Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
Durante la continuación del segundo debate del proyecto de Ley para el Fomento Productivo, enviado por el Ejecutivo como económico urgente, el legislador Patricio Donoso reiteró que es fundamental generar un seguro agrícola.
Además insistió en la necesidad de eliminar el Impuesto a los Bienes de Capital referido a la agricultura. Está de acuerdo que los ingresos provenientes de la explotación petrolera, que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, vayan al Fondo de Estabilización Fiscal.
La legisladora Sofía Espín dijo que el país esperaba una ley que promueva la reactivación productiva, la rebaja de tasas de interés con la banca pública y privada y líneas de crédito para los jóvenes.
Sobre las remisiones tributarias, afirmó que se benefician los grandes grupos económicos. “Se incorporan exoneraciones del pago del Impuesto a la Renta, pero de las nuevas inversiones extranjeras y me pregunto por qué no ocurre lo mismo con los capitales nacionales”, puntualizó.
El tema de la Economía Popular y Solidaria también se topó. Lo hizo el asambleísta Ángel Sinmaleza, quien dijo que es posible el desarrollo rural integral con equidad. Pidió que se elimine de la Central de Riesgos a los deudores en mora del Banco de Fomento en liquidación y BanEcuador, cuya deuda en mora no supere los 30 mil dólares.
Eliminar impuestos
Homero Castanier se pronunció sobre la necesidad de la ley para que el Gobierno pueda respirar. “Esta ley no es la ideal, la que necesita el país, pero es la que necesita el Gobierno para salir este año”, dijo y aseguró que la remisión de multas y recargos no servirá de nada si no se hace una reforma integral al sistema tributario del país. También es partidario de eliminar el Impuesto a los Consumos Especiales para las cocinas de gas y reconoció la necesidad de incentivos para el sector productivo, turístico y agrícola.
Carlos Cambala, en cambio, cree que la remisión de intereses, multas y recargos debe ser del 100 % para los pescadores artesanales en cuanto a las deudas contraídas con la banca pública. Mientras que cristina Reyes aseguró que es necesario diversificar las inversiones e insistió en que las las circunstancias que atraviesa el país hoy les obligan a actuar con responsabilidad.
Para el asambleísta Fafo Gavilánez, la ley tiene un efecto cascada en donde se benefician los grandes, medianos y pequeños y se refirió al sector agrícola. “Se acogió la recomendación del Seguro Agropecuario. Se propuso que no se cobre el IVA para insumos, pues cree que es complejo ser competitivo en la agricultura cuando en los países vecinos los costos de los insumos son extremadamente bajos”.
MC/pv
Mayor atención al sector agrario fue, nuevamente, uno de los temas que motivó la participación de varios asambleístas, durante el inicio del segundo debate del proyecto urgente, con el que se busca fomentar la producción, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.
Tanlly Vera fue una de las primeras en intervenir para pedir que se exonere del Impuesto a la Renta (IR) a las inversiones en este sector, además que se baje las tasas de interés para los agricultores y que los gobiernos autónomos descentralizados generen incentivos que fomenten esta actividad.
Las deudas con la banca pública de los agricultores fue la preocupación de Héctor Yépez. Tal como lo hizo en la Comisión, su posición en el Pleno fue que esta parte del sistema financiero condone las deudas pequeñas, que se han vuelto incobrables para el Estado. Cree que así se sacará de la central de riesgos a los campesinos y puedan reactivarse con nuevos créditos.
Por parte de Encarnación Duchi el sector campesino, de emprendimiento y artesanos están ausentes del proyecto. Sin embargo, Sonia Palacios recordó que la iniciativa legal posibilita a los agricultores para que puedan honrar sus deudas con la banca pública, con la remisión de intereses, multas y recargos, así como la restructuración de sus obligaciones.
En el proyecto de ley se establece un seguro agrícola e incentivos tributarios, como IVA cero para maquinaria de uso agrícola, agropecuario y pesca artesanal y sus partes y repuestos, así como para el arrendamiento de tierras, entre otros beneficios.
La propuesta legal también tuvo reparos de algunos asambleístas. Juan Cárdenas argumentó que con la reducción de impuestos no se genera mayor inversión y fuentes de empleo.
En tanto, Carmen García aseguró que el proyecto es un instrumento para el incumplimiento de obligaciones tributarias y Encarnación Duchi dijo que solo se beneficiarán los grupos petroleros.
