Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Quito
Alrededor de $ 30 mil millones están en 87 paraísos fiscales y pertenecen a 280 ecuatorianos, dijo ayer el legislador Fausto Cayambe (AP), en la Comisión de Justicia de la Asamblea que investiga los Panama Papers.
Y el oficialista planteó investigar a esas personas que inicialmente aparecen en el listado de los paraísos fiscales; pues la “evasión de impuestos sea del servidor público o empresa privada es evasión, y por lo tanto, un perjuicio al Estado”.
Dijo que de los nueve años de Gobierno en siete hubo una fuerte rentabilidad en el país, y resulta extraño “que ahora no hay dólares, porque todo se ha llevado a paraísos fiscales”. Y afirmó que se tendrán que crear nuevas normas que permitan el control de la salida de divisas, y así cuidar la dolarización.
“Tenemos información de gente que tiene plata en paraísos fiscales que están como directores de empresas en Panamá” y dio una lista de nombres de personas.
En el caso del precandidato de CREO Guillermo Lasso, quien antes ya ha justificado una inversión foránea, Cayambe sostuvo que el Banco de Guayaquil creó Vanisse Holding S.A., que compró Vanisse de Panamá, por lo que -agrego- “hay una simulación de venta y un incumplimiento de la Constitución, tienen que cumplir la ley y sobre todo traer la plata que se llevaron”.
A su turno, el fiscal general, Galo Chiriboga, quien acudió para explicar de la compañía que tiene en Panamá que es dueña de su casa, explicó cómo se dio el litigio judicial. “Se ha desvirtuado la infamia de que la casa se la compró a una mujer engañada por $ 2.300, y que fue falso la afirmación de que era abogado de la señora”.
Sobre la información dada por Cayambe, el fiscal esperará el informe de la Comisión antes de alguna indagación: “Hay que actuar con prudencia y sobre hechos y no sobre especulaciones, odios y pasiones que no ayudan a nada”.
En las próximas semanas tendrá una reunión con su similar en Panamá.
Al final se aprobó una resolución planteada por Marisol Peñafiel (AP) para solicitar al CAL ampliar la investigación: “A mí me interesa conocer también los Lassopapers”, dijo.
Ella y sus coidearios Hólger Chávez, María José Carrión y Mauro Andino dijeron que la información de Chiriboga fue clara y precisa. (I)
La mesa legislativa recibió al académico Javier Bustos y a Orlando Pérez. Se solicitará ampliar ámbito de indagación. Redacción Política La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional solicitará al Consejo de Administración Legislativa (CAL) ampliar el ámbito de investigación en torno al denominado caso ‘Panama Papers’. Esa fue la conclusión de los asambleístas luego de las comparecencias de Javier Bustos, catedrático en tributación de la Universidad San Francisco de Quito y del director de diario EL TELÉGRAFO, Orlando Pérez. A partir de la difusión de los ‘Panama Papers’, divulgada a principios de este mes, distintos entes ecuatorianos han iniciado sus propias indagaciones para determinar si existe algún delito vinculado al lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado o evasión fiscal. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inició con su recopilación de información a finales del mes pasado; Pérez también se presentó en esa ocasión. Esta vez el director de este diario volvió a insistir ante las autoridades en que se debe publicar toda la información que se tenga al respecto y no verdades a medias. Cuestionó que el ICIJ, en donde colaboran 6 periodistas ecuatorianos, no haya publicado todos los nombres de los involucrados cuando la obligación de los periodistas es informar toda la verdad y en ese sentido ironizó que no hacerlo recaería en un “delito de leso periodismo”. En ese pedido también lo acompañaron algunos asambleístas. Una de ellas fue Gina Godoy, quien indicó que se debe insistir a los periodistas de diario El Comercio y El Universo para que entreguen la información sobre los ‘Panama Papers’, de lo contrario podrían “ser cómplices”. Exhortó a la responsabilidad que tienen los profesionales de la comunicación con la ciudadanía y aclaró que no se trata de una persecución, sino que ayudaría a que el trabajo se cumpla con eficiencia. Luego de múltiples presiones, el ICIJ publicará el próximo 9 de mayo una parte de la base de datos: sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados