La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió a la asambleísta Lucía Pozo, proponente del proyecto de Ley de Agilización Judicial para la Adopción, que se encuentra en trámite en este organismo legislativo, por disposición del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, este miércoles, 15 de octubre, recibió a la magíster Claudia Alvarado Álava, experta en derecho penal, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley para el Combate y Adaptación al Cambio Climático, como parte de la socialización previa a la elaboración del respectivo informe para primer debate.
La Comisión del Derecho a la Salud recibió aportes al proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control del Cáncer en el Ecuador, actualmente en trámite para segundo debate, por parte de Guido Panchana presidente de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA) y Sixto Cuesta, miembro del Consejo Directivo.
La Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, este miércoles, 15 de octubre, escuchó los criterios de la Comisión Ecuatoriana de la Sociedad Latinoamericana de Derecho al Trabajo, en torno al proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores en el Sector Público y Privado, dentro del proceso de sistematización de observaciones, a fin de redactar el informe para segundo debate.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, con seis votos afirmativos, aprobó la unificación de las reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario al texto del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, en aplicación de lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de evitar una dispersión normativa y fortalecer a los sectores agrícola y pecuario del país.
En reconocimiento a su destacada labor social y humanitaria en beneficio de niños con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad en el Ecuador, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana entregó un Acuerdo Legislativo y una condecoración a la Fundación Jonathan.
La Comisión de Salud, en la fase de recepción de aportes al proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control del Cáncer en el Ecuador, que se encuentra en trámite para segundo debate, recibió a los delegados del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La Comisión del Derecho a la Salud recibió aportes al proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control del Cáncer en el Ecuador, actualmente en trámite para segundo debate, por parte de Maritza Báez directora ejecutiva de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) y Daniel Sánchez director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
Durante la entrega, la legisladora destacó que estas propuestas representan el fruto de un trabajo colectivo junto a su equipo técnico y diversos actores sociales comprometidos con el bienestar del país. “Estos tres proyectos son nuestros primeros grandes logros legislativos, concebidos con el propósito de aportar soluciones concretas que impulsen el desarrollo del sector productivo y fortalezcan el accionar institucional del Estado”, señaló Mendoza.
En el marco del tratamiento del informe para el primer debate de este proyecto, la Comisión recibió la comparecencia del académico Juan Pablo Viteri, de la Universidad San Francisco de Quito, quien presentó un análisis técnico sobre las implicaciones del texto legal. Durante su intervención, Viteri expresó su preocupación por el carácter paternalista y moralista del proyecto, al considerar que su enfoque podría derivar en mecanismos de autorización previa o control administrativo incompatibles con la libertad de expresión. Señaló que el uso de conceptos ambiguos como “contenido nocivo” podría generar inseguridad jurídica, promover la autocensura y limitar el ejercicio de derechos fundamentales.
