Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para definir a ciertos territorios (estados federados, provincias autónomas dentro de un país por ejemplo en EEUU) o países como paraísos fiscales se deben analizar al menos cuatro elementos de existencia:
Si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si imponer impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal.
Si hay falta de transparencia de información
Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.
Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.
De los 87 territorios, países y jurisdicciones considerados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como paraísos fiscales, 37 son los preferidos por las sociedades ecuatorianas, que se calculan alrededor de 1850 empresas en offshore, 125 intermediarios y 900 presuntos clientes.
El Ecuador desde el año 2007 se ha esforzado con normativas administrativas y legislación especializada para dificultar poseer una compañía o realizar inversiones en un paraíso fiscal sin pagar impuestos en el país .También se han firmado tres tratados fiscales bilaterales para evitar pagar impuestos dobles o permitir la elusión o evasión tributaria. (Corea, China y Uruguay)
Para el SRI se califica como paraíso fiscal un territorio con regímenes tributarios con imposición fiscal menor al 60% de la vigente en el Ecuador por el mismo concepto. En el 2015 el Sistema de Rentas Internas mediante resolución realizó una lista de 87 territorios calificados como paraísos fiscales. Este tipo de normativa dictada por el Sistema de Rentas Internas se realizó en febrero de 2008, se actualizó en julio de 2012 y con mayor claridad se dictó la resolución en febrero de 2015, acompañada de reformas legales sobre los castigos a empresas en paraísos fiscales y regulaciones a bancos nacionales con agencias offshore en estos territorios.
Otros argumentos contra los paraísos fiscales es que al no existir suficiente transparencia del origen y uso del dinero, pueden esconder el financiamiento y aprovechamiento de actividades delictivas como el terrorismo, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, por lo que los Estados buscan legislar para que empresas y personas naturales transparenten sus relaciones económicas, ingresos e inversiones.
¿Por qué las y los candidatos deberían aceptar este pacto ético?
Ser un empresario, dedicarse al mundo de los negocios no es lo mismo que convertirse en un servidor público representante del Pueblo, administrador de los bienes del Estado. La gran diferencia radica que el empresario es dueño de esos bienes, mientras que un candidato aspira a ser representante y por tanto depositario de la confianza de los verdaderos dueños que son el Pueblo ecuatoriano. No nos dejemos engañar que las mismas reglas con las que se administra el sector privado son aplicables a la Política Pública y la Administración del Estado. La responsabilidad de una empresa se enmarca en sus pérdidas personales, mientras que las de un Estado acarrea a más de 16 millones de personas.
Las empresas que se radican en estos territorios calificados como paraísos fiscales producen una competencia desleal en tanto obtienen una ventaja de legislaciones que buscan sin esfuerzo de inversión acaparar divisas a cambio de blindar información para que se realicen correctos cálculos de bases imposibles en los territorios donde se elude o evade.
Quienes aspiran a ser candidatos han expresado que buscan el mayor crecimiento del Ecuador, mayores y mejores emprendimientos; sin embargo los capitales en paraísos fiscales perjudican las vías de crecimiento de los países en desarrollo utilizando mecanismos elusivos, es decir encontrando vacíos legales en las legislaciones nacionales e internacionales para evitar el pago justo de sus obligaciones tributarias.
El Ecuador en los últimos nueve años se ha esforzado en que la inversión crezca pero eso no se ha traducido necesariamente a que existan más ingresos para el Estado a través del sistema de rentas internas. Las áreas presupuestarias más vulnerables ante una recesión o crisis son el gasto social en educación, salud y servicios de inclusión económica y social.
El llamado del Presidente de la República es coherente con las siete revoluciones que propuso el Movimiento Alianza País en 2006, sobre todo la revolución ética y la económica. Creo que es necesario que debatamos qué implica que los candidatos no tengan capitales en paraísos fiscales:
Que el candidato o candidata no se haya aprovechado de los paraísos fiscales trasladando sus empresas hacia esos territorios para fines fiscales
Que el candidato o candidata establezca una entidad jurídica separada o subsidiaria (una compañía -offshore-, de fideicomiso o fundación) en un paraíso fiscal, donde los activos nacieron en Ecuador y se transfirieron a la nueva compañía o entidad de forma que los beneficios puedan ser realizados o las rentas cobradas en el paraíso fiscal.
