Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Por disposición del presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta Mauro Andino Reinoso, este miércoles 27 de abril, a las 9:30, se instalará la sesión No. 239.
De acuerdo con la convocatoria, a esa hora se tiene previsto recibir al abogado Jaime Villacreses, miembro del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, quien expondrá sus observaciones sobre el proyecto de Código Orgánico Administrativo (Libro III).
En el proceso de socialización, la comisión ha recibido criterios, aportes y observaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), de catedráticos de las universidades San Francisco, Internacional SEK, de las Américas (UDLA), Los Hemisferios, Salamanca, del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social.
También el Contralor del Estado, Carlos Pólit y el Procurador Diego García han dado a conocer sus pareceres sobre la temática.
Erradicar violencia contra animales
Igualmente avocará conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), mediante la cual remitió al organismo, para su trámite y aprobación, el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para erradicar la violencia contra los animales, presentado por las asambleístas Soledad Buendía y Lídice Larrea.
MG/pv
El 17 de abril de 2016 se declaró el estado de excepción en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por efectos adversos de evento telúrico mediante decreto N° 1001 http://decretosconsulta.gobiernoelectronico.gob.ec/
1. Los argumentos que dicen que no estuvimos preparados y no huno “ahorro”
Hay que considerar que en 1997-1998 el Ecuador tuvo una baja del petróleo y al mismo tiempo tuvo que responder a los desastres naturales provocados por el Fenómeno del Niño, un año después se realizó el salvataje bancario que le constó al Estado más de 7000 millones de dólares. Los programas estatales para responder a esta crisis no tenían capacidad alguna de responder a sus consecuencias, apenas se contó con el bono llamado de la pobreza que era la manera en que los gobiernos neoliberales entendían la solidaridad = una especie de beneficencia sin cambiar las condiciones estructurales de las personas en los quintiles más pobres.
Quiero hacer referencia a esos años porque partiendo de ahí y las secuelas que nos dejaron esas crisis, nace la propuesta de una nueva Constitución que establece un modelo de desarrollo que prime el ser humano sobre el capital.
Para el año 2000 los programas de protección social existentes en el Ecuador se podían clasificar en (1) programas de cuidado y nutrición infantil, (2) educación, (3) salud, (4) infraestructura social y (5) transferencias monetarias. No se contaba con planes para incentivar el empleo, la inversión y las empresas.
Estos programas eran dirigidos para “pobres”. Sólo los programas “Colación escolar”, FISE y “Bono solidario” llegan a una buena parte de la población vulnerable, incluso con una aparente sobrecobertura sustancial en el caso del último. Los demás programas tenían coberturas por debajo del 20% de la población meta. Por ejemplo el programa de inmunizaciones, no aseguró la cobertura universal de los niños/as menores de 1 año.
El trabajo de los Ministerios no tenía coordinación, existían acciones repetidas y la entrega de los beneficios de los programas no se encontraba ni siquiera focalizado (que al menos hubiera sido el método usado en estos programas “para pobres”. Nunca existió una visión sectorial y ha sido difícil que se evalúe en conjunto las intervenciones. El resultado fue la limitada cobertura y los bajos valores de los beneficios por persona. Es decir su impacto fue coyuntural y hasta demagógico en algunos casos.
El gasto social incluidos con los recursos del Fondo de Solidaridad en 1999 llegó a ser del 6,2% del PIB y el gasto presupuestado en 1999 para los programas de protección social apenas equivalió al 1,7% del PIB y al 5,8% del gasto público.
¿Por qué es tan importante recordar esto? Pues porque a partir de 2007 se empezó a diseñar e implementar un sistema de protección social de carácter universal y no focalizado “a pobres”, con alta inversión en el gasto social, especialmente en educación y salud. No cree usted que la educación en momentos de desastres naturales es fundamental? Saber qué tiene que hacerse y qué se necesita para el autocuidado y el cuidado comunitario que ahora hemos aplicado no es más que el resultado de un cambio trascendental en el sistema educativo y de salud.
Otro tema importante del sistema de protección social con que cuenta el Ecuador es la inversión en la infraestructura social, primero se establecieron salarios dignos para el sector público, segundo se garantizó un salario básico unificado para el trabajador que cubra la canasta básica, tercero se invirtió en servicio público con un enfoque de desconcentración y planificación horizontal y vertical. OJO PUEBLO ECUATORIANO: Proponer el despido masivo de servidoras y servidores públicos es una receta que ya el Ecuador la ejecutó y provocó la mayor crisis económica y humana de nuestro país.
