Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Este jueves 30 de abril en la sesión 325 aprobaremos la ley que beneficia a los extrabajadores de las cementeras de país. Se hace justicia al entregar los 2 centavos de sucre hasta el año 2000 y a partir del 1 de enero del 2001, 2 centavos de dólar. Palabra que se cumple.
El cuerpo legal. contiene un artículo único a través del cual se propone: “interprétese el artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento publicada en el Registro Oficial No. 153 de marzo 21 de 1989, en el sentido que cuando la disposición legal se refiere a dos centavos, debe entenderse en la moneda de curso legal, es decir, como dos centavos de sucre hasta el 10 de enero del año 2000 y a partir del 11 de enero del año 2000, como dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, por cada kilo de cemento exfábrica.
Hoy, se conmemora los 143 años de la reconstrucción de la villa de San Miguel de Ibarra tras el terremoto del 16 de agosto de 1868, que mató a cerca de 20 mil personas. Expreso mi saludo a la hidalga ciudad de San Miguel de Ibarra, por conmemorar 143 años de resurgimiento; y, por su intermedio a los ciudadanos que con su esfuerzo y trabajo han logrado hacer de Ibarra, una ciudad con ingénita belleza, trabajadora y noble
Prohibido olvidar. En el pasado, partidos como el Social Cristiano y Diputados que hoy se rasgan las vestiduras, quisieron privatizar la seguridad social argumentando que el Seguro Social era ineficiente en el manejo de los recursos y que estaba a punto de quebrar. Según sus intenciones, los más jóvenes y que más aportaban deberían cotizar en el sector privado, mientras que los trabajadores con mayor riesgo se quedarían en el Seguro Social público.
HOY, LA AFILIACIÓN DE TODOS LOS EMPLEADORES AL IESS ES UNA EXIGENCIA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. QUE NADIE NOS ENGAÑE.
La asambleísta Marisol Peñafiel manifestó que fijar en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio tiene especial importancia para garantiza el pleno desarrollo de los derechos de los adolescentes, pues se debe observar las implicaciones que trae para los adolescentes la vida en matrimonio y los efectos que tendrá para su educación, salud y desarrollo.
En ese sentido y considerando los estándares internacionales que manejan organismos internacionales como el Comité de los Derechos de Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) los asambleístas determinaron que quienes no hayan cumplido 18 años de edad no podrán casarse.
La protección de niñas, niños y adolescentes se ve reflejada a lo largo de la reforma aprobada, así en los casos de divorcio contencioso tramitado en juicio verbal sumario y en el que no exista acuerdo en el régimen de alimentos, tenencia y visitas de los hijos, el juez concederá el término probatorio de seis días, vencido el cual, sentenciará de conformidad con las reglas del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, afirmó.
Es imperativo reconocer el contexto regional de seguridad y su vinculación con la actividad económica criminal. Ecuador es un país con una economía dolarizada, y limita con los dos países productores de droga más importantes de América del sur, Colombia y Perú. Esta coyuntura hace del país un punto atractivo para actividades económicas ilícitas relacionadas con la actividad criminal de los países vecinos. Al mismo tiempo, vale la pena advertir que no toda actividad ilícita en el Ecuador es importada de los países vecinos o tiene necesariamente una conexión con ellos.
La lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas ha puesto su atención en la delincuencia organizada y la operación de la misma en el Ecuador. Si bien no existe una definición completa y universalmente aceptada de “delincuencia organizada”; instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional proponen definiciones problemáticas, por ejemplo, al considerar como grupos organizados a aquellos
[…] de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.” (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 2).
Tal definición permite comprender como grupos de crimen organizado a una multiplicidad de organizaciones, y el tema gana mayores complejidades cuando se consideran los elementos transnacionales de las mismas.
La necesidad de generar soluciones ante este problema en particular no es nueva, y el país ya cuenta con estructuras encaminadas a brindarlas. Sin embargo, es imperativa la consideración que el fenómeno organizado tiene un importante efecto en diferentes aspectos, que incluyen la seguridad del Estado, la corrupción, y la generación de economías ilícitas, por mencionar sólo algunos de ellos. Una vez más la cooperación entre diversas instituciones, sus programas y tareas es fundamental.
La lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas ha marcado durante años las agendas de seguridad y de defensa al interior del continente, pero ha dejado una deuda pendiente al no reconocer las repercusiones e impactos reales y negativos en la vida de las personas. En consecuencia, lo que se requiere es un sistema legislativo integrado y completo, que establezca acciones destinadas a la prevención, la reinserción, la rehabilitaciones por los efectos de las drogas.
En ese sentido, corresponde al Estado, además de liderar la lucha contra la producción de estupefacientes, hacer frente a los efectos sanitarios que ésta conlleva. La salud física y mental de la población requieren acciones que impidan el acceso a sustancias estupefacientes, así como también, ante el uso y consumo debe establecer medidas que garanticen la curación y rehabilitación social de toxicómanos.
Actual la legislación determina que desde los 12 años el niño o la niña puede contraer matrimonio con la autorización y permiso de sus padres, tema que ha sido observado dentro de la legislación, incluso a nivel mundial, que se trabaja con las diferentes organizaciones.
Informó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), en su último informe para el país, recomienda realizar los cambios de manera inmediata y que por tanto, se llegó al consenso para fijar en 18 años de edad mínima.
Uno de los principales cambios que se introduce es al artículo 83 del Código Civil en el cual se expresa que no podrán contraer matrimonio las personas menores de 18 años de edad. Por otro lado, también se reforma el artículo 95 referente a las causales de divorcio.
La reforma también se la realiza al artículo 108 referente al procedimiento del divorcio por mutuo consentimiento. Por otra parte, garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes se agrega al artículo 118 un inciso en el cual se especifica que “al no existir acuerdo en el régimen de alimentos, tenencia y visitas de los hijos, el juez concederá el término probatorio de seis días, vencido el cual, sentenciará de conformidad con las reglas del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia”.
Hoy mantuvimos agenda de trabajo en la provincia de Imbabura con el ministro de Seguridad, compañero César Navas. En mi querida parroquia de San Antonio gracias a su compromoso se hace realidad la Construcción de la Unidad de Policia Comunitaria. Temas como la implementación de campañas permanentes y coordinadas entre las Instituciones del estado para no darle tregua al microtráfico en los centros educativos que atentan los derechos y garantias de nuestros niños, niñas adolescentes y jóvenes, tratamos en el Cantón Otavalo, finalmente nos trasladamos al Centro de Rehabilitación de Ibarra. A CADA INSULTO DE CIERTAS MISERIAS HUMANAS RESPONDEREMOS CON TRABAJO.
El jueves próximo, a partir de las 09:30, se realizará el primer debate del proyecto de Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, según la convocatoria efectuada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
El debate se realizará sobre la base del informe preparado por la Comisión de Régimen Económico, que fue aprobado por unanimidad.
El proyecto busca mejorar los niveles de solvencia y rentabilidad de los contribuyentes, así como mantener y alentar la producción, el empleo y el emprendimiento. Brinda además una oportunidad de regularizar a aquellos contribuyentes que, por diversas circunstancias, mantienen obligaciones y deudas tributarias, con el propósito de fortalecer la cultura tributaria y afianzar el pacto fiscal y social.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 321 del Pleno de la Asamblea Nacional, para mañana, a las 9h30, con el fin de tratar en segundo debate el proyecto de Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.
El proyecto fue analizado, debatido y compartido con la ciudadanía por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, que aprobó el informe el jueves pasado con nueve votos afirmativos, uno en contra y una abstención.
