Asambleísta por Pichincha
Hemos recorrido 100 hospitales del país y lo que encontramos evidencia una grave crisis en la salud pública: médicos despedidos, pacientes sin acceso a diálisis, trabajadores con hasta siete meses sin sueldo, hospitales sin medicamentos, medicinas caducadas e infraestructura deteriorada. Detrás de estas cifras hay historias dolorosas de familias que denuncian negligencia y abandono. Desde la Bancada de la Revolución Ciudadana seguiremos fiscalizando y denunciando esta situación, porque la salud debe volver a ser un derecho garantizado para todos.
Tras revelaciones del medio Plan V sobre la entrega de más de 3.000 kits en San Miguelito, cantón Píllaro, solicité explicaciones al Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador sobre el origen de los kits, los fondos utilizados, los convenios y el listado de beneficiarios. Además, pedí a la Contraloría General del Estado del Ecuador un examen especial para verificar posibles irregularidades y garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos.
Solicité información al Ministerio de Salud Pública del Ecuador sobre el despido de 168 trabajadores de la salud, ya que existen casos de profesionales con altas evaluaciones de desempeño que fueron desvinculados. Ante estas inconsistencias, pedí que el ministro comparezca ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador para explicar y revisar estas decisiones.
En los primeros 100 días de trabajo en la Asamblea Nacional del Ecuador se han impulsado acciones enfocadas en fiscalización, legislación y cercanía con la ciudadanía. Se realizaron 30 pedidos de información en temas de salud, deporte y petróleo, 30 reuniones con la ciudadanía, 4 visitas a hospitales, 3 observaciones a proyectos de ley y cerca de 60 entrevistas en medios de comunicación. El compromiso es seguir trabajando por el país con transparencia y responsabilidad.
Durante una visita de fiscalización al Hospital General San Vicente de Paúl en Ibarra, junto a Sairi Anrango y Cristina Jácome, se evidenciaron graves problemas en el sistema de salud: infraestructura deteriorada, equipos obsoletos, cocina con instalaciones antiguas y servicios de limpieza, alimentación y seguridad impagos desde febrero.
Además, se constató un déficit de especialistas, despidos de personal y una lavandería colapsada por maquinaria dañada. La situación refleja el abandono de la salud pública y la urgencia de que el Gobierno garantice una atención digna para Imbabura y el país.
Solicité al Ministerio de Salud Pública del Ecuador un informe sobre el índice de muertes neonatales registradas en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. También pedí información sobre los protocolos aplicados, planes de calidad, autopsias verbales y el estado del stock de insumos médicos. La salud pública exige transparencia y respuestas frente a hechos tan graves.
Durante una visita in situ al Hospital de Mejía, junto a Mónica Alemán Mármol y Ana Belén Yela, se evidenciaron graves problemas en el funcionamiento del centro de salud: trabajadores de limpieza y seguridad impagos, turnos extendidos, equipos médicos sin mantenimiento, ambulancia sin combustible, medicamentos caducados y deficiencias en la infraestructura. La situación refleja una crisis en la salud pública que contrasta con la versión oficial del Ministerio de Salud. Se continuará con el proceso de fiscalización para exigir respuestas y soluciones.
Ante denuncias ciudadanas sobre la desvinculación de personal en el Hospital Universitario de Guayaquil, he solicitado información al Ministerio de Salud Pública del Ecuador para conocer las resoluciones, la fundamentación técnica de estas decisiones y el impacto que generan en áreas críticas como Neonatología, Hospitalización, Quirófano y Centro Obstétrico. La salida de personal clave en plena crisis hospitalaria genera preocupación y requiere respuestas claras de las autoridades.
Solicité al presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales que convoque al ministro de Salud para que explique la situación del sistema de salud pública. He pedido aclaraciones sobre la suspensión del servicio de alimentación en hospitales, los despidos de personal médico, la ejecución presupuestaria y los planes para garantizar la atención hasta diciembre de 2025. La salud pública exige respuestas y rendición de cuentas.
Tras la comparecencia del viceministro de Salud en la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional sobre la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, junto a Viviana Veloz solicitamos a la Contraloría General del Estado del Ecuador una auditoría de gestión. El objetivo es revisar la atención de emergencia, las condiciones de hospitalización y los tratamientos aplicados, para esclarecer responsabilidades y garantizar transparencia ante estos graves hechos.
