Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
La eficiencia energética permite producir más con menos energía; ahorrar luz, pero mejorar la iluminación; garantizar este recurso para las futuras generaciones; reducir los costos de producción; es la manera más adecuada de enfrentar el impacto ambiental; y permite a los ciudadanos vivir en un ambiente sano.
Con esta explicación, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico explicó los alcances del proyecto de Ley de Eficiencia Energética, de su autoría, y que se tramitó en esta mesa parlamentaria. Antes de abarcar los objetivos que persigue, explicó el contexto en el cual nos encontramos.
Indicó que el 80 % de la energía que consumimos proviene del petróleo, que es un recurso no renovable, y el sector que más lo requiere es el de transporte, que utiliza el 46 %, seguido de la industria, con 13 %; y el residencial, con el 13 %.
El sector del transporte, según Albornoz, no solo es que más consume el combustible fósil, sino que es el que más caro cuesta para generarla: para producir mil dólares requiere de 10 barriles de petróleo, mientras que la industrial lo hace con dos y la residencial con 0,5.
La norma
El proyecto de Ley de Eficiencia Energética regula a los sectores de la producción: electricidad e hidrocarburos y al de consumo: público, privado, residencial, industrial y comercial.
Busca promover el uso eficiente, racional y sostenible de la energía en todas sus formas; fomentar la competitividad; aumentar la productividad energética; y, garantizar los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano.
Con la norma, que declara a este tema de interés nacional, se establece un Sistema de Eficiencia Energética, se crea un Fondo Nacional para la Inversión en Eficiencia Energética y plantea fijar responsabilidades de los distintos niveles de gobierno.
Incentivos para quienes hacen uso de este tipo de energía sostenible es, también, uno de los ejes que propone. Indica que pueden ser fiscales, arancelarios u otras formas. Plantea tarifas preferenciales para el transporte eléctrico.
Contiene disposiciones para generar procesos de información, a través de un sistema centralizado y público de estadísticas, así como facultades sancionadoras.
LILA/eg
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, que pretende impulsar el uso adecuado de las fuentes de energía, que se convierte en una de las principales estrategias para su ahorro y para luchar contra los impactos provenientes del cambio climático.
Varios fueron los criterios expuestos por los legisladores, entre ellos, la aclaración en el sentido que hablar de uso eficiente de la energía no significa consumir menos, sino consumir de mejor manera. Se destacó, además, el aporte de ministros, representantes de los gobiernos autónomos descentralizados en el análisis de esta propuesta en la Comisión del Desarrollo Económico, así como el interés demostrado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
Así mismo, hubo expresiones en el sentido de establecer metas y objetivos macro en lo que atañe al uso de energías limpias y eficientes, no solo circunscribir estas medidas al uso de la energía eléctrica, por ejemplo, en la transportación pública, pues lo más prudente sería involucrar en este esfuerzo a todos los estamentos de la movilidad en nuestras ciudades.
También, se sugirió incorporar incentivos económicos para el sector productivo, puesto que es uno de los segmentos que mayor consumo de energía demandan.
Se trata de una buena ley, una ley positiva, por cuanto impulsa el uso de tecnologías limpias, a fin de crear ciudades más eficientes, que aporten al desarrollo del país. En este contexto, el criterio de los legisladores se orientó a aumentar la oferta de energía renovable y crear mecanismos destinados al uso eficiente de esa energía, frente al creciente consumo de combustibles fósiles (gasolina y diésel).
Dentro de las reflexiones de los legisladores se puso énfasis en el reemplazo del uso de energía proveniente del petróleo en la transportación por vehículos eléctricos, que no emiten gases contaminantes, lo cual constituirá una gran contribución en el propósito de reducir el impacto ambiental en las ciudades del Ecuador.
Otra de las opiniones expuestas en el Pleno puso énfasis en que se trata de una ley que beneficia, no solo a los ecuatorianos, sino al planeta en su conjunto, sobre todo por la promoción de políticas energéticas amigables con el ambiente, tomando como modelo aquellas experiencias que se aplican en diferentes partes del mundo.
Igualmente, hubo voces por las cuales reivindicaron que los cambios de matriz energética fueron iniciados por el anterior Gobierno, lo cual permitiría hablar del uso eficiente de la energía.
