Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Este proyecto establece incentivos específicos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los lineamientos e institucionalidad para su aplicación.
La normativa crea un Comité Interinstitucional de Asociación Público-Privada, como un órgano colegiado de carácter intersectorial de la Función Ejecutiva, encargado de la coordinación y articulación de políticas, lineamientos y regulaciones vinculadas a este tipo de asociaciones.
Este comité definirá los sectores en los que se promoverá la modalidad de asociación público-privada para la ejecución de proyectos públicos; aprobar proyectos del gobierno nacional a través del régimen de incentivos, determinar políticas y lineamientos de aplicación de los beneficios, para la gestión de pagos diferidos establecidos para la ejecución de un proyecto público bajo la modalidad de asociación público-privada.
A través del cuerpo legal se materializan los incentivos contemplados en el Código de la Producción, entre los que se incluyen exenciones para el pago del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por 10 años. Además, la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios.
Esta ley tiene por objetivo establecer incentivos específicos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los lineamientos e institucionalidad para su aplicación.
La normativa crea un Comité Interinstitucional de Asociación Público-Privadas como un órgano colegiado de carácter intersectorial de la Función Ejecutiva, encargado de la coordinación y articulación de políticas, lineamientos y regulaciones vinculadas a este tipo de asociaciones.
Este comité definirá los sectores en los que se promoverá el empleo de la modalidad de asociación público-privada para la ejecución de proyectos públicos; aprobar proyectos del gobierno nacional a través del régimen de incentivos, determinar políticas y lineamientos de aplicación de los beneficios, para la gestión de pagos diferidos establecidos para la ejecución de un proyecto público bajo la modalidad de asociación público-privada.
A través del cuerpo legal se materializa los incentivos contemplados en el Código de la Producción, entre los que se incluyen exenciones para el pago del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto a la Salida de Divisa (ISD) por 10 años. Además, la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios.
El documento contiene 8 artículos referentes al objeto de la ley, reglas generales para su aplicación, la función del comité interinstitucional, incentivos, estabilidad jurídica, resolución de controversias, neutralidad en el origen de financiamiento productivo; y, facilitación de procesos y procedimientos.
A través del proyecto se establecen alianzas público-privadas, que son aquellas relaciones entre el Estado y el sujeto privado en las que se acuerda fórmulas de participación conjunta para los sectores estratégicos de interés general.
En el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, en su artículo 100 se establece que de forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o de la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros.
Las tertulias son diálogos permanentes de aprendizaje, de recuperación de valores y las buenas vivencias para trasmitirlas a las nuevas generaciones. Los adultos mayores relatan sus vivencias, por tiempo de 10 a 15 minutos y las comparten con los jóvenes, quienes hacen preguntas, conversan y cuentan las situaciones como aprendizaje mutuo.
En estos encuentros, se afianzan procesos de creatividad política, de participación de la población adulta mayor mediante hitos de conocimiento, de respeto y honra a destacados líderes de nuestro país, en donde dan testimonio de vivencias.
En esta ocasión participaron 2 adultos mayores de la ciudad de Cuenca, 1 de Babahoyo, 1 de San Gabriel y 2 de Imbabura, así como estudiantes de los Colegios Simón Bolívar y Eugenio Espejo de Quito. Raquel Meneses, de 80 años de edad, de la ciudad de Cuenca, utilizó este espacio al que denominó de sabiduría para hablar de lo vivido, lo aprendido y compartido. Viuda y huérfana desde muy pequeña relató cómo fue su proceso de enamoramiento.
Según las estadísticas obtenidas en la primera Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, en el período 2009 – 2011, nuestro país invirtió en investigación y desarrollo el 0.35% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del promedio de América Latina, que en 2011 alcanzó el 0.75%.
Estimaciones actuales pronostican que recién en el 2014 Ecuador lograría el promedio de Latinoamérica, que en el año 2014 llegó al 2%, sin embargo aún continúa siendo insuficiente comparado con los porcentajes de inversión de los países que más innovan en el mundo.
Además, la referida encuesta muestra que del total de empresas nacionales que introdujeron un nuevo producto al mercado, solamente el 1,3% incorporó un producto novedoso para el mundo, esto ligado a que las fuentes de financiamiento para actividades de innovación provienen de los recursos propios de las empresas (72,80%), seguido por la banca privada (14,50%) y el gobierno (10,15%).
