Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Darío Robinzon fue electo como presidente del Consejo Consultivo Nacional de Juventud y Alcides Ramón fue electo como presidente del Consejo Consultivo Nacional de personas Adultas Mayores. El acto de posesion se realizó en la Asamblea Nacional. Marisol Peñafiel asambleísta dio la bienvenida y los mejores deseos a los nuevos y primeros consejos consultivos nacionales de juventud y adultos mayores conformados en el país. Además comprometió su apoyo y trabajo.
La presidenta de ASECOPAC, Omaria Moscoso, pidió se les dé la oportunidad de convertirse en gestores culturales y pilar en el desarrollo de la industria cultural nacional naciente, para lo que propuso crear licencias obligatorias para la actividad de comerciantes de productos audiovisuales.
Aseveró que su gremio desde hace varios años enfrenta un problema social y de manera injusta se les ha calificado de “piratas”, pues han ejercido su trabajo sin pensar hacer daño o perjudicar a nadie, porque desconocían el tema de propiedad intelectual.
Aseveró que durante 40 años los comerciantes han sido víctimas de extorsión, chantaje y de estigmatización con el nombre de piratas, sin tener solución, hasta que se puso en marcha el proceso de regularización y legalización de sector audiovisual.
Vigencia de derechos conexos por 70 años
A su vez, Héctor Jaramillo, representante de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador (Sarime), solicitó que en los artículos 213 y 217 del proyecto de Código Ingenios se disponga que la vigencia de los derechos conexos de los artistas y los productores musicales sea de 70 años como determina la Ley de Propiedad Intelectual y no de 50 años, argumentando que este pedido guarda concordancia con el derecho consagrado en el artículo 22 de la Constitución.
También pidió eliminar el inciso segundo del artículo 107 relacionado con la protección de los derechos conexos de los autores porque ya están reconocidos por la interpretación y grabación de las obras musicales.
Explicó que los derechos de los autores son independientes a los de artistas, intérpretes y los productores.
Código de vital importancia para industria
El Código de Ingenios, es la puerta abierta para los luchadores de la vida, la oportunidad convertida en ley, para incentivar los conocimientos de los jóvenes emprendedores del país, enfatizó Juan Palacios, bachiller del Colegio Eugenio Espejo, de Loja y uno de los 4 miembros de Conéctate al Aire, en el marco del primer debate del proyecto de Código INGENIOS.
Hay que apostar por el talento ecuatoriano, por esos recursos infinitos, como son el ingenio y la innovación, enfatizó, al señalar que el poder está en las manos del emprendedor, del investigador, del innovador y se mostró contrario a la concentración del conocimiento, en pocos países, llamados del primer mundo.
Conéctate al Aire, es una empresa dedicada a la transmisión de electricidad inalámbrica, apoyada por el centro de emprendimiento Prendo de la Universidad Técnica Particular de Loja.
Código permitirá escalafonar a los investigadores
Ana Lucía Ruano, representante del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, afirmó que el Código de Ingenios permitirá normar y escalafonar a los investigadores de acuerdo con su actividad y producción; crea la carrera de investigación científica, el órgano nacional de bioética y genera espacios destinados a la investigación.
La médica infectóloga, especializada en enfermedades que se generan en población carente de servicios básicos, compartió las experiencias del grupo de investigadores a los que representa, soñadores de un mañana mejor, basadas en el conocimiento, en el trabajo y en fomentar una ciencia basada en evidencia, a la vez que llamó a aprobar el Código.
Las mujeres en las ciencias es un tema que no se está desarrollando adecuadamente en este código integral, a penas se hace referencia a la igualdad de género 4 veces en el texto presentado por la Comisión, lo cual llamo a sus integrantes a debatir que no es suficiente con nombrar que se realizarán políticas “inclusivas” de género. Necesitamos hablar sobre el fomento, acceso a financiamiento, entornos favorables, la no violencia, la lucha contra la discriminación.