Concluidas las 10 intervenciones, el legislador Patricio Donoso, vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), dispuso que el proyecto, con las observaciones propuestas en el debate, regrese a la Comisión del Desarrollo Económico, a fin de que se analicen esas sugerencias como paso previo a la elaboración del informe para segundo debate.
EG/pv
En la Comisión del Desarrollo Económico va tomando fuerza la idea de que se trabaje en una reforma integral a la Ley de Aviación Civil. Esta vez analizaron los altos costos de los pasajes, que perjudica a los usuarios y a la producción.
El debate se generó después de escuchar a Marco Subía, de la Asociación de Representantes de Aerolíneas del Ecuador, quien acudió para expresar sus observaciones a las reformas de esta norma, que presentaron los legisladores César Rohón y Ximena Peña. El uno sobre vuelos chárter y el otro sobre investigaciones de accidentes.
Fue el propio Subía quien sugirió una reforma integral. Uno de los temas que más se debatió en la mesa fue el alto costo de los pasajes. La asambleísta María Mercedes Cuesta sostuvo que ha recibido muchos reclamos de usuarios e incluso lo ha vivido en “carne propia”, sobre este tema y la cancelación y retraso de vuelos.
Subía explicó que los costos de los pasajes obedece a las elevadas tasas e impuestos que tiene el país, que es uno de los más altos de la región. Puso como ejemplo el 5 % como impuesto al combustible aéreo, que no tiene otro país del mundo y un 5 % para la Aviación Civil o la tasa de salida, que es más de 50 dólares.
César Rohón estuvo de acuerdo con la reforma integral y, en cuanto a los precios, resaltó que estos no lo vuelven competitivo a Ecuador.
Sostuvo que para la exportación de varios productos como pescado fresco y flores utilizan el transporte aéreo, por lo que resultan perjudicados. Según Subía, Quito es el tercer mercado más grande en Latinoamérica en exportaciones, después de Sao Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia). El turismo fue otro tema que preocupó.
En cuanto a los vuelos chárter sostuvo que están regulados, mientras la proponente de esta reforma, Ximena Peña, insistió en que existen vacíos que no amparan a los usuarios. Para Subía, lo que se requiere es aclarar conceptos, que se ajusten a los tratados internacionales de los que Ecuador es parte.
“Tiene que haber un responsable manejo de este tipo de vuelos y que el ciudadano tenga la capacidad de reclamar. Si no está claro en la Ley se debe poner. En Argentina solo los operadores turísticos lo pueden hacer. Ahí está un responsable. Además se anuncian 40 días antes. En nuestro caso tenemos que analizar de acuerdo con nuestra realidad y precautelar los derechos de los pasajeros”, enfatizó Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.
LILA/pv
BanEcuafor venderá al Banco Nacional de Fomento (BNF) en Liquidación un total de 2.600 operaciones, por un valor de más de 13 millones de dólares, para que sus clientes puedan acceder al beneficio de remisión de intereses, multas y recargos, que estableció la Ley de Fomento Productivo.
La Comisión del Desarrollo Económico realiza un seguimiento al cumplimiento de esta norma, que está vigente desde el 21 de agosto de este año. Para ello invitó a representantes del BanEcudor y su gerente general, Santiago Campos, confirmó estos datos.
Para que se puedan ejecutar estas operaciones se realizan acciones como identificación de base de datos, procesos de castigos anticipados de cartera, envío de propuesta de venta de cartera y traspaso de operaciones, entre otras.
La Ley establece que el BNF en Liquidación, en el plazo de 180 días, podrá realizar operaciones de compra y venta de cartera de instituciones financieras y, en 30 días, determinará las condiciones y procedimientos.
Banco Central del Ecuador
Janeth Maldonado, subgerente del Banco Central del Ecuador (BCE) indicó los avances para la aplicación de la reducción de intereses, multas y recargos para los deudores no vinculados de la Banca Cerrada, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess).
Señaló que han mantenido reuniones bipartitas y se ha enviado la nómina de los deudores para que se aplique la ley.
Sobre la reducción de tasas en el sistema financiero para el sector agrícola y ganadero, informó que se han establecido mesas de diálogo para llegar a un consenso y que para el siguiente trimestre podrían tener un resultado.
