentro de las ventajas de la Ley, se incluyeron a importantes sectores históricamente olvidados, como el agro, la economía popular y solidaria, estudiantes, emprendedores, deportistas, sector cultural, pescadores, artesanos, entre otros.
Para ello, estableció algunos mecanismos, entre los cuales se encuentra la remisión de intereses, multas y recargos a obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas, Seguro Social, gobiernos autónomos descentralizados, matrículas e impuestos vehiculares, crédito educativo y deudas por servicios básicos, con entidades amparadas por la Ley de Empresas Públicas.
Con esta figura, el SRI aspira recaudar 774 millones de dólares en tres años: 602 millones en 2018, 115 millones en 2019 y 57 millones en 2020.
Entre otros beneficios, la Ley prevé la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sociedades que desarrollen proyectos de vivienda de interés social y tarifa cero en servicios de construcción para este mismo tipo de soluciones habitacionales.
Esta tarifa cero será también para importaciones y transferencias de insumos, elementos y maquinarias de uso del sector agropecuario, acuícola y pesquero; paneles solares y plantas para el tratamiento de aguas residuales; barcos pesqueros de construcción nueva de astillero; seguros agropecuarios y arrendamiento de tierras para uso agrícola. Además, para vehículos eléctricos de uso particular, transporte público y de carga.
Se crea la devolución del 50 % del IVA pagado en gastos de desarrollo, preproducción y posproducción en producciones audiovisuales, televisivas y cinematográficas y se reduce a 0 % la tarifa ad valorem del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) sobre cocinas y cocinetas a gas.
Además, se extiende el plazo de 3 a 5 años para realizar nuevas inversiones productivas en las zonas afectadas por el terremoto de Manabí y Esmeraldas, desde la vigencia de la Ley de Solidaridad, y se amplía el plazo de exoneración del IR de 10 a 15 años. Para el sector turístico, se aplican 5 años adicionales.
LILA/eg
Este es un día digno de recordación y esta fecha no pasará inadvertida como otras, porque hace 188 años inició la vida republicana del Ecuador como Estado al haberse firmado en nuestra ciudad la primera Constitución del país en 1830, afirmó el profesor retirado Angel Plaza, del Colegio Nacional Maldonado.
Este es un día de alegría y regocijo, agregó el docente que dictó la cátedra de Historia y señaló que en honor a esa fecha la avenida principal de la ciudad se llama Primera Constituyente.
Felicitó a la Asamblea Nacional por haber creado la condecoración Pedro Vicente Maldonado para que sea entregada en los ámbitos de la investigación e innovación.
Para Gonzalo Estrella, abogado de profesión y ex-alumno del Colegio Maldonado, es un orgullo haber estudiado y vivido en la “Sultana de los Andes”, pese a haber nacido en Quito, pero por motivos estudiantiles se trasladó a la capital de Chimborazo.
Esta es una fecha que no se debió pasar por alto por la importancia y trascendencia. Esta es una más de las primicias de Riobamba, resaltó.
El asambleísta Elio Peña sostuvo que es un justo reconocimiento y una importante valoración a la ciudad de Riobamba y que existen los argumentos suficientes para considerarle la Ciudad de las Primicias Tenemos el compromiso como país con una ciudad que ha tenido influencia nacional a nivel histórico, subrayó.
De su lado, la legisladora Encarnación Duchi expresó que se ha devuelto un derecho que tenía el pueblo Puruhá y la provincia de Chimborazo al habérsele reconocido con el Día Nacional de la República.
Esta fecha nos hace pensar en como reconstruir los ámbitos democráticos y equitativos para toda la población y considerar también la plurinacionalidad, concluyó.
RD/pv
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, citó a los comisionados a la sesión 65, para el miércoles 5 de septiembre, a las 10:00, con el propósito de proseguir con el tratamiento de los proyectos de reformas a Ley Orgánica de Empresas Públicas; y, de Ley de Eficiencia Energética.
Eficiencia energética
El proyecto de Ley de Eficiencia Energética, de iniciativa de Esteban Albornoz, establece el marco legal y régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética, que promoverá el uso eficiente, racional y sustentable de la energía en todas sus formas, a fin de incrementar la seguridad del sector, al ser más eficiente, reducir el consumo, fomentar la competitividad de la economía nacional, garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y a tomar decisiones informadas, así como aportar a la mitigación del cambio climático.