solo en 10 de los 21 territorios implicados. Ampliación de la investigación Durante el debate también se destacó la importancia de ampliar el ámbito de investigación que tiene la Comisión, debido a que Panamá no es el único paraíso fiscal y tampoco Mossack Fonseca es el único estudio jurídico que realiza este trabajo. El asambleísta Christian Viteri también puso como ejemplo a Morgan & Morgan: “Lo que quiero decir es que Mossack Fonseca es solo un estudio jurídico de Panamá que se dedica a esto. Uno de los más grandes, pero ni siquiera es el más grande”. También explicó que para la evasión fiscal se están utilizando otras jurisdicciones que no están consideradas en la lista de 87 paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes por el Servicio de Rentas Internas (SRI), con los cuales Ecuador tiene suscritos convenios de intercambio de información como con Costa Rica y Uruguay. En ese sentido, la legisladora Marisol Peñafiel coincidió con Viteri en que el tema es más profundo que los ‘Panama Papers’ y planteó que el informe que la Comisión presente no solo se refiera a la investigación del ICIJ, sino también sobre el manejo de paraísos fiscales y que, sobre eso, se haga una solicitud formal al CAL. “Las reflexiones deben ir en el marco de cómo juegan las reglas del mercado y cómo se crean y se fortalecen grandes capitales en desmedro del Estado y de los ciudadanos (...) que a través de la evasión fiscal quiebran a las economías locales”. Aunque el académico Bustos señaló que las compañías offshore, por sí solas, no son ilegales según la legislación ecuatoriana, cuestionó que en el país existan limitaciones para investigar sobre este tipo de sociedades, puesto que el Código Tributario establece una norma de confidencialidad. A principios de este mes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló una lista de clientes de Mossack Fonseca, bufete panameño reconocido por manejar fortunas que migran de sus países de origen para evitar el pago de impuestos. En la investigación fueron mencionados 3 ecuatorianos. Entre ellos el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, quien será llamado a comparecer, al igual que el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando. (I)
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/panama-papers-mueven-el-debate-de-asambleistas
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La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social inició el estudio del proyecto de Ley para la Participación Equitativa de Mujeres y Hombres en posiciones de Liderazgo en el sector público y privado. Esta vez escuchó a la autora de la propuesta, la legisladora Marisol Peñafiel, quien expuso los objetivos y el alcance.
La asambleísta propone aplicar medidas de acción afirmativa para que en la confirmación de cargos de liderazgo en el sector empresarial público y privado se eliminen las barreras de ascenso para las mujeres y lograr su empoderamiento así como la eliminación de prejuicios sobre los roles de las mujeres como líderes en el mundo de los negocios.
Señaló que en el sector público las empresas deben incorporar en su directorio al menos a una mujer y en el sector privado establecer normas de autoregulación para aplicar medidas de acción afirmativa que permitan el ascenso de las mujeres a cargos de dirección y toma de decisiones. Además recalcó que de la mano de estas medidas temporales siempre debe calificarse el mérito y al experiencia.
La Organización de las Naciones Unidas para el año 2016 ha propuesto como reflexión el tema “Por un planeta 50-50 en el 2030: demos paso para la igualdad de género” basado en la nueva agenda “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” que contiene 17 objetivos, entre ellos, “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. El empoderamiento también consiste en lo económico y por tanto la igualdad en los salarios y el acceso a la promoción profesional en el ámbito público y privado, enfatizó.
Las asambleístas Betty Carrillo, Mary Verduga y Diana Peña aportaron a la propuesta con observaciones sobre la situación de las mujeres en el ámbito empresarial con datos de la CEPAL y la necesidad de que el Ministerio de Trabajo promueva el acceso en igualdad de condiciones a hombres y mujeres en el mercado laboral, garantizando la no discriminación por razones de género.
