Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
En la declaración se asumen compromisos como apoyar el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Nacional del Buen Vivir sobre la garantía de derechos de niñas y adolescentes; promover la igualdad de género con una condición indispensable para los derechos de las niñas; impulsar desde la Legislatura el reconocimiento de sus potencialidades y empoderamientos para contribuir al desarrollo del país y vigilar que la inversión para la infancia sea una estrategia para romper con el ciclo de pobreza como perspectiva de desarrollo y justicia social.
El documento además destaca el compromiso de trabajar con todas las funciones del Estado para ejecutar programas sobre el desarrollo de la infancia y la niñez para garantizar mejores capacidades en la edad adulta; contribuir a la eliminación de estereotipos, patrones culturales que generan violencia y discriminación hacia las mujeres; y, el acceso a servicios de administración de justicia que sancionen la violencia y repare a las víctimas.
Contribuir a que en el Ecuador se disminuya el índice de embarazos adolescentes para garantizar el desarrollo integral de las mujeres; trabajar coordinadamente para cambiar los patrones socioculturales que son permisivos en el uso de la disciplina física y el castigo corporal en las familias y en las escuelas; y, promover leyes y políticas públicas que apliquen los enfoques etnoculturales de discapacidad y movilidad humana para comprender de manera integral las necesidades de las niñas y adolescentes en el país.
Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario por las Garantías de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, reiteró que esta fecha fue institucionalizada a causa de la discriminación, la violencia y las diferencias que las niñas aún enfrentan en sus roles en la sociedad.
Este día no solo es para celebrar, sino para fiscalizar la política pública y evaluar las normativas que se construyen en la Legislatura y que deberían llevar el principio de transversalización de género generacional, con énfasis en el tratamiento y abordaje de la garantía de derechos de las niñas, dijo la asambleísta.
Carlos Pólit indicó que el proceso de selección de las firmas privadas, dependiendo de los montos de la contratación, se sujetará a los procesos de selección directa o a través de concurso por medio del Portal de Compras Públicas. En la normativa se habla de “proceso dinámico de selección” y la idea es que sea lo más ágil posible.
En los contratos de empresas mixtas, operan de otra manera, en primera instancia se solicita a la empresa todos los estados contables para luego de ser receptada por la empresa privada se comienza la contabilización, por ende es un tema que provocaría un retraso de la misma y no permitiría oportunamente elevarlos al sistema de Portal de Compras Públicas, lo cual impide ingresar los documentos posteriores al portal, las actas de entrega parcial y definitivas, los contratos complementarios o modificatorios en caso de existir o actualizar el estado de procesos .
La coordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, Marisol Peñafiel, informó que existe una agenda de actividades del último semestre del año y un documento con propuestas que se ejecutarán el 2016-2017.
Además, invita a participar en el taller “Sueños de Niñas: Mostramos Nuestros Proyectos al Mundo”, que se realizará en la sede Legislativa, hoy a partir de las 09:30.
La asambleísta por la provincia de Imbabura y Coordinadora del Grupo Parlamentario, con el apoyo de UNICEF Ecuador trabajará para que los asambleístas cuenten con herramientas para el análisis de la inversión del presupuesto en materia de infancia. Como parte de la iniciativa se elaborarán insumos para importantes proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Nacional como el Código de Ciclo de Vida y la Ley de Sistema de Protección de Derechos.
Esta víspera el PLeno concluyó el primer debate de los libros preliminar, uno y dos y se proseguirá con el tratamiento de las propuestas que contienen los textos tres, cuatro y cinco; y, por último discutirán sobre los libros seis y siete, así como las diferentes disposiciones y glosario.
En el marco del primer derbate de los libros preliminar, uno y dos del Código del Ambiente se planteó la realización de una consulta prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para precautelar el respeto a los derechos colectivos.
La presidenta encargada de la sesión, Rosana Alvarado, cerró el debate de estos temas y suspendió la sesión para una próxima ocasión, en la que se proseguirá con el tratamiento de las propuestas que contienen los textos tres, cuatro y cinco; y, por último discutirán sobre los libros seis y siete, así como las diferentes disposiciones y glosario.
El asambleísta Gilberto Guamangate, argumentando que en el proyecto se topan derechos colectivos de las comunidades, solicitó se realice una consulta prelegislativa a lo largo y ancho del país, ya que es necesario incorporar las aspiraciones de los cantones y provincias, de manera particular comunidades indígenas que se sienten afectadas en sus derechos.
Señaló la necesidad de profundizar el tema de las áreas protegidas; revisar el artículo referente a las medidas restrictivas temporales o permanentes eficaces y oportunas destinadas a evitar o cesar la afectación ambiental.
