En la ex Cámara del Senado se dio lugar la inauguración del Foro: “La Nueva Asamblea Nacional y su Legitimidad Democrática”, con la presencia de más de 200 estudiantes universitarios, representantes de organizaciones sociales, legisladores y otros.
Ernesto Araníbar, coordinador de Ágora Democrática, sostuvo que el desafío de América Latina es mostrar que los poderes legislativos son instituciones autónomas, fuertes, transparentes y que trabajan para satisfacer las expectativas de la comunidad.
Comparó la situación de los pueblos latinoamericanos durante las dictaduras militares y ya en los procesos de trasformación democrática. Los períodos constitucionales han sido capaces de enfrentar crisis, bajar las tasas de inflación y combatir la inequidad, hechos que le dan mayor valor a la legitimidad institucional, enfatizó.
Entre tanto, Víctor Fagilde, Embajador de España en Ecuador, resaltó la personalidad y trayectoria de José Mejía Lequerica, quien aportó en la Corte de Cádiz, por lo que es gratificante que la Asamblea haya resuelto denominar a la ex Cámara del Senado con el nombre del ilustre patriota.
Mencionó que las naciones de América Latina, en el marco de la democracia, han implementado políticas para dejar atrás la brecha de la pobreza y las desigualdades sociales, lo que ha incidido en los indicadores de desarrollo, con una gestión responsable de los Parlamentos en el día a día.
Destacó la importancia del sistema de partidos políticos y el pluralismo, como el mejor camino para articular la relación entre el Estado y la sociedad, consensuando agendas sobre la base de objetivos nacionales.
La producción legislativa, la fiscalización, el balance de poderes, son acciones fundamentales para consolidar la democracia, dijo, al ponderar la gestión de la Asamblea del Ecuador en el marco de la transición posconstituyente.
Le apostamos a la transparencia y participación
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, resaltó que la Función Legislativa le apuesta permanentemente a la transparencia y participación de la ciudadanía en la construcción de leyes, para lo cual existen herramientas como las casas legislativas, La Radio y próximamente se pondrá en marcha un canal de televisión, como vías directas de intercomunicación. Esperamos que la gente haga uso de su derecho a la participación activa y efectiva, sostuvo.
Recordó que el Congreso llegó a niveles críticos de aceptación ciudadana (3%), por tanto, era un desafío modificar esa actitud. Sin embargo, con un trabajo de construcción colectiva de las leyes recuperamos la fe de la población, llegando a niveles del 50%, lo que afianza la legitimidad institucional y la vigencia de la democracia.
Los errores se advierten solo evaluándolos. La crítica es la mejor semilla para el cambio, agregó, tras indicar que se ha recibido 518 iniciativas legislativas, de las cuales 452 provienen de asambleístas (87%) y del Ejecutivo 44 propuestas (9%), el otro 4% de iniciativa popular y de instituciones, logrando aprobar 65 leyes de alto impacto social y que apuntan a mejorar la condición de vida de la población y contribuyen al progreso del país.
MG/pv
La Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, aprobó un cronograma para el estudio del proyecto de Ley del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que busca garantizar la seguridad integral de los habitantes, el orden público y el buen vivir, así como proteger a la naturaleza, mediante la implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que permitirá la prevención, mitigación y recuperación ante riesgos naturales y antrópicos.
La Comisión de Desarrollo Económico recibió al legislador Leandro Cadena quien explicó que el proyecto de Ley de Integración de Franjas Fronterizas, de su autoría, no contraviene disposición constitucional ni legal vigente, sino más bien, garantiza la aplicación de los derechos de sus habitantes, establecidos en el artículo 249 de la Carta Magna.
En rueda de prensa, el asamblea Guido Vargas Ocaña (PSP) demandó de la empresa china Sinohydro un trato digno para los trabajadores ecuatorianos que participan en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en la provincia de Sucumbíos.
Acompañado del presidente de la Junta Parroquial “El Reventador”, Rolando Vélez, y más de 30 obreros, el legislador Vargas denunció que los trabajadores perciben sueldos de miseria (308 dólares mensuales), además no cuentan con una aceptable alimentación para subsistir en su gestión, ni tienen atención médica, por lo que la operación de la obra está suspendida.
