Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
Cada año en el mundo mueren más de 208 mil personas, la mayoría jóvenes, a causa del consumo de drogas. Es casi la mitad de la cifra de muertes por cáncer a nivel mundial. Es decir, se trata de una pandemia que, según explicaron los legisladores que son parte del Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en Ecuador, ya es un problema de salud pública.
El Grupo se presentó hoy y plantea una serie de medidas para prevenir el consumo de drogas. La idea es coordinar con instituciones de otras entidades de Estado y la sociedad civil. De esta forma, se trabajará para construir espacios de educación académica que permitan el diseño de una política de prevención.
María Mercedes Cuesta, coordinadora del grupo, aseguró que se requiere la participación de varios actores para prevenir el consumo y la criminalización de los consumidores. “El consumo afecta a los jóvenes en sus años de estudio, que son los más productivos, y coartan la posibilidad de empleo lícito y educación”, aseguró Cuesta, al tiempo de hacer un llamado a abrir los ojos y a reconocer que las adicciones son un problema de salud pública. “Las drogas matan, esa es la realidad”, afirmó.
Respaldo total
Durante la presentación del Grupo Parlamentario, formado por 14 legisladores, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Bergmann, aseguró que existe todo el respaldo desde la Asamblea Nacional para hacerle frente al problema de las drogas. Insistió en que la creación del Grupo solo es el inicio de una extraordinaria labor a la que se le dará todo el sustento que necesita.
Ledy Zuñiga, titular de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, habló del Plan Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas, presentado el pasado 12 de enero. Este tiene tres ejes: prevención, tratamiento y respuesta. Lo que se busca es tener metas medibles y analizar el impacto durante el tiempo de vigencia del Plan. Cada ministerio tiene competencias estratégicas específicas.
El Plan también analiza varias iniciativas con buenos resultados en varios países del mundo, como medidas para proteger a los estudiantes de las bandas de microtráfico, con la instalación de cámaras monitoreadas por el Ecu 911, y también circuitos cerrados en los planteles educativos. Además, insiste en que los municipios deben emitir ordenanzas para prohibir el consumo de drogas en las calles, cerca de colegios y escuelas, porque se pone en vulnerabilidad a los jóvenes. Ahora, más del 60 % de municipios ya tiene ordenanzas, pero esperan que pronto sea el 100 %.
Reforzar medidas
También se pide que el Grupo Parlamentario refuerce la figura del comiso, para disponer de los recursos necesarios y hacerle frente al problema de las drogas, es decir, se endurezca esta figura establecida en el Código Orgánico Integral Penal.
Otra propuesta del Plan es ampliar las unidades que enfrentan a las bandas de tráfico para consumo interno, es decir, existe una estructura y estrategia integral, por lo que desde el Gobierno Central, el Grupo tendrá todo el apoyo. Al finalizar se nombró a Esteban Albornoz como secretario del Grupo Parlamentario.
MC/pv
Las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial continúan llegando a la Comisión de Desarrollo Económico. En esta ocasión avocó conocimiento de una inciativa del asambleísta Mauricio Proaño, quien considera que la fatiga y la somnolencia excesiva constituyen uno de los principales factores de riesgo para accidentes de tránsito y los quiere atacar.
Con el proyecto busca que en la legislación ecuatoriana se incluya ese síndrome como una causa de los siniestros en las vías, a fin de que, con ese enfoque, se trabaje en la prevención.
El parlamentario explica en la iniciativa que el incremento de muertes por accidentes de tránsito, entre algunas causas, empieza a aparecer una adicional que es conducir en estado de somnolencia o malas condiciones. En la misma, dice, estaría incluido el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), que se está abriendo de manera silenciosa.
En países como Chile, Argentina y México ya se tomaron cartas en el tema e incluyeron en su legislación este trastorno como causa de accidentes en las vías. Por ello, Proaño considera que en nuestro marco normativo debe constar una ley en esa misma línea. Plantea que antes de que se concedan las licencias de conducir se cuente con un certificado médico de no sufrir este síndrome de sueño.
Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en Ecuador, los accidentes de tránsito, hasta mediados de diciembre de 2017, sumaron 19 mil 119, mientras que en 2016 superó los 30 mil y en 2015 más de 35 mil. Las cifras inquietan al legislador, por lo que propone una nueva iniciativa que busque prevenir la siniestralidad de vehículos a motor.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en la región la tasa de mortalidad por este tipo de accidentes es de 15,9 por cada 100 mil habitantes. Anota que, de continuar con esa tendencia, en 2030 las colisiones en las vías se convertirían en la cuarta causa más importante de muerte. Cada día unas 3 mil 500 personas fallecen en las carreteras, de acuerdo con esta entidad.
LILA/pv
Una investigación que permita mejorar los servicios a la ciudadanía, al sector público y privado y que aporte al desarrollo del país es la preocupación ahora de la Comisión de Desarrollo Económico. Por eso, continuó con el tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
El cuerpo legal busca optimizar los procedimientos para que los institutos tecnológicos de investigación puedan acceder a los fondos concursables no reembolsables de organismos internacionales. Esto permite que esas mismas entidades sean las que aprueben los convenios y no a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Los legisladores creen que esos proyectos deben tener un filtro para que se enmarquen dentro del Plan Nacional del Buen Vivir.
El análisis lo realizaron con la presencia de José Olmedo, director general del Instituto Nacional de Meteroeología e Hidrología (Inamhi); de Martín Cordovez, del Instituto Nacional de Eficiencia Energética; y de Carmen Elena Falconí, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Planificación.
El delegado del Inamhi aseguró que están de acuerdo con que se aceleren los procesos. Comentó que se vuelve un viacrucis hacer investigación solo con fondos del Presupuesto General del Estado y que por eso buscan recursos externos. “Queremos que se canalicen de una mejor manera, tomando en cuenta los tiempos y los procesos internos del Estado. Cuando hay demora el organismo externo no ve una buena predisposición y aunque ya están aprobados los fondos, se pierden”.
Desde el Instituto Nacional de Eficiencia Energética, Cordovez contó que los proyectos tienen que pasar por un proceso de selección interna, cuando ya son ganadores, a fin de conseguir un dictamen favorable de la Senplades. Esto permite que el Ministerio de Finanzas les abra una cuenta.
Manifestó que el proceso toma entre 6 y 18 meses, pero los proyectos de investigación tienen un tiempo de duración entre uno y dos años. “Si nos demoramos hasta un año medio en aprobar un proyecto se corrió el tiempo y perdemos los recursos. Eso genera una mala imagen para el país porque no cumplimos”.
En otros casos explicó que tienen que ejecutar dos proyectos, uno con los objetivos que les han cambiado, según las exigencias de las entidades de nuestro Estado, y otro con los objetivos que plantearon a los organismos internacionales
Para el funcionario, el proyecto de reformas es el camino idóneo para fortalecer los institutos tecnológicos de investigación y les dan las herramientas con procesos más ágiles para poder aplicar a esos fondos.
Por su parte, la sugerencia de Senplades fue trabajar en este proceso de agilizar los trámites, a fin de que se pueda cumplir con lo que manda el Código Ingenios y el Código de Planificación.
El asambleísta Fernando Burbano destacó que se debe analizar el tema de una manera más integral, por ejemplo el aporte que brindan las investigaciones de estos institutos al desarrollo del país. Pidió que se llame a los delegados de entidades privadas para conocer su criterio.
LILA/pv
Alrededor de cincuenta pilotos del país acudieron a la Asamblea Nacional para exponer sus inquietudes dentro del ejercicio de sus actividades, las mismas que aspiran sean recogidas en el proyecto de reformas a la Ley de la Aviación Civil, que se encuentra en trámite en la Comisión de Desarrollo Económico. Una de las principales preocupaciones es la seguridad y un sistema de jubilación digno para cuando terminen su carrera.
Los pilotos corporativos, comerciales, deportivos, de fumigación y de helicópteros fueron recibidos por Sergio Correa y Juan Carlos Aguirre, asesores de la Presidencia de la Asamblea. También por Jhon Reyes y Agustín Vaca, de la Comisión de Desarrollo Económico. Además, asistió Andrea Delgado, de la Unidad Técnica Legislativa.
