Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Más de un centenar de personas se dieron cita al Consejo Nacional Electoral de Imbabura para participar en la audiencia provincial sobre el proceso de consulta prelegislativa relacionado con el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Este es el octavo encuentro que realizó la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea con las organizaciones campesinas y gremios vinculados a la producción agrícola, para socializar la iniciativa legal y recoger los criterios de estos sectores.
Este es un espacio en el que pueden participar todos. Es importante que las personas nos hagan saber sus inquietudes y planteamientos, a fin de, mediante esta Ley, garantizar los derechos colectivos de las comunidades, comunas, nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias ”, dijo Miguel Carvajal, presidente de la Comisión Legislativa.
Carvajal explicó que el texto jurídico busca garantizar la redistribución de la tierra productiva, para que los campesinos que no posean o tengan tierra de mala calidad puedan acceder a ella, así como a créditos e incentivos para la producción. Dijo que para ello la norma establece la creación de un Fondo Nacional de Tierras, el mismo que deberá prestar todas las facilidades necesarias al agricultor para que produzca.
Este cuerpo legal también pretende simplificar los trámites administrativos para que los campesinos que poseen tierras productivas puedan obtener una adjudicación y el título de propiedad de maneja ágil, manifestó.
Explicó que el proyecto regula mediante titulación el reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad colectiva de las tierras y territorios en posesión ancestral y se establecen procedimientos y formas de resolver conflictos.
Así mismo, Carvajal aclaró que para proteger la agricultura familiar y la ligada al sector de la economía popular y solidaria no se afectará por ninguna causa a propiedades que tengan menos de 25 hectáreas en la Sierra, 75 en la Costa y 100 en la Amazonía.
El proyecto permite garantizar la soberanía alimentaria en el Ecuador manifestó el asambleísta, tras aclarar que el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria significa que quien posee tierra rural con aptitud productiva está en la obligación de dedicarla a producir eficientemente y no mantenerla sin cultivarla para especular con el precio.
Sobre el cumplimiento de la función ambiental enfatizó que la tierra rural debe estar dedicada a la producción amigable con el ambiente o a la conservación de páramos, protección de bosques u otra actividad en beneficio del ambiente. El incumplimiento de la función social y de la función ambiental será causal para afectar la propiedad de la tierra, afirmó.
El artículo 57 numeral 17 de la Constitución de la República garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos a “ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquier de sus derechos colectivos”.
LM/pv
A criterio de la asambleísta Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, manifestó que las reformas al Código Civil constituyen un avance significativo y sustancial en la legislación ecuatoriana.
Comentó que actualmente para el reconocimiento de un hijo se requiere incluso la presentación de tres testigos, mientras hoy el proyecto determina que la única prueba fehaciente y científica sea de ADN.
Además, el Pleno de la Asamblea Nacional ha reconocido la unión de hecho de personas y no hemos, de ninguna manera, legitimado el matrimonio de personas del mismo sexo, también que el manejo de la sociedad conyugal o de bienes es de dos, por tanto, se elimina la potestad unilateral del varón. Entonces, en el momento de contraer matrimonio, en la partida de legalización del mismo, se establecerá voluntariamente un acuerdo sobre quien administra la sociedad conyugal de bienes, agregó.
La representante de la provincia de Imbabura se mostro partidaria de trabajar en un nuevo Código Civil que hable de qué modelo de Estado queremos, al precisar que el concepto de herencia surge del principio de cómo el monarca protege su legado para dejar a otros, el derecho romano es la herencia que tenemos.
Hay otras instituciones, continuó, que necesitan ser renovadas referentes al patrimonio, la tenencia, la propiedad. Es indispensable definir el debate en cuanto al modelo que concentra y acumula riqueza o uno que garantiza derechos.
La edad de 18 años para contraer matrimonio es consolidar la garantía de derechos de las niñas a decidir y, lo que es más, para no frenar o truncar un proyecto de vida, recogiendo para el efecto sugerencias y observaciones de organismos internacionales, precisó.
