En cumplimiento cabal del mandato constitucional, la Asamblea Nacional emitió su segundo programa de rendición de cuentas, como ejercicio práctico de democracia, a través de Radio Pública del Ecuador.
Hoy, se analizaron las motivaciones jurídicas, sociales y constitucionales para la concesión de las inmunidades otorgadas a los miembros de las Comisiones de la Verdad y la encargada del caso Angostura.
En esta oportunidad, participaron la asambleísta Marisol Peñafiel, vocal de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preparó los correspondientes informes para conocimiento del Pleno; y, el secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad, Cristian Bahamonde.
Los entrevistados coincidieron en destacar que este tipo de comisiones han sido reconocidas por la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como mecanismo idóneo para luchar contra la impunidad.
Además, precisaron que en Chile, Argentina, El Salvador, Ghana, Guatemala, Panamá, Sudáfrica, entre otros países, se han establecido comisiones para la verdad, pero en la mayoría de casos se han presentado contra sus miembros, colaboradores y testigos acciones intimidatorias, amenazas a su integridad personal y la persecución judicial por medio de procesos penales y civiles, sin fundamento.
Por tanto, las inmunidades constituyen una garantía para que el trabajo de los comisionados se desarrolle con total transparencia y responsabilidad, enfatizaron.
Así los integrantes no serán responsables por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones de investigación, conclusiones, recomendaciones, análisis y develamiento de las circunstancias constantes en sus informes finales y cualquier otro documento hecho público como resultado de las indagaciones, explicaron.
MG
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, presentó el informe favorable para segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal.
Este nuevo paquete comprende 159 decretos que se derogarían, los cuales se refieren, entre otros aspectos, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes; sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes; fósforos y tabaco.
Los decretos, aunque forman parte del ordenamiento jurídico del país, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, cuanto por haber cumplido la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, o porque los presupuestos considerados en estas normas han sido recogidos por otros cuerpos legales.
Sin mayores objeciones, el primer debate se registró el jueves 1 de julio.
Cabe recordar que el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió el pasado 12 de enero de 2010 a la Asamblea Nacional dicha iniciativa, con alrededor de 700 normas obsoletas.
Al respecto, la Comisión de Justicia, luego que el CAL calificó el documento y lo remitió al organismo especializado, solicitó al titular de la Función Legislativa, Fernando Cordero Cueva, autorice que el proyecto se trate por partes, en virtud de la necesidad de efectuar un análisis del contenido de cada una de las normas a eliminarse, considerando que la temática es extensa y compleja.
MG
La Secretaría de la Asamblea Nacional receptó, en las últimas horas, dos proyectos de Ley orientados a regular la pesca en Galápagos y a legalizar terrenos en el Cantón Playas, de iniciativa de los legisladores Juan Carlos Cassinelli y Andrés Páez, respectivamente.
Reformas a la Ley Orgánica de Galápagos
Dentro del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, Páez propone que la persona natural o representante legal de la persona jurídica que realice actividades pesqueras no autorizadas en la Reserva Marina de la región Insular, será sancionada con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil salarios básicos unificados del trabajador en general.
Además, se efectuará el comiso especial, de acuerdo con lo que dispone el Art. 65 del Código Penal, del cargamento y la nave de cualquier tipo, siempre que no hayan sido aplicadas estas sanciones en el ámbito administrativo, por las autoridades del Parque Nacional Galápagos u otra autoridad provincial en el área de su competencia.
Igualmente, Páez Benalcázar (ID) se muestra partidario de aplicar reclusión menor extraordinaria de tres a seis años y multa de dos mil salarios básicos unificados a las personas naturales o el representante legal de la persona jurídica que utilice métodos no permitidos por las leyes ecuatorianas, o capture especies en veda o cuya pesca esté expresamente prohibida en la Reserva Marina de Galápagos.
Plantea una sanción de dos a cinco años de prisión y multa de cien salarios básicos unificados y el decomiso del producto para quien destruya o altere las áreas protegidas, abandonen desperdicios o desechos en las bahías, playas o riberas; arrojen al agua desperdicios u objetos que deterioren gravemente el ecosistema o, sin la autorización, extraigan materiales áridos o pétreos de las zonas protegidas. Quien, sin autorización, transporte por cualquier medio materiales geológicos de las islas hacia el continente o el extranjero.
