La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, analizó el informe borrador, para primer debate, del proyecto de reformas al Código Civil, para lo cual recibió aportes del doctor Luis Parraguez Ruiz, catedrático de la Universidad San Francisco.
Algunas aclaraciones para los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha. No las dirijo al Sr. Peñaherrera, porque tengo la impresión de que su interés no es cuestionar mi gestión, sino ser entrevistado por los medios de comunicación. Ahora, que él ha logrado su objetivo, considero mi deber compartir con ustedes toda la información relacionada con este pedido:
1. La revocatoria del mandato es una institución creada para que los ciudadanos puedan controlar, pedir cuentas o incluso retirar el encargo a sus representantes. Cualquier ciudadano tiene el derecho de activarla, solicitando a la autoridad electoral los formularios en los cuales debe probar que tiene el apoyo de otras personas.
2. Según la Constitución y el Código de la Democracia se requiere para convocar el proceso electoral en que se puede revocar o no un mandato, el apoyo del 10% de los ciudadanos del correspondiente padrón. En las elecciones del 2009, la provincia de Pichincha tuvo 1’850.516 electores, es decir, el pedido de revocatoria debería ser firmado por 185.051 personas.
3. El Sr. Peñaherrera ha solicitado los formularios para este proceso con el argumento de que no asistí a la reunión de la Asamblea del día 17 de noviembre de 2011 en que se votó una resolución (resolución es igual a opinión; resolución no es decisión) respecto a la Ley de Fomento Ambiental, pues los asambleístas tratábamos de impedir que la reforma tributaria se apruebe por el ministerio de la ley. Insisto, lo que se propuso y finalmente se votó y aprobó (pues las resoluciones requieren solo la mitad más uno de los presentes) no tuvo ningún efecto jurídico en el tratamiento de la ley.
4. Para que podamos hacer memoria, la sesión en que esto se discutió el miércoles 16 de noviembre durante todo el día, pasada la media noche, el Presidente Cordero suspendió la sesión. Según manda la ley las sesiones se deben convocar con 48 horas de anticipación. Sin embargo, el Presidente Cordero, al día siguiente, a las 12h30 convocó para la continuación de esta sesión a las 15h30. Fue la primera y única sesión que se convocó sin la anticipación de dos días y eso provocó que varios asambleístas estén en apuros para asistir. Afortunadamente, Francisco Cevallos, mi asambleísta alterno estaba en Quito y le pedí tan pronto como me enteré de la convocatoria que asistiera al Pleno, lo que en efecto sucedió.
A continuación, mi intervención en el Pleno en la que queda clara mi posición sobre este tema:
http://www.youtube.com/watch?v=wfPZgBpbp1s&context=C345b70dADOEgsToPDskKhyHwo535VA1s3h8mBxW3V
Finalmente, cuando se presenten las 185.000 firmas empezaría un período de campaña en que cada posición presenta sus argumentos a la ciudadanía. Me alegrará tener la oportunidad de debatir y rendir cuentas de formas más extensa. ¿Será necesario explicarle al Sr. Peñaherrera todos los detalles que evidentemente desconoce sobre el funcionamiento del Legislativo y sobre mis posturas políticas?
María Paula Romo
La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez, ofició a los titulares de la Secretaría Nacional del Migrante; Francisco Hagó; del Ministerio del Interior, José Serrano; y, de la Cancillería, Ricardo Patiño Aroca, a fin de que remitan sus puntos de vista en torno al proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y sus Familiares, auspiciado por asambleísta Washington Cruz, que tiene por objetivo desarrollar los derechos y garantías establecidos en la Constitución para este sector social.
Durante el 2011, la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva, presenta un balance positivo, tanto en materia legislativa, cuanto en fiscalización, no solo por la aprobación de 20 leyes, la mayoría de las cuales están orientadas al desarrollo social y productivo, sino porque mediante 68 resoluciones, el Pleno expresó su preocupación por las acuciantes problemáticas que enfrentan las diferentes provincias del país.
Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
Considerando que se trata de un acto de estricta justicia, el Pleno, con 104 votos, concedió amnistía a los ciudadanos Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, de la comuna de Nabón, parroquia Cochapata, de la provincia del Azuay.