Que tenga en empresas offshore con sede en paraísos fiscales cuentas de ahorro; depósitos a plazo fijo con más alta rentabilidad, ligada a un depósito por un tiempo determinado.
Calidad de socio o familiares asociados a empresas offshore , Banca Privada offshore en paraísos fiscales.
Compra y venta de acciones en beneficio de la persona candidata a través de empresas en paraísos fiscales a través de la Bolsa o mercado de valores
Negocios de especulación con todo tipo de materias primas, principalmente energéticas, minerales o procedentes de la agricultura.
Finalmente este pacto ético debería extenderse a los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios que no acepten contratos publicitarios en la campaña con candidatos o candidatas que tienen capitales en paraísos fiscales, especialmente el llamado a los medios impresos que formaron parte de la investigación de los “Panama Papers”.
Datos importantes:
Álvaro Noboa cuando fue asambleísta constituyente decidió no entregar su declaración patrimonial juramentada (no estuvo dispuesto a transparentar su patrimonio) y no ejerció su cargo.
Las reformas legales en los últimos nueve años han creado unidades de investigación de lavados de activo; de transparencia para que las declaraciones patrimoniales juramentadas sean públicas; se establecieron penas fuertes en delitos que afecta la administración del Estado y que afecten sus recursos; legislación financiera para generar mayor confianza en el sistema financiero público y privado; legislación para el incentivo productivo en el sector empresarial y en el sector popular y solidario.
Lenín Hurtado y Abdalá Bucaram Pulley han aceptado este pacto ético.
Contexto:
Los intereses de los Estados en la promoción de inversión en sus territorios, invertir en el sector productivo con incentivos, mejorar la calidad de la producción, así como la inversión para mejorar la percepción de los consumidores locales para comprar productos de industrias que tributan en el Ecuador no son compatibles con la salida de divisas a offshore o paraísos fiscales. El esfuerzo de crear y mantener las divisas en el territorio es enorme frente a la facilidad con que los territorios de paraísos fiscales se los llevan sin que existe tributación en ese Estado y eludiendo en donde se generaron las divisas.
La reciente investigación conocida como “Panama Papers” sobre ciudadanos y empresas vinculados a la oficina de abogados Mossack Fonseca, vuelve a poner en la opinión pública el debate sobre el equilibrio entre la defensa de la libre circulación de capitales defendidas por instituciones como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio versus la sanción a la evasión tributaria y mecanismos de elusión (no pagan tributos o disminuyen el pago basados en vacíos legales o interpretaciones que favorecen el no pago a los Estados de tributos).
Dentro del mercado financiero, para la realización de actividades económicas con base en actividades productivas se pueden requerir un sinnúmero de productos offshore como la apertura de cuentas bancarias con monedas distintas de las nacionales, pólizas de seguros, inversiones inmobiliarias, sociedades extranjeras, fondos de inversión, entre otras que pueden considerarse auxiliares de las actividades económicas que hace una empresa con sede en otro territorio donde realiza su declaración de impuestos. Sin embargo cuando estos servicios se realizan en territorios calificados como paraísos fiscales o en territorios donde no existen convenios para evitar la doble tributación o cruce de información para determinar las bases imponibles para el pago de tributos, entonces estamos ante un problema mayor. Pues los Estados son perjudicados en sus políticas de recaudación fiscal y de redistribución para garantizar derechos, brindar bienes y servicios públicos.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para definir a ciertos territorios (estados federados, provincias autónomas dentro de un país por ejemplo en EEUU) o países como paraísos fiscales se deben analizar al menos cuatro elementos de existencia:
Si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si imponer impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal.
Si hay falta de transparencia de información
Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.
Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.
De los 87 territorios, países y jurisdicciones considerados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como paraísos fiscales, 37 son los preferidos por las sociedades ecuatorianas, que se calculan alrededor de 1850 empresas en offshore, 125 intermediarios y 900 presuntos clientes.
Según el Fondo Monetario Internacional los territorios calificados como paraísos fiscales acumulan un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo.
