Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Francisco Bustamante, estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas, expresó que han solicitado peticiones internas de información, pero no han tenido respuesta de las autoridades. Sin embargo, dijo que es de conocimiento que en la Universidad existió una ejecución presupuestaria del menos del 40% en el 2014, que conllevó a devolver el dinero y se reduzcan las cifras en favor de la entidad para el 2015.
Bustamante aseveró que se encuentran preocupados que este año vuelva a suceder una subejecución presupuestaria, más aún cuando la institución tiene déficit de laboratorios, maestros, infraestructura, entre otras necesidades. También hizo referencia a otras supuestas anomalías, como la presunta ilegal conformación del Consejo Universitario, causando que los estudiantes se queden sin representación en el cogobierno universitario.
Entre otras supuestas irregularidades hizo referencia a la designación de personal docente y administrativo sin que cumplan los mínimos requisitos y perfiles estipulados en la ley; la designación de autoridades académicas también con inobservancia al artículo 54 de la Ley de Educación Superior; e, irregularidades en los concursos de méritos y oposición convocados en octubre de 2014.
De igual manera, denunció alteraciones en el proceso de exámenes complexivos, sobre todo en la cadena de custodia; así como cobros ilícitos en la adquisición de derechos de grado, valores en el centro de idiomas y en otros trámites. No es justo que mientras se promueva la gratuidad en la educación, en el interior de la universidad nos cobren valores exorbitantes, enfatizó.
Al pedido de fiscalización también acudieron otros estudiantes de varias facultades, entre ellos Edwin Rosales, de Turismo. Él dijo pidió que se generen procesos de transparencia y que la Asamblea les ayude a resolver esos problemas. En tanto que Xavier Campaña, de Economía, hizo un llamado a la comunidad universitaria a denunciar casos de irregularidad.
La Asamblea Nacional rindió homenaje póstumo a Jonathan David Nasimba, de 19 años de edad y Jonathan Paúl Dionicio Vásquez, de 20, quienes fallecieron esta víspera cuando participaban en las tareas para sofocar el incendio forestal en el sector Mangahuanta, en Puembo, al oriente de Quito.
Al iniciar la sesión No. 345 del Pleno, los asambleístas guardaron un minuto de silencio en homenaje a estos dos jóvenes que formaban parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad Quito que perdieron su vida en el cumplimiento de su deber.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presentó públicamente su solidaridad a los familiares de Jonathan David Nasimba y Jonathan Paúl Dionicio Vásquez.
PV
Marisol Peñafiel, asambleísta por Imbabura, añadió que la situación que vive el país, no es producto de las decisiones de la política económica adoptada por el Gobierno Nacional, ni de la implementación de las salvaguardias.
La producción nacional si puede solventar las necesidades del país, y se debe impulsar el comercio en las provincias de Ecuador, dijo Marisol.
Para los transportistas, la asambleísta mencionó que la empresa nacional tiene la capacidad para abastecer al consumo local en llantas.
Hoy se realiza un estudio técnico por parte del Estado ecuatoriano para verificar qué salvaguardias tienen que reducirse para beneficiar al sector comercial y empresarial.
El Ministerio de la Producción estableció alrededor de ocho políticas concretas para impulsar el desarrollo comercial en el país, tal como orientar las zonas de desarrollo a las áreas geográficas productivas del país en función de estrategias, añadió Peñafiel.
Marisol Peñafiel, asambleísta de Imbabura (PAIS), manifestó que la situación de la provincia no es la del Carchi, por lo que no se la podría cobijar con el mismo tratamiento. “Las respuestas no son al azar. Deben tener su respaldo técnico, por lo que todos los ministerios que tienen que ver (con el tema económico) son los llamado a tomar decisiones. Habrá algunos mecanismos que se han tomado en Carchi que podrán aplicarse”, pero que habrá que analizarlo, dijo.
Fue enfática en destacar que la situación no es por el manejo económico en el país, sino por factores exógenos. “No es producto de las salvaguardias. Solo quien es un antipatria puede concebir que la producción nacional no puede solventar las necesidades del país”
Agregó que el Gobierno está realizando un estudio técnico respecto a los productos que se incluyen en las salvaguardias para decidir si es posible que algunos salgan de esa lista.
