En la semana que concluye, la Asamblea Nacional aprobó la décima ley en lo que va de la actual administración. Se trata de las reformas a la Ley Especial Amazónica, que crea herramientas para fomentar el empleo y la educación superior en la región. Las comisiones avanzaron en el estudio de importantes proyectos y procesos de control político.
En el marco del primer debate del proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, 18 asambleístas de todas las bancadas legislativas expusieron sus aportes y observaciones para enriquecer la norma.
El Pleno de la Asamblea, con 100 votos afirmativos, censuró al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por incumplimiento de funciones, al haber excluido del Bono de Desarrollo Humano, a más de un centenar de personas en condición de vulnerabilidad, sin la correspondiente notificación, ni motivación alguna, negándoles el derecho a la legítima defensa y al debido proceso.
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); Consejo Nacional Electoral (CNE); Función de Transparencia y Control Social; Procuraduría; Contraloría; Fiscalía General del Estado; Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura (CJ), presentaron sus informes de labores 2023, ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
Con la finalidad de incorporar los enfoques de género y derechos humanos en el ejercicio de funciones de los asambleístas, como ejes transversales en los contenidos de la normativa, apoyar el fortalecimiento institucional y cumplir los objetivos estratégicos, en la línea de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y la Asamblea Nacional.
El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, con 120 votos afirmativos, se allanó a la objeción parcial remitida por el Ejecutivo, al proyecto de Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, considerando que se tratan de observaciones de forma y buscan clarificar los textos aprobados por las y los legisladores en diciembre de 2023. Luego de esta decisión la Asamblea Nacional enviará la ley al Registro Oficial para su publicación.
Sobre la base del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos, el Pleno de la Asamblea debatió el contenido y los alcances de la objeción al proyecto de reformas a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que busca dar mayor facilidad a los usuarios, mejorar los servicios públicos, fortalecer las capacidades y las competencias de los entes de control, así como atender el dictamen de la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de los derechos constitucionales referente a la identidad personal.
Por unanimidad, con 125 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional se ratificó en el texto original de 18 artículos objetados por el Ejecutivo a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; y, acogió el Dictamen 3-23-PO/24 de la Corte Constitucional, relativa la inconstitucionalidad del segundo inciso del artículo 41.3 sobre los requisitos para que una persona natural o jurídica sea catalogada como proveedor local de la circunscripción territorial amazónica.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle convocó para este martes, a las 10h25, a la sesión No. 891 del Pleno, en la que resolverán las objeciones del Ejecutivo a los proyectos de reformas a la Ley Especial Amazónica, Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles y Ley de Gestión Integral de Riesgos.
Las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional, en la semana del 22 al 28 de enero, cumplirán una amplia agenda de trabajo que incluye el análisis y socialización de proyectos de ley; la producción de informes para primer y segundo debates; la comparecencia de autoridades para exponer sus puntos de vista sobre iniciativas legales en trámite, al igual que varios procesos de control político y fiscalización, en distintas materias.