Bajo estos antecedentes, el proyecto de Código de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios), cuyo informe para primer debate lo preparó la Comisión de Educación, apuesta por la generación de una sociedad democrática fundamentada en la libre circulación de los conocimientos, declarando de interés público el bien conocimiento.
Tal declaratoria viabiliza al conocimiento como una actividad especial dentro de la sociedad para la consecución del Buen Vivir y así el Estado podrá proteger y fomentar el conocimiento mediante sus políticas públicas.
Marisol Peñafiel promovió con PGA este encuentro, con el objetivo de destacar los avances en la legislación penal que constaba en el proyecto del COIP y contó con la participación de la Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional.
En el panel de hoy participaron junto a la asambleísta Peñafiel, el Alto Representante General de Mercosur, doctor Florisvaldo Fier Rosinha; la presidenta de la Comisión de la Constitución de Bolivia, diputada Betty Yañiquez; el Presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de Paraguay, diputado Clemente Barrios Monges, la representante Ángela María Robledo de Colombia y un legislador de Chile.
Por su parte la asambleísta Marisol Peñafiel, ratificó su compromiso de garantizar el cumplimiento de la declaratoria “junto al Presidente, Rafael Correa, seguiremos trabajando por esa sociedad más justa y equitativa”.
Uno de los logros del Gobierno en justicia social es el acceso de las amas de casa a la seguridad social, cuyo trabajo y esfuerzo ahora es reconocido. Actualmente existen 1.000 amas de casa afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin que empiece la etapa comunicacional, se espera alcanzar 200.000 afiliadas al seguro social hasta el final del año.
Cabe destacar que la Asamblea Nacional, en 2013 declaró el 11 de octubre como el Día Nacional de la Niña con el objetivo de que el Estado y la ciudadanía se comprometan a erradicar la violencia en niñas; garantizar su acceso y permanencia en las escuelas; acabar con el trabajo infantil doméstico; y reducir el número de embarazos adolescentes. /Mcds/ KML El Ciudadano
Durante la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional sobre la consulta prelegislativa en torno a los tres temas sustantivos del proyecto de Ley de Tierras, Miguel Carvajal, afirmó que en los mismos existe un acuerdo que bordea el 94%. Dijo que esta normativa, en su conjunto, cumple lo que establece la Constitución.
Los temas que abordó el asambleísta se refieren al mandato de que la tierra rural debe cumplir una función social y ambiental, que se promueva un Fondo Nacional de Tierras, garantizar la soberanía alimentaria y la propiedad de la tierra. Explicó que estos contenidos forman parte del proyecto.
Manifestó que en la iniciativa se determina que el Estado tiene la obligación de apoyar a los campesinos para que produzcan; que puede expropiar y redistribuir las tierras improductivas. Sobre este último punto aclaró que se aplicará para los territorios que tengan más de 25 hectáreas en la Sierra, 75 en la Costa y 100 en la Amazonía. Estas extensiones si no cumplen con la función social o ambiental pueden redistribuirse a los campesinos que no tengan superficies para el cultivo, agregó.
"El objetivo de esta dinámica es representarnos cómo nos queremos ver en el futuro o cómo somos ahora", explicó Dalia Rivas, integrante de Plan Internacional, entidad que organizó el encuentro.
Con solo 13 años, la joven expresó sus deseos cuando sea adulta. "Voy a ser asambleísta y por qué no, presidenta de la República", dijo.
Dalia es oriunda de Cayambe (provincia de Pichincha) y se considera una gran activista por los derechos de los niños. Por ello sabe que desde los espacios de poder alcanzará a promover el bienestar de los menores de edad.
Y es que las participantes sueñan en alto. Nela María Cedeño, otra de las participantes, se dibujó como diplomática, en beneficio de los niños.
"Los derechos de la igualdad y de la Equidad no nacen. Tenemos que entender que todos tenemos las mismas capacidad, los mismos derechos. La real política económica y social nace de la libertad de que se puede llegar a ser si uno se lo propone realmente", expresó.
La Asamblea Nacional declaró al 11 de octubre como el Día Nacional de la Niña, con la finalidad de que la ciudadanía se comprometa a erradicar la violencia y a garantizar su permanencia en el sistema escolar.
La asambleísta Marisol Peña añadió otro compromiso que se debe asumir: erradicar los embarazos adolescentes.
