Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Como parte del trabajo que busca fortalecer la implementación del Plan Nacional de Violencia de Género contra las mujeres, niñez y adolescencia se instaló la Mesa Territorial de Género.
La Ministra de Justicia, Laidy Zúñiga junto a la asambleísta Marisol Peñafiel Montesdeoca , Diego Garcia Gobernador de Imbabura y demás representantes del ejecutivo fueron parte de este encuentro que a su vez agrupó a representantes de la sociedad civil que buscan erradicar este tipo de violencia.
Las comisarías de la Mujer que estuvieron en funcionamiento hasta el 13 de julio de 2013 y que conocían como actos administrativos las denuncias de violencia se encontraban ubicadas en los siguientes cantones y con el número de comisarias y comisarios que se muestran en la tabla:
Mediante Resolución del Consejo de la Judicatura N° 077-2013, de 15 de julio de 2013, se dispuso la creación de Unidades Judiciales Especializadas en Violencia Contra la Mujer y la Familia, las cuales debían estar integradas por juezas y jueces de primer nivel, con competencia cantonal y funcionamiento desconcentrado dentro de la circunscripción territorial determinada por resolución.
En el cuadro se muestran la ubicación de las Unidades, el cantón de su jurisdicción y el número de juezas y jueces asignados por cada unidad.
La unidades especializadas se encuentran ubicadas en 19 provincias del país y tienen jurisdicción sobre 24 cantones a nivel nacional con 79 juezas y jueces distribuidos de la siguiente manera:
En Código Orgánico De La Función Judicial determina que para las creaciones e implementación de las unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer y la familia el Consejo de la Judicatura podrá disponer la creación de oficinas técnicas con profesionales en medicina, psicología, trabajo social; para garantizar la intervención integral, por tanto y para garantizar este mandato se han implementado el siguiente número de profesionales asignados por cada unidad especializada:
Para asegurar y garantizar una mayor cobertura de justicia especializada en el COFJ (Artículos 231.1, 232.1, 234.3 y 245) se ha previsto extender la competencia de jueces de materias afines para que conozcan los casos de violencia en aquellos territorios donde no exista un especializado, es decir se establece que para atender estos casos existirán las Unidades de Violencia Contra la Mujer y la Familia como judicatura especializada, los Juzgados de Contravenciones, los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y los Juzgados Multicompetentes, en ese orden de prelación.
En este sentido se ha realizado una primera aproximación para conocer la ubicación de estos tipos de juzgados que subrogarían la competencia en aquellos cantones donde no exisstieran unidades de violencia y para tales fines se ha respetado el orden de prelación, consiguiendo como resultado una primera mirada a nivel nacional sobre la cobertura existente y la propuesta de ampliar competencia en estas unidades:
CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE CAMBIAR DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO DE “COMISARÍA” HACIA UNO JUDICIAL “UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA”?
El tema de violencia de género contra la Mujer es un tema de vulneración de derechos y por lo tanto su restitución solo puede lograrse a través de la tutela judicial, por lo tanto las actuaciones que las comisarías de la Mujer se restringían a tener un de carácter administrativo y por lo tanto no contaban con la jurisdicción para otorgar un procedimiento adecuado de juzgamiento de los hechos y actos de violencia, la sanción y la reparación de derechos a las víctimas que dicta la Constitución y los instrumentos internacionales.
La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad.
Al crear las unidades especializadas con asignación de jueces constitucionales especializados en violencia contra la mujer y la familia se garantiza una mayor protección de derechos para las víctimas a través de los instrumentos y del principio de tutela judicial. Se establece como responsabilidad y obligación del Estado la investigación, sanción, protección y reparación de las víctimas de violencia intrafamiliar ejercida en el espacio público y en el privado, incluyendo las relaciones familiares. Se tipifica la violencia intrafamiliar, diferenciando entre contravenciones y delitos, con el propósito elevar su nivel de protección jurídica.
En cuanto a los ámbitos de aplicación se especifica que las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la Familia atenderán los casos perpetrados a los miembros del núcleo familiar, entendido éste según las disposiciones del Art 22 del Código Civil vigente y extendiéndolo a ex cónyuges, personas con relación consensuada de pareja y a personas que cohabitan bajo el mismo techo.
La jurisdicción y competencia de juezas y jueces para conocer y resolver los hechos y actos de violencia contra la mujer y la familia, según el Código Orgánico de la Función Judicial, se dan en los siguientes Unidades: de Violencia Contra la Mujer y la Familia; de Contravenciones; de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Multicompetentes.