También se refirió a las operaciones de inversión doméstica. Indicó que se ha colocado 2.008 millones de dólares, de los cuales el 69 % está concentrado en Ministerio de Economía y el 22% para líneas productivas, a través de la banca pública.
De ese 69%, es decir, 1.396 millones se busca recuperarlos entre el 2021 y el 2038. Se estimó este tiempo, por la capacidad real que tiene el Ministerio.
BNF en Liquidación
Desde el 21 agosto hasta el 14 de septiembre, el BNF en liquidación ha recuperado 342.133 dólares, que corresponde a 344 operaciones. De estas, 316 es por la remisión de intereses, multas y recargos. Así lo informó Juan Gamboa, liquidador de esta entidad.
Informó que, considerando que el 40 % de la cartera que no se acogió a las operaciones anteriores, se estima que 16.600 operaciones se acojan a la Ley de Fomento Productivo, que corresponde a alrededor de 10 millones de dólares.
LILA/pv
La Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se refirió a las dos resoluciones aprobadas por el Pleno del Legislativo que buscan tratar cualquier tipo de situación anómala con respecto a las denuncias de supuestos cobros ilícitos de legisladores y exlegisladores a los miembros de sus equipos de trabajo.
“Hay unidad para esclarecer estos hechos”, dijo la Presidenta. Además, aseguró que con las resoluciones aprobadas se tomó la determinación de dar todas las facilidades a las entidades de control para que se transparente cada caso denunciado.
Reformas a la Ley de la Función Legislativa
Se refirió a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que según explicó, buscarán mejorar los perfiles de los colaboradores de la Asamblea Nacional, para que el aporte a la producción legislativa sea mayor.
También habló de mejorar los controles e incluir mecanismos sancionatorios, pues la actual Ley solo contempla las relaciones entre legisladores, no con sus equipos de trabajo. “Estos temas no nos pueden distraer del quehacer legislativo. Tenemos importantes leyes por aprobar, que forman parte de la agenda legislativa que el país espera que se cumpla”, dijo Elizabeth Cabezas.
La Titular del Legislativo aseguró que el tema no se politizará y que se mantendrá un flujo de información permanente sobre la situación.
Mantener la institucionalidad
Con respecto a los rumores de una posible muerte cruzada, la Presidenta de la Legislatura dijo que esa no es la solución para un país que actualmente atraviesa un momento político y económico complejo. “Nuestro compromiso es mantener la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Ir a una muerte cruzada es el peor escenario en un país que requiere estabilidad, tener claras muestras de trabajo y de leyes que establezcan un ambiente de confiabilidad para seguir hacia delante”, finalizó.
MC/pv
Desde la semana pasada, la Comisión del Desarrollo Económico, inició un seguimiento a la aplicación de la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Este miércoles, 19 de septiembre, a las 11:00, recibirá a algunas autoridades.
Entre los funcionarios que acudirán se encuentra Janeth Maldonado, subgerente del Banco Central del Ecuador, además fueron convocados representantes de la Corporación Financiera Nacional y del Banco Nacional de Fomento, en liquidación.
El pasado miércoles, la mesa parlamentaria recibió a Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI). Explicó que la meta por el beneficio de la remisión de intereses, multas y recargos, que estableció la Ley, es de 774 millones de dólares hasta el 2020. En 2018 se prevé el monto más alto, que llegaría a 602 millones de dólares.
Según la funcionaria, en los primeros 15 días de vigencia de la norma, el SRI recaudó 22,85 millones de dólares, mientras que el monto gestionado fue de más de 46 millones de dólares. Los beneficiarios fueron más de 62 mil contribuyentes, de los cuales el 99,3 % correspondió a micro, pequeños y medianos contribuyentes.
Explicó que se puede acceder a la remisión solo si se paga el 100 % del capital. Para informarse el ciudadano puede acceder a la página web institucional, sin necesidad de clave.
Recaudado en el IESS
Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también asistió para informar que esta institución aprobó el reglamento, dos días después de la vigencia de la Ley, a fin de poder aplicarla, lo que les permitió recaudar 7,3 millones de dólares.
La norma estableció la reducción de intereses, multas y recargos también para obligaciones con el IESS, que es proporcional y llega hasta el 99 % del perdón.