El asambleísta Fausto Cayambe señaló que también se debe analizar la situación salarial, en razón de que las mujeres siguen recibiendo un salario menor por el mismo trabajo que realiza un hombre. Bairon Valle planteó la necesidad de que las leyes en materia laboral cuenten con un enfoque de género para eliminar la discriminación.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomó hoy la investigación del denominado caso Papeles de Panamá. Javier Bustos, docente universitario y Orlando Pérez, Director del Diario El Telégrafo, hablaron sobre la constitución y funcionamiento de las compañías offshore.
La asambleísta Mariangel Muñoz, vicepresidenta del organismo, aseveró que no se trata de una cacería de brujas o de perseguir a nadie en particular, sino establecer acciones y determinar responsables de acciones reñidas contra las leyes y los derechos. A más de la evasión de impuestos puede haber el cometimiento de algunos delitos relacionados con testaferrismo y lavado de activos, precisó.
Incluso hay casos que muchas empresas no cumplen las debidas obligaciones con sus trabajadores, entre ellas medios de comunicación del país que tienen acciones en paraísos fiscales, expresó.
Javier Bustos, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, comentó que cualquier indagación, lamentablemente, se topa con la confidencialidad en la información en materia tributaria. La legislación ecuatoriana e internacional permite la creación de compañías en el exterior, pero lo urgente es transparentar que los dineros provengan de actividades lícitas, añadió.
Se mostró partidario de revisar los alcances de los convenios que evitan la doble imposición de tributos, pues las personas o sociedades no cancelan tributos ni en la fuente de origen de la empresa ni en el sitio en que mantienen la inversión. También alertó de las transacciones y comercio que se realizan en la red (negocios electrónicos) y los productos híbridos que manejan los bancos.
Entre tanto, Orlando Pérez instó a los periodistas y medios que forman parte de la investigación de los Papeles Panamá a sacar a la luz pública, sin temor, toda la información, sin importar quien esté o que pueda supuestamente afectar a una entidad pública o privada, no lanzar verdades a medias, por la responsabilidad que los comunicadores tienen frente a la sociedad.
Esta información, continuó, revela a 600 personas entre jefes de Estado, políticos y futbolistas de fama mundial, de los cuales tres son ecuatorianos, a pesar que no se han revelado todos los implicados, tras indicar que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fue creado por el Centro de la Integridad Pública en 1997, cuyos aportantes son de Estados Unidos, en su gran mayoría. En la investigación de esta organización no hay ningún estadounidense implicado, lo que llama mucho la atención, sostuvo.
Dijo que al año 2014 Panamá representa el 60% del capital accionario de los 125 grupos económicos más grandes de Ecuador, que tienen sus accionistas domiciliados en paraísos fiscales.
El asambleísta Luis Fernando Torres pidió la comparecencia del director del SRI, Leonardo Orlando, para que explique las limitaciones para proporcionar información eventualmente reservada.
MG/pv
En la Comisión de Justicia, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, dijo que el gobierno ha implementado una serie de políticas y normas legales, con el apoyo de la Asamblea, en el objetivo de desincentivar la salida de capitales y la evasión tributaria a través de paraísos fiscales, previniendo, así, sus efectos económicos y sociales nocivos.
Con esta oportunidad, el funcionario pidió al Legislativo aprobar la propuesta de reforma al proyecto urgente de Ley Solidaria, que consolidará la lucha contra la corrupción en materia de evasión de tributos y salida de capitales.
Explicó que el objetivo principal de los negocios en paraísos fiscales es evadir el pago de los impuestos a la renta de sociedades y personas naturales por dividendos, a la salida de divisas y a las herencias, tras señalar para ese tipo de prácticas se utilizan varias estrategias: deducir gastos inexistentes, realizar transacciones y pagos desde el exterior (fuga de capitales), evitar la retención del impuesto a la renta y ocultar la titularidad del patrimonio.
