Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
En el 2015 en el segundo año de conmemoración del Día Nacional de la Niña en la Asamblea Nacional, se rindió cuentas a niñas y adolescentes sobre los avances legislativos en materia de sanción de la violencia de género, especialmente en el ámbito del núcleo familiar, respondiendo a las preocupaciones de las y los Asambleístas, bajo el mandato de la Constitución de la República y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
Según el Informe Anual 2014-2015 del Estado de las Mujeres elaborado por ONU-Mujeres las áreas prioritarias de intervención además de la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, está la de incluirlas en los planes y presupuestos nacionales, por lo que el Grupo Parlamentario con el apoyo técnico de UNICEF realizó un análisis de la ejecución presupuestaria 2015 y realizó observaciones a la Proforma Presupuestaria 2016, a través de un evento de construcción colectiva que incidió en la Comisión de Régimen Económico para que en su informe desagregue la inversión social con enfoque de género y generacional en la proforma. Además esta Comisión presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional su informe que resaltó en sus recomendaciones:
“La Comisión recomienda a las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado que en la ejecución registren y utilicen los catálogos y clasificadores presupuestarios, especialmente el orientador del gasto en políticas de igualdad y ambiente así como el geográfico…
La Comisión recomienda que de existir un escenario más favorable al que se encuentra determinado con respecto a los precios del petróleo, se pueda, en la ejecución del año 2016, incrementar las asignaciones presupuestarias al gasto social y particularmente que se considere la inversión en los programas de protección infantil, prevención de la violencia intrafamiliar, programas preventivos de salud, apoyo a los sectores de la economía popular y solidaria, investigación agropecuaria y otros orientados a una política contracíclica”
En este día de conmemoración internacional el Grupo Parlamentario expresa su compromiso con la construcción de una legislación que consten los enfoques de Derechos Humanos, y que construya un sistema legal que proteja a las niñas de la violencia e impulse su participación desde la niñez y adolescencia en todos los niveles de gobierno.
Nuevas fuentes de financiamiento del Seguro de Desempleo, el cambio de nombre de la ley y la ampliación del rango de edad para incentivos del empleo juvenil, así como un nuevo régimen de licencias de maternidad fueron los principales cambios propuestos ayer en el primer debate de las reformas laborales que trata la Asamblea con carácter de económico urgente.
El proyecto original fue enviado con el nombre de “Ley Orgánica de Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo”; en el informe aprobado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se le cambió a “Ley Orgánica de Promoción del Empleo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo”.
Sin embargo, para el asambleísta Virgilio Hernández (AP) sería necesario referirse a la ley de acuerdo con su objetivo y que se denomine “Ley para la Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo”.
Hernández propuso, además, financiar el Seguro de Desempleo con un aporte obligatorio del 0,5% del salario de quienes ganen más de $ 4.000, entre los cuales, dijo, podrían estar los propios asambleístas. Otra fuente sería un porcentaje de los dividendos que se podrían repartir a accionistas.
El informe indica que se financiará con el aporte de la Cesantía: 1% del empleador iría para financiar el 70% del salario básico y el 2% de la cuenta individual serviría para completar el 70% del salario total que se recibiría cuando la persona queda desempleada.
Fausto Cayambe (AP) consideró que para financiar el seguro podría ponerse un impuesto a las empresas siguiendo el modelo de Brasil.
Hernández también planteó poner techos a los salarios de las empresas privadas para que el salario del trabajador que menos gane tenga una diferencia de 1 a 20 con respecto al que más gane. Para él, la última opción de ajuste debería ser la reducción de la jornada laboral, ya que esto significaría una rebaja del ingreso del trabajador.
Byron Valle y Marisol Peñafiel (ambos de AP) pidieron la extensión del rango de edad para aplicar el beneficio del pago del aporte del IESS correspondiente al empleador por parte del Estado. Valle, en cambio, estimó que el rango debe ser entre 18 y 26 años; Peñafiel sugirió que pudiera ir hasta los 29.