La respuesta vino de César Rohón, quien recordó que por el manejo desmesurado de la economía por parte del gobierno anterior el país está sobre endeudado y la caja fiscal está en cero. Por ello, dijo, el Estado necesita liquidez y esa es la razón de la remisión. Además, recordó que la Comisión trabajó en un capítulo especial para beneficiar de este mecanismo al sector campesino.
Por su parte, María Mercedes Cuesta resaltó que la norma establece un candado, a fin de evitar que esta figura se convierta en una mala práctica. Por otra parte, acotó que en el proyecto se han incluido a otros segmentos, como el de Software, eficiencia energética y agrícola para incentivar la inversión.
Fabricio Villamar señaló que lo que busca el Ejecutivo es capacidad de endeudamiento y advirtió que si no se pone un techo a este aspecto su bloque no apoyará el proyecto.
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Dentro del tratamiento del proyecto urgente para el Fomento Productivo, en 14 días de trabajo, la Comisión del Desarrollo Económico recibió 191 observaciones por escrito y a cerca de 30 representantes del sector productivo privado y trabajadores.
Su presidente, Esteban Albornoz, destacó la amplia participación de las áreas públicas y privadas, durante la elaboración de los informes para primer y segundo debates, cuyos criterios y planteamientos permitieron que se profundice en sus ventajas y se mejore el texto. Los documentos recibieron el apoyo unánime de los comisionados presentes.
Para el segundo debate, el informe incluye un 40 % de cambios respecto del proyecto original entregado por el Ejecutivo, el pasado 24 de mayo, con el carácter de urgente en materia económica. Esta condición obliga a que la Asamblea lo tramite en 30 días, que vencen el 23 de junio próximo.
El Consejo de Administración Legislativa lo calificó el 29 de mayo y, al siguiente día, la Comisión avocó conocimiento, determinó la hoja de ruta e inició su estudio.
Estableció un cronograma de trabajo con el cual recibió los argumentos de los ministerios de Economía, Comercio Exterior, Producción, Vivienda y Agricultura, para el primer informe. En cambio, para el segundo, sumó los aportes de las carteras de Hidrocarburos y Minería.
Para la elaboración del primer informe, la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula un plazo de 10 días. En ese tiempo recibió también a autoridades del Banco Central, Servicio de Rentas Internas, Aduanas, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Superintendencia de Economía Popular, Superintendencia de Compañías, Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope).
En cambio, del sector privado acudieron las cámaras de Comercio de Quito, Guayaquil; así como las cámaras de Agricultura, de Economía Popular y Solidaria, pequeña y mediana empresa, de industrias y producción, nacional de pesquería, de industrias de Manabí.
También fueron recibidas las federaciones de cámaras de industrias, construcción, exportadores, de transporte pesado; productores de bambú; fabricantes de carrocerías; Bolsa de Valores de Quito; deudores de buena fe de la Banca Pública; Frente Unitario de Trabajadores; extrabajadores de Repsol, entre otros actores.
El informe para primer debate se aprobó el 8 de junio y se debatió en el Pleno 12 del mismo mes. En esa oportunidad intervinieron 39 asambleístas.
Para la construcción del informe que será debatido en segunda instancia se sumaron más actores públicos y privados, entre ellos los de la banca pública y productores de cerveza. En total, entre el primer y segundo informes, participaron alrededor de 50 instituciones del sector público y privado.
Asimismo, en los 14 días de estudio, además de los comisionados, participaron 28 parlamentarios pertenecientes a otras mesas legislativas, de diferentes provincias y procedencias políticas.
El proyecto tiene el propósito de fomentar la producción, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.
LILA/eg
El presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, resaltó el trabajo desarrollado por el organismo para elaborar el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo, que tiene el carácter de económico – urgente.
Desde el miércoles pasado, proceso y analizó más de 122 documentos con varias observaciones. Veinte asambleístas de distintas comisiones expusieron sus propuestas sobre fomento a la producción en el sector agrícola, la economía popular y solidaria y al deporte conjuntamente con el sector del turismo, mismas que fortalecieron el documento original enviado por el Ejecutivo.
“Los cambios son profundos y le da un giro al proyecto, donde las remisiones son el segundo objetivo de la ley, mientras que los incentivos y la reactivación son el centro del proyecto de ley que enviamos al Pleno de la Asamblea Nacional” aseveró Albornoz.
