Esta semana, la Asamblea profundizó su rol fiscalizador y control político. Se ratificó el compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad. Esto a propósito de la fuga del ex secretario de Comunicación del gobierno anterior, Fernando Alvarado. En el Pleno de la Asamblea rindieron cuentas el fiscal general del Estado, Paúl Pérez; el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda y la ex ministra, Rosana Alvarado.
Los procesos de fiscalización continúan en las comisiones legislativas. Está previsto que la legisladora Mae Montaño, en la respectiva mesa parlamentaria, presente las pruebas de cargo contra Diego García Carrión, exprocurador General del Estado, por supuesto incumplimiento de funciones, mientras que Régimen Económico alista el informe de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2018 y también fiscalizará la concesión de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Estas actividades se darán lugar el próximo miércoles.
“Nadie notificó al 911, ni al juez sobre las alertas del dispositivo que usaba el señor Alvarado; si hubiéramos sabido de alguna alerta, habríamos actuado de manera inmediata”, subrayó Paúl Granda, ministro encargado de Justicia, en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para explicar las acciones tomadas respecto de la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del gobierno anterior.
La visita de Estado del Primer mandatario se realiza en el marco de la conmemoración de los 20 años de la firma del Acuerdo de Paz. Mañana, se realizará el Gabinete Binacional.
Las novedades del uso del grillete electrónico por parte del exsecretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, comenzaron el 29 de septiembre. Desde ese día hasta el 13 de octubre se presentaron 245 alarmas, que no fueron notificadas a las autoridades. De ahí al 20 de octubre se registraron siete reportes de baja de batería y de apagado, con lo que se presume que del 13 de septiembre al 20 de octubre, lo usó otra persona, que no sabría cómo utilizarlo.
Las asambleístas Rina Campain y Tanlly Vera, que actúan como interpelantes del ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ratificaron su acusación sobre el incumplimiento de funciones del ex funcionario, al disponer el traslado de 300 millones de dólares de la cuenta de la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, a la Cuenta Única el Tesoro Nacional, a fin de realizar pagos a proveedores y gobiernos autónomos descentralizados.
En ejercicio de su derecho a la defensa, el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acudió al Pleno para defenderse del juicio político que se desarrolla en su contra. Aseguró que la transferencia de los 300 millones de dólares de la cuenta de la Ley de Solidaridad a la Cuenta Única del Tesoro correspondió a un manejo profesional, apegado a la normativa y en atención a derechos constitucionales.
Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, escuchó a los artesanos. Ellos piden que los tres cuerpos normativos en los que se rigen se unifiquen y se contemplen exoneraciones tributarias.
La Superintendencia de Bancos acogió las sugerencias de la Comisión de Régimen Económico de la Legislatura ante los cobros indebidos a través de ciertas instituciones del sistema financiero.
En el contexto de la revisión de los cambios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Loei), este miércoles, la Comisión de Educación centró el debate sobre la posibilidad de replantear los objetivos y parámetros de la Prueba Ser Bachiller, a la que se someten los alumnos para acceder a las universidades.