Es más, continuó, la ciudadanía reclama el cumplimiento de los compromisos por compensación social, adquiridos por dicha compañía con los gobiernos parroquiales, especialmente con el cantón Gonzalo Pizarro, al denunciar incluso casos de acoso laboral y, lo que es más grave, de acoso sexual contra mujeres trabajadoras.
Bajo estos parámetros, Guido Vargas invocó al Presidente de la República y a los Ministros de Relaciones Laborales y de Electricidad, para que analicen la problemática y tomen los correctivos necesarios, en respuesta al clamor de la población.
Somos gente digna…
Hoy, para nosotros es un día importante e histórico, ya que hemos sido recibidos en la Asamblea Nacional, donde tuvimos la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz, dijo Rolando Vélez, quien pidió al gobierno tomar cartas en el asunto, a la brevedad posible.
Reconoció que el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair es una obra de gran magnitud, que aportará significativamente al progreso del país, pero los trabajadores realizan su oficio en condiciones inhumanas y de maltrato, al indicar que él ha sido acusado de delitos de terrorismo y sabotaje por defender los justos derechos de este grupo.
MG/pv
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 203, aprobó con 79 votos el proyecto de Ley de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, que genera recursos económicos para financiar el incremento del bono de desarrollo humano.
El asambleísta Luis Morales estará al frente de la audiencia pública que se desarrollará en la provincia del Napo, este jueves 22 de noviembre, en el marco de la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Culturas. El encuentro se cumplirá en el auditorio de la Casa Legislativa, ubicada en las calles Simón Bolívar y González Suárez, a partir de las 9:00.
Asambleístas del MPD, PAIS, PSP, PRIAN, Alianza Libertad, en la sesión 203 del Pleno, destacaron la necesidad de poner nuestra mirada hacia los sectores más pobres del país para legislar en su beneficio y el propósito de incrementar el bono de desarrollo humano es una forma de establecer la cultura de solidaridad con los que menos tienen.
La legisladora Lídice Larrea, coordinadora del Grupo de Amistad entre Ecuador e Indonesia, en reunión con la delegación de Parlamentarios de Indonesia, subrayó que uno de los proyectos que ha sido ejemplo en Latinoamérica y que aspira que traspasen las fronteras de los océanos y llegue hacia otros continentes, es la inclusión de las personas con discapacidad.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en la Comisión de Asuntos Internacionales, recibió a una delegación de siete Parlamentarios de Indonesia, quienes visitan el Ecuador con el fin de estrechar los lazos de amistad y cooperación en materia legislativa, respecto de temas culturales, científicos, económicos y políticos.
Por unanimidad, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, aprobó el informe del Convenio sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares (Convenio 156 de la Conferencia General de la OIT).
Los legisladores Fernando Bustamante, Eduardo Zambrano, Betty Amores, Vethowen Chica, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Fausto Cobo, César Montúfar y María Soledad Vela, respaldaron el documento, en razón de su importancia y trascendencia para el sector obrero del país.
Dicho instrumento cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Según el organismo legislativo, el Convenio firmado por el Estado ecuatoriano y la Conferencia Internacional del Trabajo está acorde con nuestra normativa laboral, conformada por los mandatos constituyentes, la Constitución, el Código del Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, más aún cuando se orienta a velar por los derechos de los trabajadores, la eliminación de la precarización laboral.
También que los trabajadores realicen sus actividades en condiciones saludables, en labores libremente escogidas, con salarios dignos, capacitándoles para su progreso, sin discriminación alguna.
La normativa permite implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres, marcadas por el subempleo, sobrecarga en la tarea y discriminación en el ingreso y participación, para lo que se requiere reducir la carga de cuidado, es decir, que debe existir la corresponsabilidad de compartir las labores dentro de la familia, así como facilitar servicios públicos universales.
El convenio fortalece y consolida disposiciones de la Constitución relativos a promover la maternidad y paternidad responsables, por tanto, la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos.
Determina que la responsabilidad familiar no debe constituirse por sí misma en una causa justificada para poner fin a una relación de trabajo, afianzando, así, el ejercicio pleno de los principios de maternidad y paternidad.
MG/pv