La propuesta contiene 24 artículos, una Disposición General, una Transitoria y una final. Además, propone metas y mecanismos de acción, seguimiento y control para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y reemplazar el consumo de combustibles fósiles por energía renovable y limpia.
Empresas Públicas
Dos proyectos fueron enviados a la Asamblea Nacional por el expresidente de la República, Rafael Correa. El uno, propone cambios al artículo 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para que éstas cuenten, de manera oportuna, con auditorías externas en el ámbito financiero, así como otorgar celeridad a los actos de control de las empresas públicas, de manera que cumplan adecuadamente con su cometido.
El otro, que está orientado a coadyuvar al desarrollo nacional, plantea que los directorios de las empresas públicas deben encontrarse debidamente integrados por representantes de los organismos que tienen incidencia directa sobre la determinación de las políticas públicas nacionales a implementarse y sus instancias de coordinación. Por consiguiente, las empresas de la Función Ejecutiva deberán organizarse de manera óptima, para adecuarlas a sus requerimientos funcionales.
JLVN/eg
La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, mantuvo una reunión con jefes y coordinadores de las bancadas políticas, presidentes de comisiones y representantes de las asociaciones de medios de comunicación con el objetivo de recibir planteamientos y observaciones respecto de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) , que están en análisis en la Legislatura.
“Hemos mantenido una importante reunión con los presidentes de los distintos medios de comunicación radiales, comunitarios, televisivos en la línea de analizar una propuesta en la inclusión de una disposición transitoria dentro de la Ley Orgánica de Comunicación”, subrayó la presidenta de la Función Legislativa, Elizabeth Cabezas, antes de finalizar la reunión.
Agregó que “en esa dirección ha sido presentada esta propuesta y hemos conocido el interés de todos los medios de que este planteamiento sea considerado y la posibilidad de una disposición que permita mantener ciertas frecuencias que hayan cumplido ya con determinadas condiciones dentro de los términos contractuales existentes”.
Enfatizó que la Comisión de Derechos Colectivos, que analiza las reformas a la LOC efectuará el estudio pertinente y se pronunciará respecto de este planteamiento.
A la cita acudieron los representantes de las asociaciones de medios de diversas provincias del país, como Kléber Chica y Luis Almeida de Guayas, Fernando Beltrán de Imbabura, de AER, Roberto Manciati, Fernando Najas, de CCREA; José Najas y Álvaro Rosero, de la Cámara de Medios.
RD/eg
El estudio de un segundo paquete reformas a la Ley de Aviación Civil avanza en la Comisión de Desarrollo Económico, que preside Esteban Albornoz, quien considera que el informe para primer debate estaría listo a mediados de septiembre para conocimiento del Pleno.
Tras recordar que ya se aprobó un primer grupo de reformas, explicó que este nuevo proceso de modificaciones tiene que ver con la seguridad, los estándares internacionales, el control de los vuelos charter y los nuevos procesos que tiene que llevar adelante la Junta Investigadora de Accidentes (JIA).
La segunda reforma se enfoca en mejorar el servicio a los clientes sobre todo en vuelos que no son regulares o continuos como los charter, porque existe mucha irregularidad, debido a la cancelación de los vuelos y los afectados no tienen una autoridad a quien presentar sus quejas.
Se han incluido seis artículos que permiten al usuario de las líneas aéreas reclamar en caso de no contar con un excelente servicio. Las empresas que efectúan vuelos charter deben dar las garantías necesarias a los usuarios para que no sucedan estos problemas, manifestó el titular de la comisión.
Las reformas fueron consensuadas con la Junta Investigadora de Accidentes, personeros de la Dirección de Aviación Civil y funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Participaron corporaciones privadas que manejan las flotas de aviones, quienes dieron sugerencias y apoyaron en el tratamiento técnico de las mismas
El marco legal en proceso de modificación busca solucionar un problema que tiene que ver con los accidentes aéreos. En este aspecto interviene la Junta Investigadora de Accidentes (JIA), entidad que en su momento, por diversos problemas, no emitió los informes de siniestros en forma oportuna y en los plazos respectivos, factor que generaba un problema de seguridad para el país, para las entidades aeronáuticas responsables y para la gente afectada.
