Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Marisol Peñafiel, asambleísta por Alianza País, opinó sobre varios temas referentes a las enmiendas constitucionales y al segundo debate de las próximas semanas, en donde se decidirá aprobar o eliminar los cambios a la Constitución.
La legisladora dijo respetar la postura de quienes saldrán a manifestar esta tarde cerca de la Asamblea Nacional para exigir el archivo de las enmiendas, ya que este país “permite expresarse a todos, pero dentro del margen del respeto a otro”.
En cuanto al tema de enmiendas constitucionales, la Asambleísta recordó que la Corte Constitucional dio paso a las enmiendas porque “eran viables (…) no afectan a la estructura del Estado y no violan derechos”.
También señaló que la oposición “tiene miedo a debatir”, y que desde el anuncio de la transitoria y la negativa del Presidente Correa a presentarse a las siguientes elecciones, la oposición “se quedó sin discurso”. (SB/GAMA)
En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó el compromiso de dar continuidad al proceso de aprobación de leyes dentro de un marco jurídico integral coherente con la Constitución y los parámetros internacionales, encaminados hacia la erradicación de la violencia de género. Aquí los asambleístas se pronunciaron por una vida sin violencia.
La Legislatura se ratificó en ejercer el control político y fiscalizador sobre las políticas públicas que tienen por objetivo combatir la violencia; cooperar en los procesos de educación, formación, capacitación y concienciación en procura del cambio de actitud y la eliminación de prácticas violentas cotidianas de los interlocutores sociales como mecanismo que garantice los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de la que son objeto.
Instó a las y los parlamentarios latinoamericanos a movilizarse y participar activamente en el proceso de evaluación de los procesos que se realizan en la aplicación de la Declaración de Beijin+20 y de las leyes que protegen a las niñas, adolescentes y mujeres.
Para el Ministerio de Educación se ha previsto la ejecución de 12 proyectos de inversión de los cuales el más representativo es Nueva Infraestructura Educativa con USD 575.29 millones; que permitirá ampliar y mejorar progresivamente la oferta de infraestructura escolar existente para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar en base al reordenamiento de la oferta educativa; el proyecto Educación Inicial de Calidad y con Calidez por USD 56.79 millones; y, Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad por 56.69 millones. Cabe señalar, que si bien el SECOB no pertenece a este consejo sectorial, tendrá a su cargo la ejecución proyectos relacionados al sector educación por un monto cercano a los USD 283.38 millones, como son: “Nueva infraestructura educativa” por USD 254.11 millones; el “Proyecto emergente de las unidades educativas del milenio y establecimientos anexos” por USD 12,74 millones; el “Programa nacional de infraestructura para la universalización de la educación con calidad y equidad” por USD 16.53 millones
Para la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se ha previsto la ejecución de 7 proyectos de inversión, de los cuales sobresale el proyecto Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano por USD 167,26 millones, que permitirán entregar becas en el exterior para la población ecuatoriana con el objetivo de contar con una población con educación de excelencia que retorne al país luego de sus estudios y contribuya al desarrollo del Ecuador mediante la aplicación y transferencia de conocimientos adquiridos. Adicionalmente, el SECOB ejecutará el proyecto “Reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador por USD 4.0 millones.
En el Consejo Sectorial de Igualdad la proforma representa el 0.02% del total de egresos de la Proforma del PGE 2016. El gasto se concentra en un 30.2% en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades; seguido por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional con un 28.5% y por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género con un 15.6%.
En lo referente a la inversión para la niñez y adolescencia, ésta alcanza un monto de USD 246.1 millones, que representa el 4.6% del Plan Anual de Inversiones 2016 y es equivalente al 0.24% del PIB.
Una vez en vigencia la presente Enmienda Constitucional, las y los servidores públicos que ingresen al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan al mismo.
El órgano legislativo, en el plazo máximo de ciento ochenta días contados desde la entrada en vigencia de la presente Enmienda Constitucional, aprobará una ley reformatoria a las leyes que rigen al sector público, observando las disposiciones constitucionales enmendadas.
Las enmiendas constitucionales a los artículos 114 y 144 segundo inciso de la Constitución de la República del Ecuador, referidas a los derechos de participación política, entrarán en vigencia desde el 24 de mayo de 2017, según la disposición transitoria segunda.