Al igual que algunos de sus compañeros, se mostró opuesto a la creación de la Agencia de Regulación y Control del Ambiente, porque ya existe un ente rector que es el Ministerio, pero en el caso de que se apruebe se considere la participación de un representante de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, porque es allí donde se desarrollan las políticas ambientales.
Por su parte, Ricardo Moncayo propuso una revisión integral de la normativa y que a los municipios se les fije con mayor precisión su papel de control. A su parecer los temas de calentamiento global se deben tratar indistintamente con el de las mascotas. “Hay que priorizar el tema de la soberanía alimentaria, proporcionando y creando las condiciones para una buena alimentación de los ecuatorianos”, destacó.
Se debe articular el conjunto de institucionalidad, particularmente a los GAD con la sociedad civil y se cree una secretaría técnica que se encargue de articular la política pública en los distintos sectores, señaló Líder Olaya.
Fanny Uribe resaltó que los galapagueños tienen una alta conciencia de protección y conservación del ambiente, porque son parte de ese ecosistema, por tanto creen que en el verdadero desarrollo sustentable. Sostuvo que la normativa contiene algunas imprecisiones, como la tipificación de sanciones e infracciones provocando un conflicto de competencia entre la Agencia de Control y Regulación y la Dirección del Parque Nacional Galápagos.
Para el legislador Alberto Zambrano, la naturaleza es dinámica, por ello, la normativa en torno a ella deber ser igual. El Código es necesario para proveer un marco general unificado de toda la normativa ambiental, reiteró.
Isabel Mosquera habló del respeto a la cultura, a la identidad y visión política de los pueblos y solicitóque se mantengan las costumbres ancestrales, como los rodeos montubios y las peleas de gallos. Ricardo Zambrano solicitó que se cree un capítulo específico sobre la conservación de los humedales.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri, precisó que no se descarta la incorporación de los temas planteados en este primer debate. Además, que para la realización del informe para segundo debate recorrerán el país para recoger in situ las observaciones de los sectores involucrados en el tema.
Soledad Buendía recalcó la importancia del debate que enriquece el cuerpo legal y aclaró que el mismo no pretende eliminar tradiciones ancestrales, como el rodeo montubio y peleas de gallo. “Estamos buscando un cambio cultural necesario para construir una sociedad que no tenga violencia contra los animales”, señaló la legisladora.
Propuso agregar una disposición para la utilización de animales en procesos de investigación y educación; la creación de un registro público que incluya el censo de perros, gatos y otros animales, así como el registro de establecimientos con animales, registro de personas sancionadas por infracción de maltrato animal, entre otros aspectos.
Para César Umajinga, es necesario definir el traslado de mascotas en vehículos de transporte público. Verónica Guevara reiteró en la clasificación de animales de carga y oficios, como tiro, arrastre y equitación. Habló sobre el programa de areteo, del Magap, además el marcaje caliente.
Verónica Rodríguez, opinó que la fauna marina merece un capítulo especial en el Código del Ambiente; también se refirió a los recursos biológicos. A su criterio es importante que la fauna marina tenga un título importante dentro del libro dos del Código del Ambiente. Marisol Peñafiel sugirió que se tipifiquen los daños ambientales.
RSA/pv
Richard Martínez, presidente de la Cámara de la Industria y la Producción, en la Comisión de Desarrollo Económico, que analiza el proyecto económico urgente de inventivos, indicó que la alianza público-privada es positiva para el desarrollo del país, más aún cuando ha sido un pedido del sector empresarial desde hace varios años atrás.
Señaló que el Comité de Alianzas público-privadas debe conformarse con representantes del sector privado para que cumpla con eficiencia su papel de dictar los lineamientos o políticas públicas para el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas.
Conviene ampliar a otros sectores productivos los proyectos públicos para la provisión de servicios de interés general, ya que actualmente solo se considera la vialidad, infraestructura, portuaria y aeroportuarias, desarrollo urbano y vivienda de interés social, añadió, al precisar que se debe permitir a las empresas en marcha acogerse a los beneficios que estipula la ley
Recordó que la evolución de la inversión público privada ha ido variando, por ejemplo, en el año 2006 la inversión total, alcanzó los 10 mil millones de dólares, de los cuales el 80% era privada y el 20% pública; en el 2013 toma otro matiz, llega a 26 mil millones de dólares, pero su estructura cambia sustancialmente porque la inversión privada genera el 45% y el 55% recae en la inversión pública. Lo que es importante es que la inversión privada crezca a un ritmo mucho más dinámico que la inversión pública, porque esa es la forma de darle sostenibilidad a la inversión y a la formación bruta de capital fijo en el largo plazo.
