La asambleísta Dora Aguirre, representante de circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, felicitó la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, quienes reunidos en Asunción, Paraguay, con ocasión de la XXI Cumbre Iberoamericana, rechazaron la criminalización de la migración y cualquier asociación que se realice vinculando a la persona migrante, independientemente de su situación migratoria, con la delincuencia organizada transnacional y los temas transversales de seguridad.
La Comisión de Derechos Colectivos resolvió demandar del Gobierno Central el inmediato reintegro de todos los servidores públicos que han sido inconstitucionalmente separados de sus cargos, mediante la figura de la “compra de renuncia obligatoria”, por medio de la implementación del Decreto Ejecutivo No.813 del 7 de julio del 2011.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), calificó 69 iniciativas legislativas que fueron distribuidas a las 12 comisiones especializadas permanentes.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió para aprobación de la Asamblea Nacional, dos nuevos instrumentos internacionales: Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que contempla la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y, el Acuerdo entre Ecuador y Uruguay sobre la cooperación en el ámbito de Defensa.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fernando Vélez, mantuvo una reunión con Rolando Chuang, representante del gobierno de Taiwan, quien le expresó su decisión de apoyar el trabajo de este organismo legislativo, mediante una asesoría, con el fin de viabilizar proyectos de ley que fortalezcan a la mediana y pequeña industria nacional.
En la población de la provincia del Napo y a nivel nacional se ha producido gran alarma y desconcierto social, frente a las decisiones del Ministerio de Relaciones Laborales, en aplicación a la Ley de Servicio Público (LOSEP) y el Decreto Ejecutivo 813, subrayó la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez.
Durante la reunión con los representantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, destacó el respeto que existe en el país a las libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión.
Señaló que el 14 de noviembre entrará al Pleno el proyecto de Ley de Comunicación, ocasión que será propicia para, efectivamente, debatir ampliamente el tema, a fin de descartar cualquier comentario de que se trataría de una normativa mordaza, más aún para fortalecer los principios constitucionales que garantizan la libertad de expresión, opinión y de respeto absoluto al accionar de la prensa.
Por su parte, Christoph Riess y Rodrigo Bonilla, dirigentes de la WAN-IFRA, coincidieron en expresar las preocupaciones sobre las demandas que ha impuesto el Jefe de Estado en contra de periodistas y medios, cuyas causas han tenido respuesta inmediata de jueces, con las correspondientes sanciones, mientras la situación de los hermanos Restrepo se demoró más de 18 años.
Igualmente, sostuvieron que inquieta a la comunidad internacional el hecho de que en el Código Integral Penal, de iniciativa del gobierno, se establezca prisión para quienes imputen injuriosas calumniosas a una determinada autoridad, lo que en la mayoría de legislaciones y democracias entra en el ámbito civil y no criminal.
Comentaron que las permanentes críticas del Presidente de la República a la prensa y ciudadanos que discrepan con su forma de pensar, además de las causas legales y la posible criminalización de la injuria, son aspectos que se convierten en síntomas de amenaza, amedrentamiento y, lo que es más, autocensura de los comunicadores.
El Presidente de la Asamblea manifestó que lamentablemente a la sociedad mundial se envían mensajes distorsionados que no se ajustan a una realidad, tras resaltar que en Ecuador hay libertad para hacer cualquier clase de crítica, más allá de que ciertos actores han incurrido en libertinaje.
Aclaró que el caso de El Universo responde al cometimiento del delito de calumnia grave, no de desacato, misma que deberá resolverse en las instancias judiciales, a la vez de expresar su voluntad para discutir profundamente el tema de la injuria, pero desde una visión de respeto irrestricto a la honra de las personas.
MG
Los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos calificaron de inconstitucional la separación de alrededor de 4 645 empleados públicos, de 47 instituciones, mediante renuncia obligatoria, con un costo de 126 millones 550 mil dólares, por lo que exigirán a la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813, promulgado el 7 de julio de 2011, por ser atentatorio a las disposiciones constitucionales; así mismo, el inmediato reintegro de todos los servidores/as públicas que han sido separados de sus cargos.
El asambleísta Mauro Andino, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia y de la Ocasional de Comunicación, recibió a Christoph Riess y Rodrigo Bonilla, representantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRAN), con quienes dialogó sobre los alcances de la Ley de Comunicación y la propuesta de nuevo Código Integral Penal.
Al tiempo de defender la plena vigencia de la libertad de expresión en el país, Andino Reinoso comentó que los medios de comunicación y las frecuencias de radio y televisión están concentrados en ocho grupos familiares de empresarios que además son propietarios de grandes consorcios comerciales, industriales y bancarios.
Argumentó que el monopolio mediático unido a las restricciones legales ha impedido que en Ecuador se desarrollen los medios de comunicación comunitarios y solo a partir de 2007 se inició la conformación de un sistema de medios públicos, tras enfatizar que los medios comunitarios ocupan el 0% de la frecuencia de televisión y el 0,2% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios públicos apenas el 17% de las frecuencias de televisión y el 10,8 de las frecuencia de radio, según una encuesta de la UNESCO.
El doctor Mauro Andino también presentó una encuesta realizada por la Universidad de las Américas (UDLA) sobre el tema de cómo viven y piensan de la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos, la cual determina que de los 120 comunicadores entrevistados, el 44% afirma que se ha abstenido de publicar algo por presión de medios, el 33% por los grupos de poder, el 21% por anunciantes y el 19% por el gobierno. Ello demuestra que, en términos globales, el 88% de las acciones de censura provienen de actores privados, aunque los medios de comunicación nunca han visibilizado esta situación.
Inquietudes
Christoph Riess, director General de Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, expresó la preocupación del organismo sobre el contenido del artículo 119 del proyecto de Código Penal que establece la posibilidad de reprimir con prisión de uno a tres años a quienes imputen a la autoridad una injuria calumniosa, pues la criminalización de injurias calumniosas o no calumniosas va en contra de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2000.
A nivel de las legislaciones del mundo entero, las injurias calumniosas son objeto de sanciones civiles, por tanto, utilizar para estos casos un instrumento como la prisión, no le hace bien a la democracia, precisó.
Entre tanto, Rodrigo Bonilla Hastings, coordinador de misiones de la WAN-IFRA, dijo que la comunidad internacional está inquieta por los procesos legales que ha puesto en marcha el Presidente de la República en contra de periodistas y medios, lo que provocará una especie de autocensura de los comunicadores, por una conducta de intimidación y amenaza. También, llama la atención la actitud de la justicia en estos casos, puntualizó.
En respuesta, el legislador Mauro Andino sostuvo que la justicia, con absoluta independencia y autonomía, tendrá que pronunciarse sobre las demandas interpuestas por el Ejecutivo.
Personalmente consideró que el artículo 119 del Código Penal no debe pasar, más aún cuando el artículo 115 ya recoge y clarifica la materia de la injuria, subrayó.
Finalmente, anunció que la Ley de Comunicación podría entrar a debate a mediados de noviembre y que el informe para primer debate del nuevo Código Penal se espera presentarlo el 14 de diciembre.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función Legislativa no se abordará en la sesión que convocará para este lunes, tomando en cuenta que es difícil el traslado de los asambleístas de provincia, por ello, conversó con el ponente de este tema, Vicente Taiano, para abordarlo luego del feriado, es decir, el 9 de noviembre.
