El asambleísta Fernando Bustamante Ponce, en su condición de presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó para el próximo miércoles 7 de julio, a las 10h00, al ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, a fin de que informe sobre el tema del supuesto espionaje telefónico.El Titular del organismo legislativo, también, indicó que a la reunión ha sido invitado el secretario de Inteligencia Nacional, Paco Jijón, tras precisar que la denuncia publicada en un medio de comunicación de Guayaquil en torno a la presunta acción de los servicios de inteligencia colombianos en nuestro país, que habrían interceptado llamadas a altos funcionarios gubernamentales entre los años 2008 – 2009, es motivo de preocupación de todas las instancias del Estado, no solo del Ejecutivo.
En el supuesto no consentido de que tales denuncias fueran verdaderas constituirían una gravísima violación de nuestra soberanía, de los derechos de las personas afectadas, además tendría funestas consecuencias entre ambos pueblos y sería una burla al proceso de acercamiento y de pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas, precisó, al enfatizar que es necesario esperar los resultados de las investigaciones correspondientes.
Reiteró que es fundamental que el Estado en todas sus instancias preste total atención a este tema y busque la forma de aclarar los hechos para disipar cualquier duda que pueda persistir, por tanto, los funcionarios deberán explicar a la Asamblea qué sabe el Ejecutivo respecto de esas versiones, cómo se están llevando a cabo las indagaciones pertinentes y cómo se piensa dilucidar esta oscura sombra de duda que se cierne sobre nuestras relaciones bilaterales.
Bustamante exhortó al gobierno de Colombia para que preste toda la colaboración al esclarecimiento de la información publicada. Sería conveniente saber el nombre del supuesto informante que estaría abasteciendo al medio de sus datos, respetando, profundamente, el derecho de la prensa a la reserva de fuente.
Comentó que los artículos 66, numeral 21, de la Constitución; y, 121, 148, 197 y 202 del Código Penal determinan claras sanciones contra el espionaje. Así, serán reprimidos de dos meses a un año quienes interceptan sin orden judicial conversaciones telefónicas; de seis meses a un año el que emplea cualquier medio electrónico para violentar claves o sistemas de seguridad protegida, subrayó.
Si la información fuere relativa a la Seguridad Nacional, será reprimido de uno a tres años de prisión, concluyó el Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales.
MG/jlvn
En la sesión 47 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para mañana, 1 de julio de 2010, se prevé el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal y el conocimiento y resolución de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal.
Además, según la agenda, se analizará el informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en torno a la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna, Flora y Vida Silvestre.
Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a través de su informe favorable, propone la depuración de 159 decretos, tomando en cuenta que éstos, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley; por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, cuanto porque los presupuestos establecidos en ellas han sido recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Dicha derogatoria se refiere a leyes, decretos legislativos, decretos supremos y codificaciones referentes, principalmente, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes, sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes, fósforos y tabaco, entre otros contenidos legales, que actualmente han perdido eficacia.
Objeción al proyecto de Ley Derogatoria No.1
La depuración del primer paquete de 107 cuerpos legales obsoletos fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo presentó una objeción parcial en el sentido de que se revise lo concerniente al Abono Tributario, ya que crea un instrumento de política exterior idóneo para compensar a los productores que se vean perjudicados por medidas impuestas por terceros países, lo que resulta indispensable para mantener y atraer la inversión productiva.
Convención
Ecuador se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y Vida Silvestre (CITES) el 3 de marzo de 1973, como parte integrante de la ONU. La Enmienda al Art. XXI se incorporó el 30 de abril de 1983, la cual permitía a organismos internacionales - la Unión Europea, o en el futuro la Unasur -, participar plenamente con derechos y obligaciones, y representar a los países partes, asumiendo su derecho al voto.
El mayor objetivo de este tratado es la protección de más de 30 000 especies de animales y plantas a nivel mundial, con el compromiso de que los países ejerzan estrictos controles y optimizar medidas de protección.