MG/pv
Hoy en la Plaza Grande, compartiendo y celebrando el encuentro de un pueblo que defiende su Revolución. Seguimos haciendo el país que soñamos, un país de paz y equidad, un total apoyo a este Gobierno y a la revolución que trabaja por l@s más pobres. Hasta la Victoria Siempre.
En la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional representantes de varias organizaciones sociales se dieron cita para dar su respaldo al trabajo de la Asamblea Nacional. A una sola voz “el pueblo unido, jamás será vencido”, representantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la Unión Nacional de Taxi Ejecutivo Comercial (Unatec), de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinos del Ecuador (FEI) y la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (Fenacle) respaldaron a la Asamblea Nacional por el trabajo legislativo que vienen realizando los parlamentarios en beneficio de los sectores sociales excluidos.
En estos momentos la asambleísta Marisol Peñafiel Montesdeoca, en la provincia de Imbabura, informando sobre la Ley de Herencias Proyecto de Ley Orgánica para la Distribución de la Riqueza.
La legisladora indicó que la democracia se construye a través de la participación directa de la ciudadanía.
Ante el pedido de la Comisión de Fiscalización, el Contralor General del Estado, Carlos Pólit, informó los resultados de la “declaratoria de emergencia de fiscalización” en ocho entidades de la administración central, nueve gobiernos autónomos descentralizados (Gads), uno del sector financiero, tres empresas públicas y cinco entidades autónomas de la provincia de Esmeraldas.
De acuerdo con el Contralor, las auditorías determinaron 351 responsabilidades administrativas: 308 multas y 43 destituciones, por un monto de 776 mil 898 dólares. También estableció 1.219 responsabilidades civiles, por 10 millones 914 mil 148 dólares, así como 103 indicios de responsabilidad penal por 27 millones 229 mil 995 dólares. El total de recursos examinados llegan a 662 millones 677 mil 903 mil dólares.
Después de escuchar una extensa explicación, los asambleístas expresaron su preocupación sobre los estados en los que se encuentran los procesos en las diferentes instancias estatales, luego de la generación de los resultados, sobre todo porque el Contralor reveló que, por ejemplo, miles de casos de sanciones civiles, por 455 millones de dólares a nivel nacional, se encuentran represados en varios tribunales contenciosos administrativos y que la recuperación por glosas se encuentran entre un 3 o 4 %.
Precisamente, según la exposición de Pólit, sobre las auditorías realizadas en Esmeraldas, la mayor cantidad de responsabilidades son civiles: en los Gads es del 64%, en la administración central es del 67% y en las entidades autónomas es del 87%
Por esta razón, a fin de hacer un seguimiento exhaustivo y precautelar los recursos de los ecuatorianos la Comisión de Fiscalización llamará a su recinto al Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, para que informe sobre estos detalles y complementar así la información emitida por la Contraloría. De hecho, en el 2014 esta comisión ya solicitó a la Fiscalía sobre el estado de situación de 1.326 oficios, con responsabilidad penal a nivel nacional, remitidos a esa institución. La entidad legislativa también inició otras investigaciones paralelas en Esmeraldas.
“Estos problemas dan cuenta de la necesidad de que las instituciones como la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía y la Función de Transparencia y Control Social tengan un trabajo mancomunado en la lucha contra la corrupción. El objetivo es determinar qué ha sucedido con todos los casos”, enfatizó la presidenta de la Comisión, María José Carrión, mientras que Marisol Peñafiel sugirió la posibilidad de adecuar la normativa a las exigencias, entre ellas la Ley Orgánica de la Contraloría, para hacer más eficiente la lucha contra la corrupción, así como verificar la efectividad de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (Coip), como las audiencias orales.