La misma sanción se contempla para aquel que autorice la concesión de cupos de operación turística o de pesca en los períodos de moratoria que se señalen expresamente o en contravención grave de las normas vigentes. Además, será o serán sancionados con la cancelación de su cargo e inhabilitación de por vida de acceder al desempeño de cualquier función pública.
Legalización de terrenos
Considerando que la Constitución, en su artículo 30, consagra a los habitantes el derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica, el asambleísta Juan Carlos Cassinelli (AP) presentó el proyecto de Ley de Legalización de terrenos a favor de los moradores y posesionarios de los predios que se encuentran ubicados dentro de la jurisdicción del cantón Playas.
Cassinelli pide que, con fines de orden social, se declare de utilidad pública y se expropie a la Municipalidad de Playas, con la obligación de que ésta venda y adjudique a los actuales posesionarios, los predios ubicados en el referido cantón, en beneficio de un total de 67 barrios.
MG/eg
El legislador Paco Fierro Oviedo, representante de la provincia del Chimborazo, puso a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes Infractores, con las respectivas firmas de respaldo, de conformidad con el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución y los artículos 54, 55 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La propuesta regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones y la forma de ejecución de éstas.
En este marco, serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal; la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Para la aplicación de la norma legal, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, las leyes, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, que se encuentran vigentes.
La presente ley se aplicará a quienes, al momento en que se inicie la ejecución del delito, sean mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, los que se considerarán adolescentes. En caso que el delito tenga su inicio entre los 16 y los 18 años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los 18 años de edad, la legislación estipulada será la que rija para los procesados mayores de edad.
Sanciones
En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal, a las personas condenadas con esta ley solo se les impondrá la siguiente escala general de sanciones penales para adolescentes: internación en régimen cerrado, con programa de reinserción social; internación en régimen semicerrado, con programas de reinserción social; libertad asistida especial; libertad asistida; prestación de servicios en beneficio de la comunidad; reparación del daño causado; multa; y, amonestación.
Tendrán, además, como penas accesorias el decomiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos, de acuerdo con lo establecido en los códigos Penal, Procesal Penal y las leyes complementarias.
MG
Por iniciativa de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su Regulación y Control, hoy se desarrolló, en el Hotel Colón, un encuentro de trabajo con alrededor de 25 asambleístas de diferentes bancadas, a fin de avanzar en la creación de la Oficina Técnica de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria.
Con esta oportunidad, se pasó revista a los antecedentes; marco teórico; justificación: nueva relación Ejecutivo – Legislativo; experiencias internacionales; rol actual de la Asamblea - normativa; unidad en Ecuador: estatuto jurídico y atribuciones, entre otros temas.
Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, manifestó que dicha entidad tendría la misión de monitorear día a día, en tiempo real (on line) cuál es la ejecución presupuestaria, en qué está gastando el gobierno la plata de los ecuatorianos, cómo lo está haciendo, cuáles sectores privilegia y, de ser posible, identificar qué impactos está produciendo, sobre la base de evaluaciones cuantitativas y cualitativas.
Destacó el aporte significativo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Unicef, que presentó la experiencia acumulada del presupuesto invertido en la parte social (salud, educación, salubridad, etc).
Enfatizó que la Oficina Técnica saldrá desde una construcción colectiva del Legislativo, con directrices y visiones de las diferentes bancadas, en el empeño de controlar que los dineros del país estén bien orientados y que ese gasto tenga una rendición de cuentas, no para ponernos de enemigos del Ejecutivo, tras indicar que algunos países, especialmente Brasil, han expresado su voluntad de apoyar al Ecuador en la implementación de este trascendental proyecto.
Cristian Munduate y Berenice Cordero, representantes de Unicef, coincidieron en señalar que la Asamblea Nacional, mediante el organismo a crearse, no solo velará por el efectivo cumplimiento de las políticas públicas, sociales o económicas, sino en general para que la proforma y programación cuatrianual se adecuen a la ley, el Programa Nacional de Desarrollo y la Constitución, inspirada ésta en el derecho humano, además observará fundamentalmente el impacto en la población.
