Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
El Grupo Parlamentario tenía preocupaciones sobre el enfoque desarrollado para integrar en un solo cuerpo legal los derechos niñez y adolescencia conjuntamente con los derechos de juventud y adultos mayores sin que se afecten los sistemas especializados, descentralizados y participativos como determina la Constitución de la República del Ecuador.
Se invitaron a dos especialistas en Derechos Humanos para analizar desde el enfoque de género y desde los derechos de la infancia, quienes expresaron las contradicciones encontradas en el Código, un enfoque de situación irregular de niñas, niños y adolescentes, así como una carga desigual de deberes de carácter moral versus ejercicio de derechos plenos. Se contó con la presencia de representantes del MIES, Ministerio de Justicia y organizaciones como Plan Internacional.
La Asambleísta Marisol Peñafiel había propuesto esta reunión de los más de cuarenta miembros de este Grupo Parlamentario después de revisar las normas reformatorias al Código de Trabajo que proponen permitir el “trabajo formativo realizado como prácticas culturales” para personas menores de 14 años, lo que no concuerda con el mandato constitucional de prohibición de todo trabajo a personas menores de quince años, y la propuesta de derogar el Código de la Niñez. “Es necesario revisar la Constitución de la República de manera integral, el artículo 175 habla de una legislación especializada para niñez y adolescencia, más otras normas que hablan de sistemas especializados, no habla de regímenes como propone el proyecto de ley”
En el taller la Asambleísta María Augusta Calle señaló con preocupación los pocos artículos sobre derechos de las personas adultas mayores, además de deberes como “ejercitarse” que no concuerdan con los enfoques de la legislación desarrollada desde 2009 por la Asamblea Nacional. Solicitó que un acuerdo del Grupo parlamentario sea la recomendación de una reforma integral a la Ley del Anciano para darle efectividad, la misma que fue debilitada en el 2006 cuando fue promulgada.
La propuesta de la Asambleísta Calle también fue apoyada por otros asambleístas como Diego Vintimilla, Gina Godoy, María Alejandra Vicuña, quienes señalaron que las tres leyes que se quieren derogar necesitan ser reforzadas y no eliminadas. La Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Rosana Alvarado señaló que no podemos retrocer en cuanto a derechos, y menos usar un enfoque de minusvalía e interdicción que no se basa en Derechos Humanos sobre las niñas, los niños, adolescentes jóvenes y personas adultas mayores, pues nuestra Constitución nos garantiza ser sujetos de derechos con plenitud.
La Asambleísta Alexandra Ocles realizó la lectura de los acuerdos de este primer taller, señalando que se solicitará al CAL no calificar el proyecto hasta que se adecue a la Constitución de la República y a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, además de construir conjuntamente una propuesta que fortalezca las leyes especializadas avanzando en Derechos Humanos, fortaleciendo los sistemas descentralizados de protección, y generando mayores espacios de participación de la sociedad civil en el ciclo de la política pública.
Esta reunión contó con el apoyo de UNICEF Ecuador y con las observaciones de su representante, así como la representante de ONU Mujeres Ecuador y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Ecuador.
DESPACHO ASAMBLEISTA MARISOL PEÑAFIEL
El proyecto de Código de Ciclos de la Vida, que es impulsado por Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, no es aceptado por sus propios compañeros de bancada. Legisladores de Alianza País recomendaron al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que no califique esta iniciativa. Marisol Peñafiel, del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, contó que en un taller resolvieron, junto con expertos nacionales e internacionales, solicitar al CAL que no admita el trámite de este Código. Este taller de desarrolló la tarde este martes 29 de marzo. Esto porque según la legisladora contiene algunas normas que son inconstitucionales, no sintonizan con la Constitución de Montecristi. “El concepto de familia vuelve al concepto de entender a los niños, niñas como objetos y no como sujetos”. Además, manifestó que es “adultocéntrica” porque se ordena a los niños para que cumplan disposiciones. “No desarrolla lo que dice la transitoria de los consejos de igualdad. El principio que establecimos ahí es desarrollar el sistema de protección de derechos”. Peñafiel dijo que unos 50 asambleístas no están de acuerdo con la propuesta. Por su parte, Zobeida Guidiño ha sostenido que el Código responde a la necesidad que tiene el país de disponer de código normativo de prevención, protección y restitución de los derechos que podrían ser violentados en las diferentes edades, según información de la Asamblea.
