El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, dijo que “estamos dispuestos a debatir y analizar las preguntas de la enmienda constitucional y la consulta popular”, propuestas por el primer Mandatario, Rafael Correa Delgado, documento que fue entregado a la Corte Constitucional para que emita su dictamen.
El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño Aroca, acudirá este miércoles, 19 de enero, a partir de las 09:30, ante la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a fin de presentar un informe sobre su gestión.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 95 votos, exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, incorpore al Hospital Provincial General Docente de Riobamba, en el Decreto Ejecutivo No. 618, con el cual se declara el Estado de Excepción Sanitaria en todas las unidades operativas del Ministerio de Salud.
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó, en primer debate, los proyectos de Ley Derogatorias Nos. 6 y 7 para la depuración de la normativa legal, con base en los informes presentados por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 120, numeral 11 de la Constitución, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó al Procurador General del Estado, Diego Patricio García Carrión, quien fue ratificado para ese cargo el pasado 13 de enero, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Fernando Cordero Cueva, presidente de la Función Legislativa, tomó el juramento de rigor al funcionario, mismo que asumió el compromiso de cumplir con lo que establecen la Constitución y la Ley en el ejercicio de sus funciones.
De conformidad con el mandato constitucional, la Asamblea Nacional tiene entre sus atribuciones posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Con la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado culmina el proceso de designación de autoridades mediante ternas enviadas por el Ejecutivo. La terna estuvo integrada por Diego Patricio García Carrión, Elsa María Santos Karolys y Vicente Antonio Peralta León.
Antecedentes
Al amparo de lo que dispone el numeral 10 del artículo 208 de la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificó a la Asamblea Nacional la resolución 004-072-CPCCS, de 13 de enero de 2011, por la cual designa a Diego Patricio García Carrión como Procurador General del Estado.
El organismo de control señala que luego de haber agotado el proceso de impugnación y veeduría ciudadana a la terna remitida por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en sesión extraordinaria celebrada el jueves 13 de enero de 2011, designó a Diego García en calidad de Procurador, por un período de cuatro años, de conformidad con el artículo 235 de la Carta Magna.
Trayectoria
Como se recuerda, el abogado guayaquileño Diego García es Procurador desde abril del 2008. Se desempeño en los departamentos de Cartera y Legal del Banco de Descuento; Jefe del Departamento Legal de Autoridad Portuaria de Guayaquil; delegado del Presidente de la República al Consejo Nacional de Valores; Conjuez Permanente en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo; Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República; representante del Presidente de la República en los directorios de Petroecuador y en la Agencia de Garantía de Depósitos.
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La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social avanzó en el estudio y análisis de la matriz de los proyectos de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, referentes a la fijación y pago de pensiones por alimentos y a adolescentes infractores.
El Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, envió a la Asamblea Nacional, un proyecto de reformas a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, a través del cual propone modificar el artículo 46, a fin de que, a más de las sanciones previstas en la ley, se incluyan medidas administrativas orientadas a proteger el patrimonio natural.
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 83 votos, entre otros aspectos, sanciona de manera severa al conductor que condujere el vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas, así como en estado de embriaguez.
De conformidad con lo previsto en la Constitución y la Ley, el titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, remitió a la Presidencia de la República el proyecto de Ley de Educación Intercultural, para la correspondiente sanción u objeción, mismo que fue aprobado por el Pleno el martes pasado.