El Ecuador desde el año 2007 se ha esforzado con normativas administrativas y legislación especializada para dificultar poseer una compañía o realizar inversiones en un paraíso fiscal sin pagar impuestos en el país .También se han firmado tres tratados fiscales bilaterales para evitar pagar impuestos dobles o permitir la elusión o evasión tributaria. (Corea, China y Uruguay)
Para el SRI se califica como paraíso fiscal un territorio con regímenes tributarios con imposición fiscal menor al 60% de la vigente en el Ecuador por el mismo concepto. En el 2015 el Sistema de Rentas Internas mediante resolución realizó una lista de 87 territorios calificados como paraísos fiscales. Este tipo de normativa dictada por el Sistema de Rentas Internas se realizó en febrero de 2008, se actualizó en julio de 2012 y con mayor claridad se dictó la resolución en febrero de 2015, acompañada de reformas legales sobre los castigos a empresas en paraísos fiscales y regulaciones a bancos nacionales con agencias offshore en estos territorios.
Según el investigador académico francés Gabriel Zucman autor del libro “La riqueza oculta de las naciones. Investigación sobre los paraísos fiscales” en los paraísos fiscales se oculta, como mínimo, $ 6,7 billones, que suponen un robo a los estados de unos $ 145.760 millones en impuestos en todo el mundo.
El reporte de Tax Justice Network (TJN) mencionó que las personas más ricas del Ecuador multiplicaron sus beneficios en los paraísos fiscales, 205% por encima de lo que había fugado de sus países. Según TJN, el flujo de dinero no registrado que va hasta los paraísos fiscales es por intermediación de grandes bancos internacionales, como UBS, Credit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC, ABN Amro, Barclays, Crédit Agricole y Société Générale. Si se hubieran gravado con un 30% la renta de aproximadamente 3% anual de los $ 21 billones no declarados entre 2000 y 2008, los estados del mundo hubiesen recaudado impuestos entre $ 190.000 millones y $ 280.000 millones, según TJN. Es decir, Latinoamérica podría haber recolectado por lo menos $ 19.000 millones.
Despacho Asambleísta Dra. Marisol Peñafiel M.
Delegadas de los diferentes países de las Américas, que se reúnen en Quito, en la sede de la Asamblea Nacional, compartieron los avances que han alcanzado en sus países para prevenir y combatir el acoso y la violencia política que sufren las mujeres para incursionar en los espacios laborales. Coincidieron que éste problema va desde el lenguaje sexista, cobertura mediática sesgada que menoscaba el liderazgo, presión por renunciar a un cargo de elección popular e incluso la agresión física.
Dijeron que la violencia política se traduce en un hostigamiento por el hecho de ser mujer, menospreciar su capacidad para tomar decisiones y subestimar sus derechos en las formas de hacer política por el hecho de ser mujer.
La diputada chilena Claudia Nogueira, vicepresidenta del ParlAmericas, dijo que el trato debe ser acorde con la dignidad y el respeto a hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas consideraciones a la hora de tomar decisiones.
“En Chile existe una igualdad formal pero no real que ha ido avanzando a través de la Ley Electoral y las buenas prácticas de incorporar a las mujeres en organismos internacionales y, por cierto, tomar conciencia que hay que alcanzar la igualdad sustantiva”,agregó.
En este sentido expusieron sus experiencias Marina Riofrío, de Argentina, Máxima Apasa, de Bolivia; Cheila Maycolson de Canadá y Marcela Sabate, de Chile. También intervinieron representantes de Costa Rica, México, Cuba, Venezuela y Ecuador. Irune Aguerrizábal, representante de ONU Mujeres, explicó sobre el trabajo en la región para combatir el acoso y la violencia política.
Marcela Sabate, de Chile, indicó que en su país aprobaron una ley que garantiza la participación mínima del 40% de las mujeres. A parte un bono para su capacitación. En Chile el 52% del padrón electoral son mujeres y tienen participación considerable en los mandos medios.
La senadora Marina Riofrío, de Argentina, expresó que el acoso y la violencia política tienen diferentes facetas. Reseñó que en su país como estrategia se hizo un esfuerzo para construir una comisión permanente con atribuciones para dictaminar temas de género, que ha sido un avance sustantivo para dar cabida y resolver inquietudes en ese aspecto. También mencionó la modificación del Código Penal que estableció los delitos de femicidios para acabar con los crímenes mal llamados pasionales.
La senadora Máxima Apasa, de Bolivia, destacó que en su país se respeta la representación paritaria del 50% para hombres y mujeres, garantizada en la Constitución y que a partir de ello se aprobó la Ley 243 en contra del acoso y violencia política hacia las mujeres, mientras que Cheila Maycolson, de Canadá, informó que el Senado tiene el 37% de representación femenina y trabaja en la construcción de una ley para evitar el acoso laboral.