No es que están llamando a cerrar instituciones que dicen no sirven sino llaman a la reducción drástica del Estado lo que provoca:
1. Deterioro de los servicios sociales: los recortes presupuestarios para despedir funcionarios hacen que se aminoren los servicios sobre todo los relacionados a la protección social; es llamar a una paralización velada de los servicios públicos, a que disminuya su cobertura y calidad.
2. Pérdidas del capital humano: las personas damnificadas que se verán afectadas por la disminución de sus ingresos, los daños sobre sus activos, y se enfrenten además a restricciones por falta de servicios públicos de orden social causarán pérdidas de capital humano. Puede causar efectos irreversibles sobre el desarrollo humano de diferentes grupos sobre todo niñas y niños, personas con discapacidad, mujeres, grupos étnicos socialmente discriminados.
3. Migración: Las personas afectadas por el terremoto si ven disminuidos los servicios a los que pueden acogerse para sobrellevar su situación, o no reciben suficiente ayuda por la reducción del presupuesto o personal que les brinde ayude, posiblemente se vean obligados a una masiva migración interna a ciudades grandes y cercanas. Éstas tendrán que responder ante los efectos de esa migración desde el trabajo informal, falta de vivienda, etc.
Sobre el uso del famoso Fondo de Solidaridad del que han hablado que podría haber solventado los recursos para responder al terremoto del 16 de abril solo quiero hacer referencia al Informe de Auditoría de la Contraloría General del Estado desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006 y hay que decir la verdad al pais!
1. Los recursos para el Fondo de Solidaridad se transfirieron en un 97% de las utilidades del sector telecomunicaciones y apenas 2% del sector eléctrico
Para el 31 de diciembre de 2006 algunas empresas del sector eléctrico y telefónico adeudaban al Fondo de Solidaridad $ 24’450.729, 28 millones de dólares por concepto de utilidades y que el propio Fondo no las tenía registrado de manera contable, además la falta de registros no permitió a la Contraloría conocer las empresas que adeudaban en el sector eléctrico por lo que el Fondo nunca contó con los recursos que por Ley le estaban destinados para el financiamiento de Programas y proyectos de desarrollo humano.
En el año 2004 hacia 2005 hubo un decremento del fondo en un 76,29% y en el año 2006 del 100% en el financiamiento de proyectos de desarrollo humano porque el Fondo no recibió los recursos reales que presupuestó debido a que las empresas no entregaron el valor real por concepto de utilidades. Según el informe de contraloría ni el propio Fondo de Solidaridad contó con un presupuesto institucional aprobado y legalizado hasta diciembre de 2005. Ninguno de los informes de los proyectos ejecutados por el fondo contaron con un detalle sobre el impacto al desarrollo humano y los objetivos alcanzados, es decir no existieron verdaderos informes técnicos.
Sin contar con que este Fondo tenía a su cargo las empresas públicas para procesos de privatización que jamás permitieron la reinversión real en lo público hasta el mandato constituyente n.º 9 qie permitió capitalizar a las empresas públicas con esos fondos, y posteriormente se la eliminó por la nueva Constitución de 2008.
Para responder a temas de desastres naturales se creo la Secretaría Nacional de Riesgos, en tanto la defensa civil tenía una acción limitada al momento del desastre y no a procesos de política pública, también se creó el Sistema integrado del ECU911, y políticas públicas que permiten de manera real prevenir y atender de forma inmediata catástrofes naturales a nivel local. Todos los gobiernos autónomos descentralizados deben elaborar su plan de prevención y respuesta de desastres, y la conformación del COE local.
2. Contenido del nuevo proyecto de ley solidaria y corresponsabilidad
Antes del debate del proyecto de ley se han tomado medidas a favor de los contribuyentes de manera inmediata como:
Se amplía el plazo para el pago de las cuotas del régimen impositivo simplificado (RISE) hasta septiembre de 2016
Se amplía el plazo para el pago del Impuesto a la Renta para el ejercicio fiscal 2015 Se amplía el plazo de pago de todos los demás impuestos y tasas vehiculares hasta septiembre de 2016
Se amplía el plazo para las demás declaraciones y pagos relaciones con el IVA y retenciones hasta julio de 2016, teniendo similar tratamientos otras obligaciones tributarias que se hayan vencido en estos días o las que se venzan en los meses siguiente.
