Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
Los ojos de la Comisión de Desarrollo Económico siguen fijos en la necesidad de crear leyes que incentiven el desarrollo sostenible y progreso de la sociedad. Cree que la investigación es un elemento esencial para generar conocimiento que propicie ese desarrollo
Con ese objetivo, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se modifican los artículos 60 y 69 de la norma, para que los institutos públicos de investigación puedan acceder de manera ágil y oportuna a los recursos no reembolsables, que otorgan las agencias y organismos de cooperación internacional.
Con la reforma se establece que los programas y proyectos que aspiren a concursar en las ofertas de los organismos internacionales de cooperación sean aprobados por las máximas autoridades de los propios institutos y no por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como ocurre ahora. Durante la socialización de la norma, delegados de varios institutos públicos expresaron que este trámite retrasa el proceso y muchas veces pierden los recursos internacionales.
Los proyectos que presenten estas instituciones deberán estar alineados a la política nacional y registrarse en el organismo técnico de desarrollo y planificación correspondiente.
La principal preocupación de algunos miembros de esta comisión se centró en la importancia que debe tener dentro del nuevo marco institucional del Estado el fomentar la capacidad científica para generar conocimiento a través de la investigación. Con ese objetivo, también resolvió que se incluya en este beneficio a todas las instituciones públicas del Sistema de Educación Superior.
En el informe se especifica que “existe un decrecimiento en la asignación de recursos e inconvenientes al acceder a fondos de cooperación internacional para iniciar los proyectos de investigación, por los diversos trámites y procesos que se deben iniciar y concluir para hacerse acreedores a recursos no reembolsables de cooperación de gobiernos amigos, cuyas convocatorias se abren año a año”.
LILA/pv
Dos sesiones tendrá mañana, 7 de febrero, la Comisión de Desarrollo Económico. En la primera, que inicia a las 10h00, se tratará el proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, sobre fondos para investigación, y en la segunda, convocada para las 11h00, se analizará el proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, en cuanto a los plazos para presentar informes de accidentes aéreos.
En el primer tema, el cuerpo legal busca optimizar los procedimientos para que los institutos tecnológicos de investigación puedan acceder a los fondos concursables no reembolsables de organismos internacionales de una manera más rápida. Con ello, los convenios serían aprobados directamente por los Institutos Públicos de Investigación y no a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Durante debates previos, los miembros de la comisión consideraban que la reforma debería incluir de manera general a las entidades públicas de educación superior del país y no únicamente a los institutos públicos de investigación.
En cambio, las reformas a la Ley de Aviación Civil se tramitaron en primer debate en el Pleno el 23 de enero pasado. El objetivo de la reforma es poner plazos para que, en caso de accidente o incidente aéreo, la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) tenga un año para entregar el informe.
Sin embargo, ese término no es rígido, en vista de las características de estas eventualidades producidas en diversas condiciones. Por tanto, le puede tomar a la JIA más tiempo. En ese caso, se estableció que al menos haya avances del informe.
Para el primer debate se introdujo un texto para que, además, la Junta elabore un plan de investigación con plazos, tiempos y costos, con el propósito de que la ciudadanía y el Estado sepan cómo avanza la indagación.
LILA/pv
El mandato popular expresado el domingo 4 de febrero en las urnas toma forma en la Asamblea Nacional, que ya prepara algunas acciones, a fin de que la voz del pueblo se cumpla inmediatamente.
José Serrano Salgado, presidente del Parlamento, se reunió con los jefes de bancada y coordinadores de los diferentes grupos políticos que conforman la Legislatura, con quienes llegó a dos acuerdos. El primero relacionado con la conformación de una Comisión Ocasional que procese el pronunciamiento del pueblo, respecto a las preguntas tres y seis, de competencia directa de la Asamblea; el otro, sobre la definición de una Agenda Legislativa para el período 2017-2019.
A fin de hacer efectivo el primer consenso, mañana, 7 de enero, se reunirá el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para aprobar la creación de la Comisión y el jueves sesionará el Pleno para definir su conformación. La mesa estará integrada por nueve miembros de las diferentes bancadas y estará vigente 45 días.