Venezuela tiene un nuevo parlamento que tienen 6 meses de desarrollo y tiene antecedentes importantes como el 26 % de representación de la mujer.
RSA/pv
Los panelistas compartieron experiencias que han contribuido a corregir prácticas de exclusión y logrado una distribución del poder en su parlamento a favor de las mujeres y los grupos marginados. Coincidieron que los parlamentos deben promover la representación política de las mujeres, las minorías y de otros grupos que históricamente han sido marginados.
La senadora de México y representante del Parlamento Latinoamericano, Lisbeth Hernández Lecona, al recalcar que la diferencia entre los sexos condiciona la desigualdad en los ámbitos laboral, educativo, económico y político, destacó que América Latina y el Caribe ha alcanzado más progreso en términos de reconocimiento formal de los derechos de las mujeres. “El Mapa 2014 de las Mujeres en Política”, refleja que América se sitúa a la cabeza del ranking mundial en mujeres parlamentarias con el 25.7%, en mujeres ministras con un 22.9% y la mayor cantidad de mujeres como jefas de Estado de Gobierno.
En México la democracia paritaria implica la observancia del incremento de mujeres en cargos de elección popular y la erradicación de la exclusión social. “Nos corresponde hacer efectivas las aspiraciones contenidas en los tratados internacionales y en las leyes, rompiendo el paradigma legado por el modelo patriarcal a través de una educación incluyente”, aseguró.
Afirmó que la comunidad internacional ha realizado diversos esfuerzos para crear un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres, incluyendo los derechos políticos, a la vez que sugirió que los Estados que han ratificado los diversos instrumentos internacionales en materia de paridad de género y respeto de los derechos de las mujeres adecuen su normatividad interna y diseñen políticas públicas para garantizar el ejercicio de sus derechos.
Gloria Valerín habló de cómo ha sido el proceso en Costa Rica para alcanzar la paridad y que empezó hace 26 años, en donde han aprendido lecciones importantes y a no dejar puertas abiertas.
Recordó que en 1996 la Asamblea Legislativa de su país aprobó el 40% de cuota de participación de mujeres en la lista de los partidos, pero que no tuvo resultados favorables; en 1999, cuando fue Ministra de la Condición de la Mujer, presentó una acción para que el Tribunal interpretara que ese 40% era para los puestos elegibles y tampoco reflejó una mejoría importante.
Wendell Asadang, de Surinan, informó que su país mantiene una campaña para que las mujeres puedan participar en la toma decisiones. Dijo que en Surinam no hay una legislación de cuotas, pero que están conscientes de la necesidad de incentivar y aumentar la participación y representación femenina.
Luizianne Lins, diputada Federal de Brasil, detalló cómo afecta la violencia en la mujer para participar en la política. Indicó que de acuerdo con el Mapa de violencia 2015, entre 1980 y 2013 fueron asesinadas aproximadamente 106.093 mujeres en Brasil, siendo este país el quinto más violento del mundo en ranking de 83 países, en homicidio de mujeres.
La violencia física es la más alta registrada con 48%; en segundo lugar, está la violencia psicológica, con el 23%; en tercer lugar, la violencia sexual, el 11,9 %, con alta incidencia entre los menores de 11 años de edad 29,0 % y adolescentes 24,3 %.
Parlamentarios de países de las Américas y el Caribe debatieron la legislación y políticas públicas que se han implementado en las diferentes naciones para defender eficazmente la equidad de género. Destacaron los avances que ha tenido Ecuador en la representación política de las mujeres y plantearon la necesidad de promulgar en los parlamentos leyes que busquen la paridad de género, así como los mecanismos para que estas normas surtan efecto.
Participaron delegaciones de Colombia, Canadá, Guyana, Chile, Bolivia, Cuba, Brasil, Argentina, Bahamas, Belice, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Uruguay, entre otras naciones.
Esta mesa de trabajo se efectuó, como parte de las diferentes actividades que se desarrollan en el Octavo Encuentro Anual, organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAméricas, con la temática: “Diversificando el poder político para construir sociedades inclusivas”. El evento que se celebra en Quito, desde hoy hasta el próximo sábado, se realiza en coordinación con el Parlamento Latinoamericano, presidido por la Titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
Los participantes resaltaron que sin bien en la mayoría de los países se ha avanzado en leyes que establecen la paridad de género, estas normas en la práctica no se han cumplido. Sobre Costa Rica, por ejemplo, se hizo referencia que en ese país se promulgó la ley de cuotas de 40% para las mujeres, pero se llegó a un 33 %, “se ve entonces que solo la ley no es la alternativa para que se haga el cambio”, dijeron.