Mediante Decreto Ejecutivo se tiene previsto exonerar del anticipo del Impuesto a la Renta (IR) por el período fiscal 2016 a los contribuyentes de la provincia de Manabí y a los habitantes afectados en el sur de Esmeraldas.
El proyecto presentado por ele Ejecutivo tiene dos componentes:
1.- Beneficios en materia tributaria:
a) No se pagarán las cuotas del RISE de abril a diciembre de 2016, beneficiando a cerca de 70.000 contribuyentes
b) Se exonera de pagar el saldo del Impuesto a la Renta del 2015 tanto a personas naturales como empresas
c) Se exonera del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) las donaciones cuando el beneficiario sea instituciones del sector público,
2.- Contribuciones solidarias para las personas damnificadas:
a) Una contribución solidaria de 2 puntos adicionales sobre el IVA por un plazo máximo de un año. Es decir que la media tendrá una extensión de hasta 12 meses pudiendo ser el plazo inferior para la aplicación de esta medida.
En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), explicaron, esta contribución solidaria de 2 puntos adicionales será devuelto o compensado a los contribuyentes afectados por el terremoto.
b) Una contribución solidaria por una sola vez del 0,9% del patrimonio de las personas naturales que tengan patrimonios por más de un millón de dólares.
c) Una contribución solidaria por una sola vez del 3% de las utilidades del ejercicio fiscal 2015 de las sociedad, es decir de las empresas o de las personas jurídicas
d) Se establece una contribución solidaria para quienes perciben como salario o sueldo más de 1.000 dólares mensuales quienes contribuirán con un día de su sueldo o de su valor equivalente de ingresos mensuales, para los que tienen relación de dependencia o quienes perciben otros ingresos, como las rentas de los profesionales. (corresponderá el 3,33% del salario). Si hay personas que tienen más de un empleo los empleadores serán los sujetos de retención siempre que su sueldo o salario sea mayor de 1000 dólares. Las personas que ganen de cinco mil dólares en adelante aportarán por un período de cinco meses un día de trabajo.
3. Otros países incrementaron sus impuestos para la reconstrucción por causa de desastres naturales:
Chile en el año 2010 realizó una reforma tributaria para cubrir los US$ 24 mil millones de dólares que costaron los daños producidos por el terremoto y tsunamí. El impuesto a las utilidades a empresas subieron al 20%, todas se declararon como medidas excepcionales:
Alza impuesto a la renta
Cambio en impuesto específico de la minería
Sobretasa en bienes raíces de mayor avalúo fiscal
Alza impuesto al tabaco
Incentivos tributarios micro, pequeñas y medianas empresas
Mantención de la rebaja de la tasa del impuesto de timbres y
estampillas
Las empresas pagan el llamado Impuesto de Primera Categoría que grava las utilidades devengadas con una tasa del 17% hasta el 20% para el 2013
https://www.ivoox.com/dr-luis-fernando-torres-dra-marisol-penafiel-audios-mp3_rf_11325260_1.html
Despacho Asambleísta Dra. Marisol Peñafiel
El gasto social incluidos con los recursos del Fondo de Solidaridad en 1999 llegó a ser del 6,2% del PIB y el gasto presupuestado en 1999 para los programas de protección social apenas equivalió al 1,7% del PIB y al 5,8% del gasto público.
¿Por qué es tan importante recordar esto? Pues porque a partir de 2007 se empezó a diseñar e implementar un sistema de protección social de carácter universal y no focalizado “a pobres”, con alta inversión en el gasto social, especialmente en educación y salud. No cree usted que la educación en momentos de desastres naturales es fundamental? Saber qué tiene que hacerse y qué se necesita para el autocuidado y el cuidado comunitario que ahora hemos aplicado no es más que el resultado de un cambio trascendental en el sistema educativo y de salud.
Otro tema importante del sistema de protección social con que cuenta el Ecuador es la inversión en la infraestructura social, primero se establecieron salarios dignos para el sector público, segundo se garantizó un salario básico unificado para el trabajador que cubra la canasta básica, tercero se invirtió en servicio público con un enfoque de desconcentración y planificación horizontal y vertical. OJO PUEBLO ECUATORIANO: Proponer el despido masivo de servidoras y servidores públicos es una receta que ya el Ecuador la ejecutó y provocó la mayor crisis económica y humana de nuestro país.
