El Pleno de la Asamblea Nacional, con 87 votos de 98 asambleístas presentes, exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, disponga el efectivo acatamiento del Acuerdo Interministerial entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI) y, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), suscrito el 11 de septiembre de 2009, por el cual se busca la expedición de los certificados para la exportación del Cacao Nacional Fino.
En torno a las denuncias presentadas por los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ante el Pleno, en el sentido que el Consejo de la Judicatura, CJ, de transición habría cometido graves irregularidades, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, aseveró que existen demasiadas razones para llevar a juicio político a los miembros de este organismo, pero que una eventual declaratoria de culpabilidad y destitución requiere de 83 voluntades.
El asambleísta de Izquierda Democrática, Andrés Páez, denunció que la información en la declaración juramentada de bienes del ministro de Agricultura y Ganadería, Ramón Espinel, es contradictoria, según se desprende de documentos certificados emitidos por varias entidades de Estado, por lo que habría cometido el delito de perjurio, al no incluir en su declaración rendida con juramento todos los bienes y obligaciones que posee.
Los asambleístas Jimmy Pinoargote, Fausto Cobo, César Montúfar, Cinthya Viteri, Lourdes Tibán y Andrés Páez, solicitarán a la Asamblea Nacional se cambie el orden del día de la sesión prevista para este jueves 8 de julio, a fin de que el Pleno analice la resolución adoptada por el presidente subrogante de la Legislatura, Rolando Panchana Farra, mediante el cual se extendió el plazo para que el organismo pertinente entregue el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
La Comisión de Biodiversidad, por pedido de la asambleísta Marisol Peñafiel, recibirá a Polibio Pérez, líder de la comunidad Barcelona, de la provincia de Imbabura, a fin de que exponga los problemas derivados de la extracción minera en la zona de Intag. La reunión se desarrollará este miércoles 7 de julio, a las 11H00.
El rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, al señalar que uno de los desafíos más importantes de la época actual es alcanzar un sistema educativo superior de calidad, apoyó decididamente la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en el sentido de incorporar en la Ley Orgánica de Servicio Público una disposición general que deje insubsistentes los nombramientos de los funcionarios, servidores públicos y personal docente que hubiere ingresado al sector público, sin concurso de méritos y oposición, a partir de la vigencia de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Carta Magna.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 11 votos afirmativos, 59 negativos, cuatro blancos y 25 abstenciones, negó el pedido de autorización para el enjuiciamiento penal contra el Presidente de la República, Rafael Correa.
Con el propósito de conocer los estados financieros y presupuestarios de la Comisión Nacional de Tránsito, durante el período 2009-2010, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, recibió a Héctor Solórzano, asesor de la Dirección Ejecutiva y a Pedro Asanza, director Financiero de esa institución.
Con la presencia del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor y delegados de organizaciones inmersas en la actividad petrolera, la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, profundizó la discusión del proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario, calificado como urgente en materia económica.
El presidente del organismo legislativo, Francisco Velasco, indicó que mañana los comisionados, luego del intenso proceso de socialización y recepción de aportes, votarían el articulado y el miércoles presentarían el informe para primer debate ante la Secretaría General de la Asamblea, en cumplimiento con la norma constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La preocupación de la Comisión ha sido que el informe tenga la mayor cantidad de voces, más aún cuando el tema es de vital trascendencia para el país, sostuvo Paco Velasco, al compartir con la propuesta de que se debería crear la Superintendencia de Hidrocarburos, que permitirá ejecutar un control más fuerte y mejor respecto del negocio del crudo.
Reformas van en beneficio exclusivo del Estado ecuatoriano
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, aseveró que el proyecto urgente va en beneficio exclusivo del país, actuando y respetando de buena fe con las compañías que inviertan en el negocio petrolero.
Explicó que las empresas que no acepten los procesos de renegociación pueden irse. Según las estimaciones que hemos hecho, creemos que con el trabajo de las entidades nacionales, en los dos años de los ingresos que tendríamos, pagaríamos la inversión de ellas, que se calcula entre 1 200 a 1 400 millones de dólares, argumentó.
Puntualizó que con dichas reformas, que son constitucionales, se incentiva el incremento de la producción, con inversión garantizada para las compañías que se queden; de no ser así, estamos en capacidad de tomar esos campos y obtener ganancias mayores para el Estado, de las que se reciben ahora.
Reiteró que se propone un procedimiento de negociación y un modelo de tarifa de pago a la contratista por la prestación de los servicios de exploración y explotación de hidrocarburos que, en base a inversiones nuevas, propicie un incremento significativo de la producción; caso contrario, se debe estimar el valor de pago por la liquidación del contrato.
Objeciones
La legisladora Magaly Orellana (PK), dijo que la propuesta gubernamental contradice lo determinado en los artículos 136 y 140 de la Constitución, así como el artículo 56 de la LOFL, por cuanto se refiere a dos materias diferentes.
Entre tanto, el presidente Ejecutivo de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), José Ziritt, expresó que la fijación de plazos de 120 y 180 días para la migración de los contratos, es inconstitucional.
De su lado, Jorge Pareja Cucalón, representante del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (FOPEC), advirtió que al nacer una Ley que puede ser observada por cualquier ciudadano ecuatoriano, en razón de sus falencias constitucionales, se estaría fomentando un cuerpo legal que será débil por su naturaleza, lo que provocará una inestabilidad jurídica y la falta de seguridad contractual.
MG
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recibió la visita protocolaria del Embajador de la Federación de Rusia, Yan A. Burliay, con quien dialogó sobre temas legislativos de interés común, al tiempo de destacar los lazos de amistad que une a ambos pueblos.