Varios asambleístas de oposición como Ramiro Aguilar (antes de SUMA) y César Umajinga (Pachakutik) pidieron el archivo de la ley.
Umajinga consideró que la ley baja el poder adquisitivo del trabajador en caso de reducirse su jornada de trabajo, lo cual es inconstitucional. (I)
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/08/nota/5451900/debate-surgen-mas-propuestas-costear-seguro-desempleo
El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Asamblea Nacional, expresa su preocupación por las muertes violentas de dos niños en la Provincia de Santa Elena, parroquia José Luis Tamayo de Salinas. Rechazamos todo acto de violencia contra la dignidad y la vida de los seres humanos, especialmente de este grupo de atención prioritaria.
Este delito contra la vida nos compromete como Asambleístas que defendemos los Derechos Humanos de la Infancia a dar seguimiento del caso y a exigir de las autoridades de Seguridad y de Administración de Justicia para que se investigue y se determine los autores, cómplices o encubridores de este doble asesinato.
La aplicación del Principio de Interés Superior del Niño en la Administración de Justicia implica la primacía en la investigación de delitos contra vida cuando las víctimas son menores de edad y requerimos una respuesta pronta sobre las acciones que se están tomando, no solo para sancionar a la persona o personas responsables, sino para prevenir este tipo de hechos.
Conminamos a las instituciones rectoras de las policiacas públicas de protección social, de transversalización del enfoque generacional y a la Defensoría del Pueblo para que se apliquen medidas efectivas para evitar todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, empezando por la prevención del uso del castigo corporal como la expresión máxima de naturalización de violencia como medida de disciplina y modelo de crianza. La violencia convive en la sociedad a través de mecanismos sutiles que escalan hasta los delitos más grave como los que atentan a la vida de las personas.
El Ecuador es suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño que nos obliga a:
El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Asamblea Nacional, expresa su preocupación por las muertes violentas de dos niños en la Provincia de Santa Elena, parroquia José Luis Tamayo de Salinas. Rechazamos todo acto de violencia contra la dignidad y la vida de los seres humanos, especialmente de este grupo de atención prioritaria.
Este delito contra la vida nos compromete como Asambleístas que defendemos los Derechos Humanos de la Infancia a dar seguimiento del caso y a exigir de las autoridades de Seguridad y de Administración de Justicia para que se investigue y se determine los autores, cómplices o encubridores de este doble asesinato.
La aplicación del Principio de Interés Superior del Niño en la Administración de Justicia implica la primacía en la investigación de delitos contra vida cuando las víctimas son menores de edad y requerimos una respuesta pronta sobre las acciones que se están tomando, no solo para sancionar a la persona o personas responsables, sino para prevenir este tipo de hechos.
Conminamos a las instituciones rectoras de las policiacas públicas de protección social, de transversalización del enfoque generacional y a la Defensoría del Pueblo para que se apliquen medidas efectivas para evitar todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, empezando por la prevención del uso del castigo corporal como la expresión máxima de naturalización de violencia como medida de disciplina y modelo de crianza. La violencia convive en la sociedad a través de mecanismos sutiles que escalan hasta los delitos más grave como los que atentan a la vida de las personas.
El Ecuador es suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño que nos obliga a:
El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Asamblea Nacional, expresa su preocupación por las muertes violentas de dos niños en la Provincia de Santa Elena, parroquia José Luis Tamayo de Salinas. Rechazamos todo acto de violencia contra la dignidad y la vida de los seres humanos, especialmente de este grupo de atención prioritaria.
Este delito contra la vida nos compromete como Asambleístas que defendemos los Derechos Humanos de la Infancia a dar seguimiento del caso y a exigir de las autoridades de Seguridad y de Administración de Justicia para que se investigue y se determine los autores, cómplices o encubridores de este doble asesinato.