En ese tiempo, el nuevo órgano transitorio se encargará de procesar el mandato popular favorable para la pregunta tres. Esta hace referencia a una nueva forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora serán electos por voto popular y no mediante un concurso de méritos y oposición, como se hacía.
Para ello, deberán tramitar las reformas legales que sean necesarias con el fin de que se cumpla este pronunciamiento. Si bien la Comisión Ocasional tiene un tiempo de duración de 45 días, el presidente Serrano dijo que la expectativa es que esos cambios normativos estén aprobados hasta antes del 15 de marzo.
La derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía es otro de los temas que deberán solucionarse en este lapso. Según el anexo de la pregunta seis, el Presidente de la República deberá enviar a la Asamblea un proyecto económico urgente que derogue esa norma. El plazo que tiene el Ejecutivo es no mayor a 15 días, desde la publicación de los resultados de la Consulta Popular en el Registro Oficial.
Agenda
En cuanto a la Agenda Legislativa para el período 2017-2019, el Presidente aclaró que es un trabajo iniciado en agosto de 2016 y que hoy se presentó un primer borrador. Este tendrá algunos cambios para mejorar el trabajo, según los criterios que han proporcionado los jefes y coordinadores de los grupos políticos. El documento definitivo se presentará el próximo 19 de febrero.
Especificó que en esa hoja de ruta se incluirán las prioridades que tiene cada una de las comisiones que, en algunos casos, ya han remitido a la Presidencia de la Asamblea, así como otros parámetros relacionados con fiscalización, participación ciudadana y trabajo en territorio.
LILA/pv
¡Gracias Guaranda!: por recibirnos siempre con los brazos abiertos, por ser la ciudad de los eternos carnavales, y por llenarnos de orgullo, como Ciudad Patrimonio del Ecuador.
Aquí venimos a celebrar la vida, a agradecer las cosechas, y a festejar esta “fiesta mayor”, junto a toda la familia bolivarense y ecuatoriana.
Las siete colinas que nos rodean repican con su eco la alegría de este encuentro, y desde sus nieves eternas, el Chimborazo nos acompaña llenando los cielos con nuestra identidad.
En tiempos de la Independencia, la Batalla del Camino Real abrió las puertas de los Andes para el paso de las tropas libertarias. Y son ejemplo para todo el Ecuador, la valentía de doña Josefina Barba, de don Pedro Tobar Erazo, Manuel de Echeandía, Angel Polivio Chávez y Gabriel Ignacio de Vintimilla. En las gestas Alfaristas, Guaranda igualmente luchó por los derechos civiles, con el coraje que identifica a esta provincia y a su gente!
Porque Guaranda ama la libertad y la defiende, en el pasado y también en el presente!!
En la Asamblea Nacional buscamos impulsar un desarrollo integral para las comunidades y los seres humanos, con un compromiso profundo con la producción y la economía de las familias, rescatando las costumbres de nuestros ancestros.
Es por eso que la Asamblea Nacional aprobó la resolución para declarar al Carnaval bolivarense y guarandeño como patrimonio cultural e intangible, y a Guaranda como la ciudad de los eternos carnavales.
Vamos a generar leyes que fomenten una justicia productiva, y a abrir las puertas para que las comunidades puedan exportar su producción de manera directa.
Trabajaremos con mucho esfuerzo para que esta provincia reciba créditos productivos, con impulso a la economía popular y solidaria y con reconocimiento de la innovación y la creatividad que tiene su gente.
Porque de Bolívar y de Guaranda, tenemos mucho que aprender!!!!
En esta provincia hay proyectos que son ejemplo de encadenamientos productivos, como son las Queseras y la producción del famoso pájaro Azul.
Y también la producción de artesanías de calidad internacional, que son fruto de la asociación y el trabajo conjunto de mujeres que construyen para sus familias un mejor futuro, con solidaridad y esa unidad que los caracteriza.
Las leyes las vamos a fabricar junto con las comunidades, con amplia participación ciudadana, porque son ustedes los que mejor conocen sus necesidades!! y quienes están más capacitados para proponer soluciones!!
Y para eso fomentamos encuentros, talleres, diálogos, con las puertas de la Asamblea siempre abiertas, porque es la Casa de Todos!!!