En tres sesiones la comisión recibió aportes del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, productores cerveceros y autoridades como Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas; Francisco Rendón, secretario de Hidrocarburos; Santiago Campos, gerente General de BanEcuador; Daniel Mosquera, subgerente de Ejecución de Operaciones del Banco Nacional de Fomento en Liquidación; Henry Troya, viceministro de Minas; y, Claudio Vaca, subgerente de Operaciones de la Corporación Financiera Nacional.
En materia de remisiones el informe prevé el apoyo a becarios que tienen créditos educativos en la banca pública. Un importante aporte es la remisión de intereses de mora y gastos administrativos de créditos de hasta 100 mil dólares para los préstamos que han realizado el Banco Nacional de Fomento en Liquidación. Esta institución comprará la cartera de la CFN y BanEcuador para que los ciudadanos accedan a este beneficio.
Apoyamos a personas con discapacidad, adultos mayores y personas cuyos cónyuges o parejas en unión de hecho han fallecido y hayan realizado un préstamo para crédito productivo en BanEcuador, CNF y Banco Nacional de Fomento en Liquidación. También se establece IVA cero para quienes arrienden tierras rurales dedicadas a la siembra, explicó.
Así mismo, informó que en fortalecimiento del agro se establecen tasas preferenciales de crédito en la Banca Pública, el Impuesto al Valor Agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, además de la creación del seguro agropecuario.
En las reformas a la Ley de Movilidad Humana se sustituye la disposición transitoria quinta para que los ecuatorianos retornados desde el 2007 soliciten su reconocimiento como tales, y accedan a los beneficios e incentivos que otorga la ley hasta 31 de mayo de 2019; que inicie un proceso de publicidad masiva y se facilitará el acceso al registro.
En la reforma al Código Ambiental, sobre el análisis que se requiere para planes de manejo ambiental, se realizará en laboratorios públicos, privados o de universidades e institutos de educación superior acreditados y solo en caso que no existan se podrá realizar en laboratorios acreditados internacionales.
Para la economía popular y solidaria se reforman artículos en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para que se apliquen mecanismos de apoyo como la entrega de anticipos, y en el caso de que se realice contratación pública para la provisión de bienes y servicios para proyectos sociales, las entidades contratantes deberán privilegiar las ofertas que utilicen insumos y suministros de origen local, mayoritariamente del sector de la economía popular y solidaria, de medianas y pequeñas empresasy el empleo de mano de obra de origen nacional.
CMM/pv
Reactivar la producción y generar empleo, es uno de los objetivos que persigue el proyecto urgente, que se debate esta tarde en el Pleno. Motivar la construcción de vivienda de interés social es una de las claves para lograr esas metas.
Solo con el levantamiento de 325 mil casas de este tipo, que plantea el Ejecutivo, se desarrollarán más de dos millones de empleos directos, sin tomar en cuenta lo que se genera mediante la reactivación de la cadena productiva.
Dentro de esa cadena, el proyecto para el Fomento Productivo manda, por ejemplo, que se prioricen las tecnologías constructivas que favorezcan el uso de materiales locales sustentables.
Para incentivar la construcción de este tipo de vivienda, en los servicios, el gobierno no cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se simplifican los trámites. En cambio, los constructores deben contratar y entregar a los beneficiarios, durante 10 años, un seguro que garantice la idoneidad de esas estructuras.
Turismo
El proyecto también le apuesta al desarrollo del turismo, como otra actividad que acuna diversidad de puestos de trabajo y dinamiza a otros sectores.
Reforma el Código de la Producción para que los emprendimientos de turismo comunitario, de las micro, pequeñas y medianas empresas, tengan una exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por 20 años. Aplica también para inversiones realizadas por personas residentes de la localidad.
En cambio, para promover internacionalmente la imagen del Ecuador, se podrán ingresar al país mercancías libres de pago de tributos al comercio exterior, por ejemplo, para el rodaje y filmación de películas, series, documentales, entre otras artes.
Para este mismo sector, en Manabí y Esmeraldas, en donde se exonera del IR a nuevas inversiones por 15 años, se aumenta cinco años más para el turismo. Sin embargo, se privilegiará al comunitario, rural, ecoturismo y servicios proporcionados por pequeños y medianos emprendimientos, así como de la economía popular y solidaria.