La aplicación del Principio de Interés Superior del Niño en la Administración de Justicia implica la primacía en la investigación de delitos contra vida cuando las víctimas son menores de edad y requerimos una respuesta pronta sobre las acciones que se están tomando, no solo para sancionar a la persona o personas responsables, sino para prevenir este tipo de hechos.
Conminamos a las instituciones rectoras de las policiacas públicas de protección social, de transversalización del enfoque generacional y a la Defensoría del Pueblo para que se apliquen medidas efectivas para evitar todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, empezando por la prevención del uso del castigo corporal como la expresión máxima de naturalización de violencia como medida de disciplina y modelo de crianza. La violencia convive en la sociedad a través de mecanismos sutiles que escalan hasta los delitos más grave como los que atentan a la vida de las personas.
El Ecuador es suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño que nos obliga a:
Estos beneficiaros, en todos los casos, deberán encontrarse bajo el quintil uno y dos de la línea de pobreza y cumplir los requisitos que establezca el reglamento de este cuerpo legal. Con el acceso a estos beneficios sobre la propiedad de la tierra, la Asamblea cumple lo que determina la Constitución sobre el principio de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Con este marco, la Ley de Tierras se rige bajo algunos principios fundamentales, entre ellos, el acceso equitativo a la tierra rural, así como la equidad social, de género y generacional.
Sobre el sector femenino, la normativa visibiliza, incorpora a este sector y reconoce su rol en el desarrollo del país. De ahí que, entre otros beneficios, establece que en el caso de que una mujer tenga títulos sobre la tierra el Estado debe garantizar su propiedad y en el caso en el que se encuentre en posesión, legalmente reconocida, deberá certificar la titulación de la misma.
La posesión agraria, según el proyecto, deber ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menor a cinco años y a ésta puede darse la titularización. Con esta certificación la norma le da derecho a la beneficiaria a usar, gozar y disponer de la tierra, enmarcada en la ley. De igual manera, para agilitar estos procesos permite la simplificación de los trámites administrativos para que la ciudadanía pueda obtener de manera ágil su adjudicación y el título de propiedad.
Con este marco, la Ley de Tierras se rige bajo algunos principios fundamentales, entre ellos, el acceso equitativo a la tierra rural, así como la equidad social, de género y generacional.
Sobre el sector femenino, la normativa visibiliza, incorpora a este sector y reconoce su rol en el desarrollo del país. De ahí que, entre otros beneficios, establece que en el caso de que una mujer tenga títulos sobre la tierra el Estado debe garantizar su propiedad y en el caso en el que se encuentre en posesión, legalmente reconocida, deberá certificar la titulación de la misma.
La posesión agraria, según el proyecto, deber ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menor a cinco años y a ésta puede darse la titularización. Con esta certificación la norma le da derecho a la beneficiaria a usar, gozar y disponer de la tierra, enmarcada en la ley. De igual manera, para agilitar estos procesos permite la simplificación de los trámites administrativos para que la ciudadanía pueda obtener de manera ágil su adjudicación y el título de propiedad.
Además de cumplir la finalidad de la redistribución de la tierra de manera equitativa, la ley viabiliza el principio de sustentabilidad y la eficiencia económica y social, que también favorece a la mujer. Sobre este último tema indica que el Estado debe apoyar la producción agropecuaria, sujetándose, entre otros elementos, al incremento del ingreso familiar.
Precisamente, este instrumento jurídico establece que el Estado promoverá la generación de productos financieros, líneas de crédito y tasas de interés preferencial para estimular la producción agropecuaria. Estos beneficios se orientarán a pequeños y medianos productores, así como a mujeres rurales trabajadoras de la agricultura familiar campesina y de la economía popular y solidaria.