No es que están llamando a cerrar instituciones que dicen no sirven sino llaman a la reducción drástica del Estado lo que provoca:
1. Deterioro de los servicios sociales: los recortes presupuestarios para despedir funcionarios hacen que se aminoren los servicios sobre todo los relacionados a la protección social; es llamar a una paralización velada de los servicios públicos, a que disminuya su cobertura y calidad.
2. Pérdidas del capital humano: las personas damnificadas que se verán afectadas por la disminución de sus ingresos, los daños sobre sus activos, y se enfrenten además a restricciones por falta de servicios públicos de orden social causarán pérdidas de capital humano. Puede causar efectos irreversibles sobre el desarrollo humano de diferentes grupos sobre todo niñas y niños, personas con discapacidad, mujeres, grupos étnicos socialmente discriminados.
3. Migración: Las personas afectadas por el terremoto si ven disminuidos los servicios a los que pueden acogerse para sobrellevar su situación, o no reciben suficiente ayuda por la reducción del presupuesto o personal que les brinde ayude, posiblemente se vean obligados a una masiva migración interna a ciudades grandes y cercanas. Éstas tendrán que responder ante los efectos de esa migración desde el trabajo informal, falta de vivienda, etc.
Sobre el uso del famoso Fondo de Solidaridad del que han hablado que podría haber solventado los recursos para responder al terremoto del 16 de abril solo quiero hacer referencia al Informe de Auditoría de la Contraloría General del Estado desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006 y hay que decir la verdad al pais!
1. Los recursos para el Fondo de Solidaridad se transfirieron en un 97% de las utilidades del sector telecomunicaciones y apenas 2% del sector eléctrico
Para el 31 de diciembre de 2006 algunas empresas del sector eléctrico y telefónico adeudaban al Fondo de Solidaridad $ 24’450.729, 28 millones de dólares por concepto de utilidades y que el propio Fondo no las tenía registrado de manera contable, además la falta de registros no permitió a la Contraloría conocer las empresas que adeudaban en el sector eléctrico por lo que el Fondo nunca contó con los recursos que por Ley le estaban destinados para el financiamiento de Programas y proyectos de desarrollo humano.
En el año 2004 hacia 2005 hubo un decremento del fondo en un 76,29% y en el año 2006 del 100% en el financiamiento de proyectos de desarrollo humano porque el Fondo no recibió los recursos reales que presupuestó debido a que las empresas no entregaron el valor real por concepto de utilidades. Según el informe de contraloría ni el propio Fondo de Solidaridad contó con un presupuesto institucional aprobado y legalizado hasta diciembre de 2005. Ninguno de los informes de los proyectos ejecutados por el fondo contaron con un detalle sobre el impacto al desarrollo humano y los objetivos alcanzados, es decir no existieron verdaderos informes técnicos.
Sin contar con que este Fondo tenía a su cargo las empresas públicas para procesos de privatización que jamás permitieron la reinversión real en lo público hasta el mandato constituyente n.º 9 qie permitió capitalizar a las empresas públicas con esos fondos, y posteriormente se la eliminó por la nueva Constitución de 2008.
Para responder a temas de desastres naturales se creo la Secretaría Nacional de Riesgos, en tanto la defensa civil tenía una acción limitada al momento del desastre y no a procesos de política pública, también se creó el Sistema integrado del ECU911, y políticas públicas que permiten de manera real prevenir y atender de forma inmediata catástrofes naturales a nivel local. Todos los gobiernos autónomos descentralizados deben elaborar su plan de prevención y respuesta de desastres, y la conformación del COE local.
2. Contenido del nuevo proyecto de ley solidaria y corresponsabilidad
Antes del debate del proyecto de ley se han tomado medidas a favor de los contribuyentes de manera inmediata como:
Se amplía el plazo para el pago de las cuotas del régimen impositivo simplificado (RISE) hasta septiembre de 2016
Se amplía el plazo para el pago del Impuesto a la Renta para el ejercicio fiscal 2015 Se amplía el plazo de pago de todos los demás impuestos y tasas vehiculares hasta septiembre de 2016
Se amplía el plazo para las demás declaraciones y pagos relaciones con el IVA y retenciones hasta julio de 2016, teniendo similar tratamientos otras obligaciones tributarias que se hayan vencido en estos días o las que se venzan en los meses siguientes
Mediante Decreto Ejecutivo se tiene previsto exonerar del anticipo del Impuesto a la Renta (IR) por el período fiscal 2016 a los contribuyentes de la provincia de Manabí y a los habitantes afectados en el sur de Esmeraldas.