Indicó que se hay glosas por riesgo y ejercicio fiscal -incluye paraísos fiscales- por un monto de 1.400 millones por sobrevaloraciones de importaciones, exportaciones y de regalías.
En nuestro país existen 10.035 sociedades nacionales con un patrimonio total de 26 mil millones que tienen participación de empresas extranjeras en un 77%, es decir, 20.325 millones, de los cuales 4.101 millones corresponden a accionistas domiciliados en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales preferidos por los accionistas que tienen participación en empresas ecuatorianas son: Panamá (59,59%), Barbados (11.76%) e Islas Caimán (10,30%), comentó.
Observaciones a Código Administrativo
Previamente, el organismo recibió, por segunda ocasión, al procurador General del Estado,Diego García, quien expuso varias observaciones y aportes a los Libros III y IV del proyecto de Código Orgánico Administrativo.
Manifestó que por su especialidad, la materia fiscal no se debería tratar en el proyecto, sino conservar el texto íntegro del Libro II del Código Tributario; reservar la coactiva a las instituciones del sector público a las que la ley asigne expresamente esa potestad.
También consideró que la coactiva no debe ser aplicable para el cobro de créditos que tengan origen contractual, mercantil o de otra naturaleza que no sea esencialmente pública. No es pertinente que el código regule la responsabilidad por daño ambiental por el riesgo de crear confusión y dificultar la aplicación de los procedimientos establecidos en otras leyes.
MG/pv
Redacción Web La ampliación del ámbito de investigación en torno al denominado caso 'Panama papers' es un asunto que preocupa a los asambleístas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, la cual el 11 de abril pasado fue designada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como la encargada para iniciar con dicha indagación. A principios de este mes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló una lista de clientes de Mossack Fonseca, bufete panameño reconocido por manejar fortunas que migran de sus países de origen para evitar el pago de impuestos. Al cabo de un año que tomó la investigación del ICIJ se vinculó a 600 personas entre jefes de Estado, políticos y futbolistas de fama mundial, de los cuales 3 son ecuatorianos: Galo Chiriboga, fiscal de la Nación; Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador; y Javier Molina, exasesor externo de la Secretaría Nacional de Inteligencia. A partir de la difusión de los ‘Panamá Papers’ y divulgada a principios de este mes, distintos entes ecuatorianos han iniciado sus propias indagaciones para determinar si existe algún delito vinculado al lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado o evasión fiscal. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inició con su recopilación de información a finales del mes pasado y la Comisión hizo lo propio ayer, para lo cual recibió a Javier Bustos, catedrático en tributación de la Universidad San Francisco de Quito y al director de diario EL TELÉGRAFO, Orlando Pérez. Durante el debate se destacó la importancia de ampliar el ámbito de investigación que tiene la Comisión, debido a que Panamá no es único paraíso fiscal y tampoco Mossack Fonseca es el único estudio jurídico que realiza este trabajo. El asambleísta Christian Viteri también puso como ejemplo a Morgan & Morgan: “Lo que quiero decir es que Mossack Fonseca es solo un estudio jurídico de Panamá que se dedica a esto. Uno de los más grandes pero ni siquiera es el más grande”. También explicó que para la evasión fiscal se están utilizando otras jurisdicciones que no están consideradas en la lista de 87 paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con los cuales Ecuador tiene suscritos convenios de intercambio de información como con Costa Rica y Uruguay. En ese sentido la legisladora, Marisol Peñafiel, coincidió con Viteri en que el tema es más profundo que los ‘Panamá Papers’ y planteó que el informe que la Comisión presente no solo se refiera a la investigación del ICIJ sino sobre el manejo de paraísos fiscales y que se sobre esto se haga una solicitud formal al CAL. “Las reflexiones deben ir en el marco de cómo juegan las reglas del mercado y cómo se crean y se fortalecen grandes capitales en desmedro del Estado y de los ciudadanos (...) que a través de la evasión fiscal quiebran a las economías locales”. (I)
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/panama-papers-comision-legislativa-quiere-ampliar-ambito-de-investigacion
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Este miércoles 4 de mayo, a partir de las 10:00, se reunirá la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, con el propósito de iniciar el tratamiento del proyecto de Ley para la Participación Equitativa de Mujeres y Hombres en posiciones de Liderazgo en el sector público y privado, según consta en la convocatoria de su titular, la asambleísta Marllely Vásconez.