PROCEDIMIENTOS Y FLUJOS:
La gestión judicial para las Unidades de Violencia Contra la Mujer y la Familia demanda un trabajo más profundo a su interior en tanto pretende ofrecer una atención especializada y que su gestión refleje los fundamentos de la Constitución y la jurisprudencia nacional e internacional de derechos humanos.
Estas Unidades, en ese sentido, contarán con una estructura conformada en función de la gestión procesal y de la atención especializada, integrada en áreas diferenciadas entre lo judicial, lo administrativo y lo técnico. Cada una de ellas se encargará de la atención de casos en forma coordinada de tal manera que apoyarán el trabajo de las juezas y jueces para la resolución de la problemática de la violencia y la administración de justicia.
La estructura organizacional en cualquiera de las unidades judiciales que conozcan los casos de violencia contra la mujer la familia debe garantizar procesos interrelacionados; es decir, que las juezas y jueces actúen en coordinación con los equipos jurídicos, técnicos y administrativos, estableciendo las sinergias necesarias de cada actividad y función en particular. Esta estructura organizacional parte del principio de eficiencia en la administración del servicio y responde a la optimización de los procesos internos de la unidad judicial. Se propone, como premisa general, de una parte, fortalecer el rol de la jueza o juez (proporcionándole una asistencia jurídica fuerte que apoye la preparación del despacho y la gestión procesal) y, de otra parte, que exista un apoyo administrativo (encargado de la organización, gestión y control de los procesos del juzgado).
Con esta estructura organizacional las Unidades de Violencia Contra la Mujer y la Familia garantizan la atención y protección a las víctimas, la reparación de daños y el restablecimiento de los derechos vulnerados, mediante el desarrollo de un proceso judicial conformado por las siguientes etapas:
a) Admisión inicial: que consiste en una etapa inicial de recepción de datos, calificación de competencia e información a la persona usuaria sobre el tipo de atención que se proporciona.
b) Atención básica: que consiste en la orientación en derechos y procedimientos legales, elaboración de la denuncia, otorgamiento de medidas de amparo y contención si la persona está muy afectada. En esta etapa también se realiza la valoración de riesgo, a petición de la jueza o juez, a cargo del profesional en sicología, y/o de daño, a cargo del profesional en medicina.
c) Primeras diligencias, investigación y medidas de protección: que consiste en la recepción del expediente por parte de la jueza o juez y el dictamen inmediato de las medidas de amparo, la orden de citación al acusado y la práctica de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera. En esta etapa es importante que esté garantizado el debido proceso también para la persona acusada.
d) Atención especializada y práctica de pruebas periciales: que consiste en la atención realizada por el equipo técnico de las Unidades para detectar los niveles de riesgo para la vida de la víctima y la valoración del daño a través de las pericias forenses. El equipo técnico (médico/a, sicóloga/o y trabajadora social) realiza la intervención pericial según corresponda y bajo la orden del juez, mantiene reuniones de avances del caso, prepara informes conjuntos; si hay necesidad y así lo identifican en los informes, buscan otros apoyos en servicios complementarios del sistema de protección de derechos.
e) Audiencia, sanción y restitución de derechos: que consiste en la realización de la audiencia, una vez que las víctimas han sido informadas de sus derechos, que han sido involucradas en un sistema de protección a través del otorgamiento de las medidas adoptadas por la autoridad, que las investigaciones policiales han determinado un riesgo y peligrosidad, así como que se hayan recabado pruebas que servirán al juzgamiento y se hayan efectuado las pericias por parte del equipo técnico. El resultado de esta fase es la sentencia emitida por la jueza o juez y la notificación respectiva.
f) Seguimiento del caso y resolución: que consiste en el seguimiento, por parte de los profesionales del área técnica, de los casos en los cuales la jueza o juez dictamine ayuda psicosocial. El diseño de la estructura y programa de seguimiento, así como su periodicidad, se establecerá en función de las circunstancias concretas de cada caso y lo realizará el analista jurídico bajo las órdenes de la jueza o juez.
ESTADÍSTICA – CASOS ATENDIDOS Y RESUELTOS
La información que se presenta en las siguiente tabla muestra el estado de las causas comprendidas entre el período del 15 de julio de 2013 al 29 de septiembre de 2013, los datos reflejan el ingreso de causas, la resolución y el porcentaje de las causas resultas en relación a las causas ingresadas.
