El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recibió en su despacho a los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición; Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, con el propósito de definir puntos de cooperación institucional, que permitan, en el menor tiempo posible, hacer realidad la ejecución del Complejo Legislativo.
El presidente Fernando Cordero recordó el interés de la Asamblea por contar, a corto plazo, con el Palacio de Justicia, para allí establecer las oficinas de los 124 asambleístas, para cuya adquisición existe alrededor de cuatro millones, como parte del presupuesto de la entidad, al tiempo de expresar el compromiso de trabajar decididamente para concretar la transformación de la justicia ecuatoriana.
Por su parte, Paulo Rodríguez , titular del Consejo, comentó que, en el marco de la mayor transparencia, están visitando cada una de las funciones del Estado, con el objetivo de identificar los elementos de colaboración institucional, tras enfatizar que el Presidente de la República, en la pertinente reunión, les garantizó la entrega de recursos, para implementar los cambios sustanciales en la administración de justicia, que demanda la comunidad.
Acá hemos venido para ponernos de acuerdo cómo vamos a contribuir en el traspaso de la edificación en que están nuestros juzgados y tribunales, la que formará parte del Complejo Legislativo, cuyo espacio servirá para que los legisladores cuenten con un lugar donde puedan trabajar con mayor comodidad y en condiciones más óptimas, lo que facilitará brindar a la ciudadanía un servicio de calidad y calidez, precisó.
Por último, resaltó que la propia Constitución prevé la cooperación entre las instituciones del Estado, en procura del bien común de la población ecuatoriana, acoplándonos al nuevo modelo de gestión.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, solicitó al contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, mediante comunicación escrita, que disponga una auditoría de gestión del período legislativo 2009-2011. Haga click aquí para ver el documento.
Adicionalmente, pidió al funcionario que proceda a iniciar, inmediatamente, un examen especial de las declaraciones juramentadas entregadas por los 124 asambleístas.
El titular de la Función Legislativa mencionó que la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en su artículo 6, atinente a la accesibilidad y confidencialidad, establece: “…Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen.
Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer…”
MG
El vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Eduardo Zambrano, ratificó su compromiso de intensificar el seguimiento al proceso de regularización de documentos de las y los ecuatorianos que residen en la República Bolivariana de Venezuela.
También, requirió conocer el número de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que han solicitado la regularización de sus documentos en ese país y, de igual manera, la cantidad de personas que han obtenido la visa expedida por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, dentro del citado proceso.
El funcionario, inmediatamente, respondió que el proceso de regularización tendrá como fecha límite el 30 de septiembre de 2011, dando cumplimiento a los 180 días establecidos en el correspondiente acuerdo; además, que hasta el 7 de julio de 2011, el SAIME reportó 3 890 solicitudes atendidas y aprobadas a nivel nacional para dar curso a la regularización.
A partir de esa fecha, la SENAMI en Venezuela ha recibido 100 solicitudes adicionales y el Consulado del Ecuador en Caracas otras 200 aproximadamente, pero se desconoce la cantidad recibida en las oficinas del SAIME a nivel nacional, sabiendo de antemano que han disminuido significativamente con el pasar de los días, explicó.
Bajo estos antecedentes, el legislador Eduardo Zambrano comentó que el pertinente Estatuto Migratorio, acorde el Art. 18, puede ser enmendado y modificado por disposición de las Partes, por lo que el plazo de 180 días podría extenderse, considerando las buenas relaciones entre los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez y sus evidentes actitudes solidarias con la gente.
Invocó a los compatriotas que están en situación migratoria irregular y que todavía no han acudido a las oficinas del SAIME, SENAMI y Consulado, a fin de que concurran a presentar los documentos y solicitud para su regularización dentro de los 24 días que restan para que culmine el plazo.
Finalmente, reiteró su decisión de velar por el cumplimiento de los derechos de las y los ecuatorianos en el exterior, determinados en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.
MG/eg
En el orden del día de la sesión No. 122 del Pleno, convocada para el jueves 8 de septiembre del año en curso, a las 09h30, constan dos temas a ser analizados por los asambleístas: el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el análisis de un proyecto de resolución para autorizar la elaboración del proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Con la finalidad de planificar la agenda de trabajo que debe cumplir la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad en el período 2011 – 2013, y realizar un análisis y resolución de las comunicaciones recibidas en este organismo legislativo, su presidenta Lourdes Tibán, convocó a los asambleístas, a la cuadragésima tercera sesión, para mañana, miércoles 7 de septiembre, a partir de las 11H00.
El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó por unanimidad de los presentes, 110, el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, mismo que constituye un instrumento jurídico que pone fin a las disputas sobre el régimen comercial del banano mediante la reducción gradual de sus aranceles en los próximos siete años, mejorando así las condiciones de ingreso de la fruta a la Unión Europea.
Con 91 votos afirmativos, cinco blancos y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, a través del cual se eliminan del ordenamiento jurìdico ecuatoriano otras 150 normas obsoletas, que en la actualidad no tienen aplicación práctica.
En un acto emotivo, el presidente de la Función Legislativa, Fernando Cordero Cueva, impuso la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte”, al mérito deportivo, al pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador.
Como un mecanismo legal indispensable para enfrentar el terrible mal de la delincuencia, el legislador Paco Moncayo Gallegos (Alianza Libertad) puso en consideración del país el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
Sostuvo que la seguridad no es un tema del Ejecutivo o del gobierno central, sino que compete a todas las funciones del Estado y a todos los niveles de gobierno, desde la Presidencia de la República hasta la junta parroquial.
En tal sentido, destacó la necesidad de crear un sistema que integre a todos los actores, de manera que las funciones y niveles de gobiernos puedan participar en una estrategia permanente, diseñada para combatir la delincuencia.
A través de la implementación del cuerpo legal se trata de establecer un cambio profundo, con una nueva forma de enfocar el ámbito de la seguridad y un cambio en la legislación ecuatoriana. El enfoque a nivel mundial de la seguridad ciudadana es distinto del enfoque de la seguridad pública, enfatizó.
Lamentablemente, continuó, en la política del gobierno y en las leyes vigentes, se ve cómo la seguridad ciudadana se reduce a la seguridad pública, de la Policía y de las leyes penales, conceptos que ya no tienen razón de ser en el mundo.
Precisó que en el sistema de seguridad ciudadana participarán el gobierno central, mediante los ministerios; las funciones del Estado; y, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), al tiempo de solicitar que dicho proyecto sea calificado como de alta prioridad por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), tomando en cuenta que es una respuesta a la angustia que vive la población por efectos de la inseguridad.
Finalmente, el asambleísta Paco Moncayo invocó al análisis serio y responsable del Ejecutivo, tras señalar que está abierto a debatir su contenido con total amplitud.
MG/pv
La Comisión de Régimen Económico y Tributario recibió, en su seno, al secretario de la Senplades, René Ramírez y al subsecretario de Impresión de esta entidad, Mateo Villalba; así como a la subsecretaria de Competencia del Ministerio de Industrias y Productividad, María Teresa Lara; y, a César Robalino, Director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, quienes expusieron sus criterios en torno al proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica.