Para el tratamiento de esta normativa invitó a directivos del Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Compañías, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, para que expongan sus puntos de vista desde los ámbitos de su competencia.
La sesión iniciará con la participación de la proponente de esta iniciativa, la asambleísta Marisol Peñafiel. De inmediato expondrán sus criterios el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta; la superintendenta de Compañías, Suad Mansur Villagrán; el presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO EP, Patricio Chávez Zavala, o sus respectivos delegados.
La norma tiene como objetivo promover progresivamente la representación paritaria en cargos de cogobierno, dirección y administración en las empresas públicas y en las empresas regidas por la Ley de Compañías.
También está orientada a eliminar la discriminación en espacios de liderazgo empresarial; establecer cuotas de participación flexibles a través de la autoregulación en las instituciones públicas y empresas privadas en sus nóminas de servidores o trabajadores, así como un sistema de registro estadístico que sirva en la toma de decisiones estatales para la reducción de las brechas salariales entre hombres y mujeres.
RSA/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomará esta semana el análisis del denominado caso “Papeles de Panamá”, para lo que tiene previsto recibir al Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga; al director del Diario El Telégrafo, Orlando Pérez; al asambleísta Fausto Cayambe y a Javier Bustos, docente de la Universidad San Francisco de Quito.
Para el miércoles, a partir de las 09h30 está prevista la comparecencia de Javier Bustos, quien expondrá sobre la constitución y funcionamiento de las compañías offshore.
Posteriormente, asistirá Orlando Pérez, director del Diario El Telégrafo, a quien se le ha requerido que exponga sobre los resultados de la investigación periodística relacionada con las compañías offshore.
En esta reunión, la comisión conocerá las respuestas a los pedidos de información realizados por la comisión a la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, Contraloría General del Estado, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Municipio de Quito, Ministerio de Trabajo, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otras entidades.
El viernes, a las 08h30, en cambio, acudirá el asambleísta Fausto Cayambe, quien solicitó ser recibido para exponer sobre el proceso de investigación respecto a lo manifestado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y la existencia de compañías offshore en las que habrían participado personas ecuatorianas.
La jornada de la semana concluirá con la comparecencia del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga.
PV
La Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas se encuentra en plena vigencia desde hoy, una vez que se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial No. 744. La normativa tiene como objetivo fortalecer la dolarización, generar cambios en los hábitos alimenticios enfocados en la prevención de enfermedades y corregir abusos en los beneficios tributarios y redistribución.
En lo que va de la administración de la presidenta Gabriela Rivadeneira, suman 44 leyes, aprobadas por la Asamblea Nacional, de las cuales un gran porcentaje incentivan y fomentan directamente la inversión nacional y extranjera pública y privada para la reactivación de la economía, con reglas claras que afianzan la seguridad jurídica.
La Ley Orgánica para el Equilibrio de la Finanzas Públicas es la cuarta norma jurídica aprobada en estos primeros meses del 2016, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo y la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.
En esta Ley urgente económica se establecieron importantes modificaciones con relación al proyecto original, principalmente en lo referente al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para bebidas azucaradas y cerveza industrial y modificaciones en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la utilización de medios de pago electrónico.
En las transacciones que se realicen con dinero electrónico se devolverá el 2%; y el 1% a los pagos efectuados con tarjetas de crédito, de débito y prepago que sean emitidas por las entidades del sistema financiero nacional. Los valores serán reembolsados en dinero electrónico. El Comité de Política Tributaria fijará los límites para la aplicación de este beneficio.