El Contralor explicó que durante el examen realizado a varias instancias en Esmeraldas se determinaron “casos gravísimos” como la transferencia de recursos públicos a cuentas de servidores municipales, concejales, parientes de servidores públicos, a la hija de un alcalde, al padre de un concejal, a cuentas sin identificación, a terceras personas, a otros particulares, sin justificación y sin sustento legal. Aclaró que no puede revelar nombres porque se encuentran en procesos de indagación.
En lo central se ha encontrado inadecuado manejo y custodia de documentación, inadecuado manejo y custodia de bienes, incumplimiento en la ejecución de contratos, transferencias irregulares, inadecuados procesos de contratación, inadecuada recuperación de cartera, irregularidades en el otorgamiento de créditos, remuneraciones sin sustento legal, incumplimiento de normas y regulaciones, impuestos retenidos y no transferidos, retención de fondos de terceros no realizada, deficiente gestión en la atención médica, entre otras irregularidades.
Marisol Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Alianza País, en entrevista en Notimundo A La Carta, se refirió a las protestas en contra del presidente de la República, Rafael Correa.
Marisol Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Alianza País, en entrevista en Notimundo A La Carta, se refirió a las protestas en contra del presidente de la República, Rafael Correa. En este sentido, la legisladora señaló que detrás de estas convocatorias de ciertos sectores hay un intento de desestabilización y se pretende dar un golpe blando al Gobierno. "Buscan hacer creer a través de estas movilizaciones violentas que es la mayoría de los ecuatorianos que piensan así", dijo.
Peñafiel señaló, además, que no hay razón para protestar contra la Ley para la Redistribución de la Riqueza porque es un proyecto que está en debate y lo que busca es actualizar la tabla de un impuesto que ya existe y que tiene un fin redistributivo y de equidad. "No toleraremos los fideicomisos y esos abusos para eludir impuestos, y a eso apunta la propuesta del Ejecutivo", dijo la asambleísta, quien confirmó que este miércoles se asignará la comisión que analizará esta iniciativa y que la Asamblea Nacional está abierta al diálogo. "Ningún proyecto de ley fue aprobado tal como envió el presidente Correa", señaló.
http://www.notimundo.com.ec/articulo/17116/-se_pretende_dar_un_golpe_blando_al_gobierno-,_senala_marisol_penafiel
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#DiálogoPresidencial con Rafael Correa por http://www.presidencia.gob.ec
Transcurrido un año, después del trabajo que empezó la Contraloría, los asambleístas de la comisión coincidieron en la necesidad de obtener respuestas concretas ante el clamor ciudadano, sobre todo si se trata de problemáticas relacionadas con servicios básicos, como un eje fundamental para alcanzar el “Buen Vivir” y un derecho fundamental del ser humano. La presidenta de la comisión, María José Carrión, enfatizó precisamente en la necesidad de emitir respuestas políticas y sociales inmediatas a los requerimientos de la población.
Los municipios de Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Quinindé, Muisne, San Lorenzo, Atacames y Río Verde; la Gobernación; el Consejo Provincial; la Autoridad Portuaria de Esmeraldas; las direcciones provinciales de los ministerios del Medio Ambiente, Salud, Agricultura e Iess; la Universidad Técnica Luis Vargas Torres; la Federación Deportiva de Esmeraldas; la Corporación Eléctrica del Ecuador; el Banco Nacional de Fomento (Muisne); la Fiscalía de Esmeraldas; la Corporación Nacional de Electricidad; la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de San Mateo, son, entre otras, las entidades auditadas.
Hoy celebramos 120 años del legado de Alfaro y la Revolución Liberal.
"La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla" lo dijo Eloy Alfaro.
Somos herederos de la Revolución porque hemos acogidos sus realizaciones: libertades, derechos, modernización, progreso.
Gracias al liberalismo, Ecuador adelantó la obra pública, la más emblemática fue el ferrocarril, además de introducir la educación laica y gratuita pública creando Institutos Normales para la formación de maestros y maestras
