Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
Considerando que se trata de un acto de estricta justicia, el Pleno, con 104 votos, concedió amnistía a los ciudadanos Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, de la comuna de Nabón, parroquia Cochapata, de la provincia del Azuay.
Esta solicitud de amnistía fue formulada por el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, el 4 de octubre de 2011, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino Reinoso.
Decenas de pobladores de la comuna de Nabón presenciaron, desde las barras altas, el debate y desarrollo de la sesión No. 141.
La asambleísta azuaya Rosana Alvarado, vocal de la Comisión de Justicia, recordó que el 23 de marzo de 2008, en el sector de “Shincata”, cerro El Mozo, de la parroquia Cochapata, cantón Nabón, se produjo un levantamiento popular en el campamento de la minera Belén. La población se levantó en rechazo a la grave contaminación de sus fuentes de agua como resultado de la actividad minera de dicha empresa, argumentó.
Ante el inicio de una persecución judicial a las autoridades, líderes y comuneros del sector, el 11 de julio de 2008 la Asamblea Constituyente resolvió conceder amnistía a favor de estos ciudadanos, agregó.
Frente a esta situación, manifestó que se trata de un caso de persecución judicial por parte de los poderes económicos en contra de líderes y luchadores por los derechos humanos, quienes actualmente se encuentran prófugos.
RSA
La Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez, convocó , para este miércoles, a las 17:00, a los miembros del organismo a la sesión 63, en la cual el asambleísta Washington Cruz Plaza, expondrá el proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y de sus Familiares, que tiene por objetivo crear programas especiales de vivienda para que nuestros compatriotas puedan obtener crédito con facilidades, dentro y fuera del Ecuador.
La Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez, convocó , para este miércoles, a las 17:00, a los miembros del organismo a la sesión 63, en la cual el asambleísta Washington Cruz Plaza, expondrá el proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y de sus Familiares, que tiene por objetivo crear programas especiales de vivienda para que nuestros compatriotas puedan obtener crédito con facilidades, dentro y fuera del Ecuador.
El Pleno de la Asamblea Nacional exaltó el trabajo que realiza la Fundación Vista para todos y se adhirió al justo homenaje que le rinde la comunidad por su significativo aporte social, espíritu solidario y visión humanista que concita el encomio y la congratulación de los ciudadanos.
Para este jueves, 22 de diciembre, a las 10h00, está convocada la reinstalación de la sesión No. 115 del Pleno de la Asamblea Nacional, con el propósito de votar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
En efecto, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, convocó a la reinstalación de la sesión, una vez que el asambleísta ponente, Vicente Taiano, presentó el texto alternativo.
Contenido de la propuesta
En cuanto al trámite de la consulta prelegislativa, se plantea que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio tienen derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar sus derechos colectivos, de conformidad con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Enjuiciamiento civil o penal
De acuerdo al texto propuesto, para el inicio de la instrucción fiscal o enjuiciamiento civil o penal en contra de un asambleísta, se requerirá autorización previa de la Asamblea con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; de no existir dicha votación afirmativa, la autorización se entenderá como negada, excepto para los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud del fiscal competente o de los jueces, según corresponda, no se contesta en el plazo de 30 días, se entenderá concedida.
También se determina que los jueces y fiscales se abstendrán de iniciar y tramitar causas civiles o penales, así como actos preparatorios, que se presenten en contra de los asambleístas, por las opiniones que emitan o por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea, o por los actos que realicen u opiniones que emitan en los procesos de fiscalización.
Destitución de autoridades del Legislativo
Para la destitución del cargo de cualquier autoridad de la Función Legislativa, por arrogación de funciones o por obstrucción manifiesta al cumplimiento de la LOFL, se requerirá mayoría calificada, según el texto preparado por Vicente Taiano.
Escolta Legislativa
La Escolta Legislativa estará integrada por elementos en servicio activo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La Escolta podrá solicitar el apoyo de cualquier otra entidad pública. El Comandante de la misma será un oficial de FFAA en grado de coronel o su equivalente, designado por el Presidente de la Asamblea de entre las ternas de oficiales, proporcionadas por el Ministro de Defensa y estará a órdenes exclusivas del Presidente de la Asamblea.
MG/pv
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta Mauro Andino Reinoso, destacó la apertura del organismo para recoger las observaciones de las diferentes corrientes ideológicas, lo que ha permitido enriquecer el texto del proyecto de reformas al Código de la Democracia.
Tras recordar que el segundo debate de la propuesta legal está previsto para este miércoles, 21 de diciembre, en el Pleno, Andino dijo que la reforma busca agilizar y transparentar los procesos electorales, lo que afianzará la vigencia de la democracia ecuatoriana.
Indicó que se ha establecido la simultaneidad para las elecciones presidenciales y legislativas, así como garantizar paridad y equidad de género en la integración de los entes electorales, esto es, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
En cuanto a la adjudicación de escaños, tema que generó mayor discusión, explicó que la Comisión de Justicia propone la aplicación del método Webster, el cual fue utilizado en el sufragio de 2009.
También, continuó, se ha incluido el acoso político como una medida para proteger la integridad y la convivencia pacífica del sector femenino en el cumplimiento de sus funciones específicas, en particular en los gobiernos locales, más aún cuando esto se ha convertido en un problema cotidiano, tomando en cuenta las múltiples denuncias que se han presentado al respecto.