El proyecto presentado por ele Ejecutivo tiene dos componentes:
1.- Beneficios en materia tributaria:
a) No se pagarán las cuotas del RISE de abril a diciembre de 2016, beneficiando a cerca de 70.000 contribuyentes
b) Se exonera de pagar el saldo del Impuesto a la Renta del 2015 tanto a personas naturales como empresas
c) Se exonera del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) las donaciones cuando el beneficiario sea instituciones del sector público,
2.- Contribuciones solidarias para las personas damnificadas:
a) Una contribución solidaria de 2 puntos adicionales sobre el IVA por un plazo máximo de un año. Es decir que la media tendrá una extensión de hasta 12 meses pudiendo ser el plazo inferior para la aplicación de esta medida.
En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), explicaron, esta contribución solidaria de 2 puntos adicionales será devuelto o compensado a los contribuyentes afectados por el terremoto.
b) Una contribución solidaria por una sola vez del 0,9% del patrimonio de las personas naturales que tengan patrimonios por más de un millón de dólares.
c) Una contribución solidaria por una sola vez del 3% de las utilidades del ejercicio fiscal 2015 de las sociedad, es decir de las empresas o de las personas jurídicas
d) Se establece una contribución solidaria para quienes perciben como salario o sueldo más de 1.000 dólares mensuales quienes contribuirán con un día de su sueldo o de su valor equivalente de ingresos mensuales, para los que tienen relación de dependencia o quienes perciben otros ingresos, como las rentas de los profesionales. (corresponderá el 3,33% del salario). Si hay personas que tienen más de un empleo los empleadores serán los sujetos de retención siempre que su sueldo o salario sea mayor de 1000 dólares. Las personas que ganen de cinco mil dólares en adelante aportarán por un período de cinco meses un día de trabajo.
3. Otros países incrementaron sus impuestos para la reconstrucción por causa de desastres naturales:
Chile en el año 2010 realizó una reforma tributaria para cubrir los US$ 24 mil millones de dólares que costaron los daños producidos por el terremoto y tsunamí. El impuesto a las utilidades a empresas subieron al 20%, todas se declararon como medidas excepcionales:
1) Alza impuesto a la renta
2) Cambio en impuesto específico de la minería
3) Sobretasa en bienes raíces de mayor avalúo fiscal
4) Alza impuesto al tabaco
5) Incentivos tributarios micro, pequeñas y medianas empresas
6) Mantención de la rebaja de la tasa del impuesto de timbres y
7) estampillas
8) Las empresas pagan el llamado Impuesto de Primera Categoría que grava las utilidades devengadas con una tasa del 17% hasta el 20% para el 2013
Despacho Asambleísta Dra. Marisol Peñafiel.
Representantes de los consejos nacionales para la igualdad y asambleístas se dieron cita la tarde del 27 de abril, en las oficinas del CNII para trabajar propuestas en torno al proyecto de ley sobre el Sistema de Promoción y Protección de Derechos.
El Sistema destacará la participación social y la articulación entre el territorio a través de los gobiernos autónomos descentralizados y la instancia nacional. La asambleísta Marisol Peñafiel, quien participó de esta reunión, señaló que este Sistema consiste en un importante avance en materia de derechos para los grupos de atención prioritaria. El próximo 6 de mayo se llevará a cabo un taller que permitirá observar el proyecto de ley antes de presentarlo oficialmente a la Asamblea Nacional.