A estos criterios se sumaron Diego García, gobernador de Imbabura; y Richard Calderón, también asambleísta oficialista por la provincia. García anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión técnica en Ibarra con las instituciones del Estado inmersos en el tema, para también buscar soluciones. (RE)
Afectados
Para Esmeralda Cadena, comerciante de Ibarra, “el problema de la baja de las ventas empezó cuando se anunció el tema de las salvaguardias, porque creó miedo en los clientes y dejaron de entrar a comprar. Eso generó baja de ventas, reducción de personal en los pequeños y medianos emprendimientos o comercios”.
“Para qué me voy a comprar productos en Colombia –dice Cadena- si sé que no voy a vender. Vienen a mi almacén a comprar un interior y me preguntan cuánto cuesta. Respondo que 5 dólares y me dicen que muy caro, que en Ipiales está a 2”.
En el primer tema, la ley aprobada propone sancionar con pena privativa de libertad de 30 a 180 días a la persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan y que ocasione un accidente de tránsito con daños materiales. El razonamiento que hace el Ejecutivo es que en este artículo se hace distinción de sanciones sobre la base el costo de la reparación de los daños, sin un principio de proporcionalidad.
Así, si la tarifa de reparación es mayor a dos salarios básicos unificados del trabajador, la sanción será en la misma proporción, es decir, 708 dólares, tomando en cuenta que la remuneración básica unificada en el Ecuador es de 354. En este caso la reducción de los puntos en la licencia de conducir será de seis. En cambio, si el costo excede los seis sueldos básicos unificados la sanción es de cuatro mensualidades básicas (1.416) y la reducción de nueve puntos.
En la objeción el mandatario sostiene que no es viable determinar una misma pena para todos los casos en los que se produzcan daños materiales, sin distinción del costo de reparación. Argumenta que, en este caso, se podría incluso causar destrucción material cuyo monto de reparación no exceda ni un dólar y el juzgador tendrá que imponer la sanción propuesta en esta norma.
Además, propone cambios en el artículo 6, en el que se agregue después del cuarto párrafo del artículo 380 otro que diga que si la persona se encontrase en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan, se impondrá la pena establecida para cada caso, aumentada en un tercio y pena privativa de libertad de 30 a 45 días.
La reforma se refiere a la nueva clasificación del escalafón docente en siete categorías; el reconocimiento de la carrera educativa al personal docente con nombramiento que labore en establecimientos fiscales o fiscomisionales en cualquiera de sus funciones, modalidades o niveles. Para ingresar a la carrera educativa pública deberán contar con un título de cuarto nivel en ciencias de la educación y quienes no lo posean deberán obtenerla en un plazo máximo de tres años y quienes tengan título de técnico o tecnólogo deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente, ello con el fin de mejorar la calidad de la educación.
PV
Los ex diputados Segundo Serrano, Luis Villacís, Antonio Posso -quien actualmente es Asambleísta por la Provincia de Imbabura por AVANZA- presentaron un juicio político en contra de los entonces vocales del Tribunal Constitucional en el año 2003, el cual llevo a la destitución de Miguel Camba, Oswaldo Cevallos, Luis Rojas, Manuel Jaramillo, Jaime Nogales y Simón Zabala aduciendo que fueron elegidos ilegalmente.
La votación del 1 de diciembre de 2004 certifica que no se aprobaron las mociones para cesar en sus funciones a los vocales del Tribunal Constitucional pero el ex Presidente Lucio Gutiérrez llama a sesión extraordinaria para que el Congreso vuelva a sesionar sobre el mismo tema sin convocar a los vocales del Tribunal.
Los vocales cesados presentaron amparos constitucionales que fueron bloqueados por los nuevos miembros de la Corte Constitucional y la administración de Justicia de ese entonces, por lo que los ex vocales presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su caso, como un acto inconstitucional por parte del ex Congreso, en tanto el legislativo no tenía competencia para tomar la decisión de cesar a los vocales y ellos nunca pudieron contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la Defensa.