Además, la norma establece que se permita que en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE, se presten servicios para el desarrollo de proyectos turísticos.
El agro y economía popular y solidaria
El agro, que es un sector que, según sus representantes, genera más de dos millones de plazas de empleo se lo fortalece, según el informe para segundo debate. Se establecen tasas preferenciales de crédito en la banca pública, tarifa cero en el IVA para maquinarias y repuestos, así como la creación del seguro agropecuario.
En cambio, para que la Economía Popular y Solidaria (EPS) realice sus inversiones de manera más fiable y segura, se crea un Fondo de Garantía, con hasta el 50 % de las utilidades de la banca pública. Además, en el momento que contraten con el Estado recibirán un anticipo para que puedan reinvertir.
Otros
Para estimular la inversión en todo el territorio nacional, con mayor énfasis en los cantones fronterizos y los que están fuera de Quito y Guayaquil, se exonera del IR entre 8 y 20 años, a las nuevas inversiones productivas.
LILA/eg
Por unanimidad, de los ocho asambleístas presentes, y un 40 % de cambios, de forma y fondo, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto urgente económico para el Fomento Productivo. El debate en el Pleno sería el próximo martes, 19 de junio.
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, señaló que los parlamentarios trataron gran parte de la problemática del sector productivo y plantearon propuestas para que se reactive. Resaltó que se logró fortalecer los beneficios para la economía popular y solidaria y el segmento agropecuario.
En la remisión de interés, multas y recargos se incluyó a los deudores del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, para obligaciones de hasta 50.000 dólares, así como a los créditos educativos y becas y algunos compromisos con la Superintendencia de Compañías.
En la propuesta inicial del Ejecutivo esta figura se aplica a deudas con Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas, Seguro Social, gobiernos autónomos descentralizados, matrículas e impuestos vehiculares y deudas por servicios básicos, con entidades amparadas por la Ley de Empresas Públicas.
Para acceder a estos beneficios los interesados deberán cancelar el capital, pero tendrán facilidades para hacerlo, sobre todo con el tiempo. En el caso de las obligaciones con el SRI, los contribuyentes con ingreso promedio neto mayor a 5 millones de dólares, en los últimos tres años, pondrán honrar el capital en 90 días y para el resto hasta en dos años.
Excepto las deudas patronales con el Seguro Social, las remisiones serán del 100 %, registradas hasta el 2 de abril de 2018. Las del Seguro Social van del 50 % hasta el 99%, dependiendo del plazo: entre más rápido paga el capital, más alto será el beneficio.
Para que esta medida no se convierta en una mala práctica se incluyó un candado. Quienes se acojan a la remisión no podrán beneficiarse sobre el mismo concepto en procesos futuros por 10 años.
Incentivos a nuevas inversiones
Para nuevas inversiones productivas en sectores priorizados, se exonera del Impuesto a la Renta (IR) durante 12 años cuando se asienten fuera de Quito y Guayaquil y 8 si lo hacen al interior de estas dos ciudades.
En el caso de inversiones en el sector industrial el beneficio es por 10 años y en industrias básicas 15. Ese plazo se amplía por 5 años si son en los cantones fronterizos. En Manabí y Esmeraldas la exoneración durará 10 años y aquí entran también los pequeños y medianos emprendimientos turísticos.
Pero no solo habrá exoneración, sino también reducción y aquí se incluyó una novedad. Se les bajará el 15 % de este impuesto a quienes reinviertan sus utilidades en proyectos o programas deportivos, culturales y de investigación científica responsable.
Impuesto la Salida de Divisas
Se libera el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión en importación de bienes de capital y materias primas que no se disponga en Ecuador.
Además, en una transitoria, el informe subraya que el Presidente de la República podrá reducir gradualmente este impuesto hasta su desaparición, a partir del siguiente ejercicio fiscal, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.
Impuesto al Valor Agregado
La tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) está dirigida para la construcción de viviendas de interés social, en servicios de construcción. La Comisión incluyó al sector agropecuario. No pagarán IVA en bienes de capital, repuestos de maquinaria, insumos, arrendamientos de tierras. Habrá, incluso, un seguro agrícola.
Esta tarifa también será para los seguros y servicios de medicina prepagada, de salud y vida, de asistencia médica y de accidentes personales.
