La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, bajo la conducción del asambleísta Eduardo Zambrano Cabanilla, profundizó el estudio de los proyectos de ley en materia de control de la violencia en los escenarios deportivos.
Mediante videoconferencia con la Casa Legislativa de Guayaquil, el organismo receptó los comentarios de Juan Rojas, titular de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR). También recibió al legislador Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El licenciado Rojas destacó la necesidad de implementar un análisis profundo de las garantías que prestan los escenarios deportivos para darles el respectivo permiso de funcionamiento.
Comentó que un estadio del puerto principal está ubicado en el centro de la ciudad y rodeado de múltiples de cables de alta tensión, entre 10 y 20 mil vatios. Qué pasaría si de pronto surge un desprendimiento de uno de esos cables, preguntó, al enfatizar que las sanciones deben ser más enérgicas para los escenarios, cuando se producen actos de violencia que incluso conllevan a la muerte de ciudadanos.
La principal prioridad a proteger tiene que ser la niñez, que está expuesta a ver no solo hechos violentos, sino escuchar vocabulario prosaico por parte de malos aficionados, que no reparan en el daño sicológico y en la formación integral que causan a los menores. Se tiene que recuperar el principio que los escenarios son lugares para disfrutar sanamente de un espectáculo, en familia, agregó.
FEF mantiene doble estándar
Entre tanto, el asambleísta Virgilio Hernández aseveró que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) mantiene un doble estándar en su comportamiento, pues por una parte, reivindica su autonomía respecto a la legislación nacional y, por otra parte, hace caso omiso a la propias recomendaciones técnicas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), para la organización de campeonatos internos e internacionales, especialmente las medidas en torno a los asientos y la comodidad, en general, de la gente en los estadios, a fin de garantizar su protección y seguridad.
Igualmente, precisó que el Código de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 54, 55, 84 y 87, establece las responsabilidades de los municipios y de los distritos metropolitanos para la administración de los diferentes espectáculos públicos.
MG/pv
Las y los asambleístas recibieron el informe para segundo debate del proyecto de Ley derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y reforma las leyes del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la de Economía Popular y Solidaria; de Compañías y de Instituciones del Sistema Financiero, que fue remitido por la Comisión de Régimen Económico y Tributario.
Por iniciativa del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo, Capítulo Ecuador, “Tránsito Amaguaña”, liderado por la asambleísta Gina Godoy, se estableció un conversatorio con los periodistas parlamentarios respecto del tema: “Medios de comunicación e incidencia política en derechos sexuales y reproductivos”.
En el encuentro participaron las asambleístas Gina Godoy, Linda Machuca y María Augusta Calle, así como Virginia Gómez, del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. El principal expositor fue Eduardo del Castillo, comunicador del Distrito Federal de México.
Gina Godoy, vocal de la Comisión de Justicia, mencionó que el tema del aborto, cuando se ha producido una violación, como parte del Código Orgánico Integral Penal, ha despertado la atención de los medios, organizaciones sociales y la ciudadanía, en general, más aún cuando, desde una mirada de derechos humanos, se ha visibilizado el drama que viven las víctimas de violencia sexual, especialmente violaciones.
La representante de la provincia de Guayas recordó que, de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), se evidenció que una de cuatro mujeres en el país ha sido víctima de violencia sexual, entre los 15 y 19 años de edad, por tanto, la temática demanda respuestas urgentes. Así también, es fundamental un tratamiento altamente responsable de la despenalización o interrupción del embarazo, cuando éste es producido, justamente, en condiciones de violencia sexual.
Debate positivo
Es muy sano para una sociedad, en este caso la ecuatoriana, estar desarrollando un debate en torno a un aspecto crucial y controvertido como es el aborto, sostuvo el experto Eduardo del Castillo, quien citó los procesos que se cumplieron en Italia y Francia, previo a despenalizar el aborto, en cuya discusión intervinieron académicos, científicos, legisladores, gente de la sociedad civil, religiosos y luego se hizo una consulta a la población.
Destacó que en los pueblos de América Latina se ve crecer, poco a poco, ese tipo de debates. En México se ha despenalizado el aborto bajo ciertas figuras: por violación, considerando que es una crueldad imponerle a la mujer que tanga un hijo después de haber sido agredida sexualmente; por malformaciones fetales; y, por graves daños a su salud o peligro de muerte para la mujer, comentó.
Junto a las medidas de despenalización, por supuesto, que se tiene que impulsar intensas campañas de la educación sexual a cargo del Estado, haciendo efectivo también el acceso a los anticonceptivos, que han logrado disminuir sustancialmente los niveles de aborto o interrupción del embarazo, argumentó Eduardo del Castillo.