Para sistematizar sus propuestas e inquietudes se reunieron en tres mesas de trabajo: Aviación Mayor, Menor y Helicópteros, con temáticas diferentes.
Sergio Correa, tras presentar el saludo a nombre del presidente José Serrano, expresó su reconocimiento y saludó el trabajo productivo de los pilotos ecuatorianos. Dijo que los aportes que presenten serán valiosos y tratados con responsabilidad.
“Este trabajo pretende dar una alternativa para mejorar las condiciones de seguridad y de trabajo de los pilotos y de los usuarios, así como los procesos de investigación cuando se producen accidentes aéreos”, agregó.
El piloto comercial, Raúl Córdova, señaló que esta profesión es de alto riesgo. Pidió analizar los procedimientos para la investigación de los accidentes.
Gustavo Buchelli, tripulante jubilado, solicitó revisar las pensiones de jubilación en función de los aportes al IESS. Cuando están activos en su profesión ganan entre 6 y 8 mil dólares y cuando se jubilan la pensión es de 2000 dólares.
A Ignacio de la Vega, piloto de helicópteros, le preocupa la falta de trabajo en este campo. Aspiraban que con la explotación del ITT se abran plazas de trabajo. Sin embargo, la mayoría de las empresas ha optado por el transporte terrestre.
RSA/pv
Dos sesiones tendrá mañana, 10 de enero, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Esteban Albornoz. A las 15h00 tratará dos proyectos de ley que tienen que ver con reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y a las 16h00 avocará conocimiento de dos nuevas iniciativas.
En cuanto al primer tema, analizará una propuesta presentada por Alberto Arias, en temas relacionados con la recuperación de puntos y capacitación para los futuros choferes, así como otra de Encarnación Duchi, quien pide que se reconozca dentro de los tipos y modalidades de transporte uno más que se denomine “transporte comunitario” o “transporte alternativo”, a fin de buscar una solución para la problemática rural.
A las 16h00 avocará conocimiento del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica para la Restructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, presentado por varios legisladores. Pretenden que se confiera un plazo adicional de 365 días para que las personas naturales y jurídicas amparadas por la ley publicada en el registro oficial el 18 de abril de 2017, puedan acogerse a sus beneficios.
También conocerá la propuesta de Ricardo Zambrano, quien presentó el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Aquí se plantea mejorar eficientemente la ejecución de los procesos de investigación científica. Sugiere que el cuerpo legal establezca una diferenciación de las fuentes de financiamiento de proyectos concursables de investigación a nivel internacional con la cooperación tradicional.
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Esteban Albornoz, asambleísta por el Azuay, propondrá una legislación específica para el uso de energía eficiente en el Ecuador. Está interesado que desde la legislación se profundice el trabajo por la sostenibilidad de los recursos naturales específicamente, a través del uso eficiente de la energía en sectores como la vivienda, automotor y la industria.
El proyecto de ley será la primera acción que propondrá para tomar la iniciativa de la formación de un Grupo Parlamentario de Energía, Desarrollo y Medio Ambiente. Invitó a todos los asambleístas a que se sumen a este grupo, que podría conformarse en el primer trimestre de este año y desde ahí se impulsará el proyecto de Ley de Eficiencia Energética.
Sobre este tema ya se han dado algunos pasos, a través de la política gubernamental, pero, según Albornoz, se requiere un marco jurídico especializado para que se lo tome como una política de Estado.
La idea también es coordinar con el Ejecutivo para que generar incentivos a los sectores productivos para que apliquen las recomendaciones de las auditorías sobre un uso eficiente de la energía para una producción amigable con el ambiente.
Para Esteban Albornoz Vintimilla esta propuesta legal es fundamental y se complementará con lo que mandan los instrumentos Internacionales, de los que Ecuador es parte, como el Acuerdo de París, con el que se busca disminuir el cambio climático y sus efectos; la Constitución de la República, que consagra los derechos de la naturaleza; y otras normas como la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, el Código Orgánico Ambiental entre otras.
