El Salón del Ex Senado, en la sede de
El presidente de la Federación Nacional de Taxistas, Jorge Calderón, propuso que en el proyecto de Ley de Transporte Terrestre, sean retirados de circulación los vehículos informales que no cuenten con el permiso respectivo.
Asambleístas de diversas bancadas legislativas coincidieron en la necesidad de incorporar reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, con el propósito de que esta normativa se aplique adecuadamente, para evitar que las contravenciones queden sin juzgamiento y lograr que las multas sean recaudadas por los organismos pertinentes.
En el marco del primer debate de la Ley Orgánica de Tránsito Transporte y Seguridad Vial, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, manifestó que es importante armonizar esta normativa con las disposiciones de la Constitución de la República.
Con la presencia de centenares de personas de diversos sectores involucrados en la temática y sobre la base del informe presentado por la Comisión de Desarrollo Económico, el Pleno de la Asamblea inició el primer debate de las reformas al proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que busca la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y el control en esta materia con el fin de proteger a las personas y bienes que se transportan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.
El proyecto presentado por el asambleísta Carlos Samaniego Escudero plantea básicamente condonar el pago de intereses y multas a todos los usuarios por el servicio público de agua potable y alcantarillado que adeudan facturas, títulos de crédito pendientes de pago y juicios coactivos a las empresas, instituciones o entidades que brindan el servicio de agua potable en el país, siempre que en forma previa paguen el capital adeudado, con lo cual se eliminarían los cuantiosos intereses de mora impagables.
La Comisión de Fiscalización, presidida por Silvia Salgado, avocó conocimiento y calificó la solicitud de juicio político presentada por el bloque del MPD con el respaldo de 43 asambleístas en contra del ex ministro de Educación, Raúl Vallejo, a quien le acusan de haber incurrido en presuntos delitos contra la fe y la administración pública, peculado y flagrantes violaciones a la Constitución, en cuestionamientos vinculados con la educación y, en especial, por la declaración como “Ecuador Patria Libre del Analfabetismo”.
Esta resolución la adoptó en razón de que ninguna de las dos tesis: el archivo o la continuación del juicio obtuvo mayoría de votos en la Comisión de Fiscalización.
Por el archivo de la solicitud votaron los asambleístas César Rodríguez, Gastón Gagliardo, Scheznarda Fernández, Abdalá Bucaram y Pamela Falconí, mientras que Betty Amores, Mauro Andino, Silvia Salgado, Ramiro Terán y Galo Lara votaron a favor de que el tema pase a conocimiento del Pleno. Marco Murillo se abstuvo de votar.
Frente a esta situación, es decir que no había mayoría absoluta para ninguna de las dos tesis, se decidió, por 10 votos a favor y 1 en contra, acogerse al artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que le faculta solicitar una prórroga de hasta cinco días adicionales.
Esta decisión se adoptó luego de conocer los dos informes, el primero, presentado por César Rodríguez, que recomienda archivar la solicitud de juicio político al ministro Fiscal General del Estado, encargado, doctor Washington Pesántez, por considerar que las acusaciones no tienen el debido sustento. También determinó que el pedido de enjuiciamiento político se ha pretendido hacerlo girar alrededor de la figura de Bosco Solórzano, que no es funcionario público; que el testimonio rendido por Lucy Blacio, ex fiscal de la provincia de El Oro respecto de la supuesta presión para la emisión de dictámenes no puede ser considerado como cargo o descargo, por contravenir el debido proceso y carecer de eficacia probatoria; que el uso del vehículo Prosche Cayenne fue legítimo por parte de la Fiscalía.
Además se conoció el informe elaborado por la asambleísta Betty Amores, quien recomendó que se proceda al enjuiciamiento político del ministro Fiscal General del Estado en el Pleno de la Asamblea, argumentando que de los medios probatorios presentados y solicitados por los asambleístas proponentes se desprende que existe relación de causalidad directa inmediata entre los hechos imputados y las acciones y omisiones del Fiscal General, encargado, durante el ejercicio de su cargo.
Al finalizar la sesión la presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, anunció que se volverán a reunir el lunes de la próxima semana en horas de la tarde. Allí analizarán si procede la dirimencia que prevé el Reglamento de las Comisiones Especializadas o proceder a una nueva votación.
MG/pv
Con el voto favorable de siete asambleístas, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, resolvió integrar una subcomisión, con el propósito de que elabore un borrador del informe motivado que debe remitir a la Presidencia de la Asamblea, en torno a la solicitud de juicio político en contra del fiscal del Estado, Washington Pesántez.
El financiamiento, la conformación de los Consejos de Administración y de Editorial de los medios públicos, centraron el debate de los asambleístas de la Comisión Ocasional de Comunicación que elabora el articulado para el informe para segundo debate del proyecto de ley en esta materia.