MG/eg
Con la presencia del ministro de Seguridad, Miguel Carvajal y el secretario de Inteligencia, Paco Jijón, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, inició el análisis de la denuncia en torno a un supuesto espionaje telefónico, así como el tema de política migratoria.
El titular del organismo legislativo, Fernando Bustamante, destacó la necesidad de llegar al fondo de los acontecimientos para determinar quiénes habrían intervenido en el presunto caso, más aún cuando este tipo de delitos están condenados en la Constitución y en el Código Penal.
Primera información
El ministro Miguel Carvajal comentó que en el mes de octubre de 2009 se hizo público por parte del gobierno de Venezuela una denuncia sobre supuestos actos de contrainteligencia realizadas por el DAS colombiano, en contra de representaciones, entre otros, del Ecuador en Colombia y también se aludía allí a acciones en contra de las repúblicas Bolivariana de Venezuela y Cuba.
Precisó que en los meses de octubre y noviembre del año pasado se conoció de investigaciones internas del DAS a funcionarios del organismo, referidas al hecho de que a una ex agente, al ser transferida, se le encontró un dispositivo electrónico que contenía aspectos relacionados a un supuesto proyecto Salomón, que consistía en acciones de contrainteligencia a la embajada del Ecuador en Colombia y algunos consulados de Ipiales, Cali y Cartagena, pero también acciones de investigación a grupos de estudiantes ecuatorianos en Colombia, concretamente en Bogotá y Santa Marta.
Comentó que esas actividades de contrainteligencia suponían, presuntamente, también aproximaciones a los funcionarios ecuatorianos e intentos de vinculación con algunos de ellos. Según esta información, la hipótesis con la que se estaba trabajando era conocer la posible relación que podría existir entre ecuatorianos estudiantes, gente que vive en Colombia o funcionarios de nuestros consulados con las actividades de grupos irregulares. Dichas tareas se habrían iniciado en enero de 2008, a través del denominado proyecto Arcoiris; y, luego con el Salomón, hasta abril o marzo de 2009, es decir, el período tiene algunos meses previos al bombardeo de Angostura.
Respuesta oficial
Recordó que en la reunión de la Comisión de Asuntos Sensibles, llevada a cabo en noviembre, el Ministro de Defensa y el Canciller colombianos expresaron que no conocían sobre ningún proyecto Salomón y que no se había desarrollado ninguna actividad de contrainteligencia a funcionarios o en las representaciones consulares de nuestro país en el pueblo vecino.
La Cancillería ecuatoriana, en nombre del gobierno, a través de una carta, en mayo 2010, requirió nuevamente de su par de Colombia la información respectiva e igual se actuó frente a la nota periodística del Diario El Universo, que no está contenida, en absoluto, en los informes que tuvimos acceso en el mes de octubre de 2008, donde se habla de acciones de espionaje dentro del territorio ecuatoriano a funcionarios de gobierno, miembros de Fuerzas Armadas, de la Policía y al propio Presidente de la República.
Carvajal dijo que la Cancillería colombiana remitió una contestación a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, reproduciendo las declaraciones del presidente Uribe y las informaciones del DAS, en el sentido de que no se ha realizado ninguna acción de contraespionaje y mucho menos al gobierno del Ecuador, ni que se haya realizado actividad de esa naturaleza en nuestro territorio; que cualquier mecanismo ha sido orientado a los grupos irregulares dentro de Colombia y que les preocupa mucho el interés de ciertos sectores que podrían estar actuando para afectar la normalización de las relaciones de las dos naciones.
Fiscalía
Explicó que el régimen ha pedido a la Fiscalía inicie una acción de investigación y se ha creado un equipo interagencial (Policía y FFAA) para contribuir en el caso, acorde a los marcos legales pertinentes.
No tenemos una información que permita afirmar que la constatación del Diario es un hecho, por tanto ella sigue siendo una nota periodística en proceso de investigación, manifestó, al agregar que, debido a las circunstancias, se han tomado algunas medidas de mejoramiento de los elementos de seguridad, especialmente en comunicación electrónica.
MG/eg
Con la presencia del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor y delegados de organizaciones inmersas en la actividad petrolera, la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, profundizó la discusión del proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario, calificado como urgente en materia económica.