Precisamente, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, según el parlamentario es un primer logro del Legislativo, pues determina la creación de un Plan Nacional de Eficiencia Energética, que ya está en vigencia. Lo que busca este instrumento es la sustitución paulatina de combustibles y fuentes de energía con alto impacto ambiental por otros más amigables con el medio ambiente.
El asambleísta Albornoz quiere que las políticas que se generen con este Plan y otros programas tengan un respaldo legal, sobre todo, generar estímulos que los promueva.
La propuesta del asambleísta también se circunscribe al compromiso que asumieron más de 150 jefes de Estado y de Gobierno para implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible, con la que se busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Tiene en total diecisiete objetivos y cada uno tiene metas específicas que se deben cumplir hasta 2030
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Los beneficios para el sector artesanal, definiciones y clasificación de la actividad es lo que se discutió en la Comisión de Desarrollo Económico, como parte del debate que llevan a cabo sobre el proyecto de Ley de Desarrollo Artesanal.
El equipo asesor de la mesa trabajó en una matriz en la que compara las leyes vigentes de Defensa del Artesano y de Fomento Artesanal, para recoger lo mejor de cada norma y plantear propuestas en la nueva iniciativa.
En cuanto a la definición de artesanía se plantea que sea una actividad y producto basado en un modo de producción intensivo en trabajo manual, que se realiza de forma individual, familiar o comunitario. El objetivo de este trabajo es la transformación creativa de productos o sustancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde predominen las características culturales, folclóricas o utilitarias.
En cambio, en la clasificación, los asambleístas sugieren valorar una organización basada en el modo de producción y no en su tamaño. Así, se habla de artesanía patrimonial, utilitaria, servicios u oficios.
Sobre los beneficios no tributarios se proponen medidas de financiamiento, normas que impulsen a este sector mediante las compras públicas, capacitación, promoción y venta de productos y protección a la artesanía nacional.
También analizan algunas medidas para que se otorgue y se apliquen exoneraciones tributarias a los artesanos. Las mismas serán recomendadas al Ejecutivo, a fin de que haga llegar una propuesta, en vista de que el envío de proyectos de esta naturaleza, que contengan temas tributarios, le corresponde únicamente a esta Función del Estado.
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Con el fin de incentivar a la ciudadanía para que se integre al sector productivo del país, a través de los emprendimientos, el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, invitó a la Asamblea Nacional a los talleristas que realizaron el curso gratuito de artesanía para elaborar nacimientos, gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Iglesia de Santo Domingo y el Club Arte.
Más de 70 artistas exhiben los hermosos resultados del taller que empieza con una planificación desde enero, con la elaboración de pequeñas piezas en mazapan, y utilizan materiales reciclados, vistosos colores y técnicas especiales del uso del estuco. Unos 60 pesebres adornan el hall que se encuentra frente al salón José Mejía Lequerica y la creatividad de sus creadoras llama la atención de los funcionarios del Parlamento y ciudadanía que se ha dado cita en esta exposición.
Al montaje de esta exposición la complementa una réplica de la Calle la Ronda del centro de Quito, con sus casas coloniales, el arte, la diversidad, cultura y tradiciones que se encuentra en esa zona.
El material reciclado usado en el taller dirigido por el Profesor Alberto Ávila se basa principalmente en espuma flex para figurar las montañas de Belén, amplias y secas; rollos de papel higiénico para montar los techos de las casas coloniales; cartón para formar estructuras de viviendas; palillos, que sirven como clavos; entre otros elementos, que muchos ciudadanos desechan.
“No solo queremos rescatar nuestras tradiciones, sino que queremos contribuir con el medio ambiente, además de generar habilidades artísticas”, explicó el profesor Ávila. Los talleristas agradecieron el llamado de Albornoz y pidió que quienes representan al pueblo ejecuten acciones para brindarles mayor facilidad para integrarse a la economía popular y solidaria, así como mejores condiciones que les permita comercializar sus productos.
Este grupo, auspiciado por la Casa de la Cultura y el Convento Santo Domingo de Guzmán, no solo que se dedican a la creación de pesebres, sino también a realizar cursos de elaboración de máscaras para el carnaval y monigotes.
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