La reconsideración del artículo 103, respecto al uso de agua fue el acuerdo alcanzado luego de la reunión mantenida entre los representantes de los productores camaroneros, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana y los asambleístas Ramiro Terán y Susana González de la Comisión de Soberanía Alimentaria.
Hoy, por tercer día consecutivo, la Comisión de Fiscalización continuó con la sustanciación del proceso de juicio político contra el fiscal General del Estado, Washington Pesántez. En esta ocasión, los asambleístas acusadores presentaron las correspondientes pruebas de cargo.
“Nosotras y nosotros, al momento de plantear el juicio político con varios argumentos que sustentan las cinco acusaciones, nos quedamos cortos frente a los testimonios de hombres y mujeres que han venido, sin inmunidad, a relatar la serie de irregularidades que se han cometido en la Fiscalía, con la anuencia del doctor Washington Pesántez”, subrayó la asambleísta María Paula Romo, al concluir la fundamentación de la solicitud de juicio político en contra del Fiscal General del Estado.
Sobre la base de la información proporcionada por la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), y el Instituto de Higiene Izquieta Pérez, se evidenció que el Estado no tiene una competencia directa e institucional que controle, dirija, regule a las empresas embotelladoras de agua, así como tampoco existe un conocimiento cabal del volumen total del agua que circula en el país y el control de calidad, precisó la asambleísta Marángel Muñoz, al proponer que en las leyes del Consumidor y de Recursos Hídricos se tomen los correctivos del caso.
Los asambleístas Gerónimo Yantalema, Ramiro Teran, Lourdes Tibán y Magaly Orellana respaldó la marcha organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que tiene por objetivo pedir al Presidente de la Asamblea Nacional y a los integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria la ampliación del plazo para analizar a profundidad los temas considerados como nudos críticos.
El asambleísta Andrés Páez denunció públicamente que existen varios casos de pluriempleo en los que han incurrido presidentes de las juntas parroquiales de Tumbaco, Guangopolo y Yaruquí, y puso como ejemplo los casos de Cecilia Coba, Marco Cumanicho y Oscar Beltrán que están cobrando doble remuneración.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), remitió a la Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, el trámite del proyecto de Reformas a la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, en virtud de que cumple todos los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En el marco de la sustanciación del pedido de juicio político al fiscal General, Washington Pesántez, Ángel Salvador, director de la organización Contraloría Social, afirmó que la sola sentencia por la cual el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Guayas ordena la restitución del vehículo Jeep Porsche al Consejo de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, Consep, ocasionaba la terminación del contrato de comodato suscrito con la Fiscalía, por tanto, dicho vehículo debió ser devuelto inmediatamente.
La Comisión Ocasional Especializada de Educación trabaja de forma permanente en el análisis y discusión del articulado del proyecto de ley que será debatido próximamente, en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional.
En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, presidida por la asambleísta Nivea Vélez, el Secretario General de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Jonny Firmat Chang, dijo que en uso de la autonomía constitucional de la que gozan los gobiernos seccionales, las juntas parroquiales, deben fijar la remuneración del Presidente, en proporción a su presupuesto, pudiendo para ello observar las políticas que sobre remuneraciones emita la SENRES.