Significa que los roles de género sean eliminados, que dejemos de formar princesas para formar más mujeres que quieran estudiar el espacio, que se dediquen a las ingenierías, que sean expertas en la defensa de los derechos del conocimiento. Es decir queremos mujeres en igualdad de condiciones de SER Y ESTAR en las ciencias, todas las ciencias, no solo las artes, la cultura, la agricultura, que son espacios que se corresponden a los roles tradicionales, sino mujeres que apunten a las estrellas para alcanzar en inicio la Luna.
Señores asambleístas, espero compartan mi sentir, sobre todo cuando en esta asamblea somos muchas las mujeres que tenemos una representación del país en la curúl. En el artículo 4 del informe constan los principios con los que se rige el código y se señala en el numeral 15 que el Estado propiciará un entorno para la expansión y fortalecimiento de las actividades artísticas, culturales con enfoque de igualdad de género. Sin embargo yo propongo a la comisión que efecitivamente fortalezcamos las actividades en el ámbito de “las culturas”, pero también de las “ciencias” y que diga otro numeral claramente en estos principios:
“El Estado tendrá como prioridad un entorno de igualdad de género para el desarrollo de las ciencias, la innovación, la creación y creatividad; dando énfasis en que las mujeres accedan a incentivos para inversión de I+D, acceso a financiamiento de emprendimientos propiciados por mujeres y se articulen a la gestión del conocimiento.”
La catedrática manifestó que existen normas anacrónicas en cuanto al tratamiento de los animales desde el enfoque civil, que pertenecen al siglo XIX, que, hoy por hoy, resultan incluso conflictivas porque a los animales se los considera como bienes semovientes.
Calificó de positiva la iniciativa que tramita la Asamblea Nacional orientada a reconocer a los animales ya no como cosas sino como seres sensibles, por tanto, las relaciones jurídicas entre seres humanos y animales cambiarán sustancial y significativamente en diversos aspectos, al precisar que los temas de responsabilidad y de la propiedad son los que generan mayor tensión.
Sin embargo, se mostró partidaria de definir una ley específica de bienestar animal, más allá que la propuesta legislativa de reforma al Código Civil sería el antecedente para romper esta idea y el concepto de cosificación frente a los animales, lo que genera injusticias, maltratos, etc.
Expresó que no es muy prudente incluir en las normas ambientales el bienestar animal, tomando en cuenta que actualmente hay un debate respecto a que la tutela en el enfoque del bienestar animal no puede mantenerse desde el ámbito de la biodiversidad, que es propia del derecho ambiental y de la regulación normativa ambiental.
El proyecto tiene por objetivo normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y su articulación, principalmente, con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con el fin de generar un marco legal en el que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación.
El código genera instrumentos para promover un modelo económico que democratice la producción, transmisión y apropiación del conocimiento como bien de interés público, garantizando así la acumulación y redistribución de la riqueza de modo justo, sostenible y en armonía con la naturaleza.
Además, promueve el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación y la creatividad para satisfacer necesidades y efectivizar el ejercicio de derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza; incentivar la producción del conocimiento de una manera democrática colaborativa y solidaria, entre otros aspectos.
El proyecto constituye un instrumento normativo que pretende modificar radicalmente los paradigmas existentes en la generación, a través de la implementación de reglas jurídicas que viabilicen relaciones justas entre los diversos actores sociales, así como condiciones necesarias para el acceso equilibrado a los beneficios de este bien para lograr el mayor grado posible de satisfacción de necesidades y el ejercicio pleno de derechos de las personas y la naturaleza
El cuerpo legal tiene 567 artículos, está conformado de cuatro libros, disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias y finales.