"Esta es una barrera que impide alcanzar sus metas y eso un deber de todos", señaló la legisladora.
La actividad se desarrolló por segundo año consecutivo y se llevó a cabo para que la gente rechace todas las formas de discriminación que sufren las menores. La campaña se encuentra en 70 países del mundo.
Rosa Viteri, directora de Plan Internacional, indicó que las niñas sufren de diversas formas de exclusión, pero esa situación todavía no es tangible.
Viteri indicó que Plan Internacional tiene una meta. Indicó que los países miembros se comprometieron llegar a 4 millones de niños en 5 años; hasta el momento se ha llegado a 3 millones.
Otra meta es que reunir $ 500 millones en 5 años para programas benéficos para niños. Viteri aseguró que ya se ha reunido el 87%, es decir casi 450 millones.
La directora de Plan Internacional indicó que en el Ecuador, más de 1.200 donantes apoyan la educación de un niño o niña y hay 73 proyectos en 11 provincias que abordan el problema de las niñas, entre estos el embarazo adolescente. Hasta el momento, la campaña ha llegado a 17 provincias del país. (I)
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/las-ninas-dibujan-sus-rostros-para-celebrar-su-dia.html
Los temas de discusión que concentraron a los participantes se relacionaron a la redistribución de la tierra, la creación de un Fondo Nacional, la soberanía alimentaria, el papel del Estado para fomentar la producción, la legalización de tierras, la función social y ambiental, así como la comercialización.
Sobre la redistribución de la tierra los representantes expresaron su acuerdo, pero pidieron que el Estado levante un registro sobre la cantidad de propiedades improductivas que existen en el país y de cuantas se dispone para la entrega a los campesinos. Muchas tierras están en manos de especuladores, el gobierno debe saber cuantos territorios están en estas condiciones, cuantos están sin producir y cuantos puede repartir, dijo Eduardo Idrovo, de la Fuerza Rural-Fuerza Campesina del Ecuador (FR-FCE). Los exponentes también pidieron que se defina, de una manera más clara, el latifundio y concentración de la tierra.
En cuanto al Fondo Nacional de la Tierra, que esta norma crea, manifestaron que es una buena propuesta, pero plantearon que no esté adscrito al Ministerio de Agricultura, sino que sea independiente. Queremos que este ente sea autónomo, que tenga sus propios recursos, aseveró el dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA), Romelio Gualán, mientras que José Gualaquiza, de la Federación Ecuatoriana Indígena (FEI), comentó que ese ente debe tener una partida presupuestaria propia con cuyos fondos pueda ejecutar mecanismos de expropiación y adjudicación.
Nuestro derecho a crecer y producir ha sido violentado durante todos estos años, hoy nos lo van a garantizar afirmó el representante de la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas, Eliseo Olarte, al narrar uno de los consensos relacionados con la función social y ambiental que contará con el apoyo estatal, a través de capacitación, asistencia técnica, tecnología y financiamiento. Por fin vamos a tener derecho al crédito, dijo en referencia al segundo tema de consulta sobre el reconocimiento del uso y usufructo individual o familiar en tierras y territorios ancestrales, que se constituiría en un instrumento de garantía para acceder a créditos financieros.
El reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, también fue el eje que ocupó los discursos de los presentes, considerándolo como imprescindible en el proyecto. Jaime Muñoz, delegado de la Confederación Intercultural Campesina del Ecuador, sostuvo que este derecho es necesario, sobre todo para las mujeres jefas de familia.
El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional ascendió a 36.317,12 millones de dólares. El ministro presenta los resultados de la Ejecución del Presupuesto correspondiente al período enero-junio del ejercicio fiscal 2015.
En el documento se hace un análisis de ingresos y financiamiento, de egresos, gasto social, transferencia a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad tributaria, recursos destinados para la reducción de brechas de equidad, la ejecución de egresos no permanentes del Presupuesto General del Estado: por consejos sectoriales, por grupos de gasto, análisis del Plan Anual de Inversiones, por número de proyectos de inversión.
Así mismo, la ejecución del Presupuesto General del Estado por sectores: administrativo, agropecuario, ambiente, asuntos del exterior, asuntos internos, bienestar social, comercio exterior, comunicaciones, defensa nacional, desarrollo urbano, educación, electoral, finanzas, jurisdiccional, legislativo, recursos naturales, salud, tesoro nacional, trabajo, transparencia y control social y turismo.