Porque dialogando vamos a avanzar, para construir juntos el Ecuador que queremos.
Diciéndole SÍ a la Patria. SÍ a las leyes productivas. Y SÍ al derecho del pueblo.
Esta fiesta, es alimento para el cuerpo y para el espíritu, porque así como no podemos vivir sin los alimentos y los frutos de la Tierra, tampoco podemos caminar por el mundo sin esa cultura que nos identifica con nuestras raíces y que nos une como una sola gran familia, diversa, pero con los mismos derechos.
Y hoy! qué bueno poder festejar estos cambios, con ese canto que conoce muy bien todo el Ecuador, y que ya se escucha bajando por las quebradas.
Así que vamos a alegrarnos, con “fiesta, guitarra y poncho”, Porque “llegando está el Carnaval”, para llenarnos el corazón de alegría.
¡Que viva Guaranda!
¡Que viva el Carnaval!
¡Y que viva siempre, el Ecuador y la democracia!
En el Parlamento Nacional se inició la discusión sobre la eficiencia energética, tal como ha sucedido en otros países, como Uruguay, que cuenta con una ley de esta naturaleza. En Ecuador el objetivo es el mismo: crear una Ley de Eficiencia Energética que permita reducir el consumo de este servicio para generar igual o mayor productividad o consumir menos para tener igual o mejor confort.
Esteban Albornoz impulsa esta iniciativa y la presentó al Grupo Parlamentario de Energía, Desarrollo y Medio Ambiente, que se instauró hoy, 25 de enero de 2018, con la participación de legisladores de diferentes bancadas políticas. Esta agrupación trabajará bajo el principio de defensa de los derechos de la naturaleza y su compromiso será por el futuro y por las nuevas generaciones.
“Surgió después de algunas reflexiones”, según Albornoz. En esas discusiones se concluyó que cuando se habla de energía, siempre surgen dos condiciones concomitantes, como el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Por ello, esos tres elementos se incluyen en el nombre del Grupo y serán su horizonte.
El texto que puso a consideración Albornoz será un primer borrador. El compromiso es incorporar criterios de otros legisladores, industria, academia y otros sectores.
La propuesta se enmarca en la Agenda de las Naciones Unidas, suscrita por varios países, entre ellos Ecuador, que tiene como propósito cumplir hasta el 2030 con 17 objetivos, entre ellos que las naciones cuenten con energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables y que se realicen acciones por el clima.
“Cuando hablamos del 2030 estamos muy cerca y nosotros nos estamos quedando. No nos debemos detener. Tenemos que generar mesas de trabajo y acuerdos entre los legisladores, empresa y gobierno. Ecuador está en vías de desarrollo y necesita ser eficiente”, subrayó César Rohón, miembro del grupo. Recordó que la Asamblea ratificó el año pasado el Acuerdo de París sobre el cambio climático que aportará a ese tema.
Experiencias en la región
En el evento estuvieron presentes autoridades del gobierno, de institutos de investigación, ciudadanos, legisladores y Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), que será aliada estratégica para ejecutar el plan de los legisladores.
El experto dijo que la legislación sobre este tema se fundamenta en la necesidad de derribar las barreras del mercado identificadas que imposibilitan aprovechar el potencial de los recursos energéticos y se traducen en una pérdida del bienestar social. Se refirió a muchos obstáculos para el uso eficiente, como el tributario, cultural, económico, mercado y financiamiento.
Blanco participó de la construcción de la ley en esta materia en su país, Uruguay, y explicó el camino que debió seguir para su aprobación. También hizo algunas recomendaciones. Manifestó que con el fin de establecer una correcta estrategia para instaurar la Eficiencia Energética se debe transitar por un camino de maduración que incluye abordar el tema en una agenda nacional, generar liderazgo, crear acuerdos y mostrar los beneficios.
Además, sugirió que no es posible hablar de una Ley modelo que sea aplicable a cualquier realidad, sino que se debe diseñar según las necesidades de cada país.
LILA/pv
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, en representación de José Serrano Salgado, titular de la Legislatura, inauguró este jueves la Primera Convención de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, encuentro que reúne a más de 300 miembros de este segmento productivo.