En la disposición final prevé que las enmiendas constitucionales, con excepción de las señaladas en la Disposición Transitoria Segunda, entrarán en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial.
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En este ámbito la Asamblea Nacional ha impulsado leyes como el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica delitos que atentan contra las mujeres, entre ellos el femicidio; la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad, a través del cual se crea el Consejo para la Igualdad de Género para impulsar la inclusión en las políticas públicas; la Ley para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que prohíbe el despido de las trabajadoras en estado de embarazo y reconoce el trabajo no remunerado en el hogar, mediante el acceso a pensiones jubilares dignas, entre otras normativas.
Entre los participantes se destacan las organizaciones de migrantes retornados, refugiados, ONGs, academia y el sector público
La legisladora María Augusta Calle explicó que esta es una normativa, que establece una migración con seguridad y en condiciones de respeto a sus derechos. Este ha sido un análisis profundo donde se han estudiado todos los ámbitos de influencia de la ley”, precisó.
La socialización de esta norma legal, se cumplió simultáneamente en Cuenca, Ibarra y Machala, en esta última, en tres mesas de trabajo hubo gran participación de migrantes retornados.
Estas observaciones serán procesadas por la mesa legislativa en una matriz, previo a la elaboración del informe para primer debate, que tiene previsto presentarlo hasta fines de diciembre de este año.
Finalmente, la asambleísta Marisol Peñafiel, explicó que lo fundamental que se ha conseguido con la aprobación del presupuesto es haber ciudadanizado el debate con organizaciones de la economía popular y solidaria, de mujeres, de niñez y adolescencia y miembros de los consejos consultivos, quienes demandaron algunas acciones. Ese debate es el que permite tener una forma diferente en la aprobación de la proforma presupuestaria, para acortar brechas y transversalizar el presupuesto desde la perspectiva de género e intergeneracional, concluyó.
El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y el Grupo de los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional invitan a la reunión sobre el monitoreo de la inversión en infancia con enfoque de género en la ejecución presupuestaria y la inversión social en la nueva proforma 2016.
Resaltó el fuerte compromiso del Estado en materia de salud y educación pero le preocupa que en los programas destinados a la primera infancia y el bono de desarrollo humano probablemente se vean afectados. Al revisar la programación del Plan Anual de Inversiones para el 2016 se observa que la mayoría de los consejos sectoriales tienen una reducción, siendo el de desarrollo social el que mayor disminución relativa presenta frente a la proforma del 2015.
En este sentido, dijo, es necesario consolidar mecanismos que permitan al país cumplir lo estipulado en la Constitución de la República con los mínimos previstos como es llegar al 6% del PIB para educación inicial básica y bachillerato, el 4% para salud.
Invertir en la niñez, no solo es moralmente correcto sino económicamente sensato y políticamente aconsejable. Es necesario acelerar la calidad e impacto de la inversión de la niñez y adolescencia, subrayó.
En cuanto a primera infancia, a nivel nacional, se da prioridad al acceso, cobertura, calidad, generación de capacidades de la familia y comunidad. En la proforma 2016 se garantiza recursos para el control del embarazo y cuidado prenatal, tamizaje neonatal, control niño sano, inmunizaciones, micronutrientes, servicios de desarrollo infantil, atención en primer nivel de salud y con infraestructura de calidad y se da impulso a 6 hospitales acreditados como amigos del niño, así como el plan de reducción acelerada de la muerte materna y neonatal.
En niñez y adolescencia se busca la universalización de la educación general básica, la tasa de asistencia al bachillerado subió 15 puntos desde el 2006, alcanzando 65% en el 2014; se mejora la calidad de educación (docentes capacitados, infraestructura elevado estándares, etc); la reducción del trabajo infantil del 8% en el 2006 al 2.9% en el 2014; la reducción de la tasa específica de embarazo en adolescentes entre 2010 y 2013 en 10,2% (de 10 a 14años) y en 12.9% (de 15 a 19 años).
En cuanto a políticas de género, dijo que se incrementó la cobertura de aseguramiento a la Seguridad Social del 25% en el 2006 al 44% en el 2014; la incorporación de las trabajadoras no remuneradas del hogar a la seguridad social; la asignación del 51% de cupos a mujeres en instituciones públicas de educación superior en el 2015; el acceso a servicios de planificación familiar y salud sexual y reproductivas. La brecha de desempleo entre mujeres y hombres se ha disminuido de manera importante, precisó.