Richard Martínez señaló que es necesario eliminar el límite a la deducibilidad de gastos por servicios administrativos entre empresas relacionadas, ya que la nueva sociedad que se constituya para aplicar los incentivos a las asociaciones público-privadas tendrá la deducibibilidad del 20% de gastos por servicios técnicos o administrativos con empresas relacionadas
Además, suigirió eliminar el gravamen a la circulación de capitales, tomando en cuenta que la nueva sociedad estará limitada por el impuesto a la ganancia en la transferencia de derechos representativos de capital, a pesar que se haya puesto un monto mínimo de transferencia no gravada.
En cambio, Juan Carlos Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, al referirse al impuesto del 2x1000 pidió que se clarifique si este impuesto está o no vigente, ya que genera inseguridad jurídica sobre todo para la inversión extranjera.
En materia de arbitraje, dijo que el período es muy corto en relación al plazo que se da a las partes para presentar documentos, contados los días desde que se hizo la resolución administrativa, por tanto, sugirió acogerse a las reglas de la Ley de Arbitraje y los reglamentos.
JLVN/pv
Durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, enfatizó que el proyecto de Ley de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera se inserta en la planificación plurianual del gobierno. También dijo que con esta ley se profundizarán esas relaciones, pero además hizo hincapié en los beneficios que traerá a nivel macro.
Explicó que el Ejecutivo ha trabajado con estos sectores de manera permanente, mediante instrumentos jurídicos que han permitido esas asociaciones como el Código Orgánico de la Producción, los decretos 811 y 582 y leyes sectoriales. Manifestó que con el proyecto se profundizarán esas relaciones.
En cambio, sobre los beneficios macro que traerá esta iniciativa, acotó que la misma permitirá mayor flujo de capital y financiamiento. Señaló que estos factores ayudarán a preservar otros agregados macro que podrían verse afectados por una cantidad de shoks que han afectado a la economía nacional.
Rivera explicó que, en este año, el régimen ha debido enfrentar varios impactos ya planificados: el pico de inversiones en sectores estratégicos; el pago de bonos global, que se realizará en diciembre; y, el desembolso para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Si estos tres elementos configuraban un año complejo, la coyuntura nacional e internacional hizo que se haga más compleja la situación, añadió.
Precisamente, dentro de los hechos que incidieron en la economía del país nombró la caída de precios de materias primas, entre ellas del crudo que se desplomó hasta en un 50%; la apreciación del dólar; la caída de bolsas chinas, que provocó menor capacidad de compra por parte de ese país; campañas de desprestigio y desinformación, que causó malestar y preocupación; el fenómeno del Niño; y, la situación del Cotopaxi.
El ministro explicó que para que exista liquidez económica se requiere que los dólares que ingresen al país sean mayores o iguales a los que salen. En esa medida y para contrarrestar los shoks descritos dijo que el gobierno ha implementado un conjunto de decisiones como la lucha contra el contrabando; el establecimiento de principios de estabilidad tributaria para grandes empresas; la optimización de gastos de unos 2 mil 200 millones de dólares; programas de sustitución de importaciones; regulaciones a nivel de reaseguros; salvaguardias; entre otras acciones que ayuden a defender la liquidez.
En este marco destacó que la propuesta del Ejecutivo, busca seguir con la planificación, que, al mismo tiempo, será beneficioso dentro de la coyuntura nacional e internacional.
LM/pv
Dinamizar la economía a través de la atracción de inversión extranjera o nacional es el principal eje de esta normativa, dijo Nathalie Cely, criterio que antes ya lo había advertido la presidenta de la comisión, Lídice Larrea, quien además enfatizó en la consecuente creación de fuentes de empleo.
Los otros objetivos apuntan a incrementar la liquidez y competitividad de las empresas, a través de exenciones de Impuesto a la Renta (IR); del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD; del fomento de transacciones en mercado de valores; y, de la reducción de costos de transacción generados por excesivos trámites, entre otras medidas. Así mismo, busca incrementar la eficiencia de las empresas públicas, con la generación de nuevos instrumentos de asociación pública-privada.
La ministra explicó que la ley aplica a proyectos públicos ejecutados a través asociaciones público-privadas, pero aclaró que prohíbe la participación de cualquier empresa cuando haya conflicto de intereses. Estas alianzas podrán aplicar a la construcción, operación, equipamiento y mantenimiento de una obra pública nueva, así como de una existente, cuando ésta lo requiera en cualquiera de esos ámbitos. También estarán facultados para la construcción y comercialización de viviendas de interés social; en desarrollo urbano; en actividades productivas; y, de investigación.
No obstante, expuso que se creará un Comité Interinstitucional, que, entre otras acciones, calificará los proyectos prioritarios y determinará qué beneficios tributarios son aplicables o no. La evaluación, estructuración y ejecución de los mismos se lo hará de acuerdo con la sostenibilidad fiscal, la distribución adecuada de riesgos, el respeto a los intereses y derechos de los usuarios, los derechos de propiedad, así como la garantía e inclusión social. Manifestó que para la aplicación de estas normativas se garantiza estabilidad jurídica y solución de controversias.