Economía Popular y Solidaria
Con hasta el 50 % de sus utilidades, la Banca Pública constituirá un Fondo de Garantía para el fomento productivo del segmento de la economía popular y solidaria. Además, cuando contraten sus servicios con entidades del Estado deberán darles un anticipo, a fin de que puedan seguir reinvirtiendo.
Los comisionados incorporaron un texto para que cuando un ciudadano honre sus deudas con el sistema financiero y no financiero no tenga que esperar cuatro años para salir de mala calificación, es decir, su historial se restituye.
Reglas macroeconómicas
En este eje, los cambios fueron de forma, para mejorar la redacción del texto. Entre los temas más destacados, se crea un Fondo de Estabilización Fiscal, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables que superen lo contemplado en el presupuesto general y luego de descontar el porcentaje correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados.
LILA/pv
Más propuestas continúan llegando a la Comisión del Desarrollo Económico, que estudia el proyecto para el Fomento Productivo, a fin de elaborar el informe para segundo debate.
Algunas son nuevas, como la de los asambleístas Sebastián Palacios y Norma Vallejo. El primero, en defensa de los deportistas y, la segunda, en favor de los trabajadores de la salud.
Tras relatar que en los últimos años se ha bajado el presupuesto para el deporte, Palacios sostuvo que esta actividad no debe ser vista únicamente por su beneficio social, sino también por su aporte a la economía y como generadora de empleo. Y, para fomentar esos beneficios, planteó que su financiamiento no sea solo del sector público, sino que participe el privado, con patrocinio, como ocurre en otros países.
Sugirió que en el proyecto urgente se incluya un artículo para que estos patrocinios formen parte de la deducción del Impuesto a la Renta y que se vea si es para un atleta en específico, para un equipo o para un programa.
De su lado, Vallejo se refirió al pago de horas extras para el personal médico de tres hospitales públicos del país, entre el 2005 y 2006 que, por no presentar los justificativos la Contraloría determinó la devolución de los recursos percibidos, cuyos intereses se han acumulado.
Su pedido fue que esos intereses se los incluya dentro de la remisión que se plantea en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Afirmó que los trabajadores están dispuestos a pagar el capital y planteó que los compromisos de pago puedan hacerse en 60 días.
Voz de los trabajadores
Un nuevo sector se sumó a apoyar al sector campesino. El Frente Unitario de Trabajadores, con su presidente José Villavicencio, cree que se les debe incluir en el perdón de intereses, multas y recargos.
Según su criterio, el 70 % de la desocupación laboral se da por la migración de ciudadanos del campo a la ciudad, porque no reciben el apoyo necesario. Pidió que la norma sea equitativa para todos.
Están de acuerdo con que se les libere de ese mismo peso a las pequeñas y medianas empresas, así como a la economía popular y solidaria, pero no a las 215 empresas o grupos económicos grandes.
Aseguró que estos últimos han tenido ganancias en los últimos 10 años y que, sin embargo, sus deudas por intereses, multas y recargos ascenderían a 2.371 millones de dólares.
En todo caso, pidió que se exija a estas empresas que, como contraparte por el beneficio que se les otorga, abran más plazas laborales, que puede ser un 20 % adicional a la planta que ya tienen.
Planteó que todas estas medidas, en ningún caso, signifiquen afectación alguna a los trabajadores en sus utilidades.
LILA/eg
Para este viernes, 15 de junio, estaría listo el informe para segundo debate del proyecto urgente. Ese calendario se fijó la Comisión del Desarrollo Económico. El plazo máximo para aprobarlo, según la Ley de la Función Legislativa, es el sábado, 16 de junio.
Por ahora, inició el estudio, en esta segunda etapa, y recibió más aportes de legisladores de otras comisiones legislativas, así como de sectores productivos.
El asambleísta Washington Paredes pidió que se retire del proyecto para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal el artículo 49. Se relaciona con la ampliación del plazo para permisos de operación turística en su provincia, Galápagos.
Con esta disposición se reforma la Ley Orgánica de Régimen Especial que rige al archipiélago, por lo que el parlamentario cree, por un lado, que no es materia del proyecto urgente y, por otro, que el tema debe socializarse con la ciudadanía local.