Sobre la devolución del IVA a los adultos mayores y personas con discapacidad, se estableció una multa por solicitar la reposición del tributo en bienes y servicios distintos a los de primera necesidad y que no son de consumo personal. De esta forma se pretende evitar el uso inadecuado del beneficio por parte de terceras personas.
En cuanto a las asignaciones de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se ajustarán de acuerdo con lo efectivamente recibido en el Presupuesto General del Estado (PGE). En caso de una reducción, los valores descontados a los GAD de la provincia de Manabí, el sur de Esmeraldas y demás zonas devastadas por el terremoto del 16 de abril serán compensados por el Ministerio de Finanzas, con el fin de que conserven los recursos inicialmente atribuidos en el presupuesto.
Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la operación de oficinas centralizadas de gestión de llamadas podrán deducir el 50% adicional de los gastos que efectúen por concepto de impuesto a los consumos especiales generado en los servicios de telefonía fija y móvil avanzada que contraten para el ejercicio de su actividad.
No se encuentran sujetas al pago del ICE las adquisiciones y donaciones de bienes de procedencia nacional o importadas que realicen o se donen a entidades u organismos del sector público, respectivamente, conforme los bienes condiciones y requisitos que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas.
Para las personas con discapacidad, los vehículos de fabricación nacional o extranjera, que al 25 de abril de 2016 se encontraban físicamente en el país, como vehículos terminados o CKDS, con un precio de venta al público como vehículo terminado de hasta USD 30.000 y que se comercialicen hasta el 31 de diciembre de 2016, obtendrán una rebaja de 5 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a los consumos especiales, siempre que sobre los mismos no se haya causado este impuesto y que, al momento de su venta un valor equivalente al menos del 140% del beneficio sea trasladado al precio al consumidor, caso contrario se reliquidará el impuesto sin rebaja alguna; de no hacerlo la Administración Tributaria en el uso de su facultad determinadora establecerá el valor del impuesto con los correspondientes intereses, multas y recargos que sean aplicables.
Las gaseosas con menos de 25 gramos de azúcar y las bebidas energizantes tendrán un ICE del 10%o ad valorem. Las bebidas con más de 25 gramos de azúcar por litro pagarán el impuesto en función de los gramos de azúcar que contengan. Se encuentran exentos los productos lácteos y sus derivados, así como el agua mineral y los jugos que tengan más del cincuenta por ciento de contenido natural.
Se establece la ampliación del plazo para el pago de aportes mensuales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya fecha de vencimiento fuera a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 3l diciembre de 2016 a los proveedores de bienes, servicios y obras, y a las entidades con las que existan convenios de prestación de servicios para grupos de atención prioritaria cuyos trabajadores se encuentren afiliados, de los organismos y entidades del sector público; cuando la falta de pago obedezca a retrasos en las transferencias que deban realizar dichas entidades o por el ente rector de las finanzas públicas cuando corresponda; podrán pagar los aportes con la reducción del 99 de intereses y 100% de multas y recargos.
RSA/pv
A la sesión 240 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, acudirán Javier Bustos, docente de la Universidad San Francisco de Quito y Orlando Pérez, director del Diario El Telégrafo, para hablar sobre la constitución y funcionamiento de las compañías offshore y los resultados de la investigación periodística respecto de los denominados “Papeles Panamá”.
La reunión está convocada para el miércoles 4 de mayo, a la 09:30. Adicionalmente, se procederá al conocimiento de las respuestas a los pedidos de información realizados por la comisión a la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, Contraloría General del Estado, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Municipio de Quito, Ministerio de Trabajo, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otras entidades.
Código Administrativo
Mientras, en la sesión 241, prevista también para el miércoles, a las 15:00, se recibirá al doctor Dunker Morales, catedrático universitario, quien expondrá sus observaciones sobre el proyecto de Código Orgánico Administrativo.
Erradicar la violencia contra animales
Además, la comisión escuchará los argumentos de la asambleísta Soledad Buendía en torno a su proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para erradicar la violencia contra los animales.
MG/pv