Igualmente, se ha clarificado la situación de licencias, con lo que se evitará que áreas del Legislativo o del Ejecutivo puedan entrar en fases de vacíos o caos, a fin de que, precisamente, el trabajo de las instituciones se cumpla con normalidad y sin mayores alteraciones.
Código Penal
Mauro Andino anunció la posibilidad de que para febrero de 2012 se entregue el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, al enfatizar que profundizarán su análisis mediante la realización de más foros y talleres, en el marco de socialización y recepción de aportes.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino, remitió a la Secretaría General el informe para primer debate del "proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia", de conformidad con lo dispuesto por los artículos 137 de la Constitución y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El correspondiente documento está suscrito por los asambleístas Mauro Andino Reinoso, Rosana Alvarado Carrión, Gina Godoy Andrade, Mariangel Muñoz Vicuña, Marisol Peñafiel Montesdeoca y Xavier Tomalá Montenegro, vocales del organismo.
Para tal efecto, se tomaron en cuenta las propuestas formuladas por los legisladores María Soledad Vela (AP), Andrés Roche Pesantes (MG), Saruka Rodríguez Félix (PRE), así como los criterios expuestos por Omar Simon Campaña, expresidente del Consejo Nacional Electoral.
Inclusive, la anterior administración del CNE envió una propuesta de reformas electorales y también los nuevos integrantes de la institución fueron recibidos en comisión general, donde presentaron mayores aportes, en el marco de socialización y construcción colectiva del cuerpo legal.
Objetivos
Las reformas pretenden hacer más funcional la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de sus organismos desconcentrados y hacer más ágil y transparente el proceso electoral.
Así mismo, buscan garantizar la equidad y paridad de género en la conformación de los órganos y organismos de la Función Electoral, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 65; proporcionar a las mujeres políticamente activas una protección contra el acoso político; asegurar una amplia participación, pluralidad e igualdad de condiciones en las contiendas electorales, mediante la realización de elecciones presidenciales y legislativas en el mismo día.
También, intentan ofrecer a los candidatos que optan por la reelección la oportunidad de ejercer sus funciones y solicitar licencia cuando consideren oportuno, con el fin de hacer efectivo el derecho de reelección garantizado en el artículo 114 de la Constitución; conciliar los mandatos constitucionales entre el principio de representación proporcional del artículo 116 y la necesidad de organizaciones políticas fuertes programáticas y como ejes de la democracia representativa, según lo ordenan los artículos 108 y 112 de la Carta Política, mediante un método de adjudicación de escaños que recoja la voluntad del constituyente.
Respecto al método de adjudicación de escaños, tema que fue motivo de polémica en el primer debate, la Comisión de Justicia sugiere la aplicación del sistema que se empleó en las elecciones del 2009, con el cual se estructuró la actual Asamblea Nacional.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, posesionó al Defensor del Pueblo, Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva, de conformidad con lo que determina la normativa constitucional y legal del país.
En rueda de prensa, la Bancada de Alianza País (AP), en compañía de los grupos aliados, denunció que los bloques de oposición pretenden desestabilizar a la Asamblea y, como tal, a la democracia ecuatoriana, a través del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta Zobeida Gudiño, coordinadora de AP, subrayó que la propuesta última expuesta por el legislador Vicente Taiano difiere totalmente del documento aprobado hasta las primeras de la mañana de este martes (01:00), tras señalar que no bajaron al Pleno porque dicho articulado no cumplía con el plazo de 48 horas para su presentación y votación, conforme lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, por tanto, no había el tiempo suficiente para realizar una revisión profunda.
“Dicho proyecto tiene como finalidad el asalto de la primera función del Estado, en este caso, la Asamblea Nacional para, desde la Legislatura, dirigir la desestabilización del régimen democrático que vive el país”, enfatizó.
“Queremos denunciar al pueblo ecuatoriano el intento de golpe de Estado que se pretende dar desde la oposición al Legislativo”, puntualizó.
Expresó que el proyecto de la oposición, de manera perversa, propone la destitución del Presidente de la Asamblea y de todas las autoridades legislativas, entre ellos, de las principales dignidades de las comisiones especializadas; la autoconvocatoria de la Asamblea con 63 votos; la apelación a la Presidencia de la Asamblea con mayoría simple, tendente a cambiar la dirección de la entidad, lo que generaría caos y desestabilización en cada sesión.
Además, se incluye a los alcaldes, concejales, juntas parroquiales y a todos los servidores públicos como sujetos de fiscalización, en clara contradicción con la norma constitucional, agregó.
La asambleísta Zobeida Gudiño aseguró que también se busca alterar la disposición constitucional sobre el trámite de las leyes urgentes en materia económica, tratando de bloquear su tratamiento.
Subrayó que se intenta crear una veeduría en el Consejo Nacional Electoral, que sería una flagrante intromisión en otra función del Estado; y, crear comisiones viajeras.
Finalmente, aseveró que se plantea el enjuiciamiento de jueces y funcionarios judiciales, con clara intención de interferir en la Función Judicial.
MG/eg
