Por resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Derechos Colectivos será el órgano encargado de analizar y preparar los respectivos informes de los proyectos de Ley Orgánica de Juventud, de iniciativa de las asambleístas Marisol Peñafiel y Nivea Vélez; y, las reformas a la Ley del Anciano, de autoría del parlamentario Paco Fierro.
La Concordia no tiene conflictos territoriales ni de pertenencia, por tanto la consulta jamás debió ser convocada pues es inconstitucional e ilegal, dijo categóricamente, el legislador Línder Altafuya (MPD), tras anunciar que la comunidad de Esmeraldas defenderá su heredad territorial.
Con esta oportunidad, alertó que existe una marcada diferencia entre la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno al número de votantes en el cantón La Concordia.
Comentó que según el INEC el número de electores no superarían las 23 000, sin embargo, el CNE ha establecido que el padrón está conformado por 29 198 electores, lo que hace presumir que habría un padrón electoral inflado que no garantizaría la realización de un proceso electoral transparente.
Bajo estos antecedentes, Altafuya Loor solicitó al titular del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, una explicación urgente al respecto, además que se reciba en audiencia al Comité Cívico de Esmeraldas, para aclarar estos hechos.
Puntualizó que al organismo le corresponde garantizar un proceso transparente y demostrarle al país su independencia frente al Presidente de la República.
Advirtió que la población esmeraldeña adoptará todas las acciones legales que contempla el Código de la Democracia, a fin de que en este proceso no se susciten irregularidades y que demandarán la implementación de auditorías al sistema informático que se utilizará para esta consulta.
Finalmente, Línder Altafuya indicó que el Comité Cívico decidió efectuar una consulta popular a nivel de toda la provincia, en la cual se preguntará a la gente esmeraldeña si está de acuerdo con que el cantón La Concordia pase a la jurisdicción de Santo Domingo de los Tsáchilas o permanezca como parte de Esmeraldas.
MG/pv
En la continuación de la sesión 115, el Pleno aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionadas con la comparecencia de los ministros y funcionarios públicos ante el Pleno y las Comisiones Especializadas Permanentes; la Consulta Prelegislativa; el cambio del Orden del Día; la votación para autorizar el enjuiciamiento penal de un legislador, entre otras.
La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Lourdes Tibán, convocó a los integrantes de este organismo legislativo con la finalidad de aprobar los informes para primer debate de los proyectos de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa; y, la reforma a la Ley de Organización y Régimen de Comunas.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, remitió a la Asamblea Nacional la resolución, y su respectivo reglamento, mediante la cual solicita designe a un delegado/a, dentro del término de 10 días, para la conformación de la Comisión Calificadora que seleccionará a las y los miembros de la Corte Constitucional.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, analizó el informe borrador, para primer debate, del proyecto de reformas al Código Civil, para lo cual recibió aportes del doctor Luis Parraguez Ruiz, catedrático de la Universidad San Francisco.
Algunas aclaraciones para los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha. No las dirijo al Sr. Peñaherrera, porque tengo la impresión de que su interés no es cuestionar mi gestión, sino ser entrevistado por los medios de comunicación. Ahora, que él ha logrado su objetivo, considero mi deber compartir con ustedes toda la información relacionada con este pedido:
1. La revocatoria del mandato es una institución creada para que los ciudadanos puedan controlar, pedir cuentas o incluso retirar el encargo a sus representantes. Cualquier ciudadano tiene el derecho de activarla, solicitando a la autoridad electoral los formularios en los cuales debe probar que tiene el apoyo de otras personas.
2. Según la Constitución y el Código de la Democracia se requiere para convocar el proceso electoral en que se puede revocar o no un mandato, el apoyo del 10% de los ciudadanos del correspondiente padrón. En las elecciones del 2009, la provincia de Pichincha tuvo 1’850.516 electores, es decir, el pedido de revocatoria debería ser firmado por 185.051 personas.
3. El Sr. Peñaherrera ha solicitado los formularios para este proceso con el argumento de que no asistí a la reunión de la Asamblea del día 17 de noviembre de 2011 en que se votó una resolución (resolución es igual a opinión; resolución no es decisión) respecto a la Ley de Fomento Ambiental, pues los asambleístas tratábamos de impedir que la reforma tributaria se apruebe por el ministerio de la ley. Insisto, lo que se propuso y finalmente se votó y aprobó (pues las resoluciones requieren solo la mitad más uno de los presentes) no tuvo ningún efecto jurídico en el tratamiento de la ley.
4. Para que podamos hacer memoria, la sesión en que esto se discutió el miércoles 16 de noviembre durante todo el día, pasada la media noche, el Presidente Cordero suspendió la sesión. Según manda la ley las sesiones se deben convocar con 48 horas de anticipación. Sin embargo, el Presidente Cordero, al día siguiente, a las 12h30 convocó para la continuación de esta sesión a las 15h30. Fue la primera y única sesión que se convocó sin la anticipación de dos días y eso provocó que varios asambleístas estén en apuros para asistir. Afortunadamente, Francisco Cevallos, mi asambleísta alterno estaba en Quito y le pedí tan pronto como me enteré de la convocatoria que asistiera al Pleno, lo que en efecto sucedió.
A continuación, mi intervención en el Pleno en la que queda clara mi posición sobre este tema:
http://www.youtube.com/watch?v=wfPZgBpbp1s&context=C345b70dADOEgsToPDskKhyHwo535VA1s3h8mBxW3V
Finalmente, cuando se presenten las 185.000 firmas empezaría un período de campaña en que cada posición presenta sus argumentos a la ciudadanía. Me alegrará tener la oportunidad de debatir y rendir cuentas de formas más extensa. ¿Será necesario explicarle al Sr. Peñaherrera todos los detalles que evidentemente desconoce sobre el funcionamiento del Legislativo y sobre mis posturas políticas?
María Paula Romo
La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez, ofició a los titulares de la Secretaría Nacional del Migrante; Francisco Hagó; del Ministerio del Interior, José Serrano; y, de la Cancillería, Ricardo Patiño Aroca, a fin de que remitan sus puntos de vista en torno al proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y sus Familiares, auspiciado por asambleísta Washington Cruz, que tiene por objetivo desarrollar los derechos y garantías establecidos en la Constitución para este sector social.
Durante el 2011, la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva, presenta un balance positivo, tanto en materia legislativa, cuanto en fiscalización, no solo por la aprobación de 20 leyes, la mayoría de las cuales están orientadas al desarrollo social y productivo, sino porque mediante 68 resoluciones, el Pleno expresó su preocupación por las acuciantes problemáticas que enfrentan las diferentes provincias del país.
Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
