Homero Tinoco, en su calidad de presidente de la Comisión Administrativa Financiera del CJ, es el responsable de que la institución funcione, colapse o se vaya al desastre, y en base a cualesquiera de esas posibilidades es que el organismo camina para adelante o para atrás, subrayó Mauro Andino, al sustentar su acusación.
Una vez que Óscar León concluyó su réplica, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, cedió la palabra al vocal Ulpiano Salazar, quien no se encontraba en el recinto legislativo, por tanto será juzgado en ausencia. Posteriormente, dio paso a la intervención del doctor Homero Tinoco.
Según el asambleísta Mauro Andino, la interpelación a Óscar León tiene singular importancia, porque como presidente de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, tuvo responsabilidad directa en varias de las irregularidades que se han registrado al interior de ese organismo, como la prescripción de sumarios administrativos, tráfico de influencias, conflicto de intereses, impunidad, entre otras.
El vocal del Consejo de la Judicatura, Óscar León Guerrón, quinto encausado en ejercer su derecho a la defensa, en el juicio político instaurado por el asambleísta Mauro Andino, fue enfático al señalar que responde por sus actos en el desempeño de funciones, no por los demás, al referirse a que muchas de las acusaciones están dirigidas al vocal Luis Germán Vásquez Galarza, mientras que otras se refieren a su titular, Benjamín Cevallos, por lo que a ellos les corresponde contestar, en los temas atinentes a la corrupción, conflicto de intereses, acefalía de la judicatura.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, suspendió la sesión 102, misma que se reinstalará este miércoles, a partir de las 14:15, para continuar con el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. En esta oportunidad le corresponde al doctor Óscar León exponer los argumentos de defensa.
Continuando con la argumentación de sus acusaciones, el asambleísta Mauro Andino Reinoso, aseguró que los vocales del Consejo de la Judicatura no han sido capaces de dictar políticas para mejorar el nefasto sistema judicial que existe en el país y que se justifica, vanamente, con endilgarle esa responsabilidad al Consejo Consultivo.
Herman Jaramillo Ordóñez, cuarto encausado en el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, al indicar que acude a rendir cuentas y a desvanecer las acusaciones del asambleísta Mauro Andino, subrayó estar en contra de la corrupción y a favor del cambio, como lo demuestran sus actos en el ejercicio de la judicatura. A la vez, pidió que en este juicio se garantice el debido proceso, con la independencia e imparcialidad, conforme lo establecido en la Constitución.
Precisó que la solicitud de juicio político tiene vicios de forma y de fondo, al no determinar hechos concretos que pudiesen constituir infracciones en el desempeño del cargo, por lo que no se conoce de qué se deben defender.
Aclaró que, conforme la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, durante el período de transición los vocales de esta entidad tuvieron funciones limitadas e igualmente, en virtud de una transitoria de la Ley se faculta al nuevo Consejo de la Judicatura, no al de transición, a emitir los reglamentos indispensables para el ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución y la Ley.
Al referirse a las acusaciones planteadas por el interpelante, Jaramillo dijo que las preguntas formuladas en las convocatorias a rendir testimonio, a su criterio, fueron impertinentes, capciosas o subjetivas, porque cada una de ellas no se deriva de un solo objeto sino de varios. Además, fueron artificiosas, engañosas e influenciadas por intereses, por ello, impugnó por escrito las pruebas presentadas por el asambleísta Andino.
Respecto de las imputaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses, aseguró que es competencia de la Contraloría General del Estado analizar y pronunciarse sobre las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos, en este caso del vocal Luis Germán Vásquez y es él quien debe responder por las acusaciones que lo involucran.
Jaramillo, reiteró que no existe acusación individualizada en su contra, sino aspectos generales, por lo que no se le puede responsabilizar de actos cometidos por otras personas.
Finalmente, sugirió que para salvaguardar la idoneidad de los procesos interpelatorios, éstos deberían darse en dos instancias, una en la cual la solicitud sea conocida por verdaderos jurisconsultos; y, solo después de haber revisado exhaustivamente la viabilidad jurídica del proceso, que pase a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea.
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A las 15H30, con la asistencia de 75 asambleístas, el Pleno de la Asamblea reinstaló su sesión 102, para continuar con el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, cuyo interpelante es el asambleísta Mauro Andino, a quien le correspondía presentar sus acusaciones contra Oswaldo Domínguez, integrante de este órgano de gobierno de la Función Judicial.
El pasado 13 de abril, con 93 votos, el Pleno expresó a la ciudadanía de la provincia de Imbabura, en particular, a los habitantes de las zonas afectadas por los deslaves acaecidos en el cerro Imbabura, la solidaridad del pueblo ecuatoriano y su representación en la Asamblea, a la vez que exhortó al Presidente de la República declare en estado de emergencia en la provincia de Imbabura, con el objeto de resguardar la seguridad de la población que se encuentra en situación del alto riesgo, por lo que es necesaria la intervención ordenada de organismos del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos, así como destinar recursos necesarios de manera preferente.
En la agenda del Pleno para el jueves 21 de abril, convocada para las 09:30, consta el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria de las Leyes de Creación de Empresas para la Prestación del Servicio Público del Agua Potable y Alcantarillado y del Consejo de Gestión de Aguas de la cuenca del Paute y de la Junta de Recursos Hídricos de Jipijapa, Paján y Puerto López y Extinción de Concesiones, que tiene por objetivo fusionar dichas empresas para que sean asumidas por otra pública o por los gobiernos autónomos descentralizados. Esto permitirá suceder sus derechos y obligaciones laborales.
