Con 81 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, institución que tendrá personería jurídica propia, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomía académica, administrativa, económica, financiera, orgánica y patrimonio público, conforme con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior.
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, que reforma el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, con el objeto de prevenir y erradicar todo tipo de acoso y violencia en el trabajo, tanto en el sector público, como en el privado.
En el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios) y otros cuerpos normativos, para la Defensa de los Pequeños y Medianos Productores, la Comisión de Educación escuchó los criterios de Luisa Torres, directora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); y, Santiago Mosquera, docente universitario, experto en propiedad intelectual.
Regular el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, ecuatorianos retornados, quienes requieran de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes y sus familiares, respetando los derechos humanos, la preservación de la soberanía y la seguridad nacional, es el principal objetivo del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, presentado por la asambleísta Lucía Posso.
Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tipificación del delito, elementos del tipo penal, Sistema de Prevención y Combate contra el Lavado de Activos, subsistemas especializados, entre otros fueron los temas expuestos, en la Comisión de Régimen Económico, en el marco del análisis del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
El legislador Carlos Rodríguez, representante de la provincia de el Oro, presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, para la coordinación, diseño e implementación de planes descentralizados de seguridad ciudadana.
Con 6 votos afirmativos, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y la República Popular China, con sustento en la moción presentada por el legislador Johnny Lavayen.
La Comisión Especializada Ocasional encargada de investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, exasambleísta y excandidato a la Presidencia de la República, aprobó el plan de trabajo y el respectivo cronograma que prevé la comparecencia y el pedido de información a diversas autoridades del Estado.
El proyecto de Ley de Competitividad Energética, calificado como urgente en materia económica, cuyo objeto es superar la crisis energética mediante la promoción de soluciones económicas y de generación de energía, optimizando el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico en el ámbito público y privado, pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Sancionar a la persona que, por cualquier medio, plataforma digital o red social realice o publique una falsa imputación de un delito en contra de otra, propone el asambleísta Ramiro Vela, a través de un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal.
