La Asamblea Nacional impulsa encuentros con la ciudadanía que le permite difundir los beneficios de las leyes aprobadas y una participación interactiva con las y los ciudadanos, jóvenes, niñas y niños. El proyecto se denomina “Punto de Encuentro Ciudadano” que incorpora un bus interactivo con la más moderna tecnología en computadoras digitales y conexiones satelitales para internet y otros medios.
La asambleísta Nivea Vélez presentó el proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal para la Tipificación y Sanción de la No afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pretende, sin perjuicio de las acciones administrativas a que hubiere lugar, reprimir con prisión de tres a seis meses, al representante legal de los empleadores públicos o privados, que no hubieren afiliado a la seguridad social a sus trabajadores y trabajadoras, servidores y servidoras públicos, dentro de los plazos previstos en la ley que regula la Seguridad Social.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, presentó informe favorable sobre el pedido de aprobación del “Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Ecuador e Italia relativo a la Cooperación en Defensa”, enviado por el Presidente de la República, Rafael Correa.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, a su regreso de Berna-Suiza, anunció que la Unión Interparlamentaria Mundial resolvió realizar en Ecuador la 128 Asamblea General en el año 2013.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, delegó al titular de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino para que en representación de este organismo legislativo, acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a explicar sobre la libertad de expresión en el Ecuador.
Asambleístas de diversas bancadas legislativas y movimientos políticos coincidieron que es necesario regular el derecho que tienen las personas con discapacidad en todos los ámbitos: social, económico, rehabilitación integral, asistencia permanente, rebajas en servicios públicos y en servicios privados de transporte, exenciones en el régimen tributario, trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, vivienda adecuada, educación especializada, entre otros, a fin de que se les dé atención prioritaria, equitativa y justa que es la muestra de hacer patria para los sectores que más lo necesitan.
Las personas con discapacidad hemos recorrido un arduo camino en el cual se han presentado tanto trabas como luces, pero más fuerte ha sido el entusiasmo y nuestra esperanza de dibujar, para las personas con discapacidad y nuestras familias, un futuro mejor, pues lejos quedó el sello de la oposición y el oficialismo, ante la oportunidad de corregir décadas de olvido y desatención, enfatizó la presidenta de la Comisión Ocasional para Personas con Discapacidad, María Cristina Kronfle.
En el marco del Foro Internacional "Relaciones entre Justicia comunitaria y ordinaria: Retos del acceso a la justicia en Bolivia, Ecuador y Perú", los panelistas de Bolivia y Ecuador coincidieron en la necesidad de que la pertinente ley recoja las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales que reconocen y afianzan los derechos de los pueblos indígenas.
El expositor ecuatoriano Ati Kurikama Yupanqui, consultor de las Naciones Unidas, destacó que hoy nuestro país vive en otra época, en un Estado plurinacional e intercultural, hecho que debe ser entendido por la mayoría del pueblo ecuatoriano.
Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades hemos alcanzado el reconocimiento del conjunto de nuestros propios derechos, consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales, lo que también garantiza el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, que implica la vigencia de los 15 sistemas jurídicos, el ordinario y 14 de cada una de las nacionalidades, sostuvo.
Por tanto, precisó que la coordinación y cooperación entre estos sistemas tiene que respetar la disposición del artículo 171 de la Constitución, sin limitar ni subordinar facultades y potestades que tienen las autoridades indígenas de las comunidades, pueblos y nacionalidades, tras enfatizar que la Carta Política también pone en igualdad de jerarquía y nivel tanto a la Función Judicial y la justicia indígena.
Entre tanto, Jaime Álvarez, presidente de la Red Participación y Justicia de Bolivia, director del Centro sobre Derechos y Sociedades (CIDES), dijo que el derecho de acceso a la justicia constituye la garantía que toda persona, independientemente de su factor económico, social o de cualquier otra naturaleza, pueda acudir ante un sistema de justicia en igualdad de condiciones, por tanto, dicho acceso está ligado al derecho fundamental de toda persona constante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las normas constitucionales de las naciones y tratados internacionales.