Redacción Política y Sociedad (I) 14 de abril del 2016 00:00 La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se reunió ayer, 13 de abril, por primera vez para analizar la investigación mundial conocida como ‘Panama Papers’. Se redactaron los oficios para solicitar documentación a 10 entidades públicas, con el fin de cruzar datos. El presidente de esa mesa, Mauro Andino, dijo que con la información que aporten se podrá tener elementos para “contrainterrogar” a los funcionarios vinculados con empresas de papel en Panamá, según el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Estaba previsto enviar los oficios la tarde de ayer al SRI, Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, Superintendencia de Bancos, etc. Cuando se tenga esos datos, dijeron los asambleístas, se conocerá si cumplieron con sus obligaciones tributarias, el tipo de propiedades que se registraron a nombre del funcionario público o de sus familiares, las declaraciones juramentadas de inicio y fin de gestión de por lo menos de los últimos siete años. La segunda acción que tomará la comisión es invitar a Javier Molina, exasesor externo de la Secretaría de Inteligencia, y al fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga. Sus nombres -junto con el de Pedro Delgado expresidente del Banco Central, son los únicos que aparecieron en la información difundida por el Consorcio de Periodistas. La legisladora de Alianza País, Marisol Peñafiel, también pidió que se llame a su par Andrés Páez, quien fue señalado, por el diario El Telégrafo, por supuestamente tener cuentas en el extranjero. Páez, en respuesta, mostró un certificado del Lloyds TSB Bank donde se asegura que se acreditaron de forma errónea a su cuenta USD 900 000 y por lo cual la firma se disculpa. “Me acusan de ser socio de una empresa de mi hermano sin pruebas. No lo van a probar porque no lo soy ni tengo activo en su empresa”. Balda, Villavicencio y Páez responden al Director de Senain por 'Panama Papers' Teléfonos, computadoras y documentos fueron incautados a empresa de Ecuador citada en los ‘Panama Papers’ Asamblea toma tres acciones en relación a los 'Panama Papers' Correa apunta a periodistas por caso 'Panama Papers' Páez confirmó ayer que solicitó una rectificación a El Telégrafo con base a la Ley. Guillermo Lasso también volvió a referirse a la publicación de ese Diario ayer, desde Guayaquil. “He sido transparente. Cuando uno invierte en un banco del exterior capta recursos y presta a los ecuatorianos. Lo que he hecho canalizar la inversión extrajera al país”. La Comisión de la Asamblea también convocará a los periodistas ecuatorianos que trabajaron junto con el ICIJ. Se trata de Arturo Torres, Andrés Jaramillo y Alberto Araujo, de EL COMERCIO, y Mónica Almeida, Xavier Reyes y Paúl Mena, de El Universo. Ellos serán invitados y quedará a su criterio asistir a una audiencia dentro del organismo legislativo. El pedido fue de Gina Godoy, asambleísta de A. País. La asambleísta de Pachakutik, Magali Orellana, pidió tener cuidado para no afectar al trabajo que realizaron los comunicadores. “Me preocupa que ahora se nombren a medios de comunicación”, enfatizó la legisladora. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) también centró su atención en los reporteros. Ayer difundió a través de su cuenta de Twitter una “carta pública” a siete comunicadores invitándolos a que acudan a una reunión el 19 de abril. En la búsqueda de la información los periodistas de este Diario priorizaron los casos de interés público. Es decir de hechos que hubieren afectado a la comunidad. Ese, precisamente, fue el enfoque de la investigación publicada sobre el grupo Ortega Trujillo y la creación de empresas en Panamá, en perjuicio de miles de personas estafadas por la compañía Terrabienes. En cumplimiento de la ley, la Constitución y su Código de Ética, este Diario no ha publicado ni publicará indiscriminadamente cualquier nombre, de personas o empresas, a no ser que estuvieren vinculados con casos de supuesta corrupción. En contexto El 3 de abril pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la investigación mundial ‘Panama Papers’. Ahí se analizó información que relacionaban a figuras de la política, el deporte y los negocios con la firma Mossack Fonseca. Preguntas claves de la investigación transnacional del ICIJ ¿Por qué el ICIJ no publicó todos los archivos de ‘Panamá Papers’? El ICIJ es una organización de periodistas, que reportea historias que son de interés público. Otras partes de la información son de naturaleza privada y no son de su interés divulgarlas. ¿Quién financia al ICIJ? Se trata de una organización sin fines de lucro. Depende de fundaciones de beneficencia y del apoyo financiero del público. No tomamos financiamiento de gobiernos. Sin el apoyo de nuestros lectores no podemos existir. ¿El ICIJ publicará la base de datos de todas las personas y compañías? A inicios de mayo ICIJ revelará los nombres de más de 214 000 firmas offshore creadas por Mossack Fonseca y la gente conectada a ellas (beneficiarios, accionistas o directores). ¿Los periodistas recibieron algún pago por su trabajo? Ninguno de los periodistas recibió remuneración económica por trabajar en este proyecto. Su investigación fue apoyada por los medios y centros donde trabajan, en la mayoría de los casos. ¿Por qué es importante esta investigación? Este proyecto expone fallas sistémicas en la economía global de las firmas offshore. Revela cómo políticos, banqueros, criminales y celebridades han tomado ventaja del secreto que les proveen los paraísos. ¿Compartirá el ICIJ los Panamá Papers con los gobiernos? El Consorcio de Periodistas no es un arma de cumplimiento de la ley y tampoco un agente del Gobierno. Es una organización periodística independiente que sirve al público a escala global.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/asambleanacional-investigacion-panamapapers-periodistas.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
http://www.elcomercio.com/actualidad/asambleanacional-investigacion-panamapapers-periodistas.html
Sobre el paquete de reformas tributarias, la asambleísta Marisol Peñafiel (AP) hizo un llamado a los actores políticos a que emitan sus criterios con responsabilidad, porque en materia económica crear incertidumbre le hace daño al Estado ecuatoriano. “No puede ser irresponsable a pretexto de adversario político”, expresó.
