La Comisión de Biodiversidad recibió al viceministro de Relaciones Laborales, Francisco Vaca, quien señaló que esta institución realizó un estudio del ingreso de personal en las operaciones de Petroecuador y Río Napo para constatar que se cumpla lo dispuesto en el Mandato Constituyente 8, que elimina la tercerización de servicios.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce (AP), profundizó el debate del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En esta ocasión, recibió a una delegación de expertos chilenos: Karin Mundnich, de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Pesca del Gobierno; Jorge Antonio Toro, director Ejecutivo de Instituto de Fomento Pesquero; el abogado Cristián Laborda Mora; y, Mauricio Braun Alegría, de la División de Investigación Pesquera.
En la reunión participaron, además, el ministro de Coordinación de la Seguridad, Homero Arellano; el embajador Gonzalo Salvador, de la Cancillería; y, representantes de la Marina.
Los especialistas chilenos coincidieron en resaltar la importancia y los beneficios que conlleva la adhesión a la Convemar, tomando en cuenta que es un instrumento internacional que equilibra los intereses de los distintos Estados, en cuanto a la soberanía de los océanos, sus recursos y el medio marino.
Karin Mundnich explicó que la Convención regula todos los aspectos del mar (mercantes, seguridad y contaminación); fija los límites de los océanos; el derecho al paso inocente, que no tiene trasfondo bélico y siempre debe ser avisado, es decir cualquier barco, ya sea mercante o pesquero que ingrese a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) tiene que coordinar, para ello, con el estado ribereño en cuestión.
Puntualizó que el documento promueve la protección y preservación del medio marino, la investigación científica, el desarrollo y transmisión de tecnología, así como reglas específicas para la solución de controversias, al recordar que Chile, hace 20 años, tuvo un impasse con la Comunidad Económica Europea, respecto a la conservación del pez espada, mismo que fue resuelto en el Tribunal de Honor de la Convemar.
La Convención determina cómo establecer la línea base territorial. Garantiza la absoluta soberanía del país dentro de las 12 millas del mar territorial, donde todo su marco jurídico se aplica sin restricción alguna hasta las 200 millas, al enfatizar que en la Zona Económica Exclusiva, si bien no hay una soberanía propiamente dicha, puede ejercer el derecho pleno y soberano para la exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos, que se encuentren en la columna de agua, suelo y subsuelo, argumentó.
Por su parte, el abogado Cristián Laborda subrayó que la Convemar es un acuerdo marco, que fija derechos, obligaciones, garantías y límites.
Su aplicación es universal y se reconoce como derecho consuetudinario. Para Chile, ha sido una herramienta fundamental en la negociación de instrumentos pesqueros internacionales, agregó.
MG/eg
Por iniciativa del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que coordina la asambleísta Marisol Peñafiel, representantes del Consejo Nacional y de varias organizaciones de niñez y adolescencia, acudieron a la Asamblea, con el propósito de exponer sus puntos de vista, en oposición al artículo 30 del proyecto de Código Integral Penal, por el cual se rebajaría a 16 años la edad a partir de la cual los menores puedan ser juzgados con el régimen ordinario.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 136 del Pleno, para mañana, viernes 11 de noviembre de 2011, a las 09H30, para tratar en primer debate el proyecto de Ley para la fijación de límites territoriales, mismo que propone dos procedimientos para la solución de conflictos: amistosos y litigiosos.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Scheznarda Fernández, destacó que las reformas a la Ley de Salud que incluyen el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, aprobadas por unanimidad en el Pleno de la Asamblea, reflejan el compromiso por servir al pueblo ecuatoriano.
El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea la objeción parcial al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute y Derogatoria de las Leyes de Creación de la Junta de Recursos Hídricos y Obras Básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López y de las Empresas para la Prestación de Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado.
Siete asambleístas se dieron cita a la sesión 46 de la Comisión de Desarrollo Económico, a fin de conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), a través del cual califica y asigna a este organismo seis proyectos de Ley para que sean tramitados conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Con la presencia de la directora Jurídica del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Dennise Rendón; y, del jurisconsulto Ramiro García Falconí, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el proceso de socialización y recepción de aportes sobre el proyecto de Código Integral Penal, de iniciativa del Ejecutivo.
El titular del organismo, Mauro Andino Reinoso, reiteró la necesidad de recoger los más amplios criterios de organizaciones sociales y la ciudadanía, a fin de que los legisladores puedan contar con mayores elementos de juicio para enriquecer el cuerpo legal, que es de alta trascendencia para el país.
De su lado, la abogada Dennise Rendón Vergara reconoció que la propuesta penal es el resultado de un esfuerzo encomiable, elaborado con una intensa socialización que ha llevado adelante el Gobierno, con activa participación de diversas instituciones inmersas en la temática.
La funcionaria de Aduanas sugirió que en el Código Integral Penal se recoja el texto del Código Orgánico de la Producción, atinente a la figura de la receptación aduanera, que tiene que ver con las personas que oculten o almacenen mercancías extranjeras con la finalidad de obtener provecho de ellas, sin que éstas hayan ingresado legalmente al Ecuador.
Este negocio ha derivado en un gran contrabando, en el cual se ha formado un verdadero círculo vicioso, desde la persona que trae la mercadería, hasta aquel que compra la totalidad del producto para expenderlo en el mercado nacional, lo que, a su vez, ha provocado una grave defraudación al fisco, dijo.
Comentó que, si bien en el Código Penal se establece el término de receptación, no se especifica el concepto amplio de las actividades de control del delito aduanero, tras plantear también que se mejore la redacción de una de las disposiciones transitorias, tomando en cuenta lo que dispone el artículo 2 de la normativa penal vigente, en concordancia con el artículo 76, numeral quinto, en el objetivo de que los procesos iniciados y las sanciones continúen su curso normal, con el propósito de evitar que prospere algún elemento de impunidad
Impostegable
Entre tanto, el abogado Ramiro García Falconí consideró que es impostergable sacar una normativa penal moderna y actualizada, al recordar que el actual Código data de 1938 y, algo paradójico, desde su expedición no ha sido topado en su parte general, mismo que nació viejo, ya que era una copia textual del Código Penal Belga de 1937.
Reiteró que el actual Código tiene una débil estructura dogmática y responde al siglo XIX; ahora, que se nos plantean nuevas formas de criminalidad, acorde a la realidad del siglo XXI, esas herramientas resultan, no solo insuficientes, sino inservibles, aseguró.
Lo preocupantes es que muchas de dichas disposiciones se las retoma tal cual en la nueva propuesta gubernamental, por ejemplo, en el caso de la autoría. Un nuevo Código debe procurar ser mejor que el anterior, pero tengo serias dudas de que ello se cumpla como uno de los principales objetivos, subrayó.
MG/eg
Los asambleístas en la sesión 135 del Pleno, aprobaron por unanimidad, en segundo debate, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Salud que incluye el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, que tiene por objetivo establecer un marco legal para garantizar la cobertura necesaria a las personas que sufren estas patologías.
En el marco del segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, conocida como Ley 67, para incluir el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Víctor Quirola, explicó que la normativa crea el marco legal para dar respuesta solidaria a un importante grupo de hombres, mujeres y niños ecuatorianos y sus respectivas familias que necesitan y desean en forma imperiosa la aplicación del precepto constitucional.