JLVN/pv
La asambleísta Marisol Peñafiel Montesdeoca, coordinadora del Grupo Parlamentario informó, que será la Comisión de Régimen Económico y Tributario, la que convoque a este importante acto en el que se tratará la importancia de la inversión social en materia de infancia y género en la proforma presupuestaria 2016. Para tal efecto, dijo, se busca la participación activa de asambleístas, instituciones de la Función Ejecutiva, organizaciones sociales y periodistas.
La legisladora reiteró que los equipos de la Presidencia de la Comisión de Régimen Económico, Unicef y del Grupo Parlamentario, ultiman detalles para una gran convocatoria ciudadana en la que se socialice de, manera didáctica, el funcionamiento de la proforma y de los clasificadores de gasto e inversión en materia de niñez y adolescencia.
Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico apoya el trabajo sobre la transversalización del enfoque de género y generacional y lidera el análisis de la inversión social en la ejecución presupuestaria, intentando que existan mayores y mejores mecanismos de seguimiento y evaluación con metodologías importantes como las de los clasificadores de gastos que viven usándose en el Ecuador desde varios años.
En respuesta a las inquietudes de los asambleístas Fausto Cayambe, Marisol Peñafiel y Rosana Alvarado, la antropóloga e investigadora mexicana, Marcela Lagarde, indicó que la institucionalidad de políticas ha sido un avance notorio para lograr la equidad; sin embargo, destacó la importancia de destinar un presupuesto para desarrollar los proyectos de acceso a los derechos.
Por su parte, Marcela Lagarde manifestó que en México la tipificación del femicidio es una parte de la solución del problema; no obstante, no detiene los crímenes, por lo que destacó la necesidad de realizar acciones integrales con perspectiva de género para cambiar esta realidad.
Reiteró que se requieren transformaciones estructurales para implementar políticas y desarrollar mecanismos que permitan erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres, disminuir la violencia, cambiar las relaciones de convivencia social y hacer reformas que permitan generar la igualdad para que los hombres no continúen monopolizando los poderes económicos, laborales, de distribución de la riqueza, entre otros.
Cuando observamos que no era suficiente penalizar el delito, se construyó una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se reconoce sus derechos humanos. No se trata de una ley persecutoria, es una ley que crea una política para construir la igualdad, aseveró.
Además, explicó que al mismo tiempo se aprobó una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, sin la que no se podría generar políticas de Estado para enfrentar la violencia y las desigualdades y puede ser parte de la agenda social y política para enfrentar todos los tipos de discriminación.
Destacó que la aprobación de la Ley de Víctimas, como mecanismo de identificación, permitió reconocer alrededor de 30 mil víctimas en el primer día que se abrió la oficina generada por la ley, que adicionalmente dará reparación, atención y todo lo legalmente conducente. La normativa incluye políticas de prevención, atención, persecución de delito, sanción y erradicación de la violencia
lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria, la malnutrición es un problema político y no solamente técnico o de recursos, por ello el trabajo legislativo es clave para situar este tema en el más alto nivel de las agendas políticas. Solo así es posible lograr que se establezca un marco institucional eficaz para los países de la región.
Nadie dijo que es fácil luchar contra el hambre, más aún cuando la alimentación constituye un negocio que es acaparado por un pequeño grupo de empresarios que controla el 88% del mercado de alimentos, expresó la parlamentaria en el marco del foro “la alimentación no es un negocio”.
Señaló que los frentes parlamentarios contra el hambre cumplen un papel esencial como es aglutinar los esfuerzos de los parlamentarios de asambleas legislativas regionales, subregionales, nacionales y locales, y vincularlos con la sociedad civil, pues unir fuerzas permite promover de manera más eficaz marcos legales que faciliten la realización del derecho a la alimentación, además, genera un intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias nacionales y regionales.
Igualmente, permite desarrollar medios legales e institucionales con recursos humanos y presupuestarios acordes. Este objetivo incluye el trabajo en materias ligadas a la soberanía alimentaria, como la agricultura familiar, la agroecología, la alimentación escolar, educación alimentaria y las políticas de protección social.