Varias irregularidades se presentaron como las causas de la censura de los vocales, en las que no constaban en el orden del día y fueron propuestas en el transcurso de la sesión del pleno, además la convocatoria a esa sesión fue hecha por el Presidente de la República cuando en ese momento el ex Congreso aún no estaba en receso y por tanto el ex Presidente Lucio Gutiérrez no podía convocar al Legislativo. Finalmente el mismo día de la censura a los ex vocales se nombraron a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
Estos hechos en el año 2003 y 2004 desestabilizaron al Sistema de Justicia ecuatoriano y llevaron a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione al Estado con el pago de 2'222.822,29 por las actuaciones contra Derechos Humanos que provocaron los ex diputados y el ex Presidente Lucio Gutiérrez, que fue pagado en este gobierno el 19 de mayo de 2014.
“La Comisión de Justicia entregará un informe con la información sobre la participación directa de los ex diputados y sus actuaciones en 2003” señaló la Asambleísta Marisol Peñafiel. Este informe se dará a conocer al Pleno de la Asamblea Nacional.
Las principales reformas es la nueva clasificación del escalafón docente en siete categorías, además el reconocimiento de la carrera educativa al persona docente con nombramiento que labore en establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales en cualquier a de sus funciones, modalidades o niveles. Otra reforma es que los docentes para ingresar a la carrera educativa pública deberán contar con un título de cuarto nivel en ciencias de la educación y quienes no las posean deberán obtenerla en un plazo máximo de tres años. Por otro lado quienes tengan título de técnico o tecnólogo deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente
Sobre el horario a cumplir se realizarán seis horas en la institución educativa de manera obligatoria y dos horas de investigación, capacitación, preparación que pueden hacerlo dentro o fuera de la institución . Si la unidad educativa lo requiere podrán realizarse las 8 horas previa aprobación del Nivel Zonal Intercultural Bilingüe correspondiente.
En una disposición generales se determina que la Autoridad Educativa Nacional garantizará que las instituciones educativas privadas cancelen a su personal docente un sueldo no menor al salario mínimo legal y los beneficios de ley que les corresponda.
Una disposición transitoria reformada clarifica que los bachilleres que se encuentren en la carrera docente pública deberán obtener un título de tercer nivel o del nivel técnico tecnológico en Ciencias de la educación hasta el 31 de diciembre de 2020 y con ello su nombramiento definitivo en la categoría G, esto se aplica a la lista de elegibles.
El objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la educación, así como de las condiciones salariales del personal docente, incluso de la actualización de contenidos de material para escuelas públicas y fiscomisionales que deberán ser revisadas al menos cada tres años.
La Asambleísta Marisol Peñafiel declaró que esta reforma tiene como aportes observaciones realizadas desde el Grupo Parlamentario por la garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que quienes no posean formación especializada en pedagogía sean capacitados obligatoria y gratuitamente por el Estado.
A través de esta demanda se ejercerá el derecho de repetición en contra de los responsables del acto, tal cual dispone el artículo 11, numeral 9, de la Constitución, dijo, tras opinar que dichas resoluciones de destitución, adoptadas por el viejo Congreso, fueron ilegales, arbitrarias y abusivas. Es fundamental que el Estado recupere 12 millones de un total de 15 millones de dólares que tiene que cancelar por indemnización a magistrados y jueces, agregó.
Mencionó que la sentencia de la Corte Interamericana condenó al Estado ecuatoriano a indemnizar con la cantidad de dos millones 222 mil 822 dólares con 29 centavos, a favor de los exjueces del Tribunal de Garantías, mientras a los exministros de la Corte Suprema, ordenó pagar 12 millones 353 mil 709 dólares con 39 centavos, de los cuales se ha cancelado más de 8 millones y el saldo se tiene que desembolsar en abril de 2016.
Insistió que la comisión ha requerido a la Secretaría General de la Asamblea las actas, videos, las convocatorias a las sesiones extraordinarias que formuló el exmandatario Lucio Gutiérrez, para determinar quiénes son los que aprobaron esas dos resoluciones, es decir, clarificar sus identidades. Así, la justicia establecerá el valor que le toca pagar a cada uno de los exdiputados, sin perjuicio de que, incluso, la deuda se pueda extender a los hijos, familia y herederos.