A criterio de Albornoz, la JIA debe tener plena libertad y autonomía financiera para cumplir sus objetivos e investigar con transparencia. Eso se consigue con la dotación de los recursos económicos suficientes, técnicos y personal calificado para cumplir las indagaciones necesarias y llegar a conclusiones con precisión, rapidez y certeza sobre las causas de un accidente o un incidente aéreo, afirmó.
Se aprovechó esta reforma para armonizar la legislación nacional con la normativa internacional e incorporar ajustes a las cláusulas nacionales. Por ser un país signatario de las normas internacionales de aeronavegación se buscó acoplarla a esos estándares, resaltó.
La infraestructura aérea debe ser utilizada adecuadamente para promover turismo, productividad, actividad económica, exportar productos y sensibilizar los costos de producción cercanos a estos aeropuertos regionales y nacionales, manifestó Albornoz.
RD/pv
Con la publicación en el Primer Suplemento del Registro Oficial 309 de 21 de agosto 2018, la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, entró en plena vigencia. La norma tiene como objetivo viabilizar el Plan Económico del Gobierno, sobre la base de nuevos incentivos que permitan optimizar el ejercicio de las actividades productivas, en favor del desarrollo del Ecuador.
La ley garantiza y propicia mecanismos y estímulos encaminados al fomento del sector productivo, hacer que el país atraiga las inversiones, tanto nacionales, como extranjeras, con reglas claras y seguridad jurídica, la generación de empleo adecuado, así como crear condiciones favorables para la estabilidad y el equilibrio fiscal, convirtiéndola en una normativa eficaz y coherente con la realidad nacional.
Entre otros beneficios, la ley prevé la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y/o recaudación le corresponde al Servicio de Rentas Internas, de las obligaciones aduaneras establecidas en control posterior a través de rectificaciones de tributos, cuya administración y/o recaudación le corresponde únicamente al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, determinadas al 2 de abril del 2018; la remisión de intereses de impuestos vehiculares, así como de recargos y multas derivados de la matriculación vehicular e infracciones de tránsito, en obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Igualmente, en servicios básicos y para créditos educativos y becas.
Para tal efecto, la normativa establece un conjunto de formalidades, plazos y requisitos que deben cumplir los beneficiarios.
Las nuevas inversiones productivas que se inicien a partir de la vigencia de esta ley en los sectores económicos determinados como industrias básicas, de conformidad con la definición del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, tendrán derecho a la exoneración del Impuesto a la Renta y su anticipo por 15 años. El plazo de exoneración será contado desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Los plazos de exoneración se ampliarán por cinco años, en el caso que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos del país.
Para sociedades nuevas, así como para aquellas ya existentes, esta exoneración aplicará solo en sociedades que generen empleo neto, para lo cual el reglamento a esta ley establecerá las condiciones y procedimientos para la aplicación y verificación de este requisito, en atención al tamaño de las sociedades que quieran acceder al mismo.
Así mismo, se establece tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las importaciones de materia prima e insumos para el sector de pesca en general, entre otros segmentos productivos.
La ley determina la condonación de deudas con BanEcuador, Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banco Nacional de Fomento en liquidación por montos de hasta 50 mil dólares, a personas cuyos cónyuges o parejas en unión de hecho hayan fallecido. Para las personas adultas mayores la condonación será del 50 % de dicho monto.
EG/pv
Mientras la Comisión del Desarrollo Económico trataba con diferentes actores sociales e institucionales el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, así como algunas reformas a la Ley de Aviación Civil, al Código de la Planificación y a la Ley de Energía Eléctrica, llegó a su mesa el proyecto urgente para el Fomento Productivo, que ocupó gran parte de su tiempo.
En estos cuatro meses de gestión, desde que Elízabeth Cabezas asumió el liderazgo del Parlamento y se planteó una Agenda Legislativa, la Comisión, presidida por Esteban Albornoz, trabajó en los informes de las reformas a la Ley de Aviación Civil y Fomento Productivo, que fueron aprobadas en el Pleno. La primera ya es Ley de la República y la otra está para publicación en el Registro Oficial.
Albornoz, explicó que las dos normas contaban como prioridad en la primera fase (mayo-agosto) de la Agenda Legislativa y se cumplió. Las reformas a la Ley de Aviación Civil pretenden prevenir los accidentes o incidentes aéreos, para ello, aseguró recursos para la Junta Investigadora de Accidentes y fijó un plazo de 12 meses para que se entreguen los resultados de las investigaciones.