Entre tanto, la asambleísta Marisol Peñafiel, una de las requirentes de información, expresó que los grupos de poder se han quejado que viven una supuesta crisis, pero es evidente la bonanza que les ha permitido enviar su riqueza a paraísos fiscales. Es fundamental definir el impacto de ese modo de actuación en la economía nacional, cómo afecta la salida de divisas al sistema de dolarización y de tributación y si es necesario mejorar los controles legales.
Dijo que la Constitución y la Ley de Educación disponen, entre sus fines, a las universidades y escuelas politécnicas la presentación de soluciones concretas a los problemas del país, la vinculación con la sociedad y la prohibición del lucro, sin embargo, vemos que las particulares hacen de la educación el gran negocio y lo que faltaba están involucradas en empresas offshore, en actitud poco ética.
La legisladora Marisol Peñafiel dijo que existen universidades que han sacado hasta 50 millones de dólares fuera del territorio. Archivo
Dentro de la investigación del denominado caso papeles de Panamá, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional,
Fecha de Publicación: 2016-07-10 00:00
Quito. Dentro de la investigación del denominado caso papeles de Panamá, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, prevé recibir el martes al director del Servicio de Rentas Internas, SRI, Leonardo Orlando, con el objetivo de ampliar la información de universidades privadas cofinanciadas por el Estado, que tendrían dinero en paraísos fiscales. Así lo confirmó la legisladora oficialista Marisol Peñafiel.
"Existen universidades que han sacado hasta 50 millones de dólares fuera del territorio, existe una universidad la cual, ahora mismo, tiene representantes de candidatos políticos y tienen 10 millones de dólares fuera del territorio. Esto nos da a entender que la educación sigue siendo un negocio para estos sectores", afirmó.
Peñafiel señaló que son alrededor de nueve universidades que tendrían dineros en paraísos fiscales, entre ellas, algunas cofinanciadas por el Estado.
"Son nueve o 10 universidades a las cuales estamos investigando, la mayoría son privadas, algunas son cofinanciadas. Queremos recalcar que esto no es nada en contra de los estudiantes de las universidades, han sido los propios alumnos los que nos han dado la información", destacó la legisladora. (VDS) (I)
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/187078-sri-indaga-recursos-de-universidades/
Según informó diario Expreso, esto se da por “la corrección que se hizo en la disposición transitoria sexta de la Ley de Comunicación, en una edición de bolsillo que editó la superintendencia”. Esto lo había informado diario El Universo.
En la transitoria sobre los plazos de gradualidad para la difusión de los contenidos musicales, la Supercom cambió la referencia que se hacía en el artículo 102 por el 103.
La asambleísta dijo que eso es grave y debe investigarse, por lo que ha solicitado información a Ochoa.
Ese cambio sería un “error de imprenta” y subrayó que “eso no se puede hacer”.
Según indicó la asambleísta a diario Expreso, la Asamblea es la única que puede aprobar o reemplazar un artículo.
“Hay que contrastar esa información. La Ley se hace como se deshace. No me adelanto hasta tener la respuesta de Carlos Ochoa”, indicó.
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/398083-pais-pide-informacion-sobre-reformas-a-la-ley-de-comunicacion/
La Asambleísta de Imbabura, Marisol Peñafiel expresó críticas en contra de los alcaldes de Ibarra y de Otavalo, Álvaro Castillo y Gustavo Pareja, respectivamente por el tema de los mercados de las dos ciudades.
“La concejala Hilda Herrera es la que preside la Comisión investigadora de los documentos sobre la empresa constructora Seyse, es decir el ratón cuidando el queso, así es cuando los intereses de esos grupos quieren permanecer en el statu quo”,dijo en una entrevista para el programa “La silla vacía” de ivox.com
“El reparto de la troncha se da cuando se elige al Vicealcalde a la medida del alcalde, es una administración machista, cuando la familia Morejón denunció las injurias, orinándose en el pantalón fue a pedir disculpas”, señaló.
Afirmó que en Otavalo se adoptan medidas y decisiones con el patrón que es el alcalde, ignorando a los concejales, que tienen un paquete de ordenanzas que no se toman en cuenta, se entrega un mercado que aún no está terminado.
