En diálogo con los medios legislativos (TVL y La Radio), el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, evaluó la gestión cumplida por la Legislatura en el 2020. “Ha sido un año difícil por la pandemia, que nos obligó a reinventarnos de manera ágil. Fuimos el primer Parlamento en aplicar el teletrabajo o las sesiones virtuales, a fin de que la tarea en beneficio del país no se paralice, incluso logrando ser más eficientes en nuestro accionar”, dijo.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 26 establece las distintas funciones de los organismos parlamentarios que, entre otros, tienen la capacidad de recibir, analizar, procesar y tramitar peticiones de fiscalización y control político a las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia. Las solicitudes pueden nacer de legisladores, asignaciones del Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social enfocó su trabajo en el análisis del proyecto de Ley de Extinción de Dominio con el propósito de confiscar bienes que han sido obtenidos de manera fraudulenta y dar una respuesta a la ciudadanía en momentos en que el país enfrenta el deterioro moral y económico a consecuencia de la corrupción.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, y la directora nacional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Silvana Vallejo Páez, suscribieron, la tarde de este lunes 28 de diciembre de 2020, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el objeto de promover, fortalecer y coadyuvar a una eficiente, transparente y oportuna labor fiscalizadora de la Función Legislativa.
La Comisión de Integración, Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el legislador Fernando Flores Vásquez, tuvo como prioridades en este 2020 la aprobación de reformas a la Ley de Movilidad y al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop); así como, el tratamiento y posterior aprobación de tratados y acuerdos comerciales con dictamen de la Corte Constitucional.
Este miércoles 23 de diciembre, la Asamblea Nacional firmó dos convenios de cooperación interinstitucional encaminados a reforzar la formación académica y la capacitación de las mujeres para la generación de fuentes de trabajo a través del emprendimiento.
El Pleno de la Asamblea, en 2020, procesó tres juicios políticos, sobre la base de los informes preparados por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se trata de las interpelaciones seguidas en contra de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura; Christian Cruz, entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); y, María Paula Romo, en su condición de secretaria de Gobierno, por incumplimiento de funciones, dos de los cuales concluyeron con censura y destitución.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo y Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para la realización de cursos de capacitación, seminarios, foros e iniciativas de formación en el campo de relaciones internacionales, derecho diplomático y consular, así como de cooperación internacional y diplomacia parlamentaria.
La Asamblea Nacional contribuyó al fortalecimiento de dos importantes sectores productivos del país. Se trata de las actividades acuícolas, pesqueras y de la palma. En efecto, la Legislatura aprobó las leyes Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca; y, para el Fortalecimiento, Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados.
La presidenta de la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia, Encarnación Duchi, mencionó que para finales de enero de 2021, la mesa legislativa entregará el informe para segundo debate del proyecto de Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) que está orientado a garantizar la protección por parte del Estado, la sociedad y la familia de este grupo de atención prioritaria, que en Ecuador constituye el 35% de la población.