Sobre el dinero electrónico, dijo que este tema se debatirá el tema con la banca privada para ser más eficientes en el uso de este mecanismo. Aseguró que en el caso de los estudiantes en el extranjero, que no son becarios, hay una propuesta para que tengan un tratamiento distinto. En cuanto al incremento de impuestos, explicó que es para regular el consumo y no para afectar las plazas de trabajo.
Mencionó que esta medida es parte de las decisiones legislativas que apuntalan la economía del país, desarrollan la producción y generan empleo. Agregó que esta normativa plantea garantizar la dolarización, la producción nacional e implementar la cultura de involucrar al contribuyente en el desarrollo del país.
Confirmado.net
http://www.confirmado.net/asambleista-penafiel-pide-oposicion-no-crear-incertidumbre/
Declaración del Impuesto a la Renta, registro de propiedades, declaraciones juramentadas, actividades financieras y cuentas bancarias de funcionarios públicos, serán entre otras, los pedidos de información que la Comisión de Justicia de la Asamblea solicitará una vez que este miércoles se inició la investigación de los denominados Papeles de Panamá. La indagación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) hizo revelaciones sobre la formación de empresas en paraísos fiscales.
Según Mauro Andino (AP), presidente de esa mesa legislativa, en primera instancia se solicitará información al Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero, Superintendencias de Bancos y de Compañías, Contraloría, Junta de Política y Regulación Monetaria, Registro de la Propiedad, Municipios, Ministerio de Trabajo.
"Yo aspiro que hasta la próxima semana podamos tener ya la información y una vez que tengamos la información contemos con elementos para poder contra preguntar....", señaló Andino.
Agregó que tras haber recabado información y documentos se irá agendando la comparecencia de funcionarios públicos -por ejemplo- del fiscal Galo Chiriboga, quien ya se puso a disposición de la comisión.
Investigadores
La legisladora oficialista Gina Godoy planteó la presencia de los periodistas que realizaron la investigación en el caso de Ecuador. "Si se requiere una audiencia reservada para poderlos escuchar nosotros miraremos las condiciones. No los vamos a exponer, no queremos que haya una satanización de su comparecencia o de su colaboración, más bien pretendemos con ellos tener un espacio de trabajo que nos permita orientarnos hacia dónde investigar, a cuáles entidades del sector público debemos requerir la información...", sostuvo Godoy.
Andino mencionó que la asistencia de los periodistas de los diarios EL UNIVERSO y El Comercio, que hicieron la investigación, será voluntaria. "...Nos den a conocer la información necesaria para saber qué empresas son las que están constituida en Panamá, cuáles son los nombres, cuáles son los apellidos, en fin, saber una serie de hechos, porque atravesar las paredes de Panamá para poder obtener una información allá va a ser sumamente difícil por la restricción que existe de las instituciones del sistema financiero de Panamá, hay la reserva...", acotó Andino.
Temor por periodistas
En tanto, la asambleísta de Pachakutik, Magaly Orellana se mostró preocupada por esa iniciativa. "No será que se pretende atemorizar a estos periodistas que formaron parte de este gran proceso de investigación, tratar de perseguir, atemorizar, hay que tener cuidado con eso, verán que a nivel internacional los ojos del mundo están puestos en Ecuador y en otros países donde funcionarios públicos están en estos entretelones", adujo.
Marisol Peñafiel, de AP, propuso también la presencia del legislador de Creo, Andrés Páez.
A juicio del legislador del movimiento Cambio-PSC, Luis Fernando Torres, la Asamblea solamente puede fiscalizar a determinados funcionarios públicos.
Pasado el mediodía, unas 10 personas realizaron un plantón en los exteriores de diario EL UNIVERSO, al norte de la capital ecuatorian. En carteles se podía leer frases como: "que caigan todos lo que tengan que caer, queremos la verdad".