MG
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, en cumplimiento del artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó el informe para primer debate de la Ley Derogatoria No. 2 para la depuración de la normativa.En esta ocasión, el organismo propone la depuración de 159 decretos, considerando que tales normas, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley; por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, cuanto porque los presupuestos establecidos en ellas han sido recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Dicho informe plantea la derogatoria de leyes, decretos legislativos, decretos supremos y codificaciones referentes, principalmente, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes, sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes, fósforos y tabaco, entre otros contenidos legales, que actualmente han perdido eficacia.
El 12 de enero 2010, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió al titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley de Depuración de la Normativa Legal, que comprendía alrededor de 700 normas caducas.
En razón de la extensión y complejidad del tema, la Comisión de Justicia logró del Consejo de Administración Legislativa, CAL, la autorización para tratar el proyecto en partes, es decir que se aprueben como leyes diferentes, a fin de realizar un exhaustivo análisis del contenido de cada una de las normas.
El primer paquete de 107 cuerpos legales obsoletos fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. No obstante, el Ejecutivo, a solicitud de la ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely Suárez, presentó una objeción parcial en el sentido de que se exceptúe de la depuración lo atinente al Abono Tributario, pues crea un instrumento de política exterior idóneo para compensar a los productores que se vean perjudicados por medidas impuestas por terceros países, lo que resulta indispensable para mantener y atraer la inversión productiva.
MG/eg
El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional, esta tarde, el proyecto de Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, con la calidad de urgente en materia económica.Tal cual lo dispone el artículo 140 de la Constitución, la Asamblea deberá aprobarlo, modificarlo o negarlo dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción
El titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, trasladó dicho documento a la Secretaría General, para que sea difundido a las y los asambleístas y a la ciudadanía, a través del portal Web, y sea remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente, en cumplimiento del artículo 55 de la LOFL.
Contenido y alcances de las reformas
En la Exposición de Motivos, el Ejecutivo señala que desde el año 1971 hasta la presente fecha, se han producido cambios sustanciales en la vida social, económica y política del país, a lo que se ha sumado el extraordinario desarrollo científico y tecnológico. En este período, el petróleo como recurso natural agotable, no renovable y estratégico, se ha constituido en la principal fuente de ingresos estatales, cuyo manejo requiere la adopción de un marco jurídico e institucional, que acorde a la nueva Constitución de la República, permita un mayor control y participación del Estado ecuatoriano.
Argumenta que es fundamental introducir disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las contratistas, que no fluctúe en función del precio del crudo, del cual se han beneficiado desproporcionadamente las compañías petroleras.
El proyecto dispone que el Estado explorará y explotará los yacimientos en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional, podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia, capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para explotación y exploración o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana.
La propuesta gubernamental crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), como un organismo técnico administrativo, que regulará, controlará y fiscalizará las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera.
MG
El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante Ponce, exhortó al Gobierno Nacional a prestar el apoyo que esté a su alcance, para socorrer a los deudos de los compatriotas fallecidos en el accidente de tren en la estación de Castelldefels, en Barcelona - España.
La tragedia ferroviaria de Castelldefels, producida el miércoles 23, en la que al menos 13 personas murieron y otras 14 resultaron heridas, es la más grave ocurrida en España desde 2003, cuando 19 personas fallecieron en Chinchilla (Albacete) en un choque de trenes.
La mayoría de los fallecidos y heridos corresponde a jóvenes latinos que habían viajado desde la capital catalana y poblaciones limítrofes a la localidad costera para pasar la verbena de San Juan en la playa. Cuando descendieron de las cercanías de Barcelona se encontraron con que el paso subterráneo de la estación estaba colapsado, lleno de gente y decidieron atravesar las vías a pie, con la fatalidad de que en ese momento hizo entrada a gran velocidad un tren Euromed, procedente de Alicante sin parada en Castelldefels, que los embistió.
Con autoridades del Banco Central (BCE) y del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su Regulación y Control, presidida por Francisco Velasco, intensificó el estudio del proyecto de reformas a la Ley Régimen Monetario y Banco del Estado.