Con esta figuara, el IESS pronostica recaudar 189 millones de dólares. En tanto, la cartera susceptible de reducción es de 913 millones de dólares y las obligaciones más de 1.752. El 56,3 % corresponde a ciudadanos empleadores unipersonales, micro y pequeñas empresas, cerca del 21 % medianas y grandes empresas y alrededor del 6 % empleadores domésticos.
LILA/eg
La Comisión del Desarrollo Económico se reunirá este miércoles, 19 de septiembre 2018, a las 09h00, para tratar los proyectos de Ley de reformas a la Ley de Aviación Civil y de reformas a la Ley Compañías.
En la mesa se analizan dos propuestas para cambiar una parte de la Ley de Aviación Civil, que confluyen en la defensa de los derechos de los usuarios.
Ximena Peña plantea la regulación de los vuelos chárter y mejorar el sistema de concesión de frecuencias a las aerolíneas.
En su proyecto, explica que no existe una normativa que permita balancear las frecuencias que tienen mayor interés económico respecto de aquellas que no la tienen. Destaca, por ejemplo, la sobreexplotación a destinos como Galápagos, Quito, Cuenca y Manta y que vuelos a Loja, Latacunga, Machala, vayan desapareciendo.
Sobre los vuelos chárter, afirma que estos se han incrementado indiscriminadamente y muchos dejan sin protección a los usuarios, quienes muchas veces tienen que sufrir las consecuencias de los atrasos o cambios de fechas. Indica que dichas empresas, terminadas las temporadas, desaparecen sin dejar un beneficio al país, como en el caso de las fuentes de empleo.
En cambio, César Rohón persigue fortalecer la colaboración, independencia y autonomía de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos (JIA), tal como manda el Anexo 13 del Convenio de Chicago suscrito por Ecuador.
Propone que, para ello, es conveniente que la JIA salga del ámbito de la autoridad técnica aeronáutica (Dirección de Aviación Civil ) y forme parte del ministerio rector del sector aeronático, que este momento es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
El asambleísta considera necesario que la JIA se constituya como una entidad especializada, con autonomía administrativa, financiera, operativa y decisoria para el cumplimiento de sus funciones. Busca se le dote de infraestructura, recursos y personal suficientes. Además, plantea reformas para evitar conflictos de intereses entre los miembros de la Junta y las empresas.
En la misma sesión, los asambleístas avocarán conocimiento del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, auspiciado por la legisladora Gabriela Larréategui.
LILA/eg
El primer debate del proyecto de Ley de Eficiencia Energética constará en la agenda de una de las próximas sesiones del Pleno, una vez que la Comisión del Desarrollo Económico aprobó el respectivo informe. La norma establece la promoción de incentivos para que los ciudadanos y los sectores productivos del país se encaminen al uso eficiente de la energía.
Según la propuesta de Estaban Albornoz, el gobierno nacional establecerá mecanismos de incentivos fiscales, arancelarios y/o tributarios, destinados a los consumidores que apliquen acciones de eficiencia energética.
Determina que el transporte eléctrico -particular y público- gozará de tarifas diferenciadas preferenciales durante el período que se establezca en el reglamento de esta ley.
Además, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) fijarán incentivos que fomenten el uso de movilidad eléctrica, creando facilidades para el uso, circulación y aparcamiento de vehículos eléctricos.
También, incluye un capítulo sobre seguimiento e información por el cual, como parte del nuevo Sistema Nacional de Eficiencia Energética, el ministerio rector de la eficiencia energética creará una base de datos estadísticos y de indicadores, que será de acceso público.
Esta base dispondrá de todo el registro de fuentes y usos finales de energía, además de la información necesaria para construir indicadores nacionales y sectoriales, que permitan evaluar la evolución, desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Eficiencia Energética.
Respecto de la investigación científica y desarrollo tecnológico, el Estado favorecerá esta política a nivel de universidades, escuelas politécnicas y centros de investigación.
LILA/eg
Después de una amplia deliberación, que incluyó la presencia de sectores de la academia, de la producción, instituciones del Estado, organismos internacionales y ciudadanía, la Comisión del Desarrollo Económico aprobó, por unanimidad, el informe para primer debate del proyecto de Ley de Eficiencia Energética, de autoría de Esteban Albornoz.
