Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
La Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil genera el desarrollo integral del mercado de valores, permitiendo canalizar directamente el ahorro al sector productivo, sin recurrir a la intermediación bancaria, permitiendo la inclusión de nuevos emisores, pues se facilitan las condiciones de acceso para impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Beneficio de estabilidad a los contratos de inversión, en los aspectos tributarios sobre todo en el impuesto a la renta, durante la vigencia del acuerdo, estabilidad de los compromisos contractuales que sean necesarios para la nueva inversión, son los aspectos principales de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, que abre espacio a la inversión y la reconversión de la matriz productiva.
Con la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se facilita que las empresas públicas extranjeras puedan comprar, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales si cuentan con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional. También participar en proyectos agrarios, siempre que tengan un socio ecuatoriano que sea dueño de la tierra rural. Las empresas públicas extranjeras pueden participar en proyectos agrarios de interés nacional en asocio con empresas públicas nacionales, compañías de economía mixta, personas naturales o jurídicas privadas, comunidades o empresas comunitarias, siempre y cuando mantengan la propiedad de la tierra. Las tierras dedicadas a actividades recreacionales o de turismo no sufrirán una limitación de derecho de propiedad en el marco de la redistribución de tierras rurales.
La Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil genera el desarrollo integral del mercado de valores, permitiendo canalizar directamente el ahorro al sector productivo, sin recurrir a la intermediación bancaria, permitiendo la inclusión de nuevos emisores, pues se facilitan las condiciones de acceso para impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Beneficio de estabilidad a los contratos de inversión, en los aspectos tributarios sobre todo en el impuesto a la renta, durante la vigencia del acuerdo, estabilidad de los compromisos contractuales que sean necesarios para la nueva inversión, son los aspectos principales de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, que abre espacio a la inversión y la reconversión de la matriz productiva.
Con la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se facilita que las empresas públicas extranjeras puedan comprar, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales si cuentan con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional. También participar en proyectos agrarios, siempre que tengan un socio ecuatoriano que sea dueño de la tierra rural. Las empresas públicas extranjeras pueden participar en proyectos agrarios de interés nacional en asocio con empresas públicas nacionales, compañías de economía mixta, personas naturales o jurídicas privadas, comunidades o empresas comunitarias, siempre y cuando mantengan la propiedad de la tierra. Las tierras dedicadas a actividades recreacionales o de turismo no sufrirán una limitación de derecho de propiedad en el marco de la redistribución de tierras rurales.
El día de hoy se presentó la propuesta metodológica para la evaluación de cuerpos normativos con relación a la pobreza multidimensional infantil y costo fiscal en la Asamblea Nacional, como una herramienta para ser usada por las comisiones especializadas permanentes, la Unidad de Técnica Legislativa ( UTL) y la Unidad de control de ejecución del presupuesto general del Estado (UCEP)
Esta reunión fue organizada por el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, UNICEF Ecuador y el Grupo Parlamentario contra la pobreza y la desigualdad quienes tienen por objetivo brindar una herramienta de análisis basada en los Derechos Humanos a la Asamblea Nacional para dar cumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 84.
Se dieron cita asambleístas de los dos grupos parlamentarios y delegados del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Plan Internacional entre otros.
La propuesta metodológica fue presentada por la Economista María Dolores Almeida quien explicó la metodología para analizar cómo impactan los proyectos de ley en el cumplimiento de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y en la carga fiscal directa o indirectamente.
La Asambleísta Marisol Peñafiel señaló los compromisos alcanzados el día de hoy: "Queremos que las y los Asambleístas en próximos periodos cuenten con una herramienta técnica que aporte en las decisiones de las y los legisladores sobre la elaboración de una legislación que cumpla con el desarrollo progresivo de derechos en las normas sobre todo para reducir desigualdades estructurales al mismo tiempo que analice el costo fiscal de cada norma".
La Asambleísta Ximena Ponce coordinadora del Grupo Parlamentario contra la pobreza y la desigualdad señaló que esta ayuda técnica brindada por UNICEF nos permitirá fortalecer el funcionamiento de la UCEP en la Asamblea Nacional.