Esta solicitud de amnistía fue formulada por el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, el 4 de octubre de 2011, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino Reinoso.
Decenas de pobladores de la comuna de Nabón presenciaron, desde las barras altas, el debate y desarrollo de la sesión No. 141.
La asambleísta azuaya Rosana Alvarado, vocal de la Comisión de Justicia, recordó que el 23 de marzo de 2008, en el sector de “Shincata”, cerro El Mozo, de la parroquia Cochapata, cantón Nabón, se produjo un levantamiento popular en el campamento de la minera Belén. La población se levantó en rechazo a la grave contaminación de sus fuentes de agua como resultado de la actividad minera de dicha empresa, argumentó.
Ante el inicio de una persecución judicial a las autoridades, líderes y comuneros del sector, el 11 de julio de 2008 la Asamblea Constituyente resolvió conceder amnistía a favor de estos ciudadanos, agregó.
Frente a esta situación, manifestó que se trata de un caso de persecución judicial por parte de los poderes económicos en contra de líderes y luchadores por los derechos humanos, quienes actualmente se encuentran prófugos.
RSA
La Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez, convocó , para este miércoles, a las 17:00, a los miembros del organismo a la sesión 63, en la cual el asambleísta Washington Cruz Plaza, expondrá el proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y de sus Familiares, que tiene por objetivo crear programas especiales de vivienda para que nuestros compatriotas puedan obtener crédito con facilidades, dentro y fuera del Ecuador.
La Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez, convocó , para este miércoles, a las 17:00, a los miembros del organismo a la sesión 63, en la cual el asambleísta Washington Cruz Plaza, expondrá el proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y de sus Familiares, que tiene por objetivo crear programas especiales de vivienda para que nuestros compatriotas puedan obtener crédito con facilidades, dentro y fuera del Ecuador.
El Pleno de la Asamblea Nacional exaltó el trabajo que realiza la Fundación Vista para todos y se adhirió al justo homenaje que le rinde la comunidad por su significativo aporte social, espíritu solidario y visión humanista que concita el encomio y la congratulación de los ciudadanos.
Para este jueves, 22 de diciembre, a las 10h00, está convocada la reinstalación de la sesión No. 115 del Pleno de la Asamblea Nacional, con el propósito de votar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
En efecto, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, convocó a la reinstalación de la sesión, una vez que el asambleísta ponente, Vicente Taiano, presentó el texto alternativo.
Contenido de la propuesta
En cuanto al trámite de la consulta prelegislativa, se plantea que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio tienen derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar sus derechos colectivos, de conformidad con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Enjuiciamiento civil o penal
De acuerdo al texto propuesto, para el inicio de la instrucción fiscal o enjuiciamiento civil o penal en contra de un asambleísta, se requerirá autorización previa de la Asamblea con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; de no existir dicha votación afirmativa, la autorización se entenderá como negada, excepto para los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud del fiscal competente o de los jueces, según corresponda, no se contesta en el plazo de 30 días, se entenderá concedida.
También se determina que los jueces y fiscales se abstendrán de iniciar y tramitar causas civiles o penales, así como actos preparatorios, que se presenten en contra de los asambleístas, por las opiniones que emitan o por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea, o por los actos que realicen u opiniones que emitan en los procesos de fiscalización.
Destitución de autoridades del Legislativo
Para la destitución del cargo de cualquier autoridad de la Función Legislativa, por arrogación de funciones o por obstrucción manifiesta al cumplimiento de la LOFL, se requerirá mayoría calificada, según el texto preparado por Vicente Taiano.
Escolta Legislativa
La Escolta Legislativa estará integrada por elementos en servicio activo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La Escolta podrá solicitar el apoyo de cualquier otra entidad pública. El Comandante de la misma será un oficial de FFAA en grado de coronel o su equivalente, designado por el Presidente de la Asamblea de entre las ternas de oficiales, proporcionadas por el Ministro de Defensa y estará a órdenes exclusivas del Presidente de la Asamblea.
MG/pv