Albornoz, que es también presidente de la mesa, aseguró que esta normativa es fundamental para el desarrollo del país, cuidando de nuestra casa común, el planeta, para el beneficio de las futuras generaciones.
Con el proyecto se busca impulsar la eficiencia energética. La considera como una de las principales fuentes de ahorro de energía y elemento clave en la lucha contra los impactos del cambio climático.
La propuesta busca que, con una normativa específica y objetivos claros, se pueda desarrollar la eficiencia energética, mediante un marco institucional adecuado, que establezca mecanismos para planificar, establecer políticas públicas y fijar metas en esta materia.
Según la iniciativa, se declara a este tema de interés nacional y se crea el Sistema Nacional de Eficiencia Energética (Snee) para promover el uso eficiente, racional y sustentable de la energía, en todas sus formas.
Para la coordinación interinstitucional se prevé un Comité Nacional, integrado por seis ministerios que tienen que ver con el desarrollo de esta rama, la Secretaría de Planificación, el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
En el debate, los legisladores sugirieron que también puedan estar los sectores productivos y los colegios de profesionales, a lo cual accedió el Presidente.
Además, varios miembros consideraron importante incorporar elementos de acción concretos, como incentivar el uso de vehículos y sistemas públicos de transporte que funcionen con electricidad. Para ello propusieron la creación de un Fondo Nacional de Fomento e Inversión en Eficiencia Energética.
Propusieron que se lleve a cabo un adecuado monitoreo de los avances y resultados de los planes o programas que se implementen en esta área. Así mismo, para los legisladores es importante contar con adecuadas estadísticas que permitan mejorar la evaluación y las futuras decisiones.
LILA/eg
A pocos días de vigencia de la Ley de Fomento Productivo, que rige desde el 21 de agosto de este año, representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess) presentaron en la Comisión del Desarrollo Económico los primeros resultados.
El proceso de una ley no termina con la aprobación de la misma, sino con su implementación y seguimiento, sostuvo el presidente de la mesa parlamentaria, Esteban Albornoz.
Marisol Andrade, directora del SRI, fue la primera en intervenir. Explicó que la meta por el beneficio de la remisión de intereses, multas y recargos, que estableció la ley para obligaciones con esta entidad, es de 774 millones de dólares hasta el 2020. En este 2018 se prevé el monto más alto, que llegaría a 602 millones de dólares.
Según la funcionaria, en los primeros 15 día de vigencia de la norma el SRI recaudó 22,85 millones de dólares, mientras que el monto gestionado fue de más de 46 millones de dólares. Los beneficiarios fueron más de 62 mil contribuyentes, de los cuales el 99,3% correspondió a micro, pequeños y medianos contribuyentes.
Andrade se refirió, además, a los procesos que llevó a cabo el SRI para socializar los beneficios de la norma y otros que fueron necesarios para su aplicación.
Explicó que se puede acceder a la remisión solo si se paga el 100 % del capital. Para informarse el ciudadano puede acceder a la página web institucional, sin necesidad de clave. Con el número de cédula o RUC se puede hacer ejercicio de la deuda, los saldos con remisión, sin remisión y ventajas.
Los legisladores pidieron que se expida, a la brevedad posible, el Reglamento para los deudores de buena fe. Andrade aseguró que ya han realizado el borrador, en lo que corresponde al ámbito tributario y se espera que en los próximos días esté publicado.
Recaudado en el Iess
Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del Iess, afirmó, por su parte, que esta institución aprobó el reglamento dos días después de la vigencia de la Ley, a fin de poder aplicarla lo que les permitió recaudar 7, 3 millones de dólares.
La norma estableció la reducción de intereses, multas y recargos también para obligaciones con el Iess, que es proporcional y llega hasta el 99 % del perdón. Depende del tiempo transcurrido, es decir, entre más rápido se accede al beneficio, más alto será el porcentaje de la rebaja.
Con este beneficio el Iess pronostica recaudar 189 millones de dólares. En tanto, la cartera susceptible de reducción es de 913 millones de dólares y las obligaciones más de 1.752. El 56,3 % son ciudadanos empleadores unipersonales, micro y pequeña empresas, cerca del 21 % mediana y grande empresa y alrededor del 6 % empleadores domésticos.
LILA/pv