Sugirió que ese cambio se traslade al análisis de las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, que lleva adelante la Comisión de Biodiversidad, para ampliar el debate con datos estadísticos, elementos técnicos y el criterio de los actores involucrados, que sustenten la decisión de ampliar o no el referido plazo.
El criterio de los comisionados Homero Castanier, Fernando Burbano, María Mercedes Cuesta, Ximena Peña, Sofía Espín y del presidente, Esteban Albornoz, coincidió en que se debe ampliar el debate de este tema.
Por otra parte, el sector campesino es una preocupación que continúa latente, sostuvo Albornoz, después de escuchar algunos expositores. Héctor Yépez fue uno de ellos. Su posición es que se condonen las deudas que tienen los campesinos con la banca pública y que el gobierno, mediante un reglamento, establezca los plazos y condiciones, a fin de evitar abusos.
El Presidente de la mesa aclaró que, si bien no se puede condonar las deudas, sí se deben fijar mecanismos más permeables para que puedan honrar esas obligaciones. Recordó que en las leyes anteriores sobre remisión no se obtuvo el resultado esperado porque se imponía que, para acceder al beneficio, se pague una parte del capital, con un tiempo corto.
Añadió que en la mesa se tramita un proyecto de esta naturaleza y que se podría plantear la eliminación de este requisito y, además, con un plazo más amplio. El sector agrícola, según Yépez, es el mayor generador de empleo, con dos millones 200 mil puestos de trabajo.
Cristina Reyes también llegó con nuevas propuestas, pidió se establezca un plazo al gobierno central para que cancele las obligaciones pendientes del fondo de pensiones jubilares, así como las deudas por el servicio de salud, que mantiene con el Seguro Social.
Fabricio Villamar, en cambio, recomendó que se incluyan en el proyecto ciertos condicionantes para quienes se beneficien de la remisión, a fin de que generen empleo y reinviertan sus recusos. Además, que se cree un fondo para fomentar el uso eficiente de la energía renovable.
Del fomento a la construcción de vivienda social habló Henry Kronfle. Considera que la devolución del Impuesto al Valor Agragado (IVA) debe otorgarse no solo para soluciones habitacionales de hasta 40 mil dólares, que son viviendas sociales, sino hasta 70 mil, que son viviendas de interés público.
LILA/eg
Un amplio proceso de socialización es lo que resaltó Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, en la construcción del informe para primer debate del proyecto económico urgente. Dijo que en diez sesiones recibieron a 42 organizaciones y 70 documentos, con más de 200 observaciones.
El frente económico y productivo del gobierno, cámaras de comercio, agricultura, arquitectura, pequeños y medianos productores, economía popular y solidaria, pesqueros, organizaciones sociales y de extrabajadores, transportistas, entre otros, acudieron para expresar sus puntos de vista.
En las sesiones también participaron 11 asambleístas de otras mesas legislativas. Se refirió a este proceso durante la presentación del informe para primer debate, elaborado por la Comisión, y que tuvo un apoyo unánime.
El cuerpo legal
Esteban Albornoz explicó también los principales ejes que contiene el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, enviado por el Ejecutivo.
Aseguró que el proyecto tiene algunos objetivos, con beneficios para las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como para los emprendimientos y la economía popular y solidaria.
Uno de ellos es la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales -incluido el RISE- y aduaneras. Además, de hasta el 99 % en obligaciones patronales con el Seguro Social, así como impuestos vehiculares y otros con los gobiernos autónomos descentralizados.
Con este beneficio, el Servicio de Rentas Internas espera recaudar 774 millones de dólares y el Seguro Social 189 millones de dólares.
El otro fin, según Albornoz, es el impulso a la inversión y producción, con la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) en sectores priorizados: 12 años cuando son fuera de Quito y Guayaquil, 8 años cuando es al interior de estas ciudades, 10 años para cualquier nueva inversión en el sector industrial.
El proyecto también le apunta a la declaratoria de política prioritaria a la vivienda social. A este sector se le gravará con tarifa cero al Impuesto al Valor Agregado para el servicio de la construcción y se mejoran los procesos administrativos.
La estabilidad fiscal es otro de los ejes y la norma marca nuevas reglas macrofiscales sobre el endeudamiento: no se aprobará el Presupuesto del Estado con déficit primario, el techo de la deuda no puede superar el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) y se crea un fondo de estabilización fiscal. Se elimina la posibilidad de que el Banco Central adquiera títulos y obligaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.