Tras destacar el avance que significa el reconocimiento y la visibilización de la economía popular y solidaria como parte del sistema económico nacional, Albornoz subrayó que este sector es fundamental para el desarrollo del país, puesto que se trata de un sistema productivo inclusivo, solidario, que pone énfasis en el ser humano sobre el capital. “La economía social y solidaria es el camino hacia una productividad infinita”, añadió.
Aseguró que al impulsar la economía popular y solidaria “avanzamos en soberanía económica, avanzamos en soberanía alimentaria”.
El asambleísta recordó que el crecimiento de este segmento productivo significa una alternativa frente a una visión de la economía basada en el capital, en las condiciones del mercado y otros mitos que por muchos años han permanecido en la sociedad.
Igualmente, felicitó a los organizadores de esta Primera Convención de la Economía Popular y Solidaria, encuentro que permitirá evaluar la aplicación de la Ley sobre la materia, vigente desde 2011, y sugerir los cambios que sean necesarios para fortalecer su accionar a lo largo y ancho del país.
De su lado, Lucía Calderón, a nombre de la Federación de Cámaras de Economía Popular y Solidaria, indicó que el objetivo de este certamen es compartir experiencias y, a la vez, revisar los avances que se han obtenido desde la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria.
También planteó que se contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad pública, con la creación de un Ministerio de Economía Popular y Solidaria, con modelos de trabajo asociativo, con un régimen especial de afiliación a la seguridad social, con un sistema de compras públicas orientado a la producción nacional, así como la implementación de parques industriales y la creación de institutos técnicos y tecnológicos.
Finalmente, agradeció a los concurrentes por su asistencia y por desarrollar grandes esfuerzos para que el sector popular y solidario tenga el impulso necesario para convertirse en actor fundamental de la economía nacional.
EG/pv
En una cosa coincidieron los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico y Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y es que hay una demanda insatisfecha en el servicio de transporte público y hay que buscar una solución. La misma debe garantizar el derecho a la movilización y la seguridad de los ciudadanos.
Ese análisis lo hicieron en una reunión de la mesa, con el funcionario, en la que estudiaron las diferentes propuestas presentadas para reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se abordaron los temas vinculados al transporte comunitario, tricimotos, furgonetas, taxis ejecutivos, escuelas de conducción, sanciones, licencias y multas.
Sobre el transporte comunitario, los parlamentarios plantearon que la ANT haga un estudio según las realidades de los sectores y, en esa misma medida, se planteen soluciones. Creen que hay alternativas, pero que las mismas deben centrarse en favor de los usuarios.
Según una propuesta legal, se pide incluir en la Ley una nueva modalidad de transporte alternativo, rural o comunitario. Al respecto, el representante de la ANT explicó que se está haciendo un estudio, que ya está avanzado en un 45 %. Este incluye todas las modalidades, a partir del cual se planteará una solución integral y no paliativa. Lo que sí está claro es que el transporte debe cumplir estándares de seguridad.
Otra iniciativa propone que las furgonetas realicen transporte interprovincial como un servicio ejecutivo, que tengan en las ciudades puntos de origen y de destino. La discusión aquí se enfocó en la calidad del servicio interprovincial, que, también coincidieron, debe mejorar en cuanto a su calidad.
“Si ha surgido (una propuesta) es porque hay una falencia en el trasporte. La ciudadanía busca un servicio rápido, eficiente, seguro y confortable”, dijo el asambleísta Fernando Burbano, quien sugirió analizar alternativas creativas, como un sistema multimodal, y que se dé mayor libertad para la competencia y emprendimientos.
Sin embargo, para Calle, la necesidad está cubierta. Generalmente, los buses no viajan con toda su capacidad de asientos llenos, más bien, cree que se debe promover el uso de transporte público y no unidades cada vez más pequeñas, que además caotizarían las ciudades. Considera que esta modalidad no prestaría las condiciones suficientes de seguridad y recordó que en las terminales terrestres se realizan operativos y controles de diferente índole.