Esta semana el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes trabajará su actualización del Plan Operativo Anual de 2016-2017.
Juan Carlos Benalcázar señaló que para que sea un código de calidad y acorde a la realidad ecuatoriana se deben evitar los procedimientos especiales y propender más bien al procedimiento administrativo común, debido a que en el país ha existido un exceso de apelación a este tipo de normas, lo que ha incidido en el incremento de la inseguridad jurídica.
Indicó que la base de ese procedimiento común debe ser lo que es precisamente común a todas las administraciones y que es el cumplimiento de los derechos fundamentales como los referentes al debido proceso, especialmente.
Añadió que se debe equilibrar la posición del Estado y su poder frente a la del ciudadano. Para que sea un código justo, dijo, se debe dar más garantías al procedimiento de la ciudadanía porque la administración estatal tiene un poder que el ciudadano no tiene.
Bayardo Espinosa, por su parte, señaló que sus observaciones se centraron en aspectos puntuales del proyecto de código que pretende unificar todos los procedimientos administrativos dentro del país de manera que ayuden a una mejor actuación de la administración pública, a la protección de los ciudadanos y a la defensa de los intereses de la ciudadanía y del Estado.
Mencionó que existe necesidad de una mejora de la motivación de los actos, que son un derecho y una garantía fundamental de la ciudadanía, así como sobre la protección del Estado y la precaución de que a través de determinados mecanismos puedan enriquecerse injustamente ciertos actores.
El Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad, UNICEF Ecuador y el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, realizarán este miércoles 6 de abril a las 08h00 una reunión de trabajo para presentar el resultado de la investigación para la evaluación de cuerpos normativos con relación a la pobreza multidimensional infantil y costo fiscal.
Está investigación se realizó en el marco del apoyo técnico que realiza UNICEF Ecuador a la Asamblea Nacional a través de los grupos parlamentarios que trabajan temas de pobreza e infancia, donde se presentará una metodología que analiza el impacto fiscal y social de los diferentes proyectos de ley que se discutan y aprueben en la Legislatura, proponiendo una lista de criterios generales para que la Unidad de Control de Ejecución del Presupuesto General del Estado utilice para evaluar los proyectos de ley en su impacto fiscal y social.
La consultora principal María Dolores Almeida tiene una amplia trayectoria sobre análisis de impacto fiscal y colaboró con el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes para analizar la ejecución presupuestaria 2015 y la Proforma del Presupuesto General del Estado 2016. Se presentará también Sebastián Burgos que contribuye con el tema "Sistema de indicadores para seguimiento de aplicación de leyes y política pública" para este evento.
En el documento de investigación se propone que en la evaluación ex-ante de los proyectos de leyes se trabaje en cuatro fases. La primera es priorizar los proyectos de ley con criterios de selección; la segunda identificar la relación entre la propuesta de ley con pobreza y derechos y su posible impacto. La tercera fase deberá establecer las posibles variables e ingreso y/o gastos fiscales que se verían afectadas con la norma propuesta analizada y en la fase final se sistematizarán las principales conclusiones y se plantearán medidas y propuestas de mejora en la norma propuesta para mitigar los posibles impactos negativos.
Las y los asambleístas de los grupos parlamentarios que han organizado esta reunión conocerán en detalle esta propuesta metodológica.
Fortalecer la dolarización, mantener el empleo y defender la producción nacional.
Optimizar y perfeccionar el sistema tributario fortaleciendo la progresividad, la redistribución y la equidad, y
Garantizar un sistema fiscal más justo y equitativo que fortalece el sistema monetario y financiero.
Estas acciones han sido diseñadas para minimizar un impacto económico negativo en los sectores más vulnerables de la mayor parte de la sociedad ecuatoriana. Tal como lo ha señalado el Señor Presidente (enlace 19 de marzo), en anteriores gobiernos las medidas de ajuste económico contemplaban, principalmente incrementos a las tarifas de productos y servicios, tales como: gasolina, gas, energía, entre otros, medidas que causaban una afectación generalizada a toda la población y el sector productivo.