En efecto, Cristian Ruiz y Patricio Torres, gerente y director de Inversiones del Banco Central del Ecuador, respectivamente, así como Pedro Montalvo, del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, acudieron al organismo legislativo para opinar respecto de las observaciones presentadas a la citada propuesta gubernamental.
El asambleísta Francisco Velasco, titular de la Comisión 3, indicó que la próxima semana se entregará el informe para segundo debate del proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, cuyo plazo concluye el próximo 2 de julio.
Comentó que han recibido 18 observaciones de asambleístas de varias bancadas, al precisar que se busca establecer reglas claras para que el Banco Central se convierta en una institución que invierta en actividades productivas, que contribuyan a afianzar el desarrollo nacional.
Largo plazo
Entre tanto, Cristian Ruiz y Patricio Torres coincidieron en señalar que no es adecuado que las emisiones e inversiones sean a corto plazo, ya que se impedirá a la entidad toda la posibilidad de manejar una política monetaria y crediticia, hecho que incidiría en la opción de recaudar mayores réditos y seguridad para el Gobierno, por lo que plantearon que las mismas se determinen a largo plazo.
Señalaron que el Banco Central tiene un portafolio de cuatro mil millones de dólares, que están invertidos en la banca del exterior, ya sea en organismos multilaterales o supranacionales, con rendimientos promedio ponderados del 0.2% y que la inversión en el mercado de valores no superaría el 10% de dicho portafolio.
Argumentaron que dentro de la nueva arquitectura financiera internacional están inmersos el SUCRE y el Banco del Sur, este último que tiene como finalidad el desarrollo de proyectos a largo plazo, entonces, es necesario y justificado su planteamiento, a la vez de precisar que no tiene sentido poner en la ley una cantidad o porcentaje que limitaría las operaciones del banco, lo que se puede definir mediante una resolución de directorio.
También, exhortaron a los comisionados a incorporar una disposición explícita, por la cual el Banco Central tiene plena potestad de liquidar todos los activos de los bancos en liquidación, más allá de que tengan diferente valor contable al valor del mercado, como herramienta eficaz para devolver la plata a los acreedores de la banca cerrada.
Además, los funcionarios dijeron que es válida la idea de ampliar los plazos, hasta el 31 de diciembre de 2010, para traspasar toda la parte cultural del BCE al Ministerio de Cultura, en función del ámbito presupuestario.
MG/eg
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva y los jefes de las bancadas políticas analizan los avances que se han dado en el estudio de los diversos proyectos de ley que se tramitan en el Legislativo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, expresó que según el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todos los asambleístas forman parte de una comisión especializada, a excepción del Presidente de la Asamblea, es decir, las comisiones especializadas están conformadas por 123 asambleístas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, ratificó el compromiso de la institución a tomar una serie de acciones de carácter legislativo tendientes a desarrollar los derechos colectivos de las comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos del Ecuador.
El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, enfatizó que lo actuado por el segundo vicepresidente, Rolando Panchana, al prorrogar el plazo para la presentación del informe del proyecto de Ley de Comunicación es absolutamente legal, por cuanto estuvo en ejercicio de la Presidencia, mientras el Presidente y la Vicepresidencia se encontraban en Canadá para atender una invitación de varias organizaciones de migrantes ecuatorianos residentes en ese país.
Recordó que lo ocurrido el viernes anterior, con la renuncia de la asambleísta Betty Carrillo a la Presidencia de la Comisión Ocasional de Comunicación cambió las condiciones de trabajo de ese organismo y, en el afán de cumplir con el trabajo asignado, es decir la producción de un informe para conocimiento del Pleno, solicitaron una prórroga del plazo.
Añadió que le preocupa que no esté claro para algunos miembros de esa instancia parlamentaria lo ocurrido, por lo que consideró necesario realizar una aclaración, puesto que se ha producido lo que reclamaban desde hace meses; le han criticado a la Presidenta y ahora que renunció había una nueva condición política que obligaba a una prórroga y creo que la actuación del segundo vicepresidente, Rolando Panchana es correcta.