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El Contralor General del Estado, Carlos Pólit, acudirá el miércoles próximo, a las 09h30, a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con el propósito de presentar sus observaciones y propuestas en torno al proyecto de Código Orgánico Administrativo, que tiene como objeto regular las relaciones entre las personas y las Administraciones Públicas a su servicio, establecer el régimen jurídico de los actos administrativos y su revisión en vía administrativa y fijar un procedimiento administrativo común aplicable para todos los órganos y entidades públicas.
Con igual propósito, también tiene previsto recibir al doctor Javier Robalino, docente de la Universidad San Francisco de Quito.
En horas de la tarde, a las 15h00, en cambio, escuchará los comentarios de Miguel García, docente de la Universidad Internacional SEK y de Daniel López, miembro del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social.
En la exposición de motivos se destaca que la normativa es un hito histórico en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que por primera vez cuenta con una norma general reguladora del procedimiento administrativo, que se aplicará a todos los órganos y entidades del sector público y disciplina todas las interrelaciones entre las personas y las administraciones.
El proyecto permite mejorar la tramitación de los procedimientos administrativos para incrementar la eficacia y eficiencia del sector público y cuenta con las herramientas para resolver situaciones de conflicto que exigen una intervención administrativa dirigida a la satisfacción del interés general.
Además, se reconoce a los ciudadanos un conjunto de derechos instrumentales, así como algunos deberes; se define el régimen jurídico de los actos administrativos y se articulan otras técnicas de tutela de la legalidad y corrección de los actos, entre otros temas.
PV
El taller se realizará este martes, a partir de las 13h30, en el Salón de los Expresidentes y tendrá como objetivos compartir criterios de las y los asambleístas miembros del grupo parlamentario. Además se contará con los aportes de Adriana Monesterolo, Máster en Derechos Humanos y actualmente es consultora de UNICEF en materia de derechos de la niñez y adolescencia. También estará presente la especialista en materia de género Paulina Palacios, a quien la coordinación del Grupo Parlamentario ha hecho una invitación para escuchar sus criterios técnicos sobre este proyecto de ley.
La asambleísta Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario, invitó a equipos de trabajo de los asambleístas para este taller y para los próximos que se realizarán en el mes de abril con participación de la sociedad civil.
Según la agenda prevista, el taller se desarrollará en dos horas de debate para determinar los nudos críticos del proyecto de Código de Ciclo de Vida y que sirvan como insumos para la proponente del proyecto y el Consejo de Administración Legislativa.
La reunión contará con el apoyo técnico de UNICEF Ecuador para tratar sobre las obligaciones del país en materia de legislación en correspondencia con la Convención de los Derechos del Niño.
“Estamos interesadas en un debate profundo, amplio, sobre las necesidades legislativas en materia de grupos de atención prioritaria al amparo de la Constitución de Montecristi y analizaremos la necesidad de un nuevo código o de mejorar las leyes existentes considerando las observaciones que realizan al Ecuador los comités de distintos instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Debemos analizar que el gran poder de la legislación debe estar en un marco de necesidades, de lógica jurídica, y de defensa de los principios que están en nuestra Carta Magna” acotó Marisol Peñafiel.
Tras quedar embarazada, a los 15 años, Helen abandonó sus estudios. Ahora su bebé tiene seis meses y a más de atenderlo, ella cocina y limpia la casa que comparte con su madre, Cecilia, dos de sus hermanos mayores ¬que trabajan¬ y sus sobrinos.
“Siempre la hija mujer debe aprender a hacer más oficio, hay que enseñarle más porque es una niña mujer pues y tiene que saber sus oficios completos”, asegura Cecilia, convencida de este paradigma, desde su hogar en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.
Helen quiere retomar sus estudios, pero no hay quien cuide a su hija. Su madre dice que empezará a trabajar, por ende no puede hacerse cargo. Helen ha sugerido que su sobrino, de 10 años, la ayude al llegar de la escuela al mediodía, ya que ella prevé estudiar por las tardes.
Cecilia piensa que “está muy pequeño para estar cuidando tantas horas” y refiere que el niño, tras llegar de clases, “casi no hace nada” en la casa. Así ha sido siempre. En esta familia los hombres no se hacen cargo de las tareas domésticas.
Roberth, hermano mayor de Helen, reconoce que los quehaceres domésticos, en su hogar, recaen sobre sus hermanas: “Eso ya viene desde el tiempo de antes que siempre las mujeres son las que limpian los platos y a los hombres le dejan lo de botar basura”.
Pero él no lo hace porque trabaja, dice. Al retornar de su jornada como guardia de seguridad, se acuesta a dormir. “Me levanto a almorzar y sigo durmiendo”, cuenta Roberth.
