El acuerdo permite que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) continúe con las actividades académicas e investigativas.
Esta propuesta fue presentada en la Comisión de Biodiversidad en el marco del estudio del proyecto de Ley de Creación de la Circunscripción Territorial Amazónica.
Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y de los empleados del Ministerio de Educación coinciden que el número de personas contratadas debe tener un techo.
Están de acuerdo con que se requiere celeridad en la contratación de auditorías para estas entidades, pero consideran necesarios ajustes, a fin de mejorar la norma y los procesos.
El Salvador y Nicaragua son los países con los que se pretende llegar a acuerdos, con los que Ecuador entraría con varios productos, bajo tasas preferenciales.
Con el Acuerdo, la Fundación Charles Darwin realiza investigación en una estación científica. La idea es ratificar el compromiso para que no se detengan las labores que se hacen en las islas Galápagos.
Hay que adecuar la normativa vigente para mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con la administración pública y contar con un Estado eficaz y transparente.
Siete organizaciones formularon importantes comentarios sobre las reformas al Código de la Niñez. Más allá de divergencias en temas como responsabilidad compartida, la tenencia, rendición de cuentas, apremio, pensiones alimenticias, las agrupaciones están firmes en la defensa del interés superior de los menores y garanticen su desarrollo integral.
Los embajadores de Turquía, Hungria y Belarús mantuvieron acercamientos. También se analiza la situación de los ecuatorianos deportados de Estados Unidos.
Esta mesa legislativa, liderada por Jorge Corozo Ayoví, al estudiar el proyecto de Ley para una Adolescencia Libre de Castigo Físico, Tratos y Penas Degradantes, consideró que la normativa duplica disposiciones referentes a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, ya existentes en otras normativas. De ahí que los integrantes de la comisión sugirieron archivar dicho documento, no sin antes proponer una reforma al Código Integral Penal (COIP), para la tipificación del maltrato físico contra este sector de la población.