En cuanto a las tricimotos se plantea eliminar la excepcionalidad para la prestación de este servicio. Sin embargo, Calle explicó que el mismo fue concebido para que brinde servicio en lugares de difícil acceso y que no haya transporte público. Si se quita esa prohibición se afectaría a temas como seguridad y directamente al transporte público.
En las reformas también se plantea la posibilidad de crear una modalidad de servicio de taxi, puerta a puerta, interprovincial, en ciudades intermedias sin transporte aéreo. Calle explicó que el servicio aéreo no lo tiene el 70 % del país y que estos vehículos no cumplirían la norma técnica para este tipo de transporte.
En lo que sí estuvo de acuerdo es en que se debe aprobar un curso previo a la obtención de licencia sportman, porque para convertirse en un conductor seguro no solo se requiere conocer las normas, sino desarrollar aptitudes. El estudio de los temas se profundizará en una siguiente reunión.
LILA/pv
El asambleísta Esteban Albornoz Vintimilla informó que mañana, entre las 07h30 y las 09h30, se presentará en la sede legislativa el Grupo Parlamentario de Energía, Desarrollo y Medio Ambiente.
Los principios que regirán este grupo parlamentario son la defensa y respeto a los Derechos de la Naturaleza que garantiza la Constitución de la República, los Instrumentos Internacionales ratificados por Ecuador, especialmente en materia de energía, adaptación y mitigación del cambio climático; así como la protección de los servicios ambientales.
Los asambleístas que firmaron para la conformación inicial del Grupo Parlamentario son Esther Cuesta, Carmen Rivadeneira, Rubén Bustamante, Hermuy Calle, Diego García Pozo, Carlos Viteri, René Yandún, César Rohón, Homero Castanier, Soledad Buendía, Pabel Muñoz, Fernando Burbano y Esteban Albornoz, quien promueve este espacio de participación multipartidista.
“Después de la aprobación del Acuerdo de París como instrumento vinculante para el Estado ecuatoriano debemos promover la legislación en materia de energías sustentables, adaptación al cambio climático y considerar al desarrollo como un modelo económico y social sin depredación”, señaló Albornoz Vintimilla.
El evento contará con la presencia del Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Alfonso Blanco Bonilla, organización que será aliada estratégica para ejecutar el plan de trabajo, además de otras autoridades del sector energético.
En esta ocasión se presentará el proyecto de Ley de Eficiencia Energética como iniciativa del asambleísta Esteban Albornoz Vintimilla, quien se desempeñó como Ministro de Electricidad y Energía Renovable. Durante su período, promovió políticas y programas estatales para el uso eficiente de la energía y favoreció el aprovechamiento de energías alternativas. También redujo el consumo de combustibles fósiles.
El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de reforma a la Ley de Aviación Civil, que está encaminada a poner plazos para que, en caso de accidente o incidente aéreo, la Junta de Investigación (JIA) tenga un año para entregar el informe.
En el debate los asambleístas advirtieron que la norma no solo busca prevenir los accidentes aéreos, sino también que las autoridades aeronáuticas tomen acciones para reducir el riesgo. Igualmente, que los aeropuertos ofrezcan las garantías al aterrizar y despegar las aeronaves.
Las reformas armonizan la ley nacional con las normas internacionales, brindan un ambiente de tranquilidad a los usuarios, promueven un servicio de transporte aéreo accesible e infraestructura de calidad y segura, bajo la premisa de constantes mejoras, nuevas tecnologías, medidas de prevención de accidentes.
Los legisladores coincidieron con que su aprobación urge como alternativa para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios y acelerar los procesos de investigación. Resaltaron la importancia de las investigaciones para tener un seguimiento sostenido y permanente.
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que analiza el tema, aseveró que el accidente ocurrido en el aeropuerto Mariscal Lamar en Cuenca, en abril de 2016, provocó el debate de esta propuesta.
Explicó que el informe de la Comisión establece que la Junta de Investigaciones de Accidentes (JIA) tendrá autoridad e independencia para investigar los hechos, circunstancias y causa del accidente o incidente, para lo cual la Dirección de Aviación Civil asignará todos los recursos necesarios, así como establecer un plazo luego de ocurrido el accidente o incidente aéreo para que la JIA elabore un plan de investigación.