Estamos requiriendo a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría, que nos respondan sobre el tema de la contratación del mercado Amazonas que cuesta 52 millones de dólares, remarcó Peñafiel.
http://www.expectativa.ec/marisol-penafiel-critica-a-las-alcaldias-de-ibarra-y-otavalo/
El asambleísta Mauro Andino Reinoso, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, convocó a la sesión 253, para este martes, a las 9:00.
En primer término, el organismo recibirá al economista Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien responderá a los pedidos de información efectuados dentro de la investigación de las empresas offshore constituidas en paraísos fiscales.
Luego prevé escuchar a los asambleístas Rosana Alvarado, Mariangel Muñoz, Liliana Guzmán y Diego Vintimilla, proponentes del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal con relación al procedimiento para las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Además, está prevista la intervención de la doctora Soraya Quintero, jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, de la ciudad de Cuenca.
Finalmente la comisión proseguirá el debate del proyecto de reformas al numeral 22 del artículo 18 de la Ley Notarial, de iniciativa de la legisladora María Soledad Vela.
MG/pv
La Comisión de Justicia continuó el estudio y debate del proyecto de reforma al artículo 94 de la Ley de Comunicación. En la sesión 252 recibió a grupos de defensa de la niñez y de la industria licorera, quienes coincidieron en expresar que la propuesta constituiría un retroceso en los derechos de los menores y es discriminatoria, respectivamente.
Nicky Bravo, coordinador Nacional del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ecuador, mencionó que la lucha social determina que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar una cultura preventiva sobre el uso del alcohol, tomando en cuenta que los menores son las principales víctimas del alcoholismo y sus efectos de violencia.
La reforma constituye un retroceso a los avances en materia de derechos; el 53% de violencia de género y contra la mujer, niñas y adolescentes está ligada al alcoholismo; lo que sale en televisión, en muchos casos, provoca acciones y normas de comportamiento, por tanto, dijo.
Entre tanto, Fransheska Cantó, de 16 años de edad, coordinadora del Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador, aseveró que están conscientes de la importancia del deporte a nivel nacional, por la euforia y alegría que causa en la población y los recursos que la actividad genera, pero no cree que se debería abrir espacios publicitarios en medios para bebidas de moderación. El alcoholismo es directo responsable de violencia familiar, embarazos prematuros y violencia sexual, eso hay que combatir, enfatizó.
Hablo a nombre de cientos de niñas y niños que viven la realidad de padres separados como consecuencia del alcohol, de chicos que padecen discapacidad por la cerveza, de los embarazos no deseados. La Ley de Comunicación, construida con plena participación de la gente, reconoce el interés de los grupos vulnerables, entre ellos, niños y adolescentes y posibilitó bajar los altos niveles de consumo de alcohol y en esa línea tenemos que avanzar y no retroceder, subrayó.
Los niños jugamos aprendiendo, aprendemos en función de lo que vemos y de las cosas que nos rodean, pasamos la mayoría del tiempo solos porque nuestros padres salen a trabajar, entonces, cómo y quién controlaría lo que vemos en la televisión, preguntó.
De su lado, Judson Merizalde, de los movimientos que defienden los derechos de la niñez, sostuvo que en toda política pública y procesos de legislación hay que considerar el interés superior de los niños y adolescentes, consagrado en la Constitución y los convenios internacionales. La situación de crisis en el fútbol nacional obedece a las malas administraciones dirigenciales, porque no se puede argumentar ese tema para implementar una reforma a la Ley de Comunicación.
Gustavo Landívar, presidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (ADILE), señaló que permitir mayor difusión en la publicidad para las bebidas de moderación, además de ser discriminatorio con el sector productor licorero, privilegia a un monopolio multinacional. Si el objetivo de la reforma es apoyar a financiar la estructura financiera de los clubes deportivos del país, se podría incluir a todo el sector licorero como parte de esta nueva regulación, de lo contrario se evidenciaría un trato discriminatorio y sería preferible el archivo en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia y la salud pública, dijo Landivar.
Los parlamentarios Gabriel Rivera y Miguel Ángel Moreta coincidieron que la prohibición de publicidad de bebidas toca únicamente a las herramientas tradicionales de comunicación, dejando en total libertad a las redes sociales.
MG/pv
La parlamentaria Marisol Peñafiel indicó que es necesario que el Gobierno de Haití investigue actos violentos contra niños, niñas, adolescentes en campamentos e invocó a la administración de justicia de ese país a intervenir en estos graves casos de violencia sexual;
En la sesión 252, prevista para este miércoles 6 de julio, a partir de las 09:30, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibirá a grupos de defensa de los derechos de la niñez y de la industria licorera. De esta manera, se intensificará el análisis y debate del proyecto de reforma a la Ley de Comunicación.