El presidente del organismo legislativo, Francisco Velasco, indicó que mañana los comisionados, luego del intenso proceso de socialización y recepción de aportes, votarían el articulado y el miércoles presentarían el informe para primer debate ante la Secretaría General de la Asamblea, en cumplimiento con la norma constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La preocupación de la Comisión ha sido que el informe tenga la mayor cantidad de voces, más aún cuando el tema es de vital trascendencia para el país, sostuvo Paco Velasco, al compartir con la propuesta de que se debería crear la Superintendencia de Hidrocarburos, que permitirá ejecutar un control más fuerte y mejor respecto del negocio del crudo.
Reformas van en beneficio exclusivo del Estado ecuatoriano
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, aseveró que el proyecto urgente va en beneficio exclusivo del país, actuando y respetando de buena fe con las compañías que inviertan en el negocio petrolero.
Explicó que las empresas que no acepten los procesos de renegociación pueden irse. Según las estimaciones que hemos hecho, creemos que con el trabajo de las entidades nacionales, en los dos años de los ingresos que tendríamos, pagaríamos la inversión de ellas, que se calcula entre 1 200 a 1 400 millones de dólares, argumentó.
Puntualizó que con dichas reformas, que son constitucionales, se incentiva el incremento de la producción, con inversión garantizada para las compañías que se queden; de no ser así, estamos en capacidad de tomar esos campos y obtener ganancias mayores para el Estado, de las que se reciben ahora.
Reiteró que se propone un procedimiento de negociación y un modelo de tarifa de pago a la contratista por la prestación de los servicios de exploración y explotación de hidrocarburos que, en base a inversiones nuevas, propicie un incremento significativo de la producción; caso contrario, se debe estimar el valor de pago por la liquidación del contrato.
Objeciones
La legisladora Magaly Orellana (PK), dijo que la propuesta gubernamental contradice lo determinado en los artículos 136 y 140 de la Constitución, así como el artículo 56 de la LOFL, por cuanto se refiere a dos materias diferentes.
Entre tanto, el presidente Ejecutivo de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), José Ziritt, expresó que la fijación de plazos de 120 y 180 días para la migración de los contratos, es inconstitucional.
De su lado, Jorge Pareja Cucalón, representante del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (FOPEC), advirtió que al nacer una Ley que puede ser observada por cualquier ciudadano ecuatoriano, en razón de sus falencias constitucionales, se estaría fomentando un cuerpo legal que será débil por su naturaleza, lo que provocará una inestabilidad jurídica y la falta de seguridad contractual.
MG
El asambleísta Paco Fierro Oviedo, representante de la provincia del Chimborazo, puso a consideración de la Función Legislativa el proyecto de reformas al Código Penal, que sanciona los delitos de usura.Propone que sea reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados del trabajador en general el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios.
Además, será sancionado con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un préstamo usuario.
También, según el proyecto, será reprimido con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, quien se dedicare a la actividad de otorgar préstamos sobre prendas, sueldos o salarios y no llevare libros, asentando en ellos, sin claros ni entrerrenglones, las cantidades prestadas, los plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que reciben los créditos, la naturaleza, cantidad, valor de los objetos prendados y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la materia; o, que fueren reos de falsedad en los asientos en dichos libros.
El prestamista que no diere resguardo o seguridad de la prenda recibida, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa del quíntuplo de su valor y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. La reincidencia en el ilícito de usura será sancionado, a más de las penas establecidas en los artículos precedentes, con el decomiso de los bienes del infractor, para lo cual se requerirá únicamente la presentación de los certificados de gravámenes emitidos por él o los registradores de la Propiedad y Mercantiles del lugar donde estuvieren los bienes.
El legislador expuso que el delito de usura se ha generalizado a lo largo y ancho del país, provocando la desintegración de la familia, la pérdida de bienes patrimoniales e incluso de vidas humanas que sofocadas por la presión del usurero han encontrado en el suicidio la solución a sus problemas.
Puntualizó que las personas que se dedican a este ilícito negocio no registran contabilidad alguna y, por ende, no tributan sobre el capital que genera los intereses usurarios que no se aplican, sino que éstos deben dar a cada quien lo que le corresponde; que la administración de justicia se ve limitada ante la falta de normas legales que sancionen en forma drástica este execrable delito.
