Asambleísta por Pichincha
Ante las noticias sobre la aprobación de arroces genéticamente modificados mediante “edición génica” por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pese a la prohibición constitucional, he solicitado información oficial sobre los estudios técnicos, riesgos para la salud, impactos ambientales y el sustento legal de esta decisión. La soberanía alimentaria debe respetar la Constitución y garantizar transparencia, seguridad y protección ambiental.
En la Comisión de Soberanía Alimentaria analizamos el proyecto de Ley del Plátano, recogiendo las preocupaciones de los productores sobre la falta de control fitosanitario y la necesidad de fortalecer la calidad y productividad del sector.
Anunciamos un proceso de fiscalización a Agrocalidad y planteamos la importancia de establecer un precio de sustentación justo que garantice sostenibilidad para los productores.
Tras reunirme con concejales de Rumiñahui, inicié un proceso de fiscalización sobre la situación de seguridad en el cantón.
He solicitado al Ministerio del Interior información sobre el estado de las Unidades de Policía Comunitaria, número de efectivos, vehículos y presupuesto asignado.
La seguridad debe garantizarse con acciones concretas y transparencia.
Tras recorrer varias Unidades de Policía Comunitaria en Rumiñahui, constatamos abandono, puertas cerradas y ausencia de personal, pese a que la Policía Nacional del Ecuador sostiene que existen más agentes asignados al cantón. El Ministerio del Interior indicó que algunas UPC son responsabilidad municipal y otras del Gobierno Central, mientras la ciudadanía continúa enfrentando inseguridad. La seguridad requiere coordinación y presencia efectiva en territorio. Rumiñahui necesita respuestas concretas, no excusas.
Visité la Fundación Casa Hogar de Santa Catalina, que acoge a cerca de 60 personas adultas mayores en situación de calle, y constaté que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no ha pagado sus asignaciones desde diciembre.
He iniciado un proceso de fiscalización para exigir respuestas y verificar la situación de todas las casas hogar del país.
Garantizar los derechos de nuestros adultos mayores no es caridad, es justicia.
En la Comisión de Soberanía Alimentaria tratamos el proyecto de Ley Interpretativa de la Leche y recibimos a productores ganaderos, quienes alertaron que los precios fijados sin respaldo técnico no cubren los costos reales de producción.
Señalamos que Agrocalidad, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería deben responder por la falta de política pública y por normas que afectarían al sector.
La sostenibilidad de la ganadería está en riesgo y requiere decisiones técnicas y responsables.
Recibimos a la concejal del Municipio de Rumiñahui, Paula Granda, para recoger aportes a la reforma de la Ley del Deporte.
Trabajamos en una propuesta que impulse el deporte barrial y parroquial, y que fortalezca a los deportistas cantonales con mejores condiciones de apoyo y desarrollo.
El deporte es una prioridad y debe contar con una normativa que responda a la realidad de los territorios.
Como resultado de la fiscalización a la Ley de Competitividad Energética, la Empresa Eléctrica Quito iniciará la exoneración del pago de energía eléctrica en estadios cerrados de las ligas barriales de Pichincha.
En los próximos días se socializará el proceso con cada federación. Seguimos legislando y fiscalizando para generar beneficios concretos para el deporte comunitario.
Ante denuncias ciudadanas y reportes en medios, he solicitado información oficial sobre la suspensión del servicio de alimentación en el Hospital de Docentes de Ambato, el Hospital Básico Yantzaza, el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Pablo Arturo Suárez.
La alimentación hospitalaria es parte esencial del tratamiento médico y no puede suspenderse por problemas administrativos o presupuestarios. He requerido explicaciones sobre las causas, el tiempo de afectación y las medidas adoptadas para garantizar la comida a los pacientes.
No es aceptable que falte alimentación en hospitales públicos. La salud y la dignidad de los pacientes deben ser prioridad.