La de Helen no es una realidad aislada. Se solapa y sostiene en el orden patriarcal establecido en sociedades como la ecuatoriana, es decir, un sistema que espera que los varones gobiernen, decidan y ordenen, y que las mujeres acaten, acepten y obedezcan, en palabras de la feminista española Ana María Pérez del Campo.
Esa cultura social y familiar patriarcal naturalizó y sigue naturalizando en Ecuador al trabajo doméstico de niñas y adolescentes, como lo demuestra un reciente estudio de la organización Plan Internacional.
La investigación presentada el 10 de marzo muestra cómo el trabajo doméstico en el hogar afecta el desarrollo de las niñas y adolescentes ecuatorianas, al menos de las que viven en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Loja.
"Las mujeres cuestionan el trabajo doméstico infantil, las niñas también, sin embargo no hemos podido elevarlo a una categoría de reivindicación". Rosana Viteri. Plan Iiternacional
Mediante entrevistas a profundidad a 362 niñas y niños y a 362 madres y padres, el estudio revela que en el país el 99% de niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, como Helen, realiza tareas domésticas en sus casas, algo que reproduce estereotipos de género y atenta contra su derecho al ocio, al tiempo libre y a una dedicación más exclusiva a su educación.
“Si no tengo autonomía psíquica, física y económica, difícilmente me puedo enfrentar a ese mundo en condiciones de igualdad”, sostiene Rosana Viteri, presidenta de Plan Internacional Ecuador, quien agrega que el trabajo infantil doméstico es “una cruda realidad invisibilizada”. Ese es el problema, dice, “que no lo vemos, que nos parece demasiado natural y demasiado normal”.
De hecho, la investigación que se desprende de su campaña global Por ser Niña, que busca luchar contra la desigualdad de género y promover los derechos de las niñas, devela que el 100% de las familias entrevistadas no reconoce al doméstico como una forma de trabajo, sino como “una ayuda” que a su vez se piensa que deben proporcionarla las mujeres.
De ahí que las niñas dediquen un promedio de 19 horas a la semana a las tareas domésticas del hogar con respecto a las 10,2 horas de los niños, una carga horaria que va incrementando con la edad. Así, a los 17 años un niño se mantiene en un promedio de 10 horas semanales, mientras las adolescentes mujeres realizan casi 32.
Son conclusiones del estudio, que también evidenció que en Santa Elena, por ejemplo, el 17% de las niñas trabaja 42 o más horas en tareas domésticas, un promedio de seis diarias. “Resulta difícil imaginarse a qué horas estudian si seis horas están dedicadas a tareas domésticas”, reflexiona Viteri.
Gloria Ardaya, consultora de Plan Internacional, explica que entre las hipótesis que se plantearon para abordar el estudio, se priorizaron tres “mandatos” que han sido naturalizados por el patriarcado y que predisponen a la mujer a tener un rol subordinado en la sociedad.
El primer mandato, señala Ardaya, es que el trabajo doméstico se atribuye a las mujeres “por el simple hecho de ser mujeres”. El segundo, que sobre la maternidad se centra su principal fuente de identidad. “Si no somos madres, no somos mujeres”, refiere con relación a las concepciones que sobre este mandato se tiene socialmente.
"La sociedad tiene que comprometerse en erradicar la cultura patriarcal, que no solo es de la familia, es de las instituciones, es de la calle, la escuela". Gloria Ardaya. Plan Internacional
El tercero es que las mujeres han nacido para ser protegidas por un hombre, sea el padre, el hermano o la pareja. Los tres mandatos, apunta, inciden en una mujer a lo largo de toda su vida quitándole sus derechos de ciudadanía al no poder ejercerlos como quisiera.
Y la primera escuela donde las mujeres aprenden esos mandatos o jerarquías de género es la familia. Y esos mandatos han generado que la división sexual del trabajo separe al productivo del reproductivo, que la naturalización del trabajo doméstico marque el limitado acceso de las mujeres al mercado laboral asalariado fuera del hogar y que la economía del cuidado recluya a la mujer, al margen de su edad, en un ámbito que la estigmatiza.
“En este país ser mujer todavía no es lo más valorado del mundo y cuando nace una niña... (se dice) qué pena, quizás el próximo va a ser un niño”, ejemplifica Viteri. Por percepciones como estas es que la investigación determinó que el trabajo doméstico infantil en el hogar acarrea consecuencias como la deserción escolar, lo que a su vez repercute en el embarazo adolescente, aunque no de forma directa.
El abandono de los estudios, según la ONG, se da por motivos como las largas distancias entre el hogar y la escuela. Al no poder pagar el transporte público, explica Ardaya, los padres optan por retirar a las niñas, mas no a los niños. Pero sucede por razones como la que la presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de la Asamblea Nacional, Marisol Peñafiel, expuso durante la presentación del estudio.