Se estima que el proyecto generará una recaudación extraordinaria de 300 millones de dólares el presente año. Además, promoverá la redistribución y optimización de beneficios tributarios para coadyuvar al equilibrio de las cuentas fiscales. Por otro lado, la medida intenta generar cambios de comportamientos, orientados en su mayoría a la prevención de enfermedades y corregir distorsiones y abusos en los beneficios tributarios.
El proyecto de Código Orgánico de Ciclo de Vida, que fue presentado por Zobeida Gudiño (AP) y respaldado por trece oficialistas más, no pasó la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El vocal del CAL Fausto Cayambe (AP), que también dio su firma de apoyo, señaló ayer que no fue calificado porque había preceptos constitucionales que no se tomaron en cuenta y se invocaban leyes que no están vigentes. Precisó que la no calificación significa que el texto es devuelto a la proponente.
Según su primer artículo, este proyecto buscaba regular el efectivo goce, ejercicio y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Silvia Buendía, defensora de los grupos LGBTI, sostuvo que el contenido del Código era fascista al pretender regular la intimidad de la familia, cuando eso es parte de la libertad del ser humano en la que el Estado no se debe meter, mientras la persona no cometa un delito.
“Este Código ratifica aquella construcción que es misógina, machista, sexista y sobre todo homofóbica de que hay un concepto único de familia (padre, madre e hijos)”, dijo.
Buendía indicó que la inconstitucionalidad del Código empezaba en que aglutinaba en un solo cuerpo legal niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, y eso “violaba” la Constitución que ordena que los niños y adolescentes tendrán una legislación especializada.
Marisol Peñafiel (AP), del Grupo Parlamentario por los Niños y Adolescentes, manifestó que el proyecto era inconstitucional, entre otras cosas, porque considera a los niños y adolescentes como objetos y no como sujetos de derechos.
El artículo 26 planteaba que estos debían cumplir las tareas impartidas por los progenitores, los maestros y personas que los tengan a su cuidado, respetar a sus padres, docentes y a todas las personas que los tengan bajo su cuidado; además de respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta y portarse adecuadamente en todos los espacios públicos y privados y acatar los correctivos impuestos por los adultos. (I)
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/04/02/nota/5497923/codigo-ciclo-vida-no-fue-aprobado-cal
El día de ayer el CAL decidió no calificar el proyecto y que se analice una propuesta de reformas profundas tanto de derechos como de instituciones que se adecuen a los mandatos constitucionales, en vista que el Código de la Niñez es una norma preconstitucional pero que cuenta con un enfoque basado en la Convención de los Derechos del Niño, la misma que es parte de la Constitución de Montecristi.
El Grupo Parlamentario también rechazó notas políticas en medios digitales que criticaron al proyecto de ley sin informar a la ciudadanía que era un proyecto aún sin calificar por el CAL y por tanto no se encontraba en debate o análisis del Pleno de la Asamblea Nacional. El proceso legislativo tiene filtros para analizar la pertinencia, coherencia y constitucionalidad de las propuestas legislativas y justamente el primero es la calificación y designación de una comisión especializada para que analice los proyectos de Ley.
La Asambleísta Marisol Peñafiel coordinadora del Grupo Parlamentario agradeció a las y los asambleístas miembros del CAL por haber considerado las recomendaciones realizadas el día martes en el taller interno del Grupo Parlamentario, también señaló que “Los Grupos Parlamentarios son espacios de participación multipartidista, que fueron creados con el fin de aportar a los debates en temas específicos que responden a los compromisos éticos de las y los miembros; y que se relacionan con las organizaciones de la sociedad civil para proponer normas que garanticen el Buen Vivir”
La asambleísta Zobeida Gudiño (AP) presentó el proyecto de Código Orgánico del Ciclo de Vida con el apoyo y firmas de trece colegas más del movimiento oficialista Alianza PAIS (AP), el 17 de este mes.
La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP), que esta semana está de gira por Rusia; Fausto Cayambe, vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Herman Moya, Santiago Montenegro, Esthela Acero, Rosa Elvira Muñoz, Ulises de la Cruz, Esteban Melo, Raúl Tobar, Édgar Córdova, Álex Guamán, Miryam González y Paulina Padrón dan sus firmas de respaldo a la iniciativa.