Indicó que el Presidente de la Asamblea, quien dura dos años en funciones, no tiene participación en la integración de ninguna de las Comisiones Especializadas Permanentes, sí puede participar con voz en todas, pero no pertenece a ninguna, por tanto, no es ni actúa como vocal en ninguna, por tanto su alterno tampoco puede reemplazarlo en ellas, sí en cambio actúa en el Pleno cuando el Presidente se ausenta.
En el caso de la primera y segundo vicepresidentes, ellos sí son parte de las Comisiones, pero cuando están en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea, sus respectivos alternos asumen la vocalía en esos órganos legislativos. Por tanto, lo que hizo Rolando Panchana es lo correcto, porque no podía participar en la Comisión, sino como presidente de la Asamblea.
Pasadas las 23 horas del sábado, en su condición de presidente encargado, toma la decisión de prorrogar el plazo a la Comisión. El resto del tiempo estuvo en otras actividades, representando a la Asamblea en un acto de la Secretaría de Seguridad, mientras su alterna participó en su reemplazo. No hay ningún acto ilegal, subrayó.
Añadió que no existe ningún impedimento para que el asambleísta Mauro Andino, vicepresidente de la Comisión, en ejercicio de la Presidencia convoque a sesiones del organismo, aunque pueden elegir, si así lo desean, un presidente o presidenta para el tiempo que resta, pero mientras eso ocurra puede actuar el Vicepresidente.
Cordero Cueva expresó su optimismo porque en estas nuevas condiciones, escuchándoles a todos, especialmente a quienes tenían dificultades de entendimiento, podamos tener un debate en el Pleno, de la mejor calidad y con la mayor participación.
Reunión de bancadas
De otro lado, anunció que ha convocado para mañana, martes 22 de junio, a las 18:00, a reunión de jefes de bancada para analizar, no solo la Ley de Comunicación, sino también la de Educación Superior.
Añadió que no se puede reducir la agenda legislativa a la Ley de Comunicación, pues tan importante como ella son el Código de la Producción y la Ley de Economía Solidaria, que serán remitidas a la Asamblea en los próximos días.
Subrayó que se trabaja en un Plan Legislativo amplio en el cual se considerarán las demandas de los diferentes sectores del país, al recalcar que en su visita a Toronto, Canadá, los migrantes ecuatorianos expresaron su deseo de ser tomados en cuenta en los temas que deberá tratar la Función Legislativa en los próximos años. Se trata de tres millones de compatriotas, de quienes se habla todos los días y tienen razón de solicitar se les escuche. “Un tema tan importante como este no puede ser motivo de especulaciones”, enfatizó.
Juicio contra Marún
Respecto del juicio político planteado al ex ministro de Transporte, Jorge Marún, Fernando Cordero, dijo que no va a cambiar de opinión, puesto que alargar una sesión que ha terminado no solo es ilegal sino, inmoral.
“Que miren el video y le pidan disculpas al país, he dicho que es una actuación tramposa y estoy en la obligación de advertir cuando se ha roto la ley, no están facultados para continuar una sesión que había acabado por falta de quórum y peor todavía que estén haciendo notificaciones, suplantando al Secretario, eso no es inmiscuirse, no es estar en contra de la fiscalización; es estar a favor de una nueva institucionalidad, porque no se puede hacer cualquier cosa, a pretexto de cumplir un objetivo, por más loable que sea. No es que el fin justifica los medios, no es que todo vale, no voy a caer en dualidades”, concluyó.
Entre tanto, el Secretario General de la Asamblea, Francisco Vergara, explicó que la ampliación de la prórroga se sustenta en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según el cual en ausencia temporal del Presidente de la Asamblea lo reemplazarán en su orden la primera o el segundo Vicepresidente. También en el artículo 112 que dispone que en caso de ausencia temporal o definitiva en las sesiones del Pleno o en las comisiones especializadas, los asambleístas principales serán reemplazados por sus suplentes.
EG/pv