En su caso, dijo, como el de muchas otras mujeres del sector rural, su madre tuvo que decidir cuáles de sus cuatro hijos iban a estudiar porque el dinero no alcanzaba. “Entonces claro, mi madre, con esa visión patriarcal, con esa visión machista, dijo vos puedes esperar pero tus hermanos tienen que continuar su carrera de estudio...”.
Viteri indica que el estudio evidenció que decisiones como esta eran justificadas mediante argumentos como ‘es que ya mismo se casa’, ‘es que ya mismo se hace de un compromiso’ o ‘es que ya mismo se embaraza, entonces para qué sigo invirtiendo en su educación’.
En la presentación del informe, la ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, reconoció la permanencia de esta problemática y dijo que desde el Ministerio se impulsa el programa ‘Escuelas de Familia’, que este año –aseguró– llegará a 200 mil de ellas para transversalizar el tema de la violencia intrafamiliar, de género y el maltrato infantil. Esto, para incidir en el cambio cultural que considera que requiere el país, pero que debe impulsarse mancomunadamente. “Es una tarea que no solo le compete al Estado”, dijo. (I)
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/27/nota/5488650/ser-ninas-deben-cocinar-lavar-hasta-dejar-estudiar
Según el Objeto del proyecto de ley se dice que es regular el efectivo goce, ejercicio y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en el territorio ecuatoriano a lo largo de sus vidas, mediante la inclusión social y la protección integral en las relaciones generacionales e intergeneracionales. Sin embargo existe en los primeros artículos sobre las definiciones errores profundos que se requieren debatir como por ejemplo la definición de etapa de gestación cuando la Constitución de la República en su artículo 45 dice que “El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción” en concordancia con el artículo 43 numeral 3 que dice “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en el período de lactancia los siguientes derechos a: 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto” Por lo tanto no se puede hablar de una etapa de gestación sino la Etapa Prenatal en concordancia con el concepto de Ciclo de Vida.
La definición de Ciclo de Vida también contiene errores de concepto que lo definen como etapas etarias desde el nacimiento hasta la muerte, cuando el ciclo de vida constituye un enfoque de análisis para toma de decisiones que considera a los seres humanos en su proceso de vida analizando la interacción de factores bio-psico-sociales para conseguir una mejor calidad de vida tratando de dar una nueva visión sobre cómo el Estado debe abordar el tema de la satisfacción de necesidades desde un enfoque de Derechos, es decir desde los proyectos de vida de los individuos y de las sociedades. No se reduce a una visión biológica sobre las etapas etarias.
En las mismas definiciones iniciales, cuando se trata de adultas y adultos no sólo se define el período de edad comprendido para considerarlos como tal, sino que se agrega un inciso que los derechos y de deberes correspondientes a este grupo etario se regirán a lo dispuesto en la Constitución y la ley, los instrumentos internacionales y los que se deriven de la dignidad de la personal, como si sólo este grupo etario le rigiera este importante inciso. Pues todos los ciudadanos y ciudadanas de cualquier edad les rige la Constitución y los Derechos inherentes a la dignidad humana.
Otro tema de análisis sobre el enfoque que intenta desarrollar este Código se expresa en el artículo 19 que trata sobre los deberes y responsabilidades comunes de todas las personas a lo largo del ciclo de vida y se señala en el numeral octavo “Vigilar el cumplimiento de las políticas y de asistencia social que se desarrollen en su circunscripción territorial” Hay que resaltar esto porque la Constitución de Montecristi no desarrolla un régimen de desarrollo ni del Buen Vivir a través de un enfoque asistencialista del Estado, sino que encumbra el enfoque de Derechos y Justicia. ¿Qué significaría en materia de niñez o para personas con discapacidad regresar al enfoque asistencialista?
Significaría no garantizar los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de expresión, opinión, la participación ciudadana o política, o derechos económicos, culturales, entre otros se anularían o reducirían para ser objeto de protección especial.
De su lado, la parlamentaria Marisol Peñafiel enfatizó que la comisión ha recuperado el verdadero sentido de la fiscalización y el control político, más allá de lo que anteriormente significaba solamente un “show mediático” para perseguir a quienes pensaban distinto.
Resaltó los cerca de 2 mil pedidos de información en temas de diversa índole que se recibe la mesa, de los cuales el 70 por ciento, corresponde a los propios asambleístas del movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS).
