La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social citó a la Fiscal General del Estado, al Contralor General y otras autoridades del sector público, para que informen sobre las acciones ejecutadas respecto al cierre del Museo de Carondelet; y, la pérdida y destrucción de bienes patrimoniales que hacían parte de la reserva cultural del Ecuador, conforme a lo descrito en la documentación presentada por la asambleísta Pamela Aguirre.
La Comisión de Educación con el voto unánime de los ocho asambleístas presentes, emitió un exhorto al presidene de la República, Guillermo Lasso Mendoza, disponga la condonación de intereses, multas y recargos para los créditos educativos, de la cartera vencida que mantiene la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), a fin de prestar facilidades para que los deudores puedan cancelar sus obligaciones, en condiciones más favorables a las actuales.
La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social aprobó el informe no vinculante de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley del Derecho al Cuidado Humano. De los 15 cambios sugeridos, la mesa recomienda allanarse a ocho y ratificarse en siete.
La permanencia de 1797 funcionarios públicos en sus puestos de trabajo pese a tener sentencias condenatorias y el proceso de evaluación a agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales fue materia de análisis en la Comisión de Justicia con la presencia de las principales autoridades del Ministerio de Trabajo, Contraloría General del Estado y del Consejo de la Judicatura.
Este viernes el Consejo de Administración Legislativa resolvió exigir a la Comisión de Fiscalización y Control Político que aplique de manera directa y sin dilaciones la normativa que corresponde al procedimiento de juicio político al Presidente de la República según lo establecido en el Capítulo VIII, Sección IV de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativo al “del enjuiciamiento político del Presidente y del Vicepresidente de la República.
Con 110 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe técnico de fiscalización y seguimiento al hundimiento de viviendas a causa de la minería ilegal, en el casco urbano del cantón Zaruma, provincia de El Oro. A través del documento se exige al presidente de la República, Guillermo Lasso, que en un plazo no mayor a 30 días presente un informe de cumplimiento de las acciones dispuestas en los Decretos Ejecutivos 296 de 17 de diciembre 2021 y 341 de 14 de febrero 2022, respecto a la declaratoria de estado de excepción por calamidad pública en dicha localidad.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, junto a la presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa, recibió una propuesta legal que regula la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes de hasta 16 años.
El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad de los 121 asambleístas presentes, aprobó el informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo, por el cual exige al Presidente de la República que, en un plazo no mayor a 60 días, reforme el Decreto Ejecutivo 754, de 6 de mayo del 2011, que crea la Comisión para el Control de la Minería Ilegal, para fortalecer dicho cuerpo colegiado; así como la asignación presupuestaria y capacidad de ejecución para ejercer las funciones de coordinación, asesoría, activación de operativos y seguimiento.
En la sesión 863 del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para el jueves, 13 de abril 2023, a las 09h00, los legisladores conocerán el informe relacionado con el incremento de casos de femicidio en Ecuador, en el que advierte la urgencia que el Ejecutivo construya una estrategia nacional de política pública para evitar impunidad, considerando que el año 2022 fue el más violento desde que se tipificó este delito en el 2014, con 285 femicidios.
Viabilizar el pago de acreencias y deudas de las universidades extintas y destinar los excedentes al fortalecimiento del Sistema de Educación Superior público, es el objetivo de las reformas a la Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que en los próximos días se enviará a Registro Oficial para su respectiva publicación.