Frente a esta realidad saltó la urgencia de que el tema de paridad y alternancia se lo eleve en primera instancia a un ámbito constitucional, para luego reflejarlo en leyes y después ver los mecanismos adecuados para que en la práctica los hombres y mujeres tengan el mismo nivel de participación.
Enfatizaron que en Ecuador la participación política de las mujeres, al igual que Bolivia y Cuba, es una de las más altas de la región, que no solo se ve reflejada en el Parlamento, en donde el 42% son mujeres, sino en otros espacios de poder. Sin embargo, sostuvieron que también falta mucho por hacer, sobre todo en los gobiernos locales. En Ecuador se destacó también el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar, pero se tienen otros pendientes como los temas del aborto y de los grupos GLTBI.
La experiencia de Chile, en cuanto a representación, es que se ha promulgado una ley, pero la misma no se llevó nunca a la práctica, mientras que en Brasil se destacó que el Parlamento tiene una cuota muy alta de conservadores, quienes han frenado la mayoría de iniciativas que favorezcan a la mujer.
Así mismo, se abordaron otros asuntos que han invisibilizado a la mujer, como el tema laboral, en donde aún se mantienen las diferencias laborales. Pero aquí, también se destacaron resultados positivos, como el caso de Canadá, en donde hace 40 años mediante ley se garantiza la igualdad en los salarios tanto de hombres como mujeres que desempeñan la misma labor. Aquí, dijeron, se ha producido un cambio cultural. Se abordaron, así mismo, otras temáticas, como la judicial, en donde se resaltó que en Colombia existen juzgados especializados en el tema de la mujer.
LM/pv
Cerca de 100 parlamentarios de 30 países de América y el Caribe participan en el encuentro anual “Diversificando el poder político para construir sociedades inclusivas” que se desarrolla en la Asamblea Nacional.
En la ceremonia inaugural, la presidenta de la Asamblea Legislativa de Ecuador y del Parlamento Latinoamericano, Gabriela Rivadeneira, saludó la presencia de los parlamentarios, a quienes reiteró su agradecimiento por el apoyo humanitario de sus países al Ecuador, tras el terremoto del pasado 16 de abril.
Destacó que los parlamentos regionales y continentales tienen una causa común: la lucha contra la pobreza, la injusticia y la violencia de género, a lo que debe sumarse la lucha por la democracia y en contra de toda práctica que busque condicionarla o someterla a intereses particulares.
“Quiero hacer un llamado a la democracia desde los parlamentos, pues no estamos aquí para traicionar la voluntad popular, sino para fortalecerla”, sentenció, tras lo cual propuso una reflexión respecto de los momentos políticos que vive la región, particularmente en Brasil y Venezuela.
“Reitero no solamente mi preocupación, sino mi absoluto rechazo como Presidenta de la Asamblea Nacional y del Parlatino a cualquier acto que atente contra la democracia, contra nuestros pueblos”, agregó. Pidió así a los parlamentos de la región no ceder a los “golpes blandos” que violenten procesos democráticos legítimos.
Al referirse a los logros del Ecuador, destacó la Ley de creación de los Consejos de Igualdad que transversaliza las políticas públicas para la equidad de género; el reconocimiento del trabajo de las amas de casa y su inclusión en la seguridad social, por medio de un sistema de jubilación, así como el despido nulo para mujeres en estado de gestación y lactancia.
Mencionó también la Ley de Tierras, que permite titularizar a las mujeres en el acceso a la tierra, el Código Integral Penal (COIP) que penaliza la violencia familiar y el femicidio, así como la Ley de Parto Humanizado, que propone luchar contra la violencia obstétrica.
“El papel activo de las mujeres es fundamental para la construcción de una democracia paritaria, que es sustentable cuando se construye desde el tejido social, con la inclusión y participación directa de las mujeres en todas las escalas y esferas del poder político”, afirmó.
De su lado, la presidenta de ParlAmericas, Marcela Guerra, recordó que a nivel mundial el género femenino representa la mitad de la sociedad mundial, por ello “exigimos el 50% de representación en todos los ámbitos, como una forma de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y construir sociedades inclusivas”.