Paúl Zamora 16 de febrero de 2016 10:12 Al retorno de la vacancia legislativa (el 29 de febrero), un grupo de 12 legisladores de Alianza País será el encargado de coordinar las acciones de la bancada. De ellos dependerá el canalizar el debate al interior del bloque y facilitar el diálogo entre los sectores, para llegar a un consenso. También llevarán la interlocución con el Ejecutivo y otras funciones del Estado así como con las demás instancias de movimiento. Previo al receso, que empezó ayer, lunes 15 de febrero del 2016, cada una de las 12 comisiones legislativas definió los nombres de este equipo que se renueva cada año. Así, los nuevos coordinadores son: Marisol Peñafiel (Justicia); Diana Peña (Trabajadores); Vetowhen Chica (Régimen Económico); Soledad Buendía (Desarrollo Económico); Liliana Guzmán (Gobiernos Autónomos); Dora Aguirre (Soberanía); Raúl Tobar (Biodiversidad); Mauricio Proaño (Soberanía Alimentaria); Blanca Argüello (Salud); Mónica Brito (Participación Ciudadana); Herman Moya (Educación) y Paulina Padrón (Derechos Colectivos). Según la normativa interna, no pueden ocupar este cargo quienes son miembros del Consejo de Administración Legislativa ni los presidentes de las comisiones.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/alianzapais-coordinadores-bancada-asamblea-politica.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
http://www.elcomercio.com/actualidad/alianzapais-coordinadores-bancada-asamblea-politica.html
En igual forma, ciertos pescadores artesanales de Esmeraldas se abastecen de gasolina para realizar sus faenas, pero la almacenan en bodegas temporales cerca de muelles, que la venden a organizaciones delictivas colombianas, que, a su vez, la utilizan en plantaciones de coca y para sus lanchas, añadió
Por último, indicó que se ha comprobado que el sector industrial subsidiado, particularmente el camaronero, desvió al industrial no subsidiado 30 mil galones de combustible.
Analizar cada conducta
El legislador Luis Fernando Torres se mostró partidario de estudiar cada conducta para establecer la pena correspondiente, pues hay una marcada diferencia en los delitos de hormigueo respecto al ilícito que causa el sector industrial subsidiado, así como los pinchazos al poliducto, a fin de evitar excesos.
Redes
Mientras, la asambleísta Marisol Peñafiel habló de la necesidad urgente de tipificar y poner freno a la acción de las redes organizadas delictivas inmersas en el contrabando de combustibles.
MG/pv
La asambleísta Marisol Peñafiel, representante de la provincia de Imbabura, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que busca el fortalecimiento de la Unidad de Control de Ejecución del Presupuesto General del Estado.
En su propuesta, menciona que en el artículo 4 del Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea dicha entidad consta en un nivel asesor, dependiente de la Presidencia de la Legislatura, al destacar su rol de apoyo a todos los miembros del Parlamento en la discusión del ciclo presupuestario (formulación, aprobación, ejecución y control), en armonía con el Plan del Buen Vivir, con un equipo técnico eficiente que elabora herramientas e instrumentos apropiados para el control presupuestario.
Reitera que aunque esta unidad es creada en el Orgánico Funcional del Legislativo, es necesario que conste en la propia ley, al igual que la Unidad de Técnica Legislativa, tomando en cuenta que ambos entes asesores son de vital importancia para el cumplimiento de las atribuciones de la institución.
La creación, en la ley, de esta unidad, se debe circunscribir a tres roles específicos: vigilar el cumplimiento de los diversos mandatos constitucionales y legales; proveer de información, análisis, asesoría e investigación a las autoridades, asambleístas, otras unidades asesoras y comisiones especializadas en las fases del ciclo presupuestario.
También apoyaría la construcción y aprobación de leyes, evaluando técnicamente las propuestas de política a tratar en la Asamblea Nacional (labor legislativa).
Los que integren esta unidad, que tendrá el carácter de multidisciplinaria, serán profesionales hombres y mujeres, altamente calificados para el tratamiento de estos temas, según Marisol Peñafiel.
MG/