Mientras tanto, la Ley urgente de Fomento Productivo permite que se creen incentivos para nuevas inversiones, el fomento productivo y la generación de empleo. Además, plantea beneficios para reactivar a los sectores agrícolas, pesquero, agroasociativo, turístico, emprendedores, economía popular y solidaria, entre otros, así como mecanismos para la sostenibilidad y equilibrio fiscal.
En este período también consta el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, que está en tratamiento en la mesa, según Albornoz. Indicó que busca propiciar el uso racional de la energía eléctrica y la disminución de los combustibles fósiles, reducir los costos de producción y bajar los impactos ambientales. Se plantea establecer un régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética, que promoverá el uso eficiente y racional de este recurso.
La Comisión también estudió otras dos propuestas de reformas a la Ley de Aviación Civil, además de la aprobada en el Pleno. La una tiene que ver con los derechos de los usuarios de los vuelos chárter y la otra para garantizar una efectiva investigación de accidentes e incidentes aéreos.
En cuanto al proyecto de reformas al Código de la Planificación se propone mejorar eficientemente la ejecución de los procesos de investigación científica. Plantea que el cuerpo legal establezca una diferenciación de las fuentes de financiamiento de proyectos concursables de investigación a nivel internacional con la cooperación tradicional.
El proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica busca, en cambio, que los municipios reciban directamente los recursos para garantizar la iluminación ornamental de sus respectivas ciudades y que actualmente no se los entrega por parte de las empresas eléctricas.
LILA
El Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi), Santiago Cevallos, acudió a la Comisión del Desarrollo Económico, con el objetivo de proponer reformas al actual Código Ingenios, para propiciar un mayor emprendimiento.
La entidad tiene bajo su responsabilidad el tema de la denominación de origen para productos ecuatorianos y darlos a conocer a nivel mundial. Sostuvo que se necesitan ciertas características para que nuestros productos sean susceptibles de una «denominación de origen».
Explicó que para que se cumpla con esta calificación se debe verificar el conocimiento de una actividad ancestral, la asociación de ciudadanos dedicados a una tarea y el territorio en el que se encuentran y un procesamiento determinado.
El funcionario señaló que la «denominación de origen» es muy similar a la marca de un producto, que permite que se incremente en un 30% su valor.
El Senadi busca levantar productos con la característica de denominación de origen en la producción artesanal de paja toquilla, en diversas provincias del país, particularmente en Azuay y Manabí. Los procesos para la “denominación de origen” se pueden dar con diferentes productos tradicionales y conocimientos ancestrales.
Lo que planteó Cevallos es que se reforme el Código para que los productos puedan ajustarse a estas exigencias, acceder a los mercados internacionales, exportar un mayor número de artesanías y generar empleo.
RD/lila
La Comisión del Desarrollo Económico, en el marco del análisis del proyecto de Ley reformatoria a la ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica y las reformas a la Ley de Empresas Públicas, recibió a Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, presidente encargado de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas-EMCO, que abarca a 17 empresas.
El Secretario de Estado fue convocado para que de sus criterio respecto de estos dos proyectos. Los asambleístas enfocaron sus preguntas, principalmente, sobre el estado y el destino de las empresas públicas.
Fernando Burbano consultó acerca del anuncio de una posible concesión de las empresas públicas y una auditoría internacional sobre ellas. También preguntó sobre el posible retiro de los subsidios a los combustibles, que implica un “jalón de orejas” al Estado respecto de la eficacia de la política pública en la focalización.
“No podemos permitir que el tema de subsidios sea solamente una medida recaudatoria, esa política pública debe ser revisada” para que exista un cambio de matriz energética en temas de movilidad para transporte de carga y pasajeros, respondió el funcionario.
Se necesita saber qué pasa con las centrales hidroeléctricas, las refinerías estatales del Pacífico y de Esmeraldas. Esta última está a punto de colapsar, pese a que se hizo una reingeniería en el gobierno anterior, agregó.
Para la asambleísta Sofía Espín el retiro de los subsidios a los combustibles no va a favorecer a la mayoría del pueblo ecuatoriano y, como legisladores, les corresponde saber qué otros subsidios estarían en la propuesta de reducción.
RD/eg