Patricio Donoso señaló que la legislación ecuatoriana no cuenta con un Plan de Investigación. En esa medida, invocó a armonizar las reformas a la Ley de Aviación Civil.
Sugirió juntar la autonomía de la JIA con la dotación de los recursos necesarios por parte de la Aviación Civil, conjuntamente con la flexibilización de los tiempos para que la investigación culmine con éxito y sirva de insumo para precautelar los subsiguientes vuelos y tener menos accidentes aéreos.
Con la necesidad de aprobar el proyecto en forma urgente, coincidió Fernando Burbano, quien aseguró que el proyecto se ajusta a la normativa internacional respecto a lo que se debe hacer en temas de investigación de accidentes aéreos.
Opinó que todos los aeropuertos del país deben ofrecer seguridad, a fin de que Ecuador se consolide como un destino turístico.
De su lado, René Yandún comentó que la Junta de Accidentes no cuenta con los recursos suficientes y el equipo técnico científico para cumplir a cabalidad los procesos de investigación.
Carlos Viteri planteó, desde una visión constructiva, la modernización institucional, a la vez que subrayó que en la Amazonía se han dado lamentables y dolorosos accidentes aéreos, donde es necesario revisar todos los protocolos de seguridad y aplicar estándares de nivel internacional.
Mauricio Proaño indicó que el proyecto dispone a la Junta de Investigación de Accidentes que formule un plan de investigación en seis meses. Se mostró partidario de ofrecer cierto subsidio a las empresas aéreas para que cubran rutas que no generan rentabilidad.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, recogerá las observaciones para analizarlas en una matriz, previa la elaboración del informe para segundo debate.
RSA/pv
A través de una reforma legal se pretende que 24 mil 392 operaciones crediticias que aún mantienen deudas con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación puedan acogerse a los beneficios de la Ley Orgánica para la Restructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. La propuesta se analiza en la Comisión de Desarrollo Económico.
Con la norma que rigió desde abril de 2017 se autorizó la condonación de las costas, gastos, recargos e intereses de las operaciones de crédito otorgadas por el BNF en liquidación, siempre que los deudores paguen al menos el 5 % del saldo del capital, dentro del plazo de 180 días, a partir de la vigencia de la Ley. Como ese plazo ya venció, en la reforma se sugiere un tiempo adicional de 365 días.
Para analizar la propuesta, la mesa invitó a Juan Esteban Vallejo, liquidador del BNF, para que dé sus criterios respecto al proyecto, que no establece un techo de la deuda para acceder a dichos beneficios.
El liquidador sugirió a la comisión que revise el pago inicial del 5 % del capital, que debe ser más bajo, puesto que existen carteras con deudas altas, como de 2 millones de dólares. También pidió que analice las deudas por fallecimiento, que revise las condiciones de las personas con discapacidad y establezca un período de gracia.
En el caso de que el beneficiario se acoja a la reestructuración o refinanciación de deudas, planteó que la suspensión de los procesos coactivos y juicios de insolvencia deben darse no a partir de la vigencia de la Ley, sino al momento en que se fije la reestructuración.
El funcionario aseguró que, como resultado de la Ley de Reestructuación de Deudas, 9 mil 600 operaciones fueron beneficiadas, con lo que pudieron recuperar 9,5 millones de dólares por pagos de capital y otros.
Aclaró que la nueva Ley de Reactivación Económica, aprobada en diciembre de 2017 también establece beneficios para los deudores, pero que fijó como requisito un techo de deuda de hasta 20 mil dólares. Con ello se beneficiará a más de 55 mil operaciones, equivalentes a 193 millones de dólares.
El proyecto de reformas a la Ley de Reestructuración de Deudas fue planteado por los asambleístas Ricardo Zambrano, Verónica Guevara, Marcia Arregui, Liuba Cuesta, Tanlly Vera, Roberta Zambrano, César Litardo, Lenin Plaza, Juan Yar, Patricio Mendoza y Carlos Falquez. Buscan que los pequeños y medianos productores, dedicados a las actividades agropecuarias y pesca artesanal, puedan honrar sus obligaciones.
LILA/pv