El objetivo es mostrar a la ciudadanía, especialmente a la niñez y adolescencia, el compromiso de los legisladores a erradicar la violencia en las niñas, el trabajo doméstico, así como garantizar su permanencia en las escuelas y comprometernos a establecer políticas públicas que aseguren la equidad y la igualdad en las mujeres desde la infancia.
Este encuentro se desarrollará en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Niña, que se celebra este 11 de octubre. Cuenta con el auspicio del Consejo Nacional para la Igualdad de Género; la agrupación Por ser Niña; y, el Plan Internacional.
Previamente, a las 8:30, los organizadores del evento, brindarán una rueda de prensa
En esta actividad se establecerán mesas de trabajo donde se abordarán las cuatro barreras: acceso a una educación de calidad, violencia, embarazo adolescente, y trabajo infantil doméstico. Además se trabajarán temas sobre movilidad humana y lucha contra la pobreza. Estas mesas serán moderadas por asambleístas del Grupo Parlamentario y recogerán las dudas y propuestas de niñas y adolescentes que asistirán al evento.
Marisol Peñafiel recordó que en el año 2013 la Asamblea Nacional declaró al 11 de octubre como el Día Nacional de la Niña, con el objetivo que el Estado y la ciudadanía se comprometan a erradicar la violencia en niñas, a garantizar el acceso y permanencia en las escuelas, a terminar con el trabajo infantil doméstico y a reducir el número de embarazos adolescentes.
Expresó que estas barreras que impiden a las niñas alcanzar sus metas son temas que tanto la legislación como la política pública deben tenerlos en cuenta para garantizar la equidad y la igualdad en las mujeres desde la infancia.
La legisladora, explicó que el origen de la conmemoración del 11 de octubre tiene un carácter internacional, pues la organización no gubernamental, Plan Internacional, fue la que propuso ante las Naciones Unidas en el año 2011 que se celebre el ‘Día Internacional de la Niña’. A través de la Resolución 66/170, que incluye elementos de la ‘Convención sobre los Derechos del Niño’, la ‘Convención sobre la eliminación todas las formas de discriminación contra la mujer’ y la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’, se pretende lograr el empoderamiento de las niñas, mayor inversión de los Estados en ellas para la erradicación de la pobreza, su participación en la toma de decisiones, la lucha contra la discriminación y la violencia, el acceso y permanencia en la educación entre otros.
La presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, en el barrio Lucha de los Pobres, al sur de Quito, sirvió para que realice una invitación directa a los pobladores de este sector para que participen en el II Foro Parlamentario Beijing + 20. El evento se realizará el 17 y 18 de septiembre en Quito, en el Palacio Legislativo.
Los desafíos y los retos que aún deben ser superados en cada territorio del continente para alcanzar la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres serán el eje que ocupará la discusión del Foro. En este marco, Gabriela Rivadeneira hizo un llamado a los ciudadanos para que se acerquen a las conferencias magistrales que se realizarán la tarde del jueves 18, a partir de las 15:00.
Según la agenda de este evento el jueves empieza con el registro de los delegados y participantes, mientras que de 10:00 a 12:30 se discutirán y aprobarán las reglas generales del foro. En ese lapso también se efectuarán encuentros entre la sociedad civil y los parlamentarios de todo el continente, en el Salón de los Expresidentes, en la sede legislativa.
La ceremonia inaugural se realizará en el Salón Plenario de la Legislatura desde las 14:00. Aquí participarán Moni Pizani, representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres; la senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas; y, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional.
En tanto, a partir de las 15:00 se desarrollarán tres conferencias magistrales. En ellas se analizarán temáticas relacionadas a mujeres y economía, desde la sostenibilidad de la vida; el poder de los medios de comunicación en la igualdad de género; y, la niña, igualdad en derechos y oportunidades. Estas disertaciones, en las que también habrá un foro de preguntas, se efectuarán en el Salón del Pleno Nela Martínez.
Al día siguiente, el 18 de septiembre, habrá actividades de discusión de las mesas sobre los mismos temas de las conferencias magistrales. Se desarrollará en el Salón de Comisiones Oeste, de la Asamblea Nacional. Posteriormente, se redactarán los puntos de resolución para presentarse en la discusión del foro general y luego se aprobará la resolución final del evento.
La presentación de los resultados finales de los grupos de trabajo será a las 16:00, en el Salón José Mejía Lequerica. En este mismo lugar será la clausura, programada para las 17:30.
LM/pv