Resaltó que si bien existen avances legislativos a nivel mundial y la implementación de políticas públicas, todavía existen aspectos por superar como el acoso y la discriminación contra las mujeres, mismas que hay que sancionarlas y erradicarlas por completo.
Recordó que en el último encuentro anual de ParlAmericas se construyó un plan de acción para prevenir el acoso y la violencia política contra las mujeres, así como la necesaria diversificación del poder político para construir sociedades inclusivas. Agradeció el entusiasmo y el compromiso de la Asamblea Nacional del Ecuador, en especial a la presidenta de la Legislatura y del Parlatino, Gabriela Rivadeneira y a la asambleísta Gina Godoy, presidenta de Grupo de Mujeres de ParlAmericas por abrir estos espacios de discusión. Dijo que esta es una oportunidad para analizar los avances a nivel regional para lograr la igualdad efectiva de género.
En el plan de acción se establecieron cinco ejes: la prevención del acoso político contra las mujeres, inclusión de los hombres en la lucha por el empoderamiento político de las mujeres, hacer a los partidos políticos responsables por la igualdad de género, crear un ambiente que permita presentar el tema del acoso político y de la violencia política a un debate público y parlamentario; y presentar políticas y proyectos legislativos para enfrentar el acoso y la violencia política y garantizar su cumplimiento.
Entre tanto, la legisladora ecuatoriana Gina Godoy subrayó que “las mujeres constituimos la mitad de la población mundial y, por ende, nuestra voz debe ser escuchada, ya que de no ser así no podemos hablar de democracia”. La democracia, necesita a las mujeres para preservar su autenticidad y las mujeres necesitamos la democracia para cambiar los sistemas y las leyes que nos han impedido y siguen impidiéndonos a nosotras y a las sociedades en su conjunto, lograr la igualdad, subrayó.
Dijo que “en este Parlamento, las mujeres no ejercemos la política desde la comodidad del escritorio, sino que hacemos del escritorio nuestra trinchera; nuestro discurso no son balas perdidas, sino la palabra como certeza de propuesta y coherencia; nuestro cuerpo no es un instrumento estacionario sino el escenario de combate coherente y comprometido con el cambio construido como una praxis”.
Si bien hemos avanzado, todavía falta mucho por hacer, desde la institucionalidad y desde la ciudadanía para lograr una política incluyente y diversa. Hoy, en muchos de nuestros países vemos avances sociales innegables, pero aún tenemos un largo camino por recorrer y derechos que reivindicar, añadió.
No cabe duda que es tiempo de actuar, ahora con más convicción que nunca, sin miedos, sin restricciones, sin fronteras y creo que con acciones como la que se han llevado a cabo ya en lo que va de este año como, el “Encuentro sobre Acoso Político Basado en Género para la construcción de la Sensibilización en los Parlamentos”, celebrado en Santa Lucía; y, el mapeo del acoso político en las Américas y el Caribe, denominado “Parlamentarias y parlamentarios alzan su voz” y este encuentro por la diversificación del poder político para construir sociedades inclusivas, lo estamos logrando, finalizó
JLVN-JS/pv
La Asamblea Nacional (AN, Poder Legislativo) de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó hoy un proyecto de resolución que declara al 1 de junio de cada año como el "Día de la Niñez" en el país.
El proyecto se aprobó con el voto unánime de 121 asambleístas presentes en la sesión plenaria de este martes, informó la Secretaría de la AN, compuesta por 137 representantes.
La iniciativa convoca a todas las funciones del Estado a que este año se declare como prioridad en la legislación y política pública a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad como consecuencia del terremoto que azotó la costa norte del país el pasado 16 de abril.
El sismo de 7,8 grados Richter afectó a 120.000 niños que se quedaron temporalmente sin acceso a la educación, según un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Además, dejó 663 muertos y unos 29.000 damnificados, así como la destrucción de unas 7.000 edificaciones, entre ellas, viviendas y escuelas.
La asambleísta oficialista, Marisol Peñafiel, impulsora del proyecto, dijo que la resolución también compromete a la AN a debatir una legislación que fortalezca el sistema nacional de promoción y protección de derechos y la prevención y sanción del uso del castigo corporal como método de disciplina.
De igual forma se llamó a debatir una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia, a la luz de los derechos que garantiza la Constitución ecuatoriana y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país.
También se establece un trabajo conjunto con la Función Ejecutiva para tomar acciones orientadas a reducir la desigualdad entre niñas y niños por discriminación de género y a establecer lineamientos de protección de derechos a los adolescentes infractores en los centros donde se aplican medidas socioeducativas privativas de la libertad.