Mencionó que la Constitución de Bolivia reconoce a los pueblos indígenas el ejercicio de su sistema político, jurídico y económico acorde a su propia cosmovisión y como tal, el Estado protege y garantiza esos derechos, al puntualizar que existe la división de las jurisdicciones: ordinaria, agroambiental, especiales y la indígena originaria campesina, misma que deberá ser ejercida por sus propias autoridades, de acuerdo con normas y procedimientos propios, pero entendido que la justicia es una sola para todos.
Por su parte, Jaime Ventimilla, director del Centro sobre Derechos y Sociedad manifestó que el proyecto debe estar debidamente sustentado, afianzando igualdad y autonomía de las jurisdicciones; la prohibición de doble juzgamiento y cosa juzgada; la definición de autoridades con jurisdicción indígena; clara definición de las competencias territorial, personal y en cuanto a la materia; buscar un modus vivendi para todos los pueblos indígenas.
MG/pv
En respuesta a la solicitud de la asambleísta Rocío Valarezo, segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, para informar sobre la problemática de escasez y desabastecimiento del gas de uso doméstico en la provincia de El Oro.
Es hora de poner un alto y mano dura para solucionar, de una vez por todas, esta crítica situación que perdura por años, lo que ha generado el reclamo diario de la ciudadanía, dijo la legisladora Valarezo, tras precisar que existen serias denuncias, que a ella no lo constan, de que la fuga de los cilindros hacia el Perú se realiza a vista y paciencia de los responsables de los sitios de control, los que recibirán un dólar por cada tanque.
Comentó que tiene su domicilio en Santa Rosa, a 10 minutos de la Planta de Bellavista, en cuya zona se ha vuelto ya costumbre ver largas colas de gente que espera conseguir un cilindro, incluso a precios excesivos, tras sugerir la posibilidad de que se incorpore a las bombonas de gas alguna especie de chip, para establecer, de cierta manera, algún control de su destino.
Causas del desabastecimiento
El ministro Pastor admitió que a inicios de septiembre se presentó un comportamiento de acaparamiento de gas en El Oro, que se agudizó por publicaciones de prensa que hablaban de desabastecimiento, lo que provocó mayor efecto especulativo y la población comenzó a hacer largas filas para adquirir un cilindro.
Manifestó que el gobierno de Perú, en las últimas semanas, subió de 16 a 22.68 el tanque de gas de uso doméstico de 15 kilogramos, mismo que en Ecuador se vende a 1 dólar 60 centavos, por tanto, eso provocó una fiebre de ganancia de dinero fácil a través del contrabando, que constituye el problema de fondo para el desabastecimiento.
A esto se suma, continuó, que en el mes de septiembre bajo la temperatura ambiente a 17 grados, que regularmente se mantiene entre 21 y 29 grados centígrados, lo que derivó en un aumento de la demanda de gas para las secadoras de granos, más del lado peruano para actividades agrícolas, hoteleras, preparación de alimentos y otras.
Argumentó que se ha puesto en marcha planes de acompañamiento en el área de distribución en Machala, Pasaje y Santa Rosa, además coordinan operativos frecuentes con militares, policías y las autoridades de la Fiscalía, a fin de determinar a los responsables de las cadenas de especulación y contrabando.
Finalmente, explicó que la medida más efectiva será la implementación del sistema de control automático con el uso de un GLP, que permitirá conocer cómo se maneja el negocio y hacia dónde va el cilindro de gas.
MG
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, definió el respectivo cronograma y metodología de trabajo para la discusión, socialización y preparación del informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, que fuera remitido por el Ministerio de Justicia.
El doctor Mauro Andino indicó que los días viernes, a partir de las 15:00, se recibirá en comisión general a decanos de las facultades de Jurisprudencia, profesores universitarios, abogados en libre ejercicio de la profesión, policías, militares, jueces, a las autoridades de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, jóvenes, adultos, entre otros, a fin de que expresen sus puntos de vista.
Comentó que se prevé la realización de varios foros regionales: Imbabura, Guayas, Azuay, Chimborazo y en la ciudad de Quito, con el propósito de profundizar el proceso de socialización.
Por último, Mauro Andino Reinoso (AP), representante por la provincia de Chimborazo, expresó que, acorde a la planificación, el informe para primer debate se aprobaría el 14 de diciembre del año en curso, al interior de la Comisión.
MG
