Asambleísta por Pichincha
Visitamos el centro apícola de la Universidad Técnica de Ambato y mantuvimos una reunión con asociaciones de apicultores para recoger aportes al proyecto de Ley de Fortalecimiento y Comercialización de la Apicultura.
Durante el encuentro asumimos compromisos concretos: exigir que Agrocalidad cumpla su rol, mejorar los procesos de registro ante la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y apoyar a los emprendimientos del sector.
La apicultura es clave para la soberanía alimentaria, el desarrollo rural y el sustento de muchas familias ecuatorianas.
Nos reunimos con los concejales de Rumiñahui para coordinar acciones conjuntas en beneficio del cantón. Dialogamos sobre la reforma al COTAD, la lucha contra la desnutrición infantil, la seguridad ciudadana y las reformas a la Ley del Deporte para fortalecer el deporte barrial.
Seguiremos trabajando junto a las autoridades locales por el desarrollo y bienestar de Rumiñahui.
Como asambleísta, presenté la resolución para rendir homenaje póstumo a Luis Eduardo Miño Naranjo, ícono de la música ecuatoriana. Su legado como parte del dúo Hermanos Miño Naranjo ha marcado generaciones y dignificado los géneros tradicionales del país. La resolución —aprobada por unanimidad— dispone izar la Bandera Nacional a media asta y entregar la condecoración al Mérito Cultural “Adalberto Ortiz” al dúo. Este tributo no solo honra su trayectoria, sino que reafirma nuestro compromiso de garantizar derechos y dignidad a los artistas del Ecuador.
Junto a la asambleísta Viviana Veloz presentamos nuestras observaciones al proyecto de Ley de Innovación en la Gestión Pública ante la Comisión de Desarrollo Económico. Nuestro objetivo es claro: que esta ley no se quede solo en la modernización administrativa, sino que sea una herramienta real para transformar el Estado y servir mejor a la ciudadanía.
Proponemos incorporar el uso de inteligencia artificial (IA) y tecnologías de la información y comunicación (TIC) como mecanismos clave en la lucha contra la corrupción, especialmente en el ámbito de las compras públicas, donde los riesgos de opacidad y discrecionalidad son altos.
Junto a representantes del sector apícola, como Fabián Caiza, mantuvimos una reunión clave para avanzar en la socialización del proyecto de Ley de Apicultura, presentado por la asambleísta Rosa Belén Mayorga. Esta propuesta busca regular y fortalecer la actividad apícola en beneficio de todos los productores, especialmente los pequeños. Planteamos la necesidad de realizar un mapeo de actores, establecer foros territoriales y asegurar la participación activa de las asociaciones en el tratamiento de la ley. También se discutió el rol del Ministerio de Agricultura y Agrocalidad en mejorar la calidad, apoyar la producción y cerrar el déficit nacional. El objetivo es construir una ley legítima, inclusiva y con base técnica, que refleje las verdaderas necesidades del sector.
Participamos en el Conversatorio Ciudadano por una Ley de Contratación Pública Transparente, organizado junto a la UMET y René Bedón, para analizar críticamente el proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo. Expertos como Juan Aguirre, Elena Solari y Carlos Placencia coincidieron en que la propuesta es incompleta, no garantiza sostenibilidad ni transparencia, y podría criminalizar a los servidores públicos. Reafirmamos que una ley de esta magnitud debe construirse con participación ciudadana, sin apuros ni parches.
Se conformó oficialmente la delegación nacional de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), una red interparlamentaria internacional que promueve el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia, la paz y los derechos humanos en todo el mundo.
Una ley de defensa al consumidor debe estar a la altura de los retos del presente. La propuesta que se debate en la Asamblea Nacional representa un avance, pero también exige mejoras urgentes para responder a la complejidad del comercio electrónico, los contratos digitales y la creciente intermediación de plataformas tecnológicas.
Uno de los principales llamados fue a simplificar y precisar las definiciones legales sobre contratos digitales. Términos como “contrato electrónico de consumo” y “contrato de consumo celebrado a distancia” pueden unificarse para evitar confusiones en su aplicación práctica. Además, es necesario incorporar la figura de los smart contracts, que ya se utilizan en transacciones digitales, pero sin un marco jurídico claro que proteja a los consumidores frente a sus riesgos.
Me reuní con la Asociación Deportiva Estudiantil del Valle para dialogar sobre la situación del deporte estudiantil y recoger aportes para la reforma a la Ley del Deporte.
Escuchamos sus propuestas con el objetivo de fortalecer el deporte como herramienta de formación, prevención y desarrollo para niños y jóvenes.
El deporte también es educación y futuro.