Además, Albornoz ratificó que con la iniciativa se fortalece a los sectores de las exportaciones y turismo, con la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a exportadores con ingresos netos de divisas, deducción de hasta el 100 % de gastos de promoción para turismo y exportaciones, ampliación a 25 años de permiso a operadores turísticos en Galápagos.
La norma prevé la creación de un seguro para actividades agrícolas y de un Fondo de Garantías para la Economía Popular y Solidaria.
Según el Presidente de la Comisión, se amplían los beneficios de la Ley de Solidaridad, es decir, se extiende a cinco años más los beneficios tributarios para inversiones en Manabí y Esmeraldas y la exoneración del IR de 10 a 15 años para el sector turístico.
Al final, con los cambos, el proyecto consta de cinco capítulos, 49 artículos, 10 disposiciones generales, 14 transitorias y modifica 19 cuerpos legales.
Comisión general
Antes de la intervención del ponente del proyecto, el Pleno recibió en comisión general a Israel Avilés, representante de los deudores de la banca pública, quien dijo que el sector campesino, por factores externos que perjudican las cosechas y por los altos intereses, no ha podido cumplir con sus deudas. “Tenemos garantías pero no somos sujetos de crédito porque muchos de nosotros estamos en la central de riesgos por no haber podido pagar las obligaciones pendientes”, añadió.
Aseguró que las normas que les han permitido la restructuración de obligaciones o remisión de intereses tampoco han dado resultados, por lo que pidió que se incluya en el proyecto urgente un artículo que permita extinguir las deudas de los pequeños y medianos agricultores con la banca pública.
LILA/eg
Esteban Albornoz Vintimilla informó en calidad de Presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, el trabajo y compromiso de todos los asambleístas que forman parte de esta mesa y de otros legisladores, que sin formar parte, han aportado en el debate sin banderas políticas. “Legislar con interés nacional ha sido la tónica de trabajo en estas dos semanas intensas y vemos los frutos en un informe completo con mejoras sustanciales”.
En 8 sesiones de comisión, se recibieron a autoridades del Frente Económico y Productivo, autoridades de Superintendencias, organizaciones de la economía popular y solidaria, representantes de los GAD, representantes de los deudores de buena fe de la crisis bancaria de 1999, representantes del sector productivo, dirigentes de organizaciones sociales cámaras de industrias, comercio, bolsa de valores y ciudadanos con propuestas, con un total de 42 comparecientes, que han aportado con más de 100 observaciones.
El proyecto de Ley Orgánica para el Fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal, con calidad de urgente en materia económica, contiene cuarenta y cinco artículos, siete disposiciones generales y catorce disposiciones transitorias.
La Función Ejecutiva propuso un régimen de remisiones y reducciones de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales en un 100% que recauda el SRI, al igual en el tema aduanero. Las empresas cuyos ingresos brutos de los tres últimos ejercicios fiscales sea mayor a 5 millones de dólares deberán efectuar el pago del capital en un plazo de 90 días -como en el 2015-. Para todo ciudadano contribuyente, podrán solicitar facilidades de pago con un plazo de 2 años.
También se determina la remisión de intereses y recargos para los contribuyentes pertenecientes al RISE, impuestos vehiculares, matriculación e infracciones de tránsito; la reducción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales.
Sobre los incentivos y medidas de atracción de inversiones privadas se propone la exoneración del impuesto a la renta para nuevas inversiones, por un período de 12 años; la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas a los contribuyentes que reinviertan en activos productivos al menos el 50% de sus utilidades.
Se declara como política prioritaria de desarrollo nacional la vivienda de interés social y se aplican los incentivos de esta ley a la construcción de éstas viviendas.
La Comisión del Desarrollo Económico se preocupa por la solución, de manera definitiva, de los problemas de los deudores de buena fe de la crisis bancaria de 1999, por lo que se agregan artículos para facilitar la liquidación de bienes muebles e inmuebles, así como el apoyo a ciudadanos para cumplir con sus obligaciones.
Se defienden los derechos laborales del personal policial para que reciban por una sola vez, un beneficio económico por retiro obligatorio o voluntario.
La Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa ha propuesto, a través del informe de primer debate, un texto con mayor precisión técnica tanto en el capítulo de remisiones como en las reformas a 18 leyes vigentes y un artículo interpretativo.