El pasado martes, el Grupo Parlamentario por el Derecho de los Niños, Adolescentes y Jóvenes organizó un taller sobre el proyecto al que asistieron cerca de cuarenta asambleístas oficialistas y representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otras organizaciones, y concluyó solicitar al CAL no calificar, es decir, no dar trámite a dicho proyecto.
Marisol Peñafiel (AP), integrante del grupo, sostuvo que el proyecto va contra la Constitución y convenios internacionales que garantizan derechos de los niños y adolescentes, considera a estos grupos etarios como objetos y no sujetos, “el adulto es el que tiene que educar, enseñar y el niño el que tiene que cumplir”, entre otros temas. (I)
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/31/nota/5495124/diferencias-ap-codigo-ciclo-vida
El Grupo Parlamentario tenía preocupaciones sobre el enfoque desarrollado para integrar en un solo cuerpo legal los derechos niñez y adolescencia conjuntamente con los derechos de juventud y adultos mayores sin que se afecten los sistemas especializados, descentralizados y participativos como determina la Constitución de la República del Ecuador.
Se invitaron a dos especialistas en Derechos Humanos para analizar desde el enfoque de género y desde los derechos de la infancia, quienes expresaron las contradicciones encontradas en el Código, un enfoque de situación irregular de niñas, niños y adolescentes, así como una carga desigual de deberes de carácter moral versus ejercicio de derechos plenos. Se contó con la presencia de representantes del MIES, Ministerio de Justicia y organizaciones como Plan Internacional.
La Asambleísta Marisol Peñafiel había propuesto esta reunión de los más de cuarenta miembros de este Grupo Parlamentario después de revisar las normas reformatorias al Código de Trabajo que proponen permitir el “trabajo formativo realizado como prácticas culturales” para personas menores de 14 años, lo que no concuerda con el mandato constitucional de prohibición de todo trabajo a personas menores de quince años, y la propuesta de derogar el Código de la Niñez. “Es necesario revisar la Constitución de la República de manera integral, el artículo 175 habla de una legislación especializada para niñez y adolescencia, más otras normas que hablan de sistemas especializados, no habla de regímenes como propone el proyecto de ley”
En el taller la Asambleísta María Augusta Calle señaló con preocupación los pocos artículos sobre derechos de las personas adultas mayores, además de deberes como “ejercitarse” que no concuerdan con los enfoques de la legislación desarrollada desde 2009 por la Asamblea Nacional. Solicitó que un acuerdo del Grupo parlamentario sea la recomendación de una reforma integral a la Ley del Anciano para darle efectividad, la misma que fue debilitada en el 2006 cuando fue promulgada.
La propuesta de la Asambleísta Calle también fue apoyada por otros asambleístas como Diego Vintimilla, Gina Godoy, María Alejandra Vicuña, quienes señalaron que las tres leyes que se quieren derogar necesitan ser reforzadas y no eliminadas. La Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Rosana Alvarado señaló que no podemos retrocer en cuanto a derechos, y menos usar un enfoque de minusvalía e interdicción que no se basa en Derechos Humanos sobre las niñas, los niños, adolescentes jóvenes y personas adultas mayores, pues nuestra Constitución nos garantiza ser sujetos de derechos con plenitud.
La Asambleísta Alexandra Ocles realizó la lectura de los acuerdos de este primer taller, señalando que se solicitará al CAL no calificar el proyecto hasta que se adecue a la Constitución de la República y a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, además de construir conjuntamente una propuesta que fortalezca las leyes especializadas avanzando en Derechos Humanos, fortaleciendo los sistemas descentralizados de protección, y generando mayores espacios de participación de la sociedad civil en el ciclo de la política pública.
Esta reunión contó con el apoyo de UNICEF Ecuador y con las observaciones de su representante, así como la representante de ONU Mujeres Ecuador y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Ecuador.
DESPACHO ASAMBLEISTA MARISOL PEÑAFIEL