En efecto, al organismo, que preside el asambleísta Mauro Andino Reinoso, acudirán Fransheska Canto, coordinadora del Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador y Nicky Bravo, coordinador Nacional del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como Gustavo Landívar, presidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (ADILE).
Hasta el momento la comisión ha receptado los criterios, aportes y observaciones de Consuelo Santamaría, subsecretaria de Promoción del Ministerio de Salud y del legislador Agustín Delgado, autor de la propuesta.
Delgado Chala, representante de la provincia de Imbabura, concretamente propone modificar el artículo 94 de la Ley de Comunicación, a fin que en la prohibición de todo tipo de publicidad o propaganda de bebidas alcohólicas en medios, se exceptúe a las de moderación que contienen un porcentaje inferior al 5% de alcohol etílico por volumen, es decir, la cerveza.
La aplicación de la reforma permitiría atraer el apoyo de auspiciantes hacia el deporte en el objetivo de enfrentar la crisis del fútbol nacional, mejorar la situación económica de los equipos profesionales y, lo que es más, obtener recursos para las divisiones menores para garantizar su proceso de formación, según ha manifestado el legislador Agustín Delgado.
MG/pv
Proyecto de Resolución para la Erradicación y Prevención de la Violencia de Género ejercida contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en Campamentos Haitianos
En el artículo 1 No hay que confundir la prostitución forzada que se da en adultos , pues en niñas, niños y adolescentes se llama explotación sexual. También es necesario que no solo estén en planes programas y proyectos sino que se dicten o apliquen urgentemente protocolos de prevención, detección temprana, así como de atención psicológica.
En el tercer artículo corregir las siglas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que no es UNIFEC sino UNICEF que son sus siglas oficiales en inglés.
Considero que los antecedentes son ricos en datos y preocupaciones sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y que con base en la exposición de motivos, se agregue un cuarto y quinto numeral que diga:
Instamos a que el Gobierno ecuatoriano en los programas planificados de ayuda a la reconstrucción de Haití, así como cualquier acción en favor de la ayuda humanitaria a este país, observe de manera obligatoria que los campamentos para personas damnificadas o desplazadas tengan un diseño de habitabilidad y seguridad que disminuya los riesgos de agresión sexual a mujeres de todas las edades, especialmente de personas menores de 18 años de edad con discapacidad.
Llamamos al gobierno de Haití para que los hechos de violencia sexual que se cometen contra niñas, niños y adolescentes en los campamentos de damnificados o personas desplazadas sean investigados por la administración de justicia, se brinde asistencia médica y psicológica integral, así como se sancione estos delitos considerando la legislación interna y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
Niños y niñas de Haití
Sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en Haiti, tras el terremoto del 12 de enero de 2010, que dejó más de 200 mil personas fallecidas, la legisladora Gina Godoy propuso un proyecto de resolución a través del cual se exhorta a la comunidad internacional, a los grupos parlamentarios de América Latina el Caribe y a las entidades dedicadas a la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, a implementar acciones orientadas a prevenir y erradicar la prostitución forzada, el abuso sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual que se encuentran atravesando en Haití, amén de proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular de aquellas personas en situación de desplazamiento o que habitan en campamentos carentes de mecanismos de protección frente a esta problemática.
También sugiere expresar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano en su proceso de reconstrucción en la consolidación de sus instituciones estatales, a la vez que se ratifica el compromiso del Estado de seguir prestando su ayuda solidaria para hacer realidad los objetivos del desarrollo en Haití, al tiempo que hace un llamado a su gobierno para que las acciones emprendidas de forma soberana para la consecución de este propósito, prioricen la atención a la niñez y adolescencia en situación de riesgo y atienda las condiciones de vulneración que propician el cometimiento de abusos sexuales y otras formas de delitos asociados a un ejercicio de violencia de género.
También plantea exhortar al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, a ONU Mujeres y demás agencias, fondos y programas pertinentes de la ONU, a través de su coordinador residente en Ecuador, a la realización de un estudio de la niñez y adolescencia en riesgo en Haití, considerando la necesidad de levantar datos oficiales sobre el número de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de abusos sexuales y formas de explotación laboral o que ejercen la prostitución forzada.
Desapcho comunicación .