La iniciativa conmina a aplicar políticas públicas de seguridad interna, sobre todo de prevención del uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, al tiempo que llama a respetar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente su derecho a la identidad, integridad, asociación y a la no discriminación por ninguna causa.
Según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la inversión en educación se incrementó 60,1 por ciento en el país de 2008 a 2015, al pasar de 1.700 millones de dólares a 2.800 millones.
Además, desde 2010 se redujo 80 por ciento la población infantil en prácticas de mendicidad y se erradicó el trabajo infantil en el empleo doméstico, en empresas privadas, en basureros y en mataderos de cerdos y reses.
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2016/0601/c31617-9066241.html
La Asamblea Nacional (AN, Poder Legislativo) de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó hoy un proyecto de resolución que declara al 1 de junio de cada año como el "Día de la Niñez" en el país.
El proyecto se aprobó con el voto unánime de 121 asambleístas presentes en la sesión plenaria de este martes, informó la Secretaría de la AN, compuesta por 137 representantes.
La iniciativa convoca a todas las funciones del Estado a que este año se declare como prioridad en la legislación y política pública a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad como consecuencia del terremoto que azotó la costa norte del país el pasado 16 de abril.
El sismo de 7,8 grados Richter afectó a 120.000 niños que se quedaron temporalmente sin acceso a la educación, según un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Además, dejó 663 muertos y unos 29.000 damnificados, así como la destrucción de unas 7.000 edificaciones, entre ellas, viviendas y escuelas.
La asambleísta oficialista, Marisol Peñafiel, impulsora del proyecto, dijo que la resolución también compromete a la AN a debatir una legislación que fortalezca el sistema nacional de promoción y protección de derechos y la prevención y sanción del uso del castigo corporal como método de disciplina.
De igual forma se llamó a debatir una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia, a la luz de los derechos que garantiza la Constitución ecuatoriana y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país.
También se establece un trabajo conjunto con la Función Ejecutiva para tomar acciones orientadas a reducir la desigualdad entre niñas y niños por discriminación de género y a establecer lineamientos de protección de derechos a los adolescentes infractores en los centros donde se aplican medidas socioeducativas privativas de la libertad.
La iniciativa conmina a aplicar políticas públicas de seguridad interna, sobre todo de prevención del uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, al tiempo que llama a respetar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente su derecho a la identidad, integridad, asociación y a la no discriminación por ninguna causa.
Según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la inversión en educación se incrementó 60,1 por ciento en el país de 2008 a 2015, al pasar de 1.700 millones de dólares a 2.800 millones.
Además, desde 2010 se redujo 80 por ciento la población infantil en prácticas de mendicidad y se erradicó el trabajo infantil en el empleo doméstico, en empresas privadas, en basureros y en mataderos de cerdos y reses.
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2016/0601/c31617-9066241.html
2.4k valorar articulo Indignado 11 Triste 0 Indiferente 1 Sorprendido 1 Contento 2 Redacción Elcomercio.com 1 de junio de 2016 15:49 Ayer, 31 de mayo de 2016, la Asamblea Nacional declaró al 1 de junio de cada año como el Día de la Niñez. Esta fecha fue decidida “por unanimidad de los (asambleístas) presentes” con el fin de “reconocer a niñas, niños y adolescentes en su diversidad”, según se lee en el sitio web del organismo. El objetivo de la instauración del Día de la Niñez, dijo la asambleísta y presidenta del Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisol Peñafiel es eliminar “conceptos discriminatorios y excluyentes contra ese sector vulnerable y aplicar los preceptos plasmados en Constitución que van por la línea de la progresividad de derechos”. En el comunicado, la Asamblea extendió una invitación a las funciones estatales para que en el 2016 sea declarada una "prioridad en la legislación política y pública a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016". El Día del Niño en Portoviejo Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO 1 de 6 Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO 1 de 6 Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO 1 de 6 Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO 1 de 6 Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO 1 de 6 Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO Las Fuerzas Armadas realizaron un festejo por el Día del Niño en el aeropuerto Reales Tamarindos en Portoviejo, ciudada que fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO 1 de 6 Prev Next La declaratoria del Día de la Niñez sirvió también para que la institución se comprometa a llevar a debate una legislación “que fortalezca el sistema nacional de promoción y protección de derechos; la prevención y sanción del uso del castigo corporal como método de disciplina y una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia”. Con esto se busca también poner fin a la “desigualdad entre niñas y niños por discriminación de género”. La Asamblea Nacional hizo un llamado a que la Función Ejecutiva, hasta el fin del periodo presidencial, aplique políticas públicas de seguridad interna “sobre todo de prevención del uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas” que respeten los Derechos Humanos de los menores haciendo énfasis en los derechos a la identidad, integridad, asociación y a la no discriminación garantizados en los artículos 10 y 44 la Asimismo, el Día de la Niñez es un llamado para que se garantice que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad “sean representados de una manera igualitaria y no discriminatoria”. En el año 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en su resolución 836 que los países instauraran la celebración del Día Universal del Niño para promover el bienestar de los menores. En Ecuador, el Día del Niño se celebra cada 1 de junio, pero la fecha varía dependiendo del país.