Finalmente, Paco Fierro sostuvo que las penas que determina el Código Penal vigente no guardan relación con el daño que genera el delito de usura a la víctima y a su familia.
MG
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana martes 6 de julio, a las 09h30, a la sesión 48 para conocer y resolver la petición de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia para iniciar causa penal en contra del primer mandatario de la República, Rafael Correa Delgado.El proyecto, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, tiene, también, como objetivo ampliar los plazos para la transferencia de los bienes de patrimonio cultural del Banco Central al Ministerio de Cultura, acorde a un cronograma.
Denuncias contra el Consejo de la Judicatura
En la sesión, además se prevé la intervención de los integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura sobre las últimas denuncias recibidas respecto a la actuación del Consejo de la Judicatura.
Acuerdo Interministerial
Se conocerá, el proyecto de resolución de la asambleísta Saruka Rodríguez, por medio del cual se exhorta al Ejecutivo el efectivo cumplimiento del Acuerdo Interministerial publicado el 11 de septiembre de 2009, referente a la expedición de los certificados para la exportación del Cacao Nacional Fino.
Día de la Estadística
Igualmente, el Pleno analizará la resolución para declarar el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional; y, el 2010 como Año de los Censos Nacionales. De esta manera, se busca fomentar la cultura estadística en el país y definir a los censos como política de Estado puesto que el 28 de noviembre del año en curso se realizará el levantamiento de la VII encuesta de Población y VI de Vivienda, conjuntamente con el Censo Nacional Económico.
RSA
El Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, manifestó que antes del receso legislativo – 16 al 30 de agosto – se culminará con el proceso de aprobación de las leyes dispuestas por mandato constitucional, así como otras de contenido social.En este contexto, indicó que en las próximas semanas se tramitarán los proyectos de Ley de Servicio Público, Educación Superior, el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), Soberanía Alimentaria, Tránsito, las reformas al Régimen Monetario y Banco Central, de Comunicación, entre otras.
Señaló que el martes 6 de julio, en la sesión 48, el Pleno Legislativo conocerá y analizará la denuncia de la asambleísta María Paula Romo en torno a presuntas irregularidades en el accionar de los vocales del Consejo de la Judicatura. De comprobarse las acusaciones de tráfico de influencias, latisueldos, disputas de poder, se podría configurar las causales para un juicio político, agregó.
También, anunció la posibilidad de que el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Comunicación entre a conocimiento de la Asamblea el 13 de julio, al expresar su total predisposición de intensificar los diálogos con los jefes de bloque y bancadas y, de ser necesario, con los 123 asambleístas, para con la “ley en mano” comparar el Acuerdo Ético Político con el contenido de la última propuesta presentada por la Comisión Ocasional de Comunicación, a fin de analizar las supuestas falencias.
Cordero se mostró optimista de que existirán los votos suficientes para aprobar este importante cuerpo legal, tomando en cuenta que la ciudadanía ha demandado un instrumento de tal naturaleza.
Puntualizó que personalmente y Alianza País demostrarán, con fundamentos, al país que la Ley de Comunicación garantizará absolutamente la libertad de expresión, las actitudes sesgadas de ciertos sectores y, lo que es más, que no contiene nada de mordaza, porque eso lo impide claramente la Constitución, tras sostener que no habría inconveniente en sacar del documento el polémico artículo 10 pues eso ya consta en la Carta Política, así también la temática laboral podría ser materia de otro proyecto.
Reconoció la apertura y receptividad del titular del organismo, Mauro Andino, para conversar y lograr puntos de consenso, incluso con los sectores de oposición, que contribuyan a perfeccionar el articulado, tras destacar que el texto remitido es bueno porque tiene una perfecta organización, estructura y es austero en el lenguaje.
Consideró que no tiene sentido una consulta prelegislativa dado que no se afecta ningún derecho colectivo, ni realizar, en los actuales momentos, una socialización pues ha sido suficientemente debatida; hoy, sería fundamental desarrollar una amplía difusión del documento.
Finalmente, sostuvo en que la Ley de Educación Superior se consolida preceptos constitucionales como la gratuidad, la autonomía y otros, pero se puede mejorar las normas referentes a las funciones de la Secretaría y la integración del Conea.
MG
