La Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, analizará, capítulo por capítulo, las reformas a la Ley de Minería, de iniciativa del asambleísta Cléver Jiménez, quien fundamentó ante el organismo la conveniencia de las modificaciones propuestas, considerando que se debe aplicar correctamente el mandato constitucional sobre la participación del Estado ecuatoriano en los beneficios generados por el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual no está claramente regulado.
En la sesión 100 del Pleno, los asambleístas concluyeron el primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que tiene por objetivo instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de pequeños comerciantes, sector asociativo, cooperativista, comunitario y a las unidades económicas populares, a fin de que alcancen el buen vivir establecido en la Constitución.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en su intervención en el Pleno, durante el tratamiento del proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, destacó la necesidad de incluir en el cuerpo legal una norma que viabilice el acceso a la seguridad social de más de tres millones y medio de ciudadanos que forman parte del sistema económico social y solidario; así como el establecimiento de programas de microcréditos para este sector social, a fin de evitar el chulco o agiotismo, que se ha constituido en una mecanismo donde verdaderos pulpos agobian a los pequeños productores y comerciantes.
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Asambleístas de diversas agrupaciones políticas formularon múltiples aportes a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con la finalidad de mejorar el texto del proyecto urgente enviado por el Ejecutivo, entre ellos la necesidad de incentivar la economía mixta de producción; establecer en la normativa la prohibición de confiscación de productos; la participación de los comerciantes minoristas en los gobiernos autónomos, a través de la silla vacía; y, que el productor agrario tenga relación directa con el consumidor para evitar la intermediación de productos, ya que los encarece.
Luego de la aprobación del Estatuto Migratorio entre las Repúblicas de Ecuador y Bolivariana de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional, el pasado 15 de febrero de 2011, por el cual proclama la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME y la Embajada del Ecuador en Venezuela, pusieron a disposición de los ecuatorianos/as que se encuentren viviendo en ese país en situación migratoria irregular, un instructivo para que puedan realizar inmediatamente los trámites referentes a su regularización.
El proyecto de reforma a la Ley Minera, auspiciado por el asambleísta Cléver Jiménez, determina que el Ministerio Sectorial autorizará a los titulares mineros la instalación y operación de sus plantas de beneficio, fundición y refinación de los minerales principales y secundarios que exploten, en los lugares donde se extraigan o en cualquier otra parte del territorio ecuatoriano.
Dentro del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Marcela Miranda, la titular de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado, convocó a sesión para el lunes 4 de abril, a partir de las 15h00, a fin de conocer la exposición de la solicitud de enjuiciamiento político y las pruebas de cargo agregadas en el proceso por parte del asambleísta proponente Marco Murillo.
En el informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, preparado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, se determinan criterios que apoyan y fortalecen la relación de padre o madres que no están a cargo del cuidado de sus hijos e hijas, así como el principio de corresponsabilidad previsto en la Constitución y en el Código de la Niñez.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, afirmó que el proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo se ajusta a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Trigésimo Primera del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Los asambleístas Cléver Jiménez, Alfredo Ortiz, Gido Vargas y Zobeida Gudiño, integrantes de la Comisión de Biodiversidad, se trasladarán a la provincia de Esmeraldas, específicamente, a la Refinería y a las poblaciones aledañas al río Teaone, con la finalidad de verificar las consecuencias que trajo el derrame de combustibles y otros derivados de petróleo, que se produjo el pasado 13 de febrero.