“Los miembros de la mesa hemos trabajado con énfasis en los temas que corresponden a las comisiones a las cuales pertenecemos. Es así que la Comisión de Justicia ha dado importancia al seguimiento a la aplicación del Código Integral Penal (COIP), al proceso de depuración, combate y lucha contra la corrupción en la administración de justicia, que desembocó en el llamado al Fiscal General de la Nación y al Presidente del Consejo de la Judicatura para conocer y evaluar cuál es el sistema de aplicación que se está implementando en esas instituciones en lo que tiene que ver con el cumplimiento de principios procesales de acceso a la justicia con inmediatez y celeridad”, agregó.
Indicó que esta investigación ha permitido conocer de cerca la implementación de un semáforo en el sistema de justicia a través de la fiscalía, el mismo que permite visualizar cuántos procesos judiciales son resueltos y solucionados en forma inmediata y cuál es el accionar frente a esa realidad.
Para finalizar, la presidenta de la comisión María José Carrión decidió admitir la intervención en 3 casos puntuales de violación de derechos, solicitados por la legisladora Marisol Peñafiel. Puntualizó que casos como los de “La Majadita” y los encontrados en 2 universidades de la ciudad de Quito están siendo analizados y de ellos se informará próximamente, pues la actual rendición de cuentas tiene enfoque a lo ocurrido durante el año 2015. “Uno de los objetivos fundamentales de la comisión es cambiar la mirada de nuestro trabajo, desde resolución de problemas de las vidas de las personas”
La Asamblea Nacional a través del Código Orgánico Monetario y Financiero puso una mirada para alcanzar beneficios para las madres solteras; para ello determinó como un objetivo primordial promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.
Además, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá medidas que coadyuven a generar incentivos a las instituciones del sistema financiero por la creación de productos orientados a promover y facilitar la inclusión económica de grupos de atención prioritaria tales como las personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y madres solteras.
El Código también crea un “sistema de garantía crediticia” para que los grupos de atención prioritaria puedan acceder a créditos, como primeros emprendedores, madres solteras, personas en movilidad humana, etc.
Es la primera vez que en la legislación se pone atención a las necesidades de este grupo de personas que tienen que afrontan una serie de retos y entre ellos se registra el económico.
De esta manera, el Código Monetario y Financiero genera un apoyo económico para que madres solteras inicien sus pequeños negocios y, con ello, alcanzar la superación personal y la de su entorno inmediato.
JLVN/pv
Durante mucho tiempo niñas de 12 años, en camino a la adolescencia, eran obligadas a casarse por arreglo, voluntad y consentimiento de sus padres; iban incluso a un matrimonio servil, sometiéndose a un régimen de hostigamiento. De pronto se embarazaban a tierna edad y entonces terminaban cuidando a otro niño o niña, sin mayor preparación para tal efecto.
Hasta hace poco la normativa civil, justamente, permitía que los menores -las mujeres a los 12 y los varones a los 14 años de edad-, puedan contraer matrimonio con el consentimiento de sus progenitores. Así, especialmente las niñas – adolescentes, en muchos casos de vida real, no se casaban deseándolo, asumiendo una responsabilidad frente a un matrimonio obligado.
Este hecho cambió radicalmente con las reformas al Código Civil, que establecieron, entre otros temas importantes y trascendentes, los adolescentes podrán contraer matrimonio solo al cumplir la mayoría de edad, 18 años.
De esta forma, la Asamblea Nacional garantizó los derechos y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de las niñas – adolescentes, dándoles la oportunidad de construir libremente un proyecto de vida y sueños personales y profesionales, que anteriormente se vieron frustrados, expresa la asambleísta Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Justicia Estructura del Estado.
Menciona que este hecho motivó la preocupación de ciertos organismos internacionales a nivel regional, que exhortó al Ecuador a actualizar su normativa y corregir este grave asunto, lo que tuvo respuesta de la Legislatura al elevar la edad para el matrimonio.
Administración de bienes
También se determinó que la pareja, por mutuo acuerdo, decida quien administre los bienes dentro de la sociedad conyugal, modificando sustancialmente la historia, pues era evidente un patriarcado y machismo en las legislaciones, que otorgaban el manejo del patrimonio única y exclusivamente al hombre, argumenta.
Unión de hecho
Además, destaca el reconocimiento de la unión de hecho como un estado civil con las mismas obligaciones y derechos que los del matrimonio. Recuerda que personas que han vivido o vivían en unión de hecho por años no pudieron ni heredar, ni siquiera recibir, por ejemplo, la cuota de montepío, ya que esos derechos estaban conculcados, eran invisibilizados. Ahora, basta la decisión de las dos personas de acercarse al Registro Civil para pedir reconocimiento de esa unión que constará en la cédula.
MG/pv