No se descartó que un grupo de asambleístas de la Comisión de Justicia viaje a Panamá a recabar información. (I)
El asambleísta Mauro Andino Reinoso, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, al informar que mañana iniciará el análisis de la denuncia relacionada con los “Papeles de Panamá” anunció que pedirá a los periodistas de ecuatorianos que han participado en esta investigación, que contribuyan con el trabajo que desarrollará el organismo.
Manifestó que este hecho ha conmocionado a nuestro país y a la comunidad mundial, al conocer que más de 11 millones de documentos están en manos de un grupo de periodistas de diferentes países que llevaron adelante esta indagación y que una persona anónima les hizo llegar esa información, en la que se desprende que inclusive una gran cantidad de personas ecuatorianas, funcionarios o empresarios estarían involucrados en la constitución de empresas en paraísos fiscales.
En diálogo con La Radio, en el Informativo Acción Legislativa, Andino enfatizó que mañana, a partir de las 09h30, el organismo avocará conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que le delegó investigar el tema, luego definir un cronograma de trabajo, así como establecer las pertinentes comparecencias.
Decisión legal
Dijo que la decisión del CAL está enmarcada en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que establece que el consejo podrá requerir a una de las comisiones especializadas, o a la de Fiscalización la investigación sobre la actuación de cualquier funcionario público o sobre actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política.
Expresó que se requiere el aporte del Sistema de Rentas Internas (SRI), la Contraloría General del Estado, las superintendencias de Bancos y de Compañías. También es fundamental la contribución de los periodistas de El Comercio y El Universo, que habrían participado en esta investigación en unión de una gran cantidad de comunicadores de diferentes partes del mundo.
Bien pueden, continuó, colaborar con la comisión y comparecer a la misma, dando la información que disponen para analizar dos puntos específicos: si la constitución de esas empresas en Panamá se enmarca en el ámbito constitucional y legal ecuatoriano. No es ilegal formar una empresa en el extranjero, mencionó.
Además, urge estudiar la procedencia de estos recursos económicos con los que se constituyeron dichas empresas en paraísos fiscales, verificar si el dinero es lícito, forma parte o no del crimen organizado, lavado de activos y, lo que es más, si la negociación fue para evadir el pago de impuestos, agregó.
Mauro Andino, representante de la provincia de Chimborazo, puntualizó que el trabajo de la Comisión de Justicia será absolutamente transparente y respetando el debido proceso.
MG/pv
Mediante la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el Estado puede delegar, de forma excepcional, a empresas de capital privado, así como a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del sector eléctrico.
Igualmente a través de la Ley de Telecomunicaciones, el Estado, puede delegar, de forma excepcional, a empresas de capital privado, así como a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del sector de telecomunicaciones, para fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada, para el desarrollo de las telecomunicaciones.
El Código de la Producción, Comercio e Inversiones da origen a nuevas alternativas de inversión, con evidentes beneficios para aquellas empresas constituidas que desarrollen actividades productivas dentro del territorio nacional. Incentiva todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. Promueve el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad, las acciones de los productores y empresas y el entorno jurídico-institucional.
El debate se realizará sobre la base del informe preparado por la Comisión de Régimen Económico. Virgilio Hernández, titular de este organismo, señaló que a través de la normativa se crean incentivos para la utilización del dinero electrónico, como la devolución del IVA de 2 puntos porcentuales para quien utiliza tarjeta de debido y crédito, 1 punto con un límite para esta devolución de hasta 5000 dólares mensuales, monto que podría ampliarse por regulaciones del Comité de Política Tributaria.
Indicó que en el informe se elimina el gravamen sobre las pensiones jubilares, ya que están exentas de pago de impuestos conforme lo determina la Constitución. Sobre el Impuesto a la Renta de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad se determina que no pagarán las personas que tengan una renta mensual de hasta 4000 dólares.
Informó que el impuesto a los cigarrillos aumentan en 2 centavos por unidad, igualmente se incrementa el ICE para las gaseosas en 25 centavos por litro; de igual forma se agrega en esta tabla las bebidas azucaradas que contienen componentes artificiales. Se excluyen a los lácteos y sus derivados y jugos fabricados con fruta natural que contengan por lo menos el 50% de pulpa. La cerveza industrial tiene una tarifa de 12 dólares por litro de alcohol puro. Se excluye del incremento a la cerveza artesanal y al aguardiente artesanal
En torno la salida de divisas se establece tres salarios básicos unificados como monto máximo de dinero exento del pago del impuesto a la salida de divisas (1.098 dólares), se incrementa dicho monto en un Salario Básico Unificado por cada menor que viaje con adulto.