MG/pv
El asambleísta Eduardo Zambrano, del Movimiento Alianza País, analizó y socializó con los compatriotas ecuatorianos que residen en Venezuela el contenido del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que se tramita en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
En el encuentro también participó Juan Pablo Valdiviezo, cónsul General del Ecuador en Caracas.
Con esta oportunidad, Zambrano Cabanilla, representante de Latinoamérica, el Caribe y África, comentó que gracias a la Constitución vigente, se reconoce el derecho de las personas a migrar, además de no considerar a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria, el derecho a la nacionalidad ecuatoriana como el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, el cual no se pierde por estar viviendo fuera del país.
Enfatizó que la Ley de Registro Civil actual tuvo su última reforma en el año 1983, por tanto, no responde a la realidad que viven las y los ecuatorianos en el exterior, ni tampoco está en armonía con los preceptos constitucionales.
Insistió que la realidad cotidiana de la comunidad migrante presenta varios inconvenientes al momento de la obtención de los documentos personales y de identidad. A través de la propuesta se busca establecer mecanismos de solución eficientes en beneficio de ciudadanos que viven en el exterior, entre otros temas.
La normativa fija un mecanismo para que ellos puedan obtener la cédula de ciudadanía nacional en las oficinas consulares del Ecuador de forma permanente, sin tener que estar a la espera de una brigada de cedulación temporal; al igual que facilita la inscripción, en los consulados, de los hijos, con los nombres que han sido inscritos en el país donde residen, argumentó.
Por último, el vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, dijo que el proyecto fortalece el artículo 7, numeral 2, de la Constitución, el cual determina: "Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad..”
MG/pv
El Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo Capítulo Ecuador “Tránsito Amaguaña”, representado por la asambleísta Gina Godoy, conjuntamente con el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, invitan a un conversatorio en el cual se analizará el rol de los y las comunicadores sobre el enfoque de derechos, el tema de la salud sexual y salud reproductiva en los medios de comunicación social.
Con 6 votos, de los asambleístas Francisco Velasco, Christian Viteri, María Lorena Bravo (Juan Carlos Cassinelli), Eduardo Encalada, Ramón Vicente Cedeño y Henry Calispa (Zobeida Gudiño), la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, que recomienda que la normativa tenga el carácter de orgánica.
La Comisión de Derechos Colectivos aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de Ley de la Juventud, luego del proceso de socialización nacional y el análisis de propuestas realizadas por organizaciones y colectivos juveniles de todo el Ecuador.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, manifestó que si bien el Código Orgánico Integral Penal es una herramienta para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, no es suficiente, pues se requiere también la acción de otros actores como la Policía Nacional, la fiscalía, los jueces de garantías penales; el Consejo de la Judicatura que haga un seguimiento a los funcionarios judiciales; los abogados que no estén del lado de la delincuencia; la ciudadanía que cree una cultura de la prevención; el Ejecutivo que continúe dictando políticas públicas en esta materia; los gobiernos autónomos descentralizados y la Asamblea Nacional creando las herramientas para garantizar la seguridad ciudadana.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato.
La propuesta, de autoría de la asambleísta Nivea Vélez Palacio, representante de la provincia de Loja, se tramitó en primer debate el pasado 19 de abril, en el que se expusieron observaciones de carácter general, no modificaciones o cambios de fondo.
Objetivos
La normativa busca proteger de manera integral los derechos de las personas que participan en la relación contractual de inquilinato; equilibrar derechos y obligaciones entre las partes que intervienen en la relación arrendaticia.
Además, pretende cubrir vacíos legales y adecuar esta legislación a la norma constitucional y leyes orgánicas atinentes a la materia, como por ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial; y, establecer procedimientos expeditos que aseguren los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, haciendo por supuesto efectivas las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva.
Bajo estos parámetros, la Comisión de Justicia consideró que los fines propuestos en el proyecto justifican suficientemente una reforma a la Ley de Inquilinato, más aún cuando no solo en materia de relaciones de inquilinato los conflictos que en ella se producen por lo general terminan en procesos eternos que crean como en todo el sistema de administración de justicia la inconformidad de los usuarios.
Adicionalmente, se puntualizó que el inquilinato y las relaciones vecinales no están fuera de este problema irresoluto, por ello, esta reforma intentará disminuir el largo y tortuoso camino de la justicia de inquilinato, pues la verdadera solución a todos los conflictos judiciales está en el cambio integral del sistema de administración de justicia, comenzando por dejar en el pasado el proceso escrito y abrir las puertas a la oralidad de manera urgente.
MG/pv
En el marco del debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, el director (e) del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando y Manolo Rodas, director nacional jurídico, del Servicio de Rentas Internas, confirmaron que las empresas Profiseries (antes Invermun) y Viña Carolina, deben al SRI 81.8 millones de dólares.