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Sobre la cifras en la justicia penal afirmó que la mayor cantidad de incidencia de delitos se encuentra en los niños y adolescentes de entre 9 y 13 años y tienen que ver con violencia basada en género, trata de personas, diversas formas de explotación, tráfico de migrantes y utilización de medios electrónicos. “Aunque también existen casos en niños de menor edad, este rango se repite de manera sistemática en las estadísticas”, aseguró.
Reveló que existe una relación entre los delitos de violencia de género con los de menores. Dijo que de los 48 casos de femicidios registrados en el país, después de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cinco fueron sobre personas entre 12 y 16 años. Todas las mujeres que han sido asesinadas por violencia de genero sus hijos son víctimas indirectas, acotó. En tanto el 45% de violencia de género tiene que ver con menores de 18 años.
Entre los logros destacó que se ha disminuido la cultura de la impunidad tanto en el Ministerio de Educación, como en los operadores de justicia. Hemos tenido casos de sentencias a maestros agresores: en un año se han resuelto entre 9 y 18 casos. Las autoridades tienen la obligación de denunciar, destacó.
En cuanto a los derechos y garantías, manifestó que en 2011 la Fiscalía tenía 36 puntos de atención para denuncias y hoy cuenta con 249 a nivel nacional y que una vez que la persona agredida acude a la instancia judicial “intentamos no revictimizarlas” y se dimensiona a la víctima en dos niveles: directas e indirectas. En todos los casos de violencia de género los niños son víctimas indirectas, reiteró Adriana Reyes.
En tanto, Patricia Salazar, del Consejo de la Judicatura, sobre el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, comentó que se han identificado dos problemáticas, relacionadas con los que no tienen cuidados parentales y los adolescentes en conflicto. En cuanto a los primeros sostuvo que se han encontrado casos con medidas de acogimiento temporal que permanecían mucho tiempo en esos lugares y que para corregir este tema se ha implementado un sistema automático de alertas y recordatorios para avanzar en los procesos.
De igual manera, informó que se ha conformado un Comité Interinstitucional, con varias entidades, entre ellas el MIES, la Defensoría Pública y la Dinapen para revisar los casos que pudieron estar estancados y sus soluciones. Además, dijo que se diseñó una guía para la determinación del interés superior del niño, dirigida a operadores de justicia.
Sobre los adolescentes en conflicto con la ley, sostuvo que se están ocupando mucho en la formación de los operadores de justicia y que se ha realizado un programa piloto de un modelo de gestión en la unidad especializada de Quito y Esmeraldas, así como la verificación de la utilización del sistema para el registro de causas de adolescentes infractores, entre otras actividades.
En cambio, Andrés Tinajero, del Ministerio de Justicia, hizo un repaso de los derechos que manda la Constitución de Montecristi en favor de la niñez. Recordó que según la máxima ley los derechos de este grupo social prevalecerán sobre los de las demás personas y que nadie puede ser discriminado por ninguna razón, entre ellas la edad. También habló de otros derechos específicos como el derecho a la integración, al desarrollo, a tener nombre, una ciudadanía, educación, acceso a la justicia, entre otros.
Dio a conocer que 1.114 adolescentes infractores se encuentran dentro del modelo de atención integral, en donde se trabaja en la autoestima, utilización del tiempo, salud, núcleos familiares y más beneficios. Así mismo, se ha brindado atención especializada a mujeres privadas de libertad y a sus hijos entre 0 y 12 años. Por último indicó que existen defensores públicos, fiscales y judicaturas especializadas